PROYECTO DE NORMA FORAL PARA REFORZAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA 2013

La Diputación de Bizkaia ha aprobado este miércoles, 28 de noviembre de 2012, un Proyecto de Norma Foral por la que se aprueban determinadas medidas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras medidas tributarias para 2013. El Proyecto tiene principalmente como objetivos la incorporación de disposiciones que permitan a la Diputación Foral, por una parte, controlar de manera más exhaustiva las actividades fraudulentas y, por otra, adaptar la normativa foral a la comunitaria en materia de Asistencia Mutua.

Entre otras medidas, destaca la aprobación de medidas de información sobre los bienes situados en el extranjero, siguiendo los criterios ya adoptados en Territorio Común.

 

{slideshare}[slideshare id=15411097&doc=proyectonfmedidasyfraude2013-121129112425-phpapp02]{/slideshare}

LA REFORMA DEL ART. 108 LMV: La norma anti-elusión que siempre debió ser

El pasado día 30 de octubre fue publicada en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Y en dicha norma se ha incluido una Disposición final primera que modifica el Art. 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Dicha modificación implica tres cambios sustanciales:

1º) Se excluyen del posible gravamen las adquisiciones en el mercado primario.

2º) Se establece la tributación, en caso de aplicarse la norma antielusión, por el impuesto que hubiese correspondido (ITP o IVA) y no necesariamente por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como venia sucediendo hasta el momento.

3º) Y, a nuestro juicio, la reforma de mayor calado: “se simplifica la redacción del articulo, pasando de ser una norma objetiva a una norma de lucha contra el fraude, aunque en los supuestos mas claros se establece una presunción iuris tantum que deberá, en su caso, ser enervada por el interesado si no quiere que le sea aplicada la norma antielusión.” Es la propia exposición de motivos de la Ley 7/2012, en su apartado VII, la que establece lo entrecomillado anteriormente poniendo de manifiesto lo que gran parte de la doctrina venía manifestando: que el Art. 108 de la Ley del Mercado de Valores debía configurarse como una autentica norma antielusión y no como un supuesto de aplicación objetiva, que es lo que realmente era hasta el momento. Lo que generaba, sin lugar a dudas, que se produjera el gravamen de determinadas transmisiones de una forma no buscada por la norma, empleando una interpretación finalista de ésta.

Además, la extensión creciente de la norma, en los últimos tiempos, supuso, no solo una mayor complejidad en su aplicación, sino que se pusiese en duda su adecuación a la normativa española y comunitaria.

Fue así que la Comisión Europea realizó un Dictamen motivado en el que se dudaba sobre la adecuación de la norma en su anterior redacción a la Directiva comunitaria 2008/7/CE, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. Especialmente en lo referido al gravamen de operaciones realizadas en el mercado primario.

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo planteó dos cuestiones prejudiciales al hilo de la problemática que planteaba el artículo, y, si bien es cierto que la primera fue resuelta favorablemente a la regulación española (Auto de 6 de octubre de 2010 del TJCE), nuestro Alto Tribunal volvió a interponer una nueva cuestión prejudicial el 9 de febrero de 2012, sobre extremos relativos a la Directiva de IVA.

Consciente nuestro legislador de lo anterior así como de “los numerosos litigios derivados del reiteradamente citado articulo 108 LMV, así como de las numerosas consultas tributarias previas, sobre todo relacionadas con operaciones de reestructuración empresarial planteadas ante la Dirección General de Tributos, parece claro que el texto actual de la disposición peca de farragoso y poco claro para su aplicación, por lo que no otorga a los posibles obligados tributarios la necesaria seguridad jurídica que toda norma debe otorgar”, como reconoce en la Justificación de la enmienda num.68, del Grupo Parlamentario Popular, al texto legal remitido al Congreso de los Diputados, ha procedido, acertadamente en nuestra humilde opinión, a realizar una reforma que convierte al articulo 108 en lo que siempre debió ser: una auténtica norma antielusión, que no grave operaciones perfectamente legitimas, cuya finalidad no es, ni de lejos, eludir la fiscalidad aneja a la transmisiones de inmuebles, y que dote de la seguridad jurídica necesaria a los operadores del trafico mercantil español.

Por lo que, a modo de conclusión, podemos señalar que, por una parte, se ha reducido la extensión de la redacción del articulo, no solo eliminado algunos supuestos (transmisiones en el mercado primario) sino también simplificando las reglas de aplicación del precepto, estableciendo criterios mas claros y concisos, que permiten una mas fácil interpretación y aplicación de la norma.

Y por otra, se ha establecido la aplicación del tributo que correspondiese a la situación concreta y no necesariamente el ITP, como hasta el momento. Y además, única y exclusivamente en los supuestos en que la transmisión de valores pretenda eludir el pago de los tributos correspondientes a la transmisión de los inmuebles, estableciéndose, como cautela adicional, una serie de presunciones para los casos mas característicos de intento de elusión, que el contribuyente tendrá, en todo caso, la posibilidad de rebatir.

¿POSIBLE EXCESO REGLAMENTARIO EN EL RD 1558/2012 SOBRE OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DE BIENES EN EL EXTRANJERO?

Los días de fin de semana se están convirtiendo, desde finales de 2011, en cita obligada para la lectura de las novedades que publica el Boletín Oficial del Estado. Apenas seis días antes de que concluya el plazo para la presentación de la Declaración Tributaria Especial, siempre y cuando el plazo para la misma no termine ampliándose tal y como se rumorea en prensa, ha sido publicado el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre (en adelante, RD 1558/2012).

Muchas son las dudas que los contribuyentes con patrimonio en el extranjero, bien sea éste adquirido con cargo a rentas declaradas como no declaradas, están teniendo con relación a esos efectos devastadores de la mal denominada “imprescriptibilidad” que ha traído consigo la aprobación de la Ley 7/2012, así como a las exactas condiciones en que iba a regularse la obligación de información sobre dicho patrimonio.

Sin entrar a valorar cuestiones más prosaicas sobre las condiciones en que habrá que informar sobre el patrimonio que se posee en el extranjero, con carácter de urgencia, considero de interés fijar siquiera un par de nubarrones acerca de lo que, a día de hoy, podría resultar un exceso reglamentario en la materia.

El RD 1558/2012, por lo que respecta a la obligación de información sobre patrimonio en el extranjero, ha introducido en el RD 1065/2007 los artículos 42.bis, en relación con la obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; el 42.ter, en relación con la obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero; el 54.bis, en relación con la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

La particularidad que se encuentra en todos los artículos anteriormente citados es que finalmente habrá que informar, no sólo de los bienes que se posean a 31 de diciembre de 2012, sino que también habrá que informar sobre aquellos bienes que se hayan poseído en algún momento del 2012 aunque ya no se posean a 31 de diciembre de 2012.

Lo curioso del asunto es que los términos en que viene regulado este extremo en los citados artículos responden a la siguiente fórmula: “Dicha obligación también se extiende”, “La obligación de información regulada en este apartado también se extiende”, “La obligación de información regulada en este artículo también se extiende”.

Conviene en este punto traer a colación el tenor literal de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT):

Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:

a. Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.

b. Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

c. Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

Las obligaciones previstas en los tres párrafos anteriores se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” (el subrayado es nuestro).

De la lectura de esta Disposición Adicional, que supone la habilitación reglamentaria contenida en el RD 1558/2012, objeto del presente comentario, se desprenden, a juicio de quien suscribe, las siguientes dos ideas:

– La LGT en todo momento habla de activos cuya titularidad se ostente y no que se haya ostentado.

– La LGT, de manera expresa, “extiende” las obligaciones a los titulares reales de dichos bienes.

Sin entrar a analizar el mayor o menor interés de la información de aquellos bienes que se hayan poseído y que a la fecha de 31 de diciembre de 2012 ya no se posean, a la vista del oneroso régimen de infracciones y sanciones previsto en el apartado segundo de la Disposición Adicional Decimoctava de la LGT (“Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional”), debe plantearse si la ampliación de la obligación de información contenida en el RD 1558/2012, referida no ya sólo a los bienes de los que se es titular jurídico o real a 31 de diciembre de 2012, está estableciendo una infracción, lo cual, de verificarse, supondría la violación de lo preceptuado en el artículo 8.g) de la LGT:

Se regularán en todo caso por Ley: (…) g. El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias”.

A juicio de quien suscribe, y salvo mejor opinión fundada en Derecho, el exceso reglamentario es evidente.

SEMINARIO SOBRE CONFLICTOS DE SOCIOS EN BILBAO IMPARTIDO POR CIALT

El 21 de noviembre tuvo lugar el Seminario-Consulta que organizaba APD con la participación de CIALT Asesores sobre uno de los temas de máxima actualidad en la situación de crisis económica que estamos viviendo: “Conflictos entre socios: problemas habituales y propuestas de solución”. Este Seminario se impartió previamente en San Sebastián (30 de mayo) y, dado el interés suscitado, APD organizó una réplica del mismo en Bilbao.

La jornada se celebró en la sede de APD, organización que ofreció una cálida bienvenida a los asistentes.

En primer lugar, para presentar la jornada intervino D. Mikel Madariaga, Director de la Zona Norte de APD, que realizó una breve introducción de los ponentes y los temas sobre los que iban a tratar.

Dª. Nuria Cancelo, (socia de CIALT, responsable del área mercantil), realizó su exposición desde una visión práctica explicando cuales son los conflictos de socios más habituales en las empresas y las fórmulas jurídicas existentes para su posible prevención y resolución mediante la redacción de Estatutos Sociales y Pactos Parasociales a medida, proponiendo cláusulas concretas al efecto.

A continuación intervino D. Alberto Emparanza (catedrático de Derecho Mercantil de la UPV y consultor de CIALT), quien realizó su exposición sobre el abuso de la mayoría y el derecho de separación del socio, destacando la utilidad de recoger causas estatutarias de separación.

Posteriormente, D. Juan Bustamante (Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco) abordó la cuestión relativa al abuso de la minoría y la exclusión del socio de la sociedad, informando a los asistentes de la regulación legal en dicha materia.

La última ponencia fue impartida por D. Marcos Bermúdez (Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao), quien expuso su visión y experiencia respecto a los conflictos de socios que acaban en vía judicial, concretando y detallando una serie de supuestos prácticos resueltos en su Juzgado.

El acto se cerró con un coloquio entre los participantes en el que se intercambiaron opiniones en torno a las cuestiones expuestas en la jornada y en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de formular sus dudas a los ponentes y comentar los problemas que tienen en su práctica diaria, tanto desde el punto de vista del empresario como del asesor.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REFORMA FISCAL DE GIPUZKOA PARA EL 2012 Y 2013

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este martes, 20 de noviembre de 2012, un Proyecto de Norma Foral por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias. El Proyecto tiene como objetivo atender a las necesidades sociales surgidas como consecuencia de la crisis económica, si bien se incorporan también medidas de tipo técnico dirigidas a mejorar el sistema tributario.

En la presente presentación se realiza un análisis somero de las modificaciones que prevé el citado Proyecto.

{slideshare}[slideshare id=15299066&doc=proyectonormafora20noviembre2012-121122083451-phpapp02]{/slideshare}

PROYECTO DE NORMA FORAL DE GIPUZKOA POR LA QUE SE APRUEBAN DETERMINADAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

 

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este martes, 20 de noviembre de 2012, un Proyecto de Norma Foral por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias. El Proyecto tiene como objetivo atender a las necesidades sociales surgidas como consecuencia de la crisis económica, si bien se incorporan también medidas de tipo técnico dirigidas a mejorar el sistema tributario.

En cuanto a los Impuestos, la mayor parte del articulado modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) incidiendo sobre todo en la progresividad del Impuesto. Entre las medidas que afectan al IRPF, cabe destacar las siguientes:

– Con efectos 01/01/2012:

  • Exención de las ganancias patrimoniales derivadas de los desahucios instados por una entidad financiera, siempre que el contribuyente no sea titular de otras viviendas.
  • La transmisión de los derechos de suscripción pasan a tributar como ganancia patrimonial en el periodo impositivo en el que se transmiten (hasta ahora disminuían el valor de adquisición de los valores de los que procedían.
  • Se establece una obligación de suministro de información a las cooperativas en relación con la transmisión de las aportaciones sociales por parte de los socios.

– Con efectos 01/01/2013:

  • Se deflacta la escala aplicable a la base liquidable general.
  • Se aumenta del tipo impositivo del ahorro pasando a tener tres tramos con un tipo de gravamen del 21% (hasta 1.500 euros), 23% (1.500-10.000 euros) y 25% (de 10.000 euros en adelante).

Asimismo, cabe destacar que con efectos 01 de febrero de 2012 se introducen modificaciones en el IRPF con el objeto de adecuar la regulación fiscal a las reformas implantadas en el mercado laboral.

En cuanto a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las novedades son principalmente de carácter técnico. Cabe destacar la limitación que se regula en el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones relativa a las cantidades percibidas por razón de contratos de seguros sobre la vida para dar cobertura a una operación civil o mercantil, ya que se establece como límite de la exención la cantidad debida, debiendo tributar respecto del exceso.

Por lo que respecta a la Norma Foral General Tributaria, se introducen, entre otras, medidas tendentes a fomentar la regularización de bienes o derechos hasta ahora no declarados. Así, se exonera de la responsabilidad penal en aquellos casos en los que la Administración Tributaria estime que el obligado tributario ha regularizado espontáneamente su situación tributaria.

A diferencia de la Normativa Estatal, este Proyecto de Norma Foral no contiene regulación alguna relativa al deber de información de los bienes y derechos situados en el extranjero o la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas. No obstante en el preámbulo del proyecto ya se establece que en primer semestre del 2013 se presentará un nuevo proyecto de Norma Foral con medidas encaminadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, de tal modo que es posible que dichas medidas sean incorporadas a principios del 2013.

Por último destacar, que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que se ha aprobado en el ámbito estatal, ha introducido novedades importantes respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) de aplicación directa en el Territorio Foral de Gipuzkoa. Cabe destacar nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo para las ejecuciones de obra o para aquellos casos en los que se renuncia la exención del IVA en las entregas de inmuebles, de tal modo que en estos casos el obligado a ingresar el IVA será el adquirente del bien o servicio.

 

ELENA RETA, SOCIA DE CIALT, EN DIARIO VASCO: ¿Qué hacer si me pagan por una venta 2.500 euros o más en efectivo?

El pasado 30 de octubre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, la cual contiene diversas reformas fiscales tanto en la Ley General Tributaria como otras disposiciones específicas de cada impuesto.

Dicha norma ha venido a establecer un precepto, concretamente el artículo 7, que ha generado una gran polémica: la limitación de pago en efectivo a 2.500 euros. Así, la socia del Departamento de Derecho Fiscal de CIALT Asesores, Elena Reta, ha aprovechado la ocasión para aclarar determinados aspectos de tan controvertida norma en un artículo publicado el pasado 18 de noviembre, domingo, en el Diario Vasco.

articulo DV

CURSO “NOVEDADES JURÍDICAS Y MERCANTILES 2012”

El próximo 27 de noviembre de 2012, a las 16:00 horas, tendrá lugar en el Colegio Vasco de Economistas el Curso “Novedades jurídicas y mercantiles 2012“.

La asistencia al curso es una excelente oportunidad para estar al día de las últimas modificaciones legales en materia mercantil que han tenido lugar. Las novedades en materia mercantil y jurídica que se están produciendo en los últimos meses y que afectan de manera muy especial a economistas, auditores y profesionales en general son objeto de análisis en este curso para conocer su aplicación y efectos para la gestión. Así, la aplicación de las nuevas tecnologías en la constitución de sociedades y en cualquier modificación estatutaria, la simplificación de los procedimientos de fusión, escisión, transformación y cesión global de activo y pasivo, así como las nuevas orientaciones en materia de responsabilidad de los administradores constituyen aspectos relevantes objeto de recientes cambios que el economista debe conocer en su actuación diaria y que se aspiran a reflejar en dicho curso.

 

Características

FECHA, HORARIO Y LUGAR:

Fecha: 27 de noviembre

Horario: 16.00-20.00

Lugar: Aula de Formación del Colegio (F. García Lorca 9, bajo. Donostia)

 

PONENTE: Alberto Emparanza Sobejano. Catedrático de Derecho Mercantil. CIALT ASESORES.

 

PROGRAMA:

1. Constitución telemática de asociedades de capital: la sede electrónica

2. Convocatoria de junta de socios vía página web

3. Simplificación del procedimiento de modificaciones estructurales societarias: transformación, fusición, escisión y cesión global de activo y pasivo.

4. Novedades en materia de separación y exclusión de socios

5. Orientaciones actuales en materia de responsabilidad de los administradores

6. Prevención en Blanqueo de Capitales

 

DERECHOS MATRÍCULA:

Personas colegiadas: 125€

Personas Colegiadas en situación de desempleo e inscritas en Lanbide: 115€

Personas no colegiadas: 220€

Este importe constituye gasto deducible de los rendimientos empresariales y profesionales de las personas físicas y jurídicas, pudiendo dar adicionalmente derecho a deducción en la cuota del Impuesto sobre sociedades o I.R.P.F.

Nota: Toda inscripción no anulada antes de 3 días del inicio del curso supondrá el pago de un 10 % de los derechos de matrícula.

 

DATOS GENERALES

Lugar impartición: Donostia

Nº horas: 4

TARIFAS

COLEGIADO/A 125 €

COLEGIADO/A EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 115 €

NO COLEGIADO/A 220 €

POR VIDEOCONFERENCIA PERSONA COLEGIADA 60 €

POR VIDEOCONFERENCIA PERSONA NO COLEGIADA 90 €

 

 

 

Para más información, por favor, pulse aquí.