CIALT ASESORA A LA REAL SOCIEDAD EN EL ACUERDO FIRMADO CON REALE SEGUROS

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad Club de Fútbol, ha presentado en una rueda de prensa celebrada hoy en la ciudad de Donostia-San Sebastián, el acuerdo alcanzado por la Real Sociedad con REALE Seguros, que tiene como objetivo, entre otros, contar con una compañía de acreditada trayectoria en el sector asegurador en beneficio del entorno realista.

Los detalles del acuerdo alcanzado han sido hechos públicos por la Real Sociedad por medio de una nota de prensa en la página web del club.

CIALT se ha encargado de asesorar desde un punto de vista jurídico a la Real Sociedad para realizar la citada operación, suponiendo dicho asesoramiento un hito en el ámbito de actividad de los clubes de fútbol de Primera División.

¿PUEDE UN SOCIO IMPUGNAR UN ACUERDO ADOPTADO EN UNA JUNTA EN LA QUE NO ERA SOCIO TODAVÍA?

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo civil, sección 1ª) 376/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso 376/2012.

El artículo 206.1 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) establece la legitimación activa en el procedimiento de impugnación de acuerdos sociales: “para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados todos los socios, los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos podemos encontrar ante dos situaciones:

1. Socio en la junta que pierda esa condición posteriormente, y que pretenda impugnar los acuerdos.

2. Socios que ostentan esa condición con posterioridad a la celebración de la junta, como en el caso que nos ocupa.

En el primer supuesto, los no socios al tiempo de la impugnación, estarían legitimados para impugnar los acuerdos, siempre y cuando justifiquen interés legítimo en el momento de impugnar, de acuerdo al artículo 206.1 LSC.

En el segundo supuesto, se discute sobre si la legitimación para impugnar nace de la condición de socio o de su carácter de terceros con interés legítimo.

El Tribunal Supremo resuelve sobre esta cuestión confirmando la legitimación por condición de socio, a pesar de no ser socio al tiempo de la celebración de la junta, en la Sentencia del Tribunal Supremo 18 de junio de 2012, siguiendo el criterio ya establecido en las sentencias del mismo Tribunal de 30 de enero de 2002, 15 de abril de 1998 y 19 de diciembre de 1984.

Para ponernos en situación, a continuación se señalan los hitos destacados en la Sentencia comentada: la junta fue celebrada el 24 de febrero de 2004, en ese momento las actoras no ostentaban la condición de socias. Tres años más tarde, en septiembre de 2007, una socia dona la nuda propiedad de sus participaciones a sus hijos, entre ellos, las partes actoras. En 12 de febrero de 2008, parte de las nudas propietarias, impugnan la junta general de socios a través de la demanda, alegando su legitimación a través de su condición de socias.

La Sentencia de primera Instancia, desestima la demanda, entendiendo que las actoras carecen de legitimación activa, ya que no tenían la condición de socia al tiempo de la celebración de la junta. En el mismo sentido, se pronunció la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo por su parte, argumenta que la sentencia recurrida en casación, se opone a la jurisprudencia de la sala, según la cual, para gozar de legitimación activa para impugnar acuerdos sociales, no sería necesario reunir la condición de socio o accionista al tiempo de celebrarse la junta en la que se adoptaron los acuerdos impugnados.

Las actoras carecían de la condición de socias cuando se celebró la junta, sin embargo, adquirieron con posterioridad la condición de nudas propietarias y por tanto son socias, a los efectos del Art. 117 TRLSA (redacción vigente en aquel momento) ya que se entiende que con la trasmisión de las participaciones, se trasmite del mismo modo la legitimación para impugnar la nulidad de aquella junta.

En definitiva, un socio o accionista según corresponda, tiene legitimación para impugnar acuerdos sociales, a pesar de no haberlo sido cuando se adoptó el acuerdo.

Finalmente, pensar en los posibles abusos que podrían derivarse de la presente Sentencia, en cuanto a compraventa de acciones o participaciones o ampliaciones de capital con emisión y suscripción por nuevos socios, con el fin de proceder a impugnar los acuerdos adoptados ya por la Sociedad, siempre claro está que se encontrarán dentro de los plazos de caducidad previstos en la Ley según se tratase de acuerdos nulos, anulables o contrarios al orden público.

SEMINARIO-CONSULTA “CONFLICTO ENTRE SOCIOS: problemas habituales y propuestas de solución”.

El próximo 21 de noviembre de 2012, a las 9:00 horas, tendrá lugar en las oficinas de Bilbao de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) el Seminario-Consulta “CONFLICTO ENTRE SOCIOS: problemas habituales y propuestas de solución“.

En este Seminario-Consulta se pretende ofrecer una visión práctica del régimen legal aplicable a este tipo de situaciones haciendo especial hincapié en las formas de prever y dar respuesta a dichos conflictos mediante la exposición de ejemplos prácticos y propuestas de actuación más habituales, en los supuestos de la separación y exclusión del socio (con las últimas modificaciones normativas incorporadas a estas figuras, tales como el novedoso derecho de separación para el supuesto de no distribución de dividendos) y finalmente, en las soluciones a dichos conflictos cuando se llega a la vía judicial como última posibilidad de resolver los mismos. Entre las ponencias y ponentes encontraremos:

– Presentación:

D. Mikel Madariaga, Director de la Zona Norte de APD.

– Concepto de “conflicto de socios”. Supuestos habituales y mecanismos de prevención y resolución de conflictos:

D.ª Nuria Cancelo, Socia de CIALT Asesores.

– Separación del socio y abuso de la mayoría. El reparto obligatorio de dividendos:

D. Alberto Emparanza, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad del País Vasco, Consultor de CIALT Asesores.

– Exclusión del socio y abuso de la minoría:

D. Juan Bustamante, Notario.

– Soluciones jurisprudenciales: Impugnación de acuerdos, separación y exclusión de socios, bloqueo de órganos sociales y disolución judicial de sociedades:

D. Marcos Francisco Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Bilbao.

 

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 18 DE JULIO DE 2012 SOBRE SOCIEDADES PROFESIONALES

Tras el revuelo que causó la publicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (LSP) dentro del mundo de los profesionales (ej.: abogados, arquitectos, médicos, etc.) y, en especial, su controvertido artículo 1 (que reza “Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de la presente Ley”), tan solo unos pocos profesionales han optado por transformarse o constituirse como Sociedad Profesional y, los que lo han hecho, en su mayoría han sido para poner la famosa “P” tras las siglas “SL” (como si de una “Q” de calidad se tratara) y no tanto por entender que estaban realmente obligados a hacerlo.

Pero todo eso ha cambiado gracias a la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012 que resuelve sobre el recurso interpuesto contra la polémica Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado (RDGRN) de 21 de Diciembre de 2007 que, como todos sabemos, vació de contenido la LSP pocos meses después de su entrada en vigor.

Y es que dicha RDGRN consideraba que una sociedad cuyo objeto consistía en “la dirección empresarial, la gestión administrativa, y los servicios de asesoramiento técnico, financiero, contable, comercial, fiscal, laboral, jurídico e industrial” no se trataba de una Sociedad Profesional stricto sensu por entender, básicamente, (i) que dicho objeto no coincidía literalmente con lo previsto en el artículo 1 de la LSP, es decir, “el ejercicio en común de una actividad profesional (de abogado)” y (ii) que los socios, en el momento de otorgar la Escritura de constitución, no dejaron claro que su voluntad (debidamente informada por el Notario) fuera la de crear una Sociedad Profesional.

Como ya es sabido, esa RDGRN provocó que muchas Sociedades desde entonces hayan redactado su objeto social de tal forma que puedan evitar someterse al régimen corsè de la LSP, con la connivencia de los registradores mercantiles que han mirado para otro lado. Pero la STS de 18 de julio de 2012 parece poner fin a esa situación.

La Sentencia, además de ratificar la dictada por la Audiencia Provincial de Valencia el 29 de abril de 2009, saca los colores al Centro Directivo criticando con dureza la ambigüedad y el criterio puramente formalista de la Resolución de 2007. En concreto, el más alto tribunal afirma que dicha resolución “responde a un criterio que permite burlar con gran facilidad la LSP” y, lo que es más importante, hace un llamamiento a los registradores y notarios para “garantizar la operatividad del sistema asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales mediante la calificación de los documentos que se presenten a inscripción, tanto en el inicial momento constitutivo de la sociedad profesional como, con posterioridad, a lo largo de su existencia“. Como concluye la Sentenciase trata, en suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad”.

Así las cosas, han tenido que pasar cinco años para que, por fin, tengamos claro que la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (LSP) es algo más que una Ley de buenas prácticas o una declaración de buenas intenciones y es ahora cuando nos toca mover ficha a los profesionales y, en especial, a los del mundo del Derecho (despachos de abogados, colegios, notarios y registradores) para ver si la LSP adquiere por fin su razón de ser y recibe el cumplimiento que su artículo 1 reclama.