TRIBUTACIÓN DE LOS “SIDE POCKETS”

Por medio del Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, se introdujo el artículo 45 bis del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, lo que en la práctica ha supuesto la entrada de la figura de los “compartimentos de propósito especial” en el ordenamiento patrio, los conocidos como “side pockets”.

Esta figura que ya existía en los ordenamientos irlandés o luxemburgués, antes de su implantación en España, ha supuesto una medida para poder combatir la patente iliquidez de los fondos de inversión. Mediante estos “side pockets”, se permite que una IIC se escinda, de tal manera que se separen de su cartera los activos más problemáticos, siendo éstos transferidos a una nueva IIC o “side pocket”.

Esta operación está sujeta a la existencia de las siguientes condiciones:

1) Existencia de circunstancias excepcionales que impidan la valoración de sus activos o la venta de los mismos a su valor razonable.

2) Que los instrumentos escindidos representen más del 5 % del patrimonio de la IIC.

3) Que de dicha situación se deriven perjuicios graves en términos de equidad para los intereses de los partícipes o accionistas.

Concurriendo las anteriores circunstancias, previa comunicación a la CNMV, la IIC puede escindir los activos controvertidos, traspasándolos a una IIC de nueva creación o “side pocket” que mantenga la misma forma jurídica que la IIC original y recibiendo sus partícipes acciones o participaciones de la nueva institución o “side pocket” en proporción a su inversión en la IIC original.

De esta manera, los activos controvertidos quedarán sometidos a un régimen especial de valoración, liquidez, suscripciones y reembolsos, entre otras cuestiones, que permitan su liquidación ordenada, sin obstaculizar el normal funcionamiento de la IIC de la que derivan, la cual mantendrá los activos no afectos por tal circunstancia adversa.

Dadas las precitadas pinceladas sobre la figura que está siendo objeto de análisis, el objetivo del presente artículo es llamar la atención sobre las consecuencias fiscales que la Dirección General de Tributos ha otorgado a la misma por medio de la contestación a la Consulta V1216-11, de 16 de mayo de 2011.

La descripción de hechos es, en esencia, la siguiente. Asociación representativa del sector de las IIC que pregunta sobre si la operación de escisión prevista con la incorporación de la figura de los “side pockets” puede acogerse al régimen fiscal especial de neutralidad del Impuesto sobre Sociedades y si, en su caso, se genera renta tributable o no en sede de los partícipes o accionistas afectados por la creación de la nueva IIC o “side pocket” con motivo de la operación de escisión.

Por lo que respecta a la primera cuestión, Tributos entiende que para realizar una escisión parcial como la que se plantea, se requiere la existencia de una unidad económica que permita por sí mismo el desarrollo de una explotación económica en sede de la entidad adquirente, y que la misma exista también previamente en sede de la transmitente.

Tributos concluye que en el caso planteado no se cuenta con la requerida organización y gestión diferenciada, por lo que dicha operación de escisión no puede acogerse al régimen especial de neutralidad.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, Tributos establece una diferencia entre si los partícipes son personas físicas (resultándoles de aplicación el IRPF) o personas jurídicas (resultándoles de aplicación el IS).

De tal manera que se considera que en IRPF, las acciones o participaciones recibidas de la nueva IIC o del “side pocket” suponen solo un cambio cualitativo que, sin embargo, no supone variación alguna de valor y, por ende, no determina la existencia de ganancia o pérdida patrimonial. Por lo que a efectos de posteriores transmisiones, reembolsos o traspasos, el valor de adquisición original deberá distribuirse entre las acciones o participaciones de la IIC escindida y del “side pocket”, en la misma proporción que tengan las valoraciones en el momento de la escisión.

En cambio, en lo referente a socios o partícipes sujetos pasivos del IS, al no estar la escisión amparada en el régimen especial de neutralidad, aplica el artículo 15 del TRLIS, debiendo integrarse en su base imponible la diferencia, positiva o negativa, entre el valor de mercado de la participación recibida y el valor contable de la participación anulada. La Consulta, en último lugar, hace referencia a que si se han contabilizado las acciones o participaciones por un valor diferente al de mercado serían necesario realizar un ajuste extracontable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 TRLIS, así como que la determinación del valor de mercado se podrá hacer por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

DESAYUNO INFORMATIVO SOBRE LA REIMPLANTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El próximo 25 de octubre de 2011, en las oficinas de Madrid de CIALT, se va a realizar un desayuno informativo que tendrá por contenido las consecuencias de la reimplantación del Impuesto sobre el Patrimonio.

El desayuno, como suele ser costumbre, dará comienzo a las 10.00 y tendrá una duración aproximada de dos horas. Por parte de CIALT dirigirán la ponencia Juan José Gómez Losada y Eneko Rufino Bengoechea.

Un foro idóneo para que todos aquellos que se muestren interesados en este tema puedan plantear y ver resueltas sus dudas.


Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 17 de septiembre de 2011, del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se reestablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal para los años 2011 y 2012, CIALT considera de interés analizar las consecuencias del mismo, partiendo de la normativa existente hasta el momento y reseñando las dos grandes novedades del Real Decreto-ley (el aumento de la exención por vivienda habitual – 300.000 €- y de la reducción -700.000 €-), sin descuidar el mapa autonómico existente, al tratarse de un tributo cedido.

 

“CANON RADIOFÓNICO” Y DERECHO DE INFORMACIÓN

«Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente siente por el fútbol y si no están, el fútbol no será lo mismo». « José Mourinho».

La práctica totalidad de las emisoras de radio representadas por la Asociación Española de Radio Difusión Comercial-AERC- continúan negándose a negociar con Liga Nacional de Fútbol Profesional –LFP – el pago de un canon por los derechos de retransmisión radiofónica de los encuentros de fútbol que los equipos españoles disputen en la liga BBVA (1ª División), la Liga Adelante (2ª División) y la Copa de S.M. El Rey.

Los argumentos que los operadores de radio esgrimen en su defensa consisten básicamente en una supuesta vulneración del derecho a la información y en las diferencias existentes entre la retransmisión televisiva y radiofónica. En su comunicado del pasado mes de agosto justificaban el rechazo al canon apuntando que en la retransmisión radiofónica los oyentes no reciben el espectáculo a través de las imágenes sino a través de una visión “personal y subjetiva” del profesional de la radio y que dicha retransmisión no desincentiva la asistencia a los estadios de los seguidores. A su juicio la radio se posiciona más cerca de la prensa escrita que de la emisión por televisión.

Sin perjuicio de que la reclamación por parte de la LFP pueda parecer más o menos oportunista e interesada – obviamente el objetivo de esta iniciativa es aumentar las vías de financiación de los clubes – conviene, hablando en términos futbolísticos, “bajar la pelota al piso” y pasar por el tamiz del ordenamiento jurídico vigente el argumentario de las empresas radiofónicas.

Es incuestionable la existencia del derecho de información – recogido en el artículo 20 de la Constitución – que se encuentra dentro del catálogo de derechos susceptibles de amparo constitucional y que debe ser, como prescribe nuestra norma fundamental, garantizado por los poderes públicos.

El debate jurídico parece quedar circunscrito a dilucidar el alcance del referido derecho. Es decir, si el derecho de información permite la narración integra del espectáculo futbolístico o si por el contrario debe quedar limitado a determinados sucesos del encuentro deportivo correspondiente.

El Tribunal Constitucional ha configurado el derecho de información como un derecho de libertad que corresponde a los ciudadanos y que consiste en el derecho a comunicar y recibir comunicación veraz por cualquier medio de difusión constituyendo un presupuesto básico para la formación de la opinión pública. Básicamente lo que ello significa es que no deben existir interferencias ni intromisiones que dificulten o impidan el proceso de comunicación de la información.

Por ello debe garantizarse el derecho de los periodistas a informar y el de los ciudadanos a ser informados y todo ello sin coste alguno. Sin embargo el derecho de información no puede amparar un derecho incondicionado de acceso gratuito a los estadios de fútbol para elaborar un espectáculo radiofónico a través del cual se obtiene un lucro.

El propio formato de los programas de radiodifusión (Carrusel Deportivo, Tiempo de Juego, etc) que retransmiten los encuentros de fútbol transcienden de lo meramente informativo y además de informar ofrecen a los oyentes una alternativa de ocio que se construye con un material – espectáculo futbolístico – que tiene un coste muy alto para las entidades deportivas. Siendo así, no parece justo que una empresa – radiofónica o de otro tipo – se lucre con el esfuerzo económico que realizan otras.

A nuestro juicio el derecho de información queda suficientemente garantizado con la posibilidad de informar acerca de los acontecimientos que se produzcan en el encuentro futbolístico (goles, cambios de jugadores, tarjetas, resultado final, etc).

Esta postura fue la recogida en la Ley General de Comunicación (Ley 7/2010 de 31 de Marzo). Dicha norma se ocupó de garantizar el derecho de información con la llegada de las emisiones exclusivas de contenidos audiovisuales (Pay per view – emisiones codificadas). Así, el artículo 19.3 del texto legal obliga a los prestadores de servicios de comunicación que tengan los derechos exclusivos a permitir al resto la emisión de un breve resumen informativo, sin recibir contraprestación alguna, siempre que se haga en diferido y tenga una duración inferior a 3 minutos.

Frente a ello las empresas radiofónicas intentan distinguirse a toda costa de los operadores de comunicación audiovisual y evitar la aplicación de dicha norma. Aunque lo cierto es que existen argumentos jurídicos suficientes para que así sea. La definición contenida en el artículo 2.1. de Prestador de Servicio de Comunicación Audiovisual (“persona, física o jurídica, que tiene el control efectivo sobre la selección de los programas y contenidos y su organización en un canal o en un catálogo de programas”), la inclusión de las emisiones radiofónicas como modalidad de servicio de comunicación audiovisual ( art. 2.2 c) ) y la calificación de los programas de radio como programa audiovisual ( art. 2.6 b)) podrían permitir interpretar que son prestadores de servicios de comunicación audiovisual y por tanto están afectados por dicha norma.

Debe tenerse presente en todo caso que el pago del canon no es algo nuevo para las radios españolas que pagan religiosamente para retransmitir las competiciones de la FIFA y de la UEFA. Tampoco lo es en países de nuestro entorno, Alemania, Italia y Reino Unido comercializan los derechos de retransmisión radiofónica.

Pese a lo anterior, no parece que José Mourinho deba temer por las narraciones de los partidos en las radios, la consigna de las empresas de radiodifusión es continuar haciendo los programas deportivos y retransmitiendo los partidos sin abonar un euro. Así lo han venido haciendo en las primeras jornadas de liga, acudiendo como espectadores a los estadios o narrándolo desde los estudios a través de las imágenes ofrecidas por la televisión.

De perdurar la actitud de las radios, la LFP y los clubes podrían iniciar acciones legales para tratar de impedir retransmisiones radiofónicas y reclamar los beneficios obtenidos indebidamente. Veremos si lo hacen, ya que existen argumentos e instrumentos jurídicos suficientes para hacer valer sus derechos.