COMPROBACIONES DE VALOR: vinculación de las valoraciones realizadas por otras Administraciones.

Interesante Sentencia de 18 de Junio de 2012 (recurso 224/2009), en la que de nuevo el Tribunal Supremo trae a colación el problema de confrontación existente entre el principio de unicidad con el principio de estanqueidad en el marco de las comprobaciones de valor.

En esta ocasión, el Tribunal examina si la Agencia Tributaria debe quedar vinculada por la valoración hecha por la Consejería de Economía y Hacienda de Galicia en una comprobación de valor realizada en una liquidación del ITP.

Citando jurisprudencia diversa, la resolución recurrida entiende que, en este caso, al tratarse de impuestos distintos (IRPF/ITP) y Administraciones diferentes (Estatal y autonómica), la Agencia Tributaria Estatal no queda vinculada por la valoración hecha con anterioridad por la Consejería de Galicia y en nada se desvirtúa la valoración propia realizada.

Para apoyar este criterio se basa en el principio de estanqueidad, según el cual, al existir múltiples tributos con naturalezas diferentes y variedad de Administraciones, la Administración sólo debe aplicar los valores fijados para otro tributo si existe una remisión legal directa.

Sin embargo, esto nos llevaría a realizar una exposición demasiado simplista del tema. Y así lo entiende el Tribunal Supremo en la sentencia comentada, citando otra sentencia de la misma Sala de 25 de Junio de 1998 en la que se enuncia que “todas estas diferencias deben ser tenidas en cuenta y debidamente ponderadas, a la hora de apreciar si es posible o no la unidad de valoraciones, pero a su vez constituye un axioma que si el concepto técnico fiscal del valor es igual o muy próximo, y el método de valoración admisible es el mismo, como por ejemplo, el dictamen pericial aplicado a efectos de un tributo, no tiene sentido el mantener un valor distinto en el otro tributo”.

Además, el Tribunal Supremo se ha mostrado en su jurisprudencia a favor del principio de unicidad de valoraciones en cuanto “subrayó la primacía de los derechos fundamentales frente al principio de estanqueidad deducido de las disposiciones de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre), modificando el criterio de resoluciones previas y estableciendo que el cambio de valoración sólo era posible acudiendo a la declaración de lesividad.”

Por tanto, no se puede cambiar el sentido de resoluciones previas, como se hizo en esta ocasión, solo aludiendo a la existencia Administraciones y de tributos distintos, más incluso cuando este último, el ITP, “era entonces y sigue siendo ahora un impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común, que gestionan por delegación del Estado, y menos aún podían hacerlo en relación con expedientes de comprobación de valores, en cuyo desarrollo las Comunidades Autónomas venían y vienen compelidas a utilizar los mismos criterios del Estado”.

Así, se deben examinar las coincidencias y divergencias existentes a la hora de determinar la base imponible en la legislación del ITP y del IRPF, acudiendo al artículo 8 de la Ley del IRPF y al artículo 30.1 del Texto Refundido de la Ley del ITPAJD en las cuales por un lado, se habla de los precios acordados en condiciones normales del mercado y por otra, de valor real de los bienes y derechos transmitidos.

Al final, el Tribunal Supremo estima el recurso, concluyendo con la siguiente afirmación “no hay una definición más acertada de lo que debe entenderse, a tal efecto, como valor real de dichos inmuebles que la de «precio que sería acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes», de donde se obtiene que el valor que por metro cuadrado otorgó a esos inmuebles la Delegación de la Coruña de la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, 48.620 pesetas (292,21 euros), debió utilizarse también por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la hora de valorar esa operación vinculada”.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS: ¿Les es de aplicación la exención del artículo 9 párr. 1º de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo?

A raíz de la sentencia 467/2012 de 25 de junio de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, parece interesante indagar si es posible aplicar la exención que se regula en el artículo 9 párrafo 1º de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, a la que se remite el artículo 45.1.c) del Real Decreto Legislativo 1/1993 regulador del ITPAJD a los créditos hipotecarios.

El artículo señala que: “Estarán exentas en la modalidad gradual de Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley y la modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas.”

En este caso, conviene recordar que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, en la Resolución cuyo recurso da lugar a esta sentencia, había inaplicado la exención para el caso de créditos hipotecarios al entender que no resulta de aplicación la analogía en el ámbito de los beneficios fiscales, como determina el artículo 14 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia, haciendo un estudio exhaustivo de las novedades legislativas en materia aplicable al ITPAJD y que afectan de manera directa o indirecta a la Ley 2/1994 (Ley 36/2003 de 11 de noviembre de medidas de reforma económica, Ley 41/2007 de 7 de Diciembre por la que se modifica la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario etc), entiende que no se está haciendo distinción en cuanto a su aplicación a préstamos o a créditos hipotecarios, ya que, ambos cumplen la misma finalidad desde un punto de vista financiero y lo que se persigue con todas estas novedades es el crecimiento del mercado de títulos hipotecarios sin discriminar entre las distintas opciones.

De tal manera que, según establece la citada sentencia, la aplicación de la exención a los créditos hipotecarios “no significa aplicación analógica del beneficio fiscal que declara exenta de la modalidad de actos jurídicos documentados la novación modificativa de préstamos y créditos hipotecarios, sino mera interpretación de la norma atendiendo a los tradicionales criterios enunciados en su día por Savigny, a saber, gramatical, lógico, teleológico, histórico y sistemático.

A este respecto conviene traer a colación la doctrina jurisprudencial sobre esta materia, glosada, entre otras, en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2002 (recurso: 7584/1996), en la que se dice: … A este respecto debe observarse que el espíritu y finalidad de la norma contenida en el artículo 23 (ley general tributaria de 1963, ART.14 de la vigente Ley 58/2003, de 17 Diciembre General Tributaria) es el de servir a los objetivos perseguidos por el legislador, destacados en la Exposición de Motivos de la propia Ley… Estamos haciendo una interpretación estricta del precepto, y no extensiva, ni mucho menos analógica, siempre prohibida por el arto 23.3 LGT.”

Por tanto, el criterio de la sentencia es que lo que está prohibido es extender por analogía más allá de sus términos las exenciones y bonificaciones, pero establece que realizando una interpretación estricta del precepto, aunque de acuerdo a la finalidad perseguida por el Legislador se llega a la conclusión de que la exención debe alcanzar tanto a préstamos, como a créditos hipotecarios.

Otros Tribunales, como el Superior de Justicia de Castilla León defienden la aplicación de la exención en los créditos hipotecarios (sentencia 496/2012 de 9 de noviembre). En esta sentencia se reproducen los mismos argumentos contenidos en la Sentencia del TSJ de Galicia, y llega a la conclusión de que “efectivamente no estamos ante un supuesto de la extensión por analogía de una norma a un supuesto similar sino aplicando una interpretación de la exención realizada por el propio legislador en las exposiciones de motivos de las normas, interpretación auténtica de la que resulta su clara voluntad de equiparar, en las reformas sucesivas de la ley 2/1994, el tratamiento de los préstamos y créditos hipotecarios, incluso bonificaciones”.

Sin embargo, hay Tribunales Superiores de Justicia que mantienen criterios opuestos al comentado. Pongamos de ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su Sentencia 341/2011 de 3 mayo, que aunque es anterior a la comentada en este artículo, entiende que no es posible equiparar ambos conceptos en aras a la aplicación de la exención que estamos tratando y que en el caso de aplicarlo, se estaría usando la analogía prohibida por la LGT.

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia 310/2012 de 10 de mayo, usando el mismo razonamiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, entiende que la Ley 2/1994, y las reformas legislativas que le afectan, sólo son aplicables a los préstamos hipotecarios y no se refieren a otros medios de financiación.

Sin embargo, hay una mención interesante en esta sentencia en cuanto señala que la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, así como las reformas que se hicieron en 2009, serán aplicables, tanto a préstamos, como créditos hipotecarios, abriendo la posibilidad de aplicar la exención por medio de la interpretación de las normas a los créditos formalizados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

En conclusión, parece que se está abriendo una nueva vertiente en cuanto a la aplicación por parte de los Tribunales de la exención del artículo 9 párrafo 1º de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecario, tanto a préstamos, como a créditos hipotecarios.

JORNADA “LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS” EN LA DELEGACIÓN DE LA AEDAF DEL PAÍS VASCO

Los próximos 5, 12, 19 y 26 de febrero y 5 de marzo de 2013 tendrán lugar las Jornadas que organiza la Delegación de País Vasco de la AEDAF con la participación de Aitor Orena, consultor de CIALT Asesores, sobre un tema de gran importancia a efectos fiscales: “Los procedimiento tributarios”. Este ciclo formativo se impartirá en el el Colegio de Abogados de Vizcaya, Rampas de Uribitarte 3, Bilbao.

A continuación, les ofrecemos el programa del evento:

Jornada de Procedimientos Tributarios en el Colegio de Abogados de Vizcaya

Jornada de Procedimientos Tributarios en el Colegio de Abogados de Vizcaya

Jornada de Procedimientos Tributarios en el Colegio de Abogados de Vizcaya

Jornada de Procedimientos Tributarios en el Colegio de Abogados de Vizcaya

Jornada de Procedimientos Tributarios en el Colegio de Abogados de Vizcaya

Jornada de Procedimientos Tributarios en el Colegio de Abogados de Vizcaya

 

 

SOCIEDADES INSOLVENTES CON UN ÚNICO ACREEDOR: la imposibilidad de solicitar concurso de acreedores y de liquidar voluntariamente la sociedad

¿Cómo se puede disolver y liquidar una sociedad con un único acreedor y que a la vez se halla en situación de insolvencia? La presente cuestión representa una laguna legal en nuestro ordenamiento jurídico y suscita grandes controversias, dado que no existe una norma que regule esta situación, por otra parte muy frecuente en la práctica y más aún en la actual situación de crisis económica que padecemos.

En efecto, la regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, establece que cualquier sociedad mercantil para poder liquidarse debe abonar de forma previa todas las deudas que mantenga con sus acreedores. Una vez abonadas esas deudas (o en su defecto, consignada a favor de los acreedores de la sociedad la suma adeudada), podrá la sociedad aprobar en Junta de Socios su liquidación e inscribir la misma en el Registro Mercantil, extinguiéndose su personalidad jurídica y dejando efectivamente de existir en el tráfico jurídico.

Por otro lado, cuando una sociedad se halla en situación de insolvencia, situación que implica la imposibilidad absoluta y generalizada de hacer frente a sus deudas, existe la obligación según determina la propia Ley de Sociedades de Capital y por su parte, la Ley 22/2003, Ley Concursal, de solicitar el concurso de acreedores.

Sin embargo, ninguna de ambas normas regula qué sucede cuando la sociedad que se halla en situación de insolvencia tiene un único acreedor, situación muy habitual hoy en día en empresas promotoras con un terreno hipotecado. Se trata del típico supuesto en que una sociedad promotora es titular de uno o varios terrenos en los que pretende desarrollar una promoción inmobiliaria, terrenos que en su día fueron hipotecados a favor de una entidad financiera que concedió financiación a la empresa.

Por razones varias, la empresa no puede desarrollar la promoción, entra en insolvencia y no puede hacer frente tampoco al pago de las cuotas del préstamo hipotecario. En esta situación, ¿qué puede hacer dicha empresa?

En aplicación de la ley, si se halla en situación de insolvencia, la empresa debería solicitar concurso de acreedores. Sin embargo, el concurso de acreedores, tal y como señala una amplia mayoría de la doctrina y la propia jurisprudencia, para poder admitirse por el Juzgado competente, presupone la existencia de una pluralidad de acreedores. Por tanto, aquellas sociedades que son insolventes pero que no tienen varios acreedores, sino solamente uno, se ven imposibilitadas de acudir al procedimiento concursal puesto que el Juzgado competente no va admitir su solicitud. Además, dado que no han podido pagar al único acreedor su deuda, aplicando la normativa prevista en la Ley de Sociedades de Capital, tampoco podrían liquidarse, puesto que deberían previamente abonar la deuda pendiente.

En consecuencia, nos encontramos con sociedades que ya no desempeñan actividad alguna, que en ocasiones carecen incluso de bienes y que no pueden abonar sus deudas, cuya existencia en suma ya no cumple finalidad alguna y que incluso suponen cargas añadidas tanto para los administradores de la sociedad como para los propios socios de la misma, sociedades que sin embargo no pueden utilizar los mecanismos previstos en la ley para poder acordar su liquidación, dado que no cumplen los requisitos previstos en la normativa.

Ante esta situación, la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado (en adelante DGRN) de 29 de abril de 2011 vino a suponer una novedad radical en el panorama existente, dado que admitió la liquidación de una sociedad disuelta que carecía totalmente de activo, que únicamente tenía un acreedor y que se hallaba en situación de insolvencia total y definitiva. Dicha sociedad aprobó en Junta de Socios su liquidación en base al Balance formulado por el Liquidador de la misma en la que constaba la existencia de un único acreedor. En la escritura en la que se elevó a público el acuerdo de liquidación se hacía mención asimismo a que no se había solicitado concurso de acreedores por no cumplir con los presupuestos necesarios para ello.

La DGRN, sin pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de declarar el concurso de una sociedad con un único acreedor (si bien daba a entender que no era admisible en base a la doctrina y jurisprudencia mayoritarias), estableció que ante la inexistencia de activos y bienes de la sociedad, no se podía impedir la liquidación y cancelación de asientos registrales de la misma. Es más, el citado organismo consideró que el hecho de admitir la liquidación sin que se hubiera abonado la deuda pendiente no suponía ninguna quiebra ni merma de los derechos del único acreedor, que seguía disponiendo de mecanismos para hacer valer su crédito y reclamar el mismo.

Esta Resolución, que parecía poner fin y dar una solución a la situación irregular en la que se hallaban numerosas sociedades con idéntica problemática a la contemplada en la misma, se ha visto sin embargo superada por dos nuevas Resoluciones de la DGRN. En efecto, la Resolución de la DGRN de 2 de julio de 2012 y otra Resolución posterior de 4 de octubre de 2012, que viene a confirmar la doctrina establecida por la primera, deniegan la posibilidad de inscribir la liquidación de sociedades en insolvencia con un único acreedor en supuestos parecidos o idénticos al contemplado en la Resolución de 2011.

Este cambio de criterio lo sustenta la DGRN en varios motivos. Por un lado, en que por razones de respeto al ordenamiento jurídico, de seguridad jurídica y para evitar casos de enriquecimiento injusto o la indefensión de los acreedores frente a sus deudores, no se puede admitir una liquidación que esté basada únicamente en una manifestación del liquidador que afirme la existencia de un único acreedor. Señala la DGRN que la Ley de Sociedades de Capital obliga al liquidador a facilitar y dar a conocer a los acreedores, de forma previa a la liquidación de la sociedad, el estado de la liquidación por los medios que resulten más eficaces, todo ello para que el acreedor pueda defender sus derechos.

Es más, continúa la DGRN señalando que en cumplimiento de lo establecido en la normativa societaria, para aprobar el balance de liquidación, las operaciones de liquidación, entre las que se encuentran el pago a los acreedores de la sociedad, han de haber concluido. Por ello, la DGRN viene a sostener que desde el punto de vista societario no se puede otorgar escritura de liquidación de una sociedad mientras existan acreedores pendientes de pago, sean uno o varios.

El segundo criterio sobre el que se apoya la DGRN es la última reforma de la Ley Concursal. En efecto, la DGRN viene a afirmar que con las reformas introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en varios artículos de la Ley Concursal, se está admitiendo la existencia de un concurso con un único acreedor, superando el criterio que venían aplicando hasta ahora la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia.

Este cambio de criterio de la DGRN a nuestro juicio no es acertado. La DGRN viene a sostener que según la normativa concursal es posible instar un concurso de una sociedad con un único acreedor, cuando este planteamiento no es compartido en la práctica por la inmensa mayoría de la doctrina y la jurisprudencia. Entendemos además que el acreedor dispone de mecanismos suficientes (tales como acciones individuales, demandas de responsabilidad contra administradores, etc.), para hacer valer su derecho y reclamar sus créditos ya sea dentro de un procedimiento concursal como fuera del mismo, por lo que en ningún caso queda desprotegido por el hecho de no instarse un procedimiento concursal.

En conclusión, a raíz de la nueva doctrina de la DGRN seguimos sin tener una solución al problema planteado. Tal y como lo expone este organismo, aun en el supuesto de que el administrador cumpla rigurosamente con sus deberes e inste el concurso de la sociedad por hallarse en insolvencia, se puede dar la situación de que el mismo no se admita al no existir varios acreedores. En esta tesitura, si se opta por liquidar la sociedad, aun siendo diligente el liquidador y comunicando al único acreedor toda la documentación relativa a la liquidación así como la imposibilidad de pagar la deuda al acreedor, tampoco se podrá llevar a cabo la liquidación puesto que no se puede abonar dicha deuda.

Se trata de una situación ilógica y deja además en indefensión a los administradores/liquidadores y socios de aquellas sociedades que sin desempeñar actividad ni tener sentido ya su existencia, se ven obligados a mantener dichas sociedades con las consiguientes cargas y problemas que esto puede generar, además del coste económico que puede suponer el mantenimiento de estas sociedades.

Para evitar posibles demandas de reclamación de responsabilidad a los administradores y/o liquidadores de estas sociedades, sería aconsejable, como medida preventiva, sin que ello excluya la posible adopción de otras soluciones, que las sociedades en esta situación presentaran ante el Juzgado, dentro de los plazos previstos en la ley, la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal (comúnmente denominada solicitud de pre-concurso), con la finalidad de intentar llegar en última instancia a un acuerdo con el acreedor único. De esta forma se lograría acreditar por dichos administradores que han sido diligentes en el cumplimiento de sus deberes.

En nuestra opinión sería conveniente que el legislador abordara este problema e intentara de una vez dar una solución coherente y razonable al mismo, protegiendo los intereses de todas las partes implicadas, acreedores, administradores, socios y la propia sociedad.

MODIFICACIONES PREVISTAS DE CARA AL 2013 PARA LOS TRANSPORTISTAS EN MODULOS EN EL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA

El pasado mes de diciembre la Diputada de Hacienda Foral de Gipuzkoa, aprobó el proyecto de reforma del Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para el IRPF para el territorio Histórico de Gipuzkoa, en concreto de determinados aspectos relacionados con el cómputo de los rendimientos de actividades. Entre las medidas propuestas, y con aplicación directa, entre otros, para el sector del transporte, destaca la modificación del artículo 38 del Decreto Foral antes comentado.

Con aplicación a partir de 1 de enero del 2013, Hacienda Foral de Gipuzkoa pretende restringir más el acceso o el mantenimiento de los empresarios, en concreto, del mundo de Transporte, en el régimen de estimación objetiva por módulos en IRPF, estableciendo límites cuantitativos de exclusión más restrictivos de los que existen en la actualidad.

En la exposición de motivos, queda clara la intención de la Administración guipuzcoana de restringir la aplicación del régimen de estimación objetiva. El motivo que alude es que, a su juicio, han desaparecido las razones por las que se implantó el régimen de estimación objetiva. Estas razones eran, por una parte, la dificultad por parte de la Administración de controlar el volumen de negocio de determinadas actividades y, por otra, la dificultad de los pequeños empresarios en cumplir con las obligaciones contables y registrales exigidas. Estima que, hoy en día, las mejoras introducidas en el tratamiento de la información por parte de la Administración y el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías y el acceso a las mismas por parte de toda la ciudadanía, hacen que los argumentos utilizados para su implantación vayan perdiendo fuerza.

En concreto, en el Proyecto se establecen nuevos límites máximos en cuanto a los vehículos afectos a la actividad (de 5 vehículos de la actualidad, a 1 vehículo) en cualquier día del año y también un nuevo límite que es el volumen de operaciones de la actividad del ejercicio anterior, en concreto 60.000 euros. Si se supera cualquiera de estos límites, el transportista quedaría excluido del régimen de estimación objetiva en IRPF.

Con carácter transitorio, y únicamente para el ejercicio 2013, el Proyecto establece como límite de volumen de operaciones del ejercicio anterior, 120.000 euros, en vez de los 60.000 euros establecidos para el resto de ejercicios.

Hay que destacar que, en el caso de que se apruebe el Proyecto en estos términos, prácticamente la totalidad de los transportistas quedarán excluidos del régimen de estimación objetiva a partir del 2013.

Llama la atención que en Territorio Común (resto del territorio español menos los territorios históricos de Alava, Bizkaia y Navarra), para el 2013 se han introducido, para los transportistas, un nuevo límite de exclusión en cuanto al volumen de operaciones del ejercicio anterior, que asciende a 300.000 euros. Es in importe muy superior al que se pretende introducir en Gipuzkoa. Es preciso comentar que en el Anteproyecto de reforma en territorio común, se establecían unos límites mucho más restrictivos, incluso, que los que se proponen ahora para Gipuzkoa. Estos límites se flexibilizaron en el texto finalmente aprobado (sobre los mismos pueden leer los artículos publicados por CIALT).

En los días posteriores a la exposición pública del Proyecto de reforma del Decreto Foral de IRPF, han sido numerosas las reivindicaciones realizadas por las asociaciones de los pequeños transportistas con el objetivo de dejarlas sin efecto, o que al menos no sean tan drásticas.

Por otra parte, con respecto a la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, hay que indicar que a efectos de la aplicación del régimen simplificado de IVA los transportistas guipuzcoanos no aplicarán los límites que se pretender establecer en Gipuzkoa en la estimación objetiva del IRPF, sino que aplicarán los límites que se establecen en Territorio común, dado que la normativa a aplicar en el IVA debe ser la misma en ambos territorios. Por tanto, también para los guipuzcoanos, el límite a efectos de IVA será de 300.000 euros de volumen de operaciones en el ejercicio anterior.

MODIFICACIONES PREVISTAS DE CARA AL 2013 PARA LOS TRANSPORTISTAS EN MODULOS EN EL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA

El pasado mes de diciembre la Diputada de Hacienda Foral de Gipuzkoa, aprobó el proyecto de reforma del Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para el IRPF para el territorio Histórico de Gipuzkoa, en concreto de determinados aspectos relacionados con el cómputo de los rendimientos de actividades. Entre las medidas propuestas, y con aplicación directa, entre otros, para el sector del transporte, destaca la modificación del artículo 38 del Decreto Foral antes comentado.

Con aplicación a partir de 1 de enero del 2013, Hacienda Foral de Gipuzkoa pretende restringir más el acceso o el mantenimiento de los empresarios, en concreto, del mundo de Transporte, en el régimen de estimación objetiva por módulos en IRPF, estableciendo límites cuantitativos de exclusión más restrictivos de los que existen en la actualidad.

En la exposición de motivos, queda clara la intención de la Administración guipuzcoana de restringir la aplicación del régimen de estimación objetiva. El motivo que alude es que, a su juicio, han desaparecido las razones por las que se implantó el régimen de estimación objetiva. Estas razones eran, por una parte, la dificultad por parte de la Administración de controlar el volumen de negocio de determinadas actividades y, por otra, la dificultad de los pequeños empresarios en cumplir con las obligaciones contables y registrales exigidas. Estima que, hoy en día, las mejoras introducidas en el tratamiento de la información por parte de la Administración y el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías y el acceso a las mismas por parte de toda la ciudadanía, hacen que los argumentos utilizados para su implantación vayan perdiendo fuerza.

En concreto, en el Proyecto se establecen nuevos límites máximos en cuanto a los vehículos afectos a la actividad (de 5 vehículos de la actualidad, a 1 vehículo) en cualquier día del año y también un nuevo límite que es el volumen de operaciones de la actividad del ejercicio anterior, en concreto 60.000 euros. Si se supera cualquiera de estos límites, el transportista quedaría excluido del régimen de estimación objetiva en IRPF.

Con carácter transitorio, y únicamente para el ejercicio 2013, el Proyecto establece como límite de volumen de operaciones del ejercicio anterior, 120.000 euros, en vez de los 60.000 euros establecidos para el resto de ejercicios.

Hay que destacar que, en el caso de que se apruebe el Proyecto en estos términos, prácticamente la totalidad de los transportistas quedarán excluidos del régimen de estimación objetiva a partir del 2013.

Llama la atención que en Territorio Común (resto del territorio español menos los territorios históricos de Alava, Bizkaia y Navarra), para el 2013 se han introducido, para los transportistas, un nuevo límite de exclusión en cuanto al volumen de operaciones del ejercicio anterior, que asciende a 300.000 euros. Es in importe muy superior al que se pretende introducir en Gipuzkoa. Es preciso comentar que en el Anteproyecto de reforma en territorio común, se establecían unos límites mucho más restrictivos, incluso, que los que se proponen ahora para Gipuzkoa. Estos límites se flexibilizaron en el texto finalmente aprobado (sobre los mismos pueden leer los artículos publicados por CIALT).

En los días posteriores a la exposición pública del Proyecto de reforma del Decreto Foral de IRPF, han sido numerosas las reivindicaciones realizadas por las asociaciones de los pequeños transportistas con el objetivo de dejarlas sin efecto, o que al menos no sean tan drásticas.

Por otra parte, con respecto a la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, hay que indicar que a efectos de la aplicación del régimen simplificado de IVA los transportistas guipuzcoanos no aplicarán los límites que se pretender establecer en Gipuzkoa en la estimación objetiva del IRPF, sino que aplicarán los límites que se establecen en Territorio común, dado que la normativa a aplicar en el IVA debe ser la misma en ambos territorios. Por tanto, también para los guipuzcoanos, el límite a efectos de IVA será de 300.000 euros de volumen de operaciones en el ejercicio anterior.

¿PUEDE UN JUZGADO DECLARARSE INCOMPETENTE DE OFICIO PARA CONOCER UN ASUNTO CUANDO LA COMPETENCIA TERRITORIAL NO VIENE DETERMINADA POR REGLAS IMPERATIVAS?

El 20 de marzo de 2012 la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal Supremo (Referencia Aranzadi-Westlaw: JUR/2012/140414) ha resuelto mediante Auto una cuestión de competencia territorial suscitada entre el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tolosa y el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Chantada.

Como resumen de los antecedentes de hecho, destacamos que turnada una demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 15.000 euros al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Chantada, dicho órgano unipersonal se declaró territorialmente incompetente tras la práctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado (Tolosa -Guipúzcoa-), remitiendo las actuaciones a los Juzgados de Primera Instancia de Tolosa.

Enviadas las actuaciones y turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tolosa, con fecha 20 de diciembre de 2011, éste dictó Auto acordando plantear conflicto negativo de competencia.

El Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto negativo de competencia territorial entre los citados Juzgados, declarando que la misma corresponde a los Juzgados Primera Instancia nº 1 de Chantada.

La razón que expone nuestro más alto Tribunal para resolver en este sentido es la siguiente:

Según el artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria.

Y, analizando el supuesto concreto, continúa:

En el presente caso, se ejercita una acción de reclamación de cantidad bajo el trámite del procedimiento ordinario, no incluible en ninguno de los fueros imperativos del artículo 52, de ahí que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Civil anteriormente transcrito, sólo podría apreciarse la falta de competencia territorial en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por el demandado o por parte legítima, lo cual no ha acaecido en el presente caso, en que se ha actuado tal y como predica el artículo 58, el cual sin embargo únicamente hubiese podido entrar en juego si la competencia territorial estuviese fijada por reglas imperativas.”

El Tribunal Supremo no aclara expresamente en esta resolución la razón por la cual no puede declararse incompetente de oficio un Juzgado de Primera Instancia si la competencia judicial no viene determinada por reglas imperativas.

La razón es que infringiría la voluntad de la parte demandada en cuanto a decidir someterse tácitamente ante el mismo. En efecto, el Juzgado no podrá declarase incompetente de oficio porque cabe la posibilidad de que el demandado se someta tácitamente y, en ese caso, tanto el fuero general (domicilio del demandado) como el convencional (sumisión expresa) decaen por la sumisión tácita.

Por ello, aprovechando el Auto dictado por el Tribunal Supremo, trataremos de explicar sucintamente la dinámica de la competencia territorial, comenzando con la enumeración de los distintos fueros:

A. Si el asunto legal es imperativo (números 1 y 4 a 15 del apartado 1 del artículo 52, apartado 2 del mismo artículo, así como cualquier norma que la Ley de Enjuiciamiento Civil u otra Ley atribuya a la regla de competencia expresamente carácter imperativo), la competencia se determina por ese criterio sin que sea válida la sumisión.

B.- Si no es imperativo habrá que seguir el siguiente orden:

i. Si existe sumisión, se aplica de forma preferente (la sumisión tácita prevalece sobre la expresa).

ii. En caso de que no exista sumisión, el criterio a aplicar es el fuero legal (general o, en su caso, el fuero especial no imperativo)

No obstante lo anterior, hay que destacar que la sumisión, tanto expresa como tácita, no es válida en los asuntos que deban decidirse por juicio verbal (artículo 54.1) o cuando el tribunal carezca de competencia objetiva (artículo 54.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En cuanto a la sumisión expresa, hay que recordar que tampoco es válida en contratos de adhesión, condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores y usuarios (artículo 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por todo lo expuesto, podemos concluir afirmando que cuando la competencia territorial venga establecida por reglas de carácter dispositivo, el Juzgado deberá esperar a que sea el demandado quien tome la decisión de someterse tácitamente o, por el contrario, proponga en forma la declinatoria denunciado la falta de competencia territorial.

LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO

La capitalización de intereses, o anatocismo como se conoce en la doctrina y jurisprudencia, consiste en que los intereses pactados en un contrato, vencidos y no satisfechos, generan a su vez nuevos intereses. En la práctica diaria podemos comprobar que las entidades bancarias aplican este anatocismo en los préstamos (o tarjetas de crédito) que se encuentran impagados, aumentando con ello considerablemente el importe de la deuda.

Esta figura legal se encuentra regulada en el Código Civil y en el Código de Comercio, según nos encontremos ante un préstamo de carácter civil o mercantil. Así, mientras el art. 1109 del Código Civil establece que: “los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto”, el art. 311 del Código de Comercio dispone que “se reputará mercantil el préstamo, cuando alguno de los contratantes fuera comerciante y las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio”. Es por ello por lo que explicaremos en puntos separados como debe aplicarse en ambas ramas del derecho.

1.- La capitalización de intereses en los préstamos civiles.

El art. 1109 del Código Civil recoge una capitalización de intereses automática. Es decir, sin expreso acuerdo entre las partes, los intereses vencidos y no satisfechos generan a su vez nuevos intereses desde su reclamación judicial. Sin embargo, es posible que las partes acuerden un anatocismo convencional, con regulación propia, si el mismo se pacta en el contrato.

En este sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 8 de noviembre de 1994 (Referencia Aranzadi-Westlaw: RJ 1994/8477), confirmada por la Sentencia de 4 de junio de 2009 (Referencia Aranzadi-Westlaw RJ 2009/4747) admite este pacto por entender, por una parte, que “el principio de autonomía de la voluntad que consagra el artículo 1255 del Código Civil permite que las partes puedan celebrar el referido convenio, siempre que el mismo, además de no ser contrario a la moral, ni al orden público, no esté prohibido por la Ley, como no lo está, según veremos seguidamente”.. Y por otra, porque el art. 1109 del Código Civil “además de admitir en el inciso inicial de su párrafo primero el anatocismo legal, admite también el convencional, en el inciso siguiente de ese mismo párrafo primero, al decir «aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto», con lo que, «a sensu contrario», viene a admitir que las partes puedan pactar expresamente que los intereses pactados (vencidos y no satisfechos) puedan producir intereses.” En efecto, con base en el artículo 1255 del Código e interpretando “sensu contratrio” el artículo 1109 del mismo texto legal, el Tribunal Supremo admite el anatocismo convencional.

En definitiva, los intereses vencidos y no satisfechos de los contratos de préstamo de carácter civil devengarán el interés legal únicamente desde su reclamación judicial y siempre que no se haya pactado en el contrato otra disposición diferente.

2.- La capitalización de intereses en los préstamos mercantiles.

Por su parte, el artículo 317 del Código de Comercio regula la capitalización de los intereses señalando que “los intereses vencidos y no pagados no devengan intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos.” A la vista de este artículo podemos atisbar la diferencia entre los préstamos civiles y mercantiles. Así, mientras que en el préstamo civil, a falta de acuerdo, existe el anatocismo desde la reclamación judicial, en los préstamos mercantiles los intereses vencidos y nos satisfechos no generan ningún tipo de interés.

No obstante, al igual que en los contratos de préstamo civil también cabe un pacto sobre la capitalización de los intereses vencidos, como así se desprende claramente de la segunda parte del artículo 317 del Código de Comercio, y según tiene establecido el Tribunal Supremo en la mencionada Sentencia del 8 de noviembre de 1994: “el artículo 317 del Código de Comercio que, en el inciso primero de su párrafo único, niega la posibilidad del anatocismo legal o de producción «ope legis», cuando dice que «los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses», admite expresamente, en cambio, el convencional, al decir en el inciso segundo de su referido párrafo único que «los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos».

A la vista de lo anterior, se aplicará la capitalización de intereses en los préstamos mercantiles únicamente si se pacta tal extremo en el propio contrato.

La Jurisprudencia menor también se ha pronunciado a este respecto, citando a título ilustrativo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de febrero de 2012 (Referencia Aranzadi-Westlaw: AC 2012/1402), o la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 29 de diciembre de 2012, la cual estima el recurso presentado por el prestatario que denunciaba, entre otras cuestiones, la aplicación del anatocismo por parte de la entidad bancaria en contratos de tarjeta de crédito, cuando tal figura legal no se pactó.

En conclusión, podemos terminar señalando que el pacto de anatocismo es válido tanto en el ámbito mercantil como en civil, pero si tal acuerdo no está incluido en el contrato no podrá aplicarse en los préstamos mercantiles y, en los civiles, únicamente desde su reclamación judicial.

INCUMPLIMIENTO DE ESPAÑA AL APLICAR TIPOS REDUCIDOS A CATEGORÍAS MÁS AMPLIAS EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de 2013 (Asunto C-360/11)

Con fecha 17 de enero de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha resuelto el Asunto C-360/11, en el que la Comisión interpuso recurso contra el Reino de España al considerar que el mismo aplicaba un tipo reducido a categorías más amplias que las previstas en la Directiva IVA.

En concreto, son cuatro los tipos de productos en los cuales la Comisión considera que se está aplicando un tipo reducido de IVA que resulta contrario a la Directiva IVA, a saber:

– Sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e idóneamente en la obtención de medicamentos.

– Productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente considerados, solamente pueden utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales.

– Aparatos y complementos utilizados para aliviar las deficiencias físicas de los animales.

– Aparatos y complementos esencial o principalmente utilizados para suplir las deficiencias del hombre, pero que no se destinen al uso personal y exclusivo de los discapacitados.

Se podría resumir que el criterio que aplica el TJUE es el de la interpretación estricta de los tipos reducidos, al entender que las mismas son beneficios fiscales, en concordancia con la finalidad de la aplicación de tipos reducidos que es hacer estos productos más accesibles para el consumidor final.

Por lo tanto, en lo que respecta al primero de los puntos, el TJUE entiende que resulta contraria a Derecho comunitario la aplicación del tipo reducido de IVA a aquellas sustancias susceptibles de ser utilizadas en la obtención de medicamentos. Dicho de otro modo, sólo los productos acabados pueden beneficiarse de la aplicación del tipo reducido.

En segundo lugar, el TJUE observa que el coste de los productos, instrumental y material y de los equipos médicos y veterinarios rara vez es soportado directamente por el consumidor final, dado que estos artículos son principalmente utilizados por profesionales de la sanidad para la prestación de servicios que, por su parte, pueden quedar exentos del IVA. Por otro lado, recuerda que el Anexo III de la Directiva IVA se refiere a equipos médicos, aparatos y demás instrumental utilizados normalmente para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de minusválidos, excluyéndose el uso veterinario.

En tercer lugar, la aplicación del tipo reducido de IVA a los aparatos y complementos utilizados para aliviar las deficiencias físicas de los animales es contraria a la Directiva IVA, al no habilitarse para uso veterinario sino para uso humano.

Por último, el Tribunal de Justicia afirma que no puede aplicarse un tipo reducido de IVA sobre los aparatos y complementos, esencial o principalmente, utilizados para suplir las deficiencias del hombre, pero que no se destinan al uso personal y exclusivo de los discapacitados.La Directiva IVA exige, para poder aplicar el tipo reducido, que estos bienes se destinen al uso personal y exclusivo de los discapacitados.

A este respecto cabe la siguiente observación, dentro de la urgencia del análisis que sobre dicha sentencia se pretende realizar en este breve comentario.

El IVA es un impuesto armonizado a nivel comunitario por medio de la Directiva IVA. Una Directiva obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando, sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. Esto es, se requiere de un acto de transposición o de acogimiento de la Directiva en el ordenamiento nacional.

Así las cosas, ¿puede un proveedor aplicar desde el 17 de enero de 2013 el tipo general de IVA a los productos afectados por esta Sentencia que comentamos? En otras palabras, ¿cabe la aplicación del efecto horizontal de las directivas en un supuesto como el presente? La respuesta apriorística debe ser no.

Hay que tener en cuenta que muchos farmacéuticos tributan aplicando el régimen especial de recargo de equivalencia, lo cual quiere decir que para ellos el IVA no tiene un efecto neutro, y que el proveedor que emite la factura actúa de mero recaudador para el Fisco de un IVA y un recargo de equivalencia que no va a ser objeto de devolución. En consecuencia, no estaríamos ante un efecto horizontal sino ante un verdadero efecto directo de la Directiva que no es admisible que termine beneficiando al Estado incumplidor.

Por lo tanto, hasta que el Legislador español no modifique la Ley del IVA, el proveedor no podrá aplicar la Sentencia comentada.