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CONCURSO DE ACREEDORES Y FÚTBOL PROFESIONAL

La situación generalizada de crisis económica no ha sido ni mucho menos ajena a las entidades deportivas, perjudicando en gran medida a las sociedades anónimas que participan del negocio del fútbol.

El alto grado de endeudamiento que desde hace tiempo se arrastra en este sector unido a la bajada significativa de los ingresos y a la limitación del crédito disponible han sido, lógicamente, factores determinantes para situar a un gran número de equipos de primera y segunda división en posición de “insolvencia”.

Recientemente conocíamos que existen en España 21 equipos sometidos a la Ley Concursal, bien por estar en situación de concurso de acreedores (concursal) o bien en situación de comunicación previa (pre-concursal). En este sentido, hemos tenido noticia de la declaración de concurso de acreedores del Córdoba FC y del Racing de Santander y de la comunicación previa efectuada por el Hércules CF.

No debe confundirse la situación concursal -el concurso de acreedores ya ha sido declarado- con la situación de comunicación previa o pre-concursal– el concurso de acreedores no ha sido declarado aunque la ley concursal establece un régimen especial.

La comunicación previa es una institución prevista en la Ley Concursal que permite al deudor que se encuentre en estado de insolvencia –que no puede cumplir regularmente con las obligaciones de pago- alargar el plazo en el que legalmente tiene obligación de solicitar concurso de acreedores siempre y cuando esté negociando con sus acreedores una propuesta anticipada de convenio.

Es decir, al realizar la comunicación previa los equipos se han acogido a la Ley Concursal para renegociar su deuda con los acreedores pero no están declarados en concurso, por lo que no hay suspensión de pagos- aunque lógicamente hay impagos por falta de liquidez- ni intervención de la Administración Concursal.

Mediante la denominada comunicación previa los directivos del equipo se limitan a comunicar al Juzgado de lo Mercantil que la entidad es insolvente y la Ley Concursal le da tres meses de plazo para alcanzar un acuerdo con los acreedores.

Por su parte la declaración de concurso de acreedores consiste básicamente en el reconocimiento judicial de la insolvencia del deudor atribuyendo una serie de consecuencias jurídicas en la esfera patrimonial del concursado.

En primer término se produce la suspensión de todos los pagos que estuvieran pendientes con anterioridad de la declaración de concurso. Además, las deudas con los acreedores no devengarán intereses y si alguno de ellos estuviera embargando bienes, se paralizará la ejecución.

Debe tenerse presente que el procedimiento concursal postula la solución conservativa y con ello el convenio de acreedores como solución normal del concurso. No obstante, la otra solución al concurso pasa inevitablemente por la liquidación de la entidad.

La liquidación está prevista para los casos en los que bien no se pueda alcanzar el convenio o bien una vez alcanzado éste se incumpla. En este sentido, es interesante hacer referencia al informe del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al primer trimestre de 2011 sobre los datos de solicitudes de concurso de acreedores. Dicho informe constata que cerca del 85 % de las empresas que entran en concurso no pueden superarlo y terminan en liquidación. Sin embargo esta no es la tónica general en los concursos de acreedores de clubes de fútbol, en los que es más frecuente que se superen con éxito.

Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud y posterior declaración de concurso de acreedores de una sociedad anónima deportiva tiene unas especiales consecuencias jurídicas que pueden convertir el procedimiento concursal en un proceso, si cabe, aún más gravoso. Efectivamente, la sujeción a un régimen propio de carácter privado consistente en los reglamentos y estatutos de las Federaciones y Ligas Profesionales puede propiciar el agravamiento de la situación económica de la entidad.

Prueba de lo anterior es el artículo 192 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, sobradamente conocido por el sector de fútbol profesional. Dicho precepto establece que los clubes a las 12 horas del último día hábil del mes de junio de cada año habrán de tener cumplidas íntegramente, o debidamente garantizadas a satisfacción del acreedor, las obligaciones económicas contraídas y vencidas con futbolistas, con técnicos o con otros clubes, so pena de perder la categoría a la que están adscritos.

Dicho régimen normativo es difícilmente compatible con la Legislación Concursal que, como ya indicamos, parte de la base de que con la declaración de concurso de acreedores los créditos existentes con anterioridad a la declaración se integran en la masa pasiva y se satisfarán al final de proceso concursal, bien dentro del convenio de acreedores –con la correspondiente quita y/o espera- o bien en la liquidación de la sociedad.

Pero a mayor abundamiento el precepto citado choca frontalmente con la solución conservativa del concurso y el fomento de la continuidad empresarial que son un objetivo declarado en la propia Ley Concursal. Es más que evidente que la pérdida de la categoría supondrá una merma significativa de los ingresos del club abocándolo inevitablemente a la desaparición.

Podemos concluir esta reflexión con dos apuntes de relativa actualidad. En primer lugar debemos referirnos al auto de 23 de mayo de 2011 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba que declara el concurso voluntario del Córdoba Club de Fútbol SAD. Dicha resolución alza una medida cautelar adoptada por la Federación Española de Futbol consistente en la no renovación de licencias y que fue acordada como consecuencia de deudas pendientes del club.

El juzgado acertadamente pone de manifiesto que dichas medidas –“de presión”- no tienen contenido deportivo sino económico y que la medida cautelar impediría el desarrollo de la actividad principal de la entidad. Indudablemente la continuidad de la actividad redunda siempre en beneficio del acreedor que tendrá mayores posibilidades de satisfacer el crédito pendiente de pago.

En segundo lugar debemos hacer referencia al proyecto de reforma de Ley Concursal. Dicha normativa, si finalmente llega a aprobarse, establece que en los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que para las situaciones prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo, añadiendo que la sujeción a la Ley Concursal de dichas entidades no impedirán la aplicación de disposiciones con rango de ley reguladoras de la participación en la competición.

Parece pues que la falta de una regulación precisa y clara que aborde las especiales características de las sociedades anónimas deportivas podría complicar más aún la difícil situación de los clubes españoles.