RESUMEN DE LA REFORMA FISCAL DE GIPUZKOA: Norma Foral 5/2011 y 6/2011

Por medio de la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el pasado 27 de diciembre de 2011, de las Normas Forales 5/2011 y 6/2011 se culmina el proceso de reforma fiscal de Gipuzkoa, a la espera de las reformas que se acometerán en el año 2012, con el objetivo principal de modificar el Impuesto sobre Sociedades.

La presente reforma fiscal tiene un gran calado y son prácticamente todos los impuestos que sufren modificación, con especial incidencia en la reimplantación del Impuesto sobre Patrimonio, en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la eliminación de las exenciones entre ascendientes y descendientes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En el siguiente documento se apuntan las novedades contenidas en dichas Normas Forales con un ánimo, no exhaustivo y analítico, sino meramente orientativo.

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EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA

El régimen de responsabilidad que consagra la Ley 15/2009 de 11 de noviembre de contrato de transporte se asienta en un modelo muy parecido al que contempla en este ámbito el CMR. Lo primero que debe señalarse es que, a diferencia del resto de la normativa, se trata de una regulación imperativa, no sujeta a negociación ni alteración (art. 46 LCTTM). Ello aporta elementos positivos puesto que proporciona seguridad y certeza a los transportistas y a sus clientes, que saben de antemano el régimen de responsabilidad al que están sometidos cuando intervienen en un contrato de transporte terrestre.

El principio consagrado es el de responsabilidad por culpa del porteador, con inversión de la carga de la prueba. Es decir, se presume que el porteador es responsable en la medida en que se produzcan daños en las mercancías transportadas (art. 47.1º), por lo que es quien tendrá que demostrar que ese daño no es responsabilidad suya sino que ha sido causado por un catálogo de circunstancias no imputable a él, y que es sustancialmente más amplio que el reflejado en el presente Código de Comercio. Dichas causas de exoneración tienen carácter distinto a efectos de su prueba e invocación.

a) Así habría un primer grupo, las llamadas causas de exoneración privilegiadas, que son aquéllas en las que para que el transportista se exima de su responsabilidad bastará con que alegue el mero hecho de su existencia (art. 48.1º).

b) Y un segundo grupo de causas de exoneración denominadas ordinarias, como por ejemplo, el trasbordo, el transporte en camión sin toldo, la ausencia o deficiencia del embalaje, entre otros supuestos, en los que el porteador quedará exonerado de responsabilidad cuando demuestre su existencia y que su concurrencia ha sido la que ha causado los daños en las mercancías transportadas (art. 49.1º).

La LCTTM, por tanto, plantea un régimen de responsabilidad que tiene una larga trayectoria y cuyo éxito internacional ha quedado contrastado por el elevado grado de consenso logrado por el CMR a lo largo de su vigencia. La incorporación de este modelo a nuestro ordenamiento no supone una gran novedad pues en el ámbito de los transportes internacionales se está aplicando con éxito desde hace tiempo. Por eso debe saludarse favorablemente su consagración en nuestra regulación interna con el objeto de extender sus beneficiosos efectos al ámbito del transporte doméstico.

La fijación del límite de responsabilidad es la cuestión que, sin ser la más grave, es la que más preocupa al sector de los transportistas. Siguiendo el modelo previsto en el CMR, el Proyecto de Ley de contrato de transporte terrestre de mercancías aprobado por el Consejo de Ministros y entregado al Congreso (121/000011) (BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, num. 11-1, de 31 de octubre de 2008), había fijado en su art. 57 para los porteadores el mismo límite de responsabilidad del CMR, esto es, 8,33 Derechos Especiales de Giro por kilo (DEG/k), que según la cotización actual del DEG oscila alrededor de los 10 €/k. La fijación de este límite suponía incrementar notablemente la responsabilidad del transportista en el transporte interno con respecto a los 4,5 €/k consagrados hoy en día en el art. 23.1º LOTT. Desde su redacción se sabía que éste constituía uno de los aspectos más llamativos del texto y que estaba llamado a ser uno de los escollos más pronunciados para su aprobación. El sector, que ya está soportando notables incrementos de costes de todo tipo, entre otras razones, por la feroz competencia, por el obligado cumplimiento de nuevas exigencias de tiempos de descanso, y por otro tipo de medidas de carácter social, no iba a ser muy proclive a aceptar incrementos de responsabilidad.

Yefectivamente así ha sido. En la versión definitiva aprobada por el Congreso y promulgada como norma legal, el art. 57 LCTTM señala que la “[I]ndemnización por pérdida o avería no podrá exceder de un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por kilogramo de peso bruto de mercancía pérdida o averiada”. Se ha sustituido, por tanto, la alusión a los Derechos Especiales de Giro por la referencia al IPREM, que es un indicador utilizado de forma genérica para cuantificar el importe de ciertas percepciones genéricas. Este referencia, que se actualiza anualmente en la Ley de Presupuestos, se encuentra en la actualidad fijada en los 17,57 € por día, con lo que si se establece un tercio de la misma como límite de responsabilidad del porteador, ello da como resultado 5,84 € por kilo de mercancía averiada o perdida, lo que supone un cierto incremento respecto del sistema actual y, lo que es más importante, asegura un incremento constante de dicha cuantía conforme anualmente se vaya incrementando la cuantía del IPREM por vía de la ley presupuestaria.

La limitación de responsabilidad del porteador decae cuando la pérdida, avería o retraso hayan sido causados por éste o por sus auxiliares intencionadamente, o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que produzcan daños que sean consecuencia necesaria de la acción (art. 62 LCTTM). La regulación de este aspecto es hoy en día enormemente importante. Hace diez años cuando un transportista en un transporte internacional sufría un robo durante su tiempo de descanso, o habiendo dejado el vehículo aparcado en un lugar normal, era habitualmente eximido de responsabilidad por considerarse que se trataba de un hecho fortuito o de fuerza mayor. Hoy en día está ocurriendo justamente lo contrario. En algunos casos de robo se está considerando que el porteador no sólo no ha obrado con la debida diligencia sino que ha actuado de forma tan descuidada y poco profesional al no haber dejado el vehículo en un lugar controlado y vigilado que se le está haciendo responsable íntegramente del daño de las mercancías producto del robo sufrido.

La LCTTM ha querido delimitar adecuadamente este asunto para que el transportista sólo pierda el privilegio del límite de responsabilidad cuando actúe bien intencionadamente, bien infringiendo consciente y voluntariamente el deber jurídico asumido. La LCTTM también establece la posibilidad de que el porteador aumente los límites de indemnización, declaración de valor y de interés especial (art. 61), siguiendo fielmente las orientaciones del CMR. El transportista nunca tendrá que responder del valor íntegro de la mercancía, salvo cuando lo haya declarado expresamente el cliente y pague por ello, o haya causado intencionadamente el daño. Deberá, eso sí, quedar constancia del pacto suscrito en tales términos para que el porteador no tenga que responder más de lo que haya pactado.

LAS OBLIGACIONES DE CARGA Y DESCARGA

Uno de los puntos que, a nuestro juicio, tiene más relevancia en el campo del transporte de mercancías es el de las obligaciones de carga, descarga, estiba y desestiba. Desde una perspectiva operativa, esta actividad juega un papel esencial en las exigencias de rapidez y seguridad que el mercado del transporte demanda. Pero es que además, desde una perspectiva jurídica, las operaciones de carga y descarga plantean dos importantes cuestiones: la determinación de los sujetos que están obligados a realizar dichas operaciones y la atribución de la responsabilidad por los daños que se puedan producir durante dicho proceso. Ambas cuestiones revisten una especial relevancia en el ámbito de la regulación del transporte, si se tiene en cuenta que en un estudio oficial realizado hace algún tiempo, se concluyó que el 70% de los daños producidos en las mercancías durante los transportes por carretera se registran en la fase de carga, descarga, estiba y desestiba de las mercancías. Determinar con precisión a quien incumbe la realización de las operaciones de carga y descarga, así como la responsabilidad por los daños que puedan derivarse de las mismas, constituye una de las funciones más importantes que debe desempeñar la regulación del contrato de transporte terrestre.

Hasta la aprobación de la Ley 15/2009 de 11 de noviembre de contrato de transporte de mercancías esta cuestión se regulaba en el artículo 22 de la LOTT:

En los servicios de transporte de mercancías por carretera de carga completa, las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las de descarga de éstos, serán por cuenta, respectivamente del cargador o remitente y del consignatario, salvo que expresamente se pacte otra cosa antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga. Igual régimen será de aplicación respecto de la estiba y desestiba de las mercancías.

Los referidos cargador o remitente y consignatario serán asimismo, responsables de los daños ocasionados como consecuencia de las deficiencias que se produzcan en las operaciones que les corresponda realizar de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.

No obstante, la referida responsabilidad corresponderá al porteador, tanto si previamente medió pacto expreso al efecto como en caso contrario, en todos aquellos supuestos en que haya sido él mismo, o el personal de él dependiente, quien hubiese realizado las operaciones a que se refieren los párrafos anteriores. Asimismo, responderá el porteador de los daños sufridos por las mercancías transportadas como consecuencia de una estiba inadecuada, aun cuando tal operación se hubiera realizado por el cargador o remitente, si éste la llevó a cabo siguiendo las instrucciones impartidas por aquél”.

Se trata de un precepto que ha traído ciertos quebraderos de cabeza porque, en la práctica, la experiencia difiere muchas veces de lo que dice el precepto. En el art. 22 se indica que en carga completa cargan y descargan las mercancías el cargador y el destinatario respectivamente; y en carga fraccionada, por el contrario, es el transportista quien lleva a cabo este tipo de operaciones. Aparentemente la cuestión no tiene vuelta de hoja. Sin embargo, se trata de una norma dispositiva ante la cual, cabe pacto en contrario, con lo que se admite que las partes puedan apartarse de esta orientativa regulación. El problema es que en la práctica lo que ha sucedido tradicionalmente es que más que pactarse, la empresa cargadora o destinataria “induce” al transportista a que sea él quien realice esas operaciones, aun sin estar obligado a hacerlo. De este modo, siguiendo el tenor actual del art. 22.2º párrafo 3 LOTT, los porteadores son responsables de los daños causados en las mercancías durante su carga o descarga, aunque no les incumbiera realizarla legal o contractualmente, “cuando ellos mismos o el personal de él dependiente, fuesen quienes hubiesen realizado las operaciones a que se refieren los párrafos anteriores”.

Para intentar solventar esta situación la Ley de contrato de transporte de mercancías a través de su art. 20 ha dejado de lado, por su componente ciertamente artificial, la diferenciación de los regímenes de carga completa y fraccionada, distinguiendo la carga completa y la paquetería. El principio general es que el cargador debe proceder a realizar la carga, y el destinatario a descargar las mercancías y, si no se hace así, deberán pactarse las condiciones y el precio que el transportista debe cobrar por realizar estas tareas complementarias. La posible responsabilidad de que se generen daños, deberá ser soportada por quien manipula la mercancía. Al transportista ya no se le hace responsable de los daños que haya podido ocasionar cuando hubiera realizado estas operaciones sin tener obligación de hacerlo, reconfigurando el régimen legal hacia unos parámetros más ecuánimes y razonables en los que se hace depender la responsabilidad de los compromisos asumidos legal o contractualmente.

Este principio general se excepciona para los casos de paquetería en los que corresponde al transportista realizar toda la labor de carga y descarga por las peculiaridades de este tipo de transportes, entendiendo por tales lo que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona sin otra ayuda que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado. El asunto más discutible en este terreno es el de la estiba y la desestiba. El art. 20.3º de la Ley establece que el transportista será quien, por razones tanto de seguridad como de beneficio empresarial, deberá hacerse cargo de la estiba o, al menos, dar las instrucciones pertinentes para su ejecución. A diferencia de lo contemplado en el art. 22 LOTT, se ha perfilado con mayor precisión la responsabilidad en la que puede incurrir el transportista en la estiba y desestiba de los transportes de paquetería, quedando claro que es él quien debe responder de los daños que se generen durante las mismas, teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe responder de lo que ha hecho, y que sólo debe proceder a llevar a cabo dichas tareas si así lo han pactado expresamente y recibe por ello una remuneración específica.

EL LEVANTAMIENTO DEL VELO EN EL GRUPO DE EMPRESAS EN EL MARCO CONCURSAL

En el ámbito concursal, una cuestión que ha suscitado siempre un gran debate en la doctrina ha sido la referida a los grupos de empresas, entre otras razones, por la proliferación de grupos, grandes o pequeños que, ya sea directa o indirectamente, acaban teniendo relación con la gran mayoría de concursos que se tramitan.

La Ley concursal (Ley 22/2003), tanto en su redacción original como tras su reciente reforma (Ley 38/2011), regula la posibilidad de tramitar conjuntamente los concursos de varias sociedades que pertenezcan a un mismo grupo, lo que se define, tras la reforma, como “grupos conexos”. Si embargo, lo hace desde un punto de vista formal y no sustantivo, es decir, regula la posibilidad de solicitar conjuntamente los concursos, de acumularlos, de nombrar una única Administración concursal, de tramitarlos ante un único juez, etc. Pero no permite la acumulación de masas activas y pasivas entre las sociedades concursadas (salvo en un supuesto excepcional, sólo a efectos del Informe de la Administración concursal).

Por tanto, es muy llamativa, por novedosa, la Sentencia 284/2011 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 28/06/2011 que, aplicando la doctrina del levantamiento del velo en el ámbito concursal, consolida masas activas y pasivas de las tres sociedades en concurso considerando que se trata como de una única entidad deudora.

En este sentido, la Sentencia señala que “La ley no ha previsto la consolidación de masas activas y pasivas, esto es, tramitar estos concursos como si sólo fuera uno…Ni siquiera se prevé en los casos de confusión de patrimonios…” Porque la no consolidación es una exigencia del respeto a la personalidad jurídica y, en el caso del grupo de sociedades “preserva los legítimos derechos de los socios minoritarios que no tengan vinculación con el resto de las sociedades y sobre todo de los acreedores, porque cada uno de ellos ha contratado con una determinada sociedad y es acreedor de una…Mezclar masas activas y pasivas puede perjudicar la posición de algunos acreedores…Por esta razón, en principio, no procedería la consolidación realizada”.

Ahora bien, la Audiencia Provincial de Barcelona considera que, así como en el ámbito extraconcursal es adecuado aplicar la doctrina del “levantamiento del velo” en supuestos de confusión de patrimonios para hacer responsable de las deudas de una sociedad a otras de su grupo, también podría aplicarse dicha doctrina de manera excepcional, en el procedimiento concursal cuando se da asimismo confusión de patrimonios.

Y es que, en el supuesto concreto examinado, las tres sociedades concursadas actuaban como si de una única empresa se tratara. Entre otros hechos, se producían los siguientes:

– Socios, administradores, domicilios sociales y objetos coincidentes.

– Imagen corporativa igual, mismas direcciones de correo electrónico, mismos teléfonos.

– Mismo departamento de administración, equipos informáticos, software.

– Los trabajadores y máquinas realizaban servicios para las tres sociedades.

– Numerosas transferencias entre las tres entidades sólo por razones de necesidad de tesorería y no por operaciones contractuales.

– Imposibilidad de determinar la situación real de créditos y deudas entre ellas.

La Audiencia confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y considera adecuadamente levantado el velo para consolidar las masas activas (con todos los bienes y derechos de contenido patrimonial) y las masas pasivas (todos los acreedores), pues de esta manera se adecua el tratamiento concursal de estas tres sociedades a la realidad al operar frente a terceros como una única entidad.

Como conclusión, esta sentencia, novedosa, abre el camino a la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo también en el ámbito del concurso, lo que hace que los grupos de sociedades habrán de estar, cuando menos, prevenidos y deberán actuar con absoluto rigor y como “auténticos” grupos y no, como en el caso analizado, para aparentar situaciones no reales, si no se quiere sufrir el riesgo de extensión de responsabilidad entre las distintas sociedades del mismo grupo.

SENTENCIA TJUE DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 (ASUNTO C-126/10): de cómo razonar sobre la existencia de “motivo económico válido”.

Se analiza por medio de estas breves notas el contenido más reseñable de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJUE) de 10 de noviembre de 2011, Asunto C-126/10, Foggia-Sociedade Gestora de Participacoes Sociais SA.

El interés de este pronunciamiento radica en que se analiza de un modo particular una determinada operación de fusión a la luz de la aplicabilidad al caso concreto del controvertido artículo 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros que, en su aplicación al TRLIS, dio lugar al eterno debate sobre la existencia o no de “los motivos económicos válidos” de una reestructuración empresarial y el efecto de los mismos.

Vaya por delante que la conclusión que alcanza el TJUE es la de que la decisión final, como no podía ser de otra manera, queda en sede del juez nacional. Sin embargo, el TJUE realiza las siguientes consideraciones interesantes a la vista de lo controvertido de la cuestión en la práctica patria y a las pocas veces en que se ha pronunciado sobre la materia (véase Leur Bloem, Kofoed o Modehuis A. Zwijnenburg).

(…) puede constituir un motivo económico válido una operación de fusión basada en varios objetivos, entre los que puedan también figurar consideraciones de naturaleza fiscal, a condición no obstante de que éstas últimas no sean preponderantes en el marco de la operación proyectada”.

“En efecto, una fusión o reestructuración efectuada en forma de absorción de una sociedad que no ejerce actividades y que no aporta activo propio a la sociedad absorbente puede no obstante considerarse, respecto de última, realizada por motivos económicos válidos”.

Comparemos esta misma conclusión con la alcanzada por la Dirección General de Tributos, entre otras, en la Resolución V2505-11 de fecha 20 de octubre de 2011:

En el caso de una operación de fusión, resulta exigible que del resultado de la misma se desprenda una reestructuración de las actividades de las entidades afectadas, de tal manera que aquélla redunde en beneficio del desarrollo de éstas. Esta finalidad difícilmente puede apreciarse en el caso de la absorción de una sociedad inactiva, como resulta del caso consultado”.

Volviendo a la Sentencia objeto de comentario: “(…) tampoco se excluye que una fusión por absorción de una sociedad con dichas pérdidas pueda tener motivos económicos válidos en la medida en que el artículo 6 de la Directiva 90/434 hace referencia expresamente a las disposiciones legislativas que autorizan la asunción de las pérdidas de la sociedad absorbida que aún no han sido amortizadas desde un punto de vista fiscal”.

(…) procede señalar que el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434, al establecer una excepción a las normas fiscales que establece la Directiva 90/434, debe interpretarse de manera estricta y teniendo en cuenta su tenor, su finalidad y el contexto en el que se inscribe”.

Por otra parte, el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434, refleja el principio general del Derecho de la Unión”. A lo que habría que añadir que en Kofoed ya se dijo por parte del TJUE que en aplicación del abuso de derecho no cabía la imposición de sanción. Cuestión esta que, de una manera sistemática, ha sido inadmitida en España donde no se considera que deba iniciarse, ante este tipo de casos, procedimiento de fraude de ley o de conflicto en aplicación de la norma tributaria, imponiéndose las sanciones correspondientes.

Una vez realizadas las siguientes consideraciones generales, el TJUE realiza un análisis particular del supuesto de hecho dejando la vía expedita para que el tribunal nacional inaplique el régimen especial de neutralidad en la operación de fusión controvertida.

El análisis concreto del caso lleva al TJUE a concluir que no cualquier fusión, que siempre lleva aparejado un ahorro de costes de estructura y administración y etc., está realizada por “motivos económicos válidos” por el mero ahorro anteriormente mencionado. Lo novedoso del proceder del TJUE es que realiza un análisis de la proporcionalidad existente entre dichos ahorros y las ventajas fiscales que puedan estar en liza. De tal manera que pueda extraerse como consecuencia general que si, como consecuencia de dicho análisis, preponderan las ventajas fiscales debe considerarse que dicho hecho puede constituir una presunción de que dicha operación no se ha realizado por “motivos económicos válidos”, sin perder nunca de vista que lo único que habilita a inaplicar el régimen especial de neutralidad es la presencia de fraude o elusión fiscal.

En el caso particular, la fusión se realiza entre dos sociedades del mismo grupo, en la que la sociedad absorbida no realiza ninguna actividad, no posee ninguna participación financiera y sólo transfiere a la sociedad absorbente pérdidas fiscales de importe elevado y origen indeterminado. Aunque el resultado previsible termine siendo la inaplicación del régimen especial de neutralidad, en este caso el orden de los factores sí que altera el producto. No es lo mismo decir que como hay una sociedad inactiva en la operación se inaplica el régimen que, tras un análisis pormenorizado en el que se ponderan diferentes pros y contras, se inaplique el régimen fiscal especial.

En este sentido, en mi opinión personal, bienvenida sea esta sentencia del TJUE.

LA DGRN CONSIDERA QUE LA FALTA DE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS O AL SECTOR ECONÓMICO DE UNA ACTIVIDAD NO IMPLICA LA INDETERMINACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

La Dirección General de los Registros y del Notariado en resolución de 5 de septiembre de 2011 revoca la calificación negativa del Registrador Mercantil y de Bienes Muebles III de Valencia, al no proceder a inscribir en su totalidad el artículo 2º de los Estatutos de una sociedad limitada, por considerar que el objeto social adolecía de falta de determinación y que el mismo era omnicomprensivo. El objeto social en cuestión era el siguiente: “Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda clase de artículos y productos de lícito comercio”, siendo la primera parte del mismo la que no se inscribió.

Dicha calificación negativa fue objeto de una calificación sustitutoria conforme a lo dispuesto en los artículos 19 bis y 275 bis de la Ley Hipotecaria, correspondiendo resolver al Registrador de la Propiedad de Alberic, que mediante nota calificatoria de 9 de mayo confirmó la calificación negativa.

Ante esta situación el Notario autorizante de la escritura de constitución de la sociedad, que no fue constituida por vía telemática, interpuso un recurso contra la calificación del registrador sustituido, alegando, entre otras, las siguientes cuestiones:

– Que las sociedades reguladas en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, es decir, las constituidas por vía telemática, no son sociedades diferentes y que funcionan exactamente igual a las que se constituyen de forma distinta.

– Que en los Estatutos-tipo regulados en una Orden Ministerial (Orden JUS/3185/2010) se establece como posible objeto de la sociedad el “Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación”.

– Que el registrador no puede dejar de aplicar la Orden Ministerial por no haberse constituido la sociedad de forma telemática.

– Que la validez del objeto social no puede depender de la forma en que se haya constituido una sociedad, ya que una vez constituidas dos sociedades, una de forma telemática y otra de forma distinta, el funcionamiento de ambas es el mismo. De ahí la vieja cita de “donde hay la misma razón debe aplicarse el mismo derecho”.

La DGRN no considera que en el caso concreto se den los supuestos de limitación del objeto social previstos en el artículo 178 del RRM, que establece, por un lado, que “no pueden incluirse en el objeto los actos jurídicos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas en él” y, por otro lado, que “en ningún caso puede incluirse como parte del objeto social la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado.” Según la DGRN, la primera prohibición se justifica por considerar innecesaria una enumeración de los actos jurídicos y la segunda por entender que expresiones de ese tipo convierten el objeto en indeterminado y genérico.

La DGRN, siguiendo resolución de 1 de diciembre de 1982 del Centro Directivo, considera que únicamente hay indeterminación si se utiliza una fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general. Por ello revoca la calificación impugnada al considerar que “no puede rechazarse la cláusula debatida por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector económico más definido”.

Mi opinión sobre el tema es que, si bien el objeto social debatido resulta un tanto indeterminado en lo que se refiere al tipo de producto sobre el que recae la actividad que constituye el objeto social, realmente sí que está contemplado en el artículo 2ª de los Estatutos-tipo recogidos en la Orden JUS/3185/2010, por lo que, desde un primer punto de vista parece lógico admitir su validez. Sin embargo, lo que no está tan claro es que se pueda aplicar un artículo de los Estatutos-tipo a una sociedad que no se constituye por vía telemática, ya que la propia Orden que los regula establece que los Estatutos-tipo “se utilizarán por las sociedades de responsabilidad limitada cuando reúnan las siguientes características:…” siendo la primera de estas la de la constitución por vía telemática, además de otras, como la del capital no superior a 3.100 euros y la del órgano de administración, que no ha de ser un Consejo de Administración, circunstancias que no se dan en el caso cuestión.

Por todo lo expuesto, es de suponer que la resolución de la DGRN comentada habrá sido recurrida mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, por lo que habrá que esperar a un posible pronunciamiento judicial sobre el tema.

CUESTIONES CONTROVERTIDAS SOBRE LA RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES Y SOCIOS: tertulia en la AEDAF

El pasado jueves, 1 de diciembre, nuestro compañero Eneko Rufino, miembro de la Asociación Fiscal Española de Asesores Fiscales (AEDAF) participó como ponente en una tertulia que tenía como título “Cuestiones controvertidas de la retribución de administradores y socios“, un tema de mucho interés que se plasmó en el hecho de que la convocatoria estuviese completa en la sede que la AEDAF tiene en la madrileña calle Claudio Coello.

A continuación se deja el acceso a la documentación utilizada en la citada Tertulia.

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