JORNADA “COLOMBIA: DESTINO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA” EN BILBAO

El pasado 29 de abril tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bilbao una jornada sobre Colombia bajo el título: “Colombia: destino para la internacionalización de la empresa vasca”. El evento, organizado tanto por la Cámara de Comercio de Bilbao como por CIALT ASESORES, contó con la participación de Proexport Colombia, los abogados de CIALT ASESORES Dª. Elena Reta, D. Mario Fernández y Dª. Paola Rubiano, los socios de la firma colombiana Corporate & Tax Planning y representantes del despacho CIALT ASESORES en Colombia, D. Sergio Viveros y D. Luis Eduardo Caicedo, KUFINEX y la empresa Alegría Activity quien lleva más de una década operando en Colombia.

La jornada, a la que asistieron más de 100 representantes de empresas vascas, resaltó la magnífica situación económica de Colombia, sus positivas perspectivas de crecimiento y, en general, las numerosas ventajas que ofrece el marco jurídico colombiano en materia fiscal y mercantil. Asimismo, se explicaron los beneficios de la aplicación del Convenio de Doble Imposición España – Colombia así como del Acuerdo de Libre Comercio que entrará en vigor a finales del presente año, así como las posibilidades de financiación y de garantizar los cobros derivados de las operaciones empresariales en Colombia.

El cierre del evento corrió a cargo de la empresa española Alegría Activity, que relató su exitosa experiencia empresarial en el país suramericano, en el cual lleva operando más de 13 años.

La percepción general que ha dejado la jornada, es que Colombia se posiciona cada vez más como un país de oportunidades, muy atractivo para la inversión extranjera, cuya estabilidad democrática y jurídica generan la confianza necesaria para el desarrollo de negocios, no solo dentro del propio territorio nacional, sino también tomando Colombia como plataforma exportadora para el resto de América

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ENEKO RUFINO, SOCIO DE CIALT, PARTICIPA EN EL SOS 48.PRO DEL FESTIVAL SOS ESTRELLA DE LEVANTE (MURCIA)

El SOS 48.PRO presenta el programa completo y a los ponentes que participarán en las conferencias que tendrán lugar en el Hotel Nelva (Murcia) el jueves, 2 de mayo, desde las 16:00 hasta las 20:30 horas.

Claire O`Neill, directora general de la Asociación de Festivales Independientes del Reino Unido (www.aiforg.com), Xavi Manresa, director de Cap-Cap Produccions (Tom Waits, The Hives, Green Day, Funeral For A Friend, The Offspring), y Cristina Mateo (Jefe Divisón Planificación Estratégica y Marketing, Fundación Siglo. Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León) hablarán sobre la salud de la música en vivo.

Por lo que respecta a la mesa sobre ‘Captar, retener y mejorar la audiencia de un festival’ contaremos con la presencia María Fanjul, directora general de Entradas.com, Sebastián Muriel, vicepresidente de desarrollo corporativo de Tuenti, Pablo Gómez-Rodulfo, director de contenido para España de Vevo, y Gabriel Pons, Director de Marketing del Grupo Mustang y byTheFest. Esta mesa cuenta con el patrocinio de Entradas.com.

Antón Rexa, presidente de la SGAE, dialogará con Pascual Egea, presidente de la APM (Asociación de Promotores Musicales), Joaquín Martínez, director de Esmerarte Servicios Artísticos (Vetusta Morla) y Eneko Rufino Bengoechea (Cialt Asesores Legales y Tributarios) sobre ‘Los derechos de autor y la música en directo’.

El acto contará con la presentación a cargo del Excelentísimo Señor Pedro Alberto Cruz Sánchez, Consejero de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de la Región de Murcia.

El SOS 48.PRO acogerá también como acto privado la junta de la Asociación de Promotores Musicales (APM), así como una cena de acceso gratuito para los profesionales acreditados.

Para más información pulse aquí

 

JORNADA SOBRE REESTRUCTURACIÓN Y REFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS

Nombre

 

 

Fecha: Miércoles, 8 de Mayo

Horario: De 09:15 a 11:30 Horas

Lugar: Sede de ADEGI

08/05/2013 – 08/05/2013

Organizado por ADEGI, IKEI y CIALT ASESORES S.L.

Ante la coyuntura actual y a la vista de la restricción del crédito existente, esta jornada pretende ofrecer a las empresas las claves para acometer, dentro del plazo requerido, una refinanciación con garantías de éxito. A tal respecto se ha diseñado un desayuno de trabajo en el que CIALT Asesores e IKEI analizarán el papel del asesoramiento externo, las implicaciones de este tipo de procesos, las estructuras y fórmulas de financiación y los aspectos clave para el éxito de los procesos de refinanciación. Finalmente cerrará la jornada la intervención del Magistrado Juez de lo Mercantil, que expondrá los requisitos necesarios que deben concurrir en el acuerdo de financiación para que tenga efectos respecto a todos los acreedores.

 

Programa:

 

9:15 h: Presentación Patxi Sasigain, Dtor. de Competitividad e Innovación de ADEGI.

Esteban Barrenechea, Consejero Director General de IKEI.

Nuria Cancelo, Socia de CIALT ASESORES, S.L.

 

09:30 h: Formas de conseguir que la financiación bancaria esté garantizada ante futuras insolvencias.

Pedro Malagón, Magistrado del Juzgado nº 1 de lo Mercantil de Gipuzkoa.

 

10:00 h: El papel de asesoramiento legal en la negociación de la refinanciación de las empresas.

– Diferencias entre procesos de Refinanciación, Preconcurso y Concurso de Acreedores.

– Acuerdo Standstill: documentación, obligaciones y plazos.

– Reestructuración y preconcurso. Concursos de Acreedores. Implicaciones legales.

Alberto Emparanza, Catedrático de Derecho Mercantil. CIALT ASESORES, S.L.

 

10:30 h: El papel de asesoramiento financiero y de gestión en la refinanciación de las empresas.

– Procesos de Refinanciación; agentes involucrados e hitos esenciales. Segundas refinanciaciones.

– El Plan de Viabilidad; soporte de la refinanciación. Propuesta, negociación y cierre.

– Formalización del Acuerdo de Refinanciación; Informe de Experto Independiente.

Javier Gil, Director de IKEI.

11:00 h: Coloquio

Precios:

Asociados: Gratuito

No asociados: 90 euros + 21% IVA = 108,9 euros

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE SERGIO GARCÍA Y SUS DERECHOS DE IMAGEN EN ESTADOS UNIDOS

El objeto del presente comentario es una Sentencia de la United States Tax Court que tiene como demandante a Sergio García, el conocido golfista, y como demandado el Comissioner of Internal Revenue (en adelante, CIR) de los Estados Unidos.

Sin duda, hay un tema que nunca ha dejado de estar en boga por lo que se refiere a las relaciones entre los deportistas y las diferentes Autoridades Fiscales Nacionales. Se trata de la tributación de todos aquellos contratos que un deportista o artista pueda concluir en relación con la explotación económica de sus derechos de imagen. Esta Sentencia es un buen ejemplo de ello.

La Administración Tributaria española acostumbra a fagocitar cualquier percepción en relación con los derechos de imagen dentro de las rentas de artistas y deportistas, llegando a la conclusión de que la propia imagen de un determinado deportista o artista está tan estrechamente ligada a su actividad que no cabe hacer tratamientos distintos.

A la vista de lo anterior, uno se siente más que interesado por el planteamiento que da lugar a esta Litis, así como la conclusión a la que llega la misma y el razonamiento que la precede.

El meritado golfista tenía firmado un acuerdo de endorsement, de los denominados como “head to toe”, como imagen de icono global, con la empresa TaylorMade Golf. Pese a que originariamente el contrato no establecía ninguna precisión al respecto, como consecuencia de una enmienda al mismo, se consideró que, del montante total del patrocinio, el 85% correspondía a la explotación de su imagen y el 15% restante a sus servicios personales o profesionales.

El CIR consideraba que dicho reparto era incorrecto, imputando otro basado en la regla del 50-50. Para ello alegaba, entre otras consideraciones, un precedente entre dicha empresa y el también golfista Retier Goosen en el que se aplicó la mencionada distribución. El Tribunal termina estableciendo el siguiente reparto: 65% a los derechos de imagen y el 35% a los servicios profesionales del golfista.

La argumentación se centra en analizar el caso de García con el precedente de Goosen y llegar a la conclusión de que, a pesar de que Goosen tenía mejor ranking que el golfista español y que sus resultados en los dos años objeto de la Litis (2003-2004) habían sido mejores, García cobraba más que Goosen, lo cual le lleva a concluir al Tribunal lo siguiente:

Considering the Facuss and prior caselaw, we do not relieve a 50-50 split between royalty and personal service payments is appropriate in petitioner’s case. Petitione was TaylorMade’s only Global Icon during the years at issue; he was the centrepiece of Taylormade’s marketing efforts and the golfer around whom TaylorMade sought to build its brand. The same cannot be said of Mr. Goosen”.

Como se puede observar, el Tribunal razona en clave de marketing y de la propia lógica empresarial que le puede llevar a una determinada empresa dar más valor a la imagen de un determinado deportista para poder ser una verdadera imagen de marca, a pesar de que el mismo pueda no tener los mejores resultados deportivos en su modalidad.

Resulta más que envidiable que un Tribunal, como lo hace aquí la United States Tax Court aplique semejante razonamiento en un caso como el presente. Igualmente envidiable es que la propia Administración Tributaria considere que, en este tipo de contratos, procede aplicar un porcentaje a la explotación económica de la imagen y que su planteamiento sea de un reparto equitativo (50-50).

No obstante lo anterior, el interés de la sentencia no se agota en este tema. De manera subsidiaria, se hace alusión a la estructura que Sergio García tiene en Estados Unidos y en Suiza y a la propia calificación y tratamiento tributario del porcentaje aplicable a los rendimientos derivados de su imagen.

Sergio García es socio prácticamente único de una sociedad en Delaware y de otra sociedad en Suiza. El golfista transmitió los derechos de explotación económica de su imagen a la entidad residente de Delaware por un período de siete años y ésta, a su vez, los cedió a la entidad suiza. De esta manera, como consecuencia de la aplicación del Convenio para Evitar la Doble Imposición firmado entre Estados Unidos y Suiza (en adelante, CDI), dichos pagos quedaban sujetos a tributación, única y exclusivamente, en Suiza a un tipo más reducido que el que resultaría de aplicación en Estados Unidos.

El Tribunal no entra en esta situación, pero sí analiza si dichos pagos deben considerarse renta de deportista del artículo 17 del CDI o canon, en el sentido del artículo 12 del CDI, para concluir que se trata de un canon y que, por lo tanto, no ha de tributar en Estados Unidos, en aplicación del CDI.

Una vez más, me asalta una sana envidia hacia semejantes conclusiones toda vez que todavía resuena en nuestras cabezas lo absoluto del razonamiento y conclusión alcanzada por el Tribunal Supremo español en su sentencia de 7 de diciembre de 2012.

LAS RENTAS PAGADAS EN CONCEPTO DE PRODUCCIÓN EN UN CONCIERTO TRIBUTAN EN ESPAÑA

El objeto del presente artículo es analizar, siquiera brevemente, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2012 que casa y anula la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de enero de 2010. El interés de la misma reside en la conclusión a la que ha llegado el Alto Tribunal en un supuesto tan controvertido como es la tributación, a efectos de los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), de las rentas consideradas de producción en el marco de actuaciones musicales.

Los hechos que dan lugar a dicho pronunciamiento se remontan a la gira que el grupo irlandés U2 realizó en España en 1997, celebrando sendos conciertos en Barcelona y Madrid.

Como introducción de lo concluido por esta sentencia, ha de traerse a colación la calificación que los CDI otorgan a las rentas de artistas y deportistas. Estas rentas, con carácter general, se someten a un régimen de tributación compartida entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia, sin tope de tributación en la fuente. La ausencia de tope en el Estado de la fuente la diferencia de otros tipos de rentas, como los cánones, dividendos o intereses en las que sí se suele establecer dicho tope.

En la práctica, esto lleva a que las rentas percibidas por un artista que dé un concierto en España queden sometidas al tipo de gravamen del 24% (24,75% para los años 2012 y 2013). Habida cuenta de que los fees muchas veces se pactan en neto y de la obligación de retener que pesa sobre el promotor de los conciertos, la tributación derivada de posibles regularizaciones posteriores por parte de la Administración tributaria acaba siendo soportada por los pagadores, los promotores en estos casos, siendo muy complicado que los mismos puedan instar, tantos años después, cualquier tipo de acción judicial.

Históricamente, de cara a rebajar la factura fiscal de este tipo de contrataciones comenzaron a proliferar sociedades receptoras de parte de los fees de los artistas en diferentes conceptos, como relacionados con la explotación económica de los derechos de imagen. De esta forma, estos pagos escapaban a la regla de tributación compartida, bien en concepto de beneficios empresariales (que tributan en el Estado de residencia, salvo que se hayan obtenido los mismos en el Estado de la fuente por medio de un establecimiento permanente) o bien en concepto de otras rentas (que siempre tributan en el Estado de residencia).

Estas prácticas llevaron a que la OCDE, en su modelo de 1992, incluyese un apartado segundo en el artículo 17, dedicado a las rentas de artistas y deportistas, por el cual se pudiesen atribuir al artista o deportista rentas percibidas por otra persona en relación con la actividad profesional por él realizada. No cabe duda alguna, a día de hoy, de la naturaleza antielusiva de dicha modificación.

En la interpretación judicial de este tipo de planificaciones quedó sin aclarar, durante un tiempo, la manera en que se tratarían aquellos supuestos en los que el CDI de aplicación hubiese sido firmado con anterioridad a 1992. El problema tenía una especial incidencia en el CDI firmado entre España y Holanda, cuyo artículo 17, dedicado a las rentas de artistas y deportistas, no posee el segundo apartado introducido posteriormente.

A pesar de que un CDI no deja de ser un tratado internacional, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, el Alto Tribunal tuvo a bien acoger la teoría de la “interpretación dinámica de los CDI”. Esta interpretación hace que, en aquellos CDI firmados con anterioridad a 1992, haya que integrar la cláusula antiabuso del apartado 2 del artículo 17 del Modelo de Convenio de la OCDE. Así quedó plasmado en la Sentencia de 11 de junio de 2008. Lejos quedaron pues los tiempos en que fue dictada la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de octubre de 1992, en un asunto relacionado con una actuación de los Rolling Stones.

No obstante lo anterior, quedaba pendiente de resolución un caso como el que ha dado lugar a esta sentencia en el que, además de los fees del artista, hay pagos a una o varias entidades en concepto de producción, de montaje y desmontaje de fastuosos escenarios, de merchandising, de endorsement, etc. En definitiva, de una serie de conceptos que parece tienen la entidad suficiente como para no quedar englobados en la renta de artista y/o deportista.

La Audiencia Nacional, en la sentencia que casa esta otra que es objeto de comentario, así lo entendió y, creemos, de una manera acertada. Y lo dijo de una manera meridiana: “(…) se impone la necesidad de que la Administración, a la hora de regularizar la situación tributaria del pagador, analice esos diversos conceptos, pues no puede todo lo percibido por un artista calificarse como “renta artística”, pues de acuerdo con la doctrina del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, la renta percibida por los empresarios por haber conseguido la aparición en público de un artista queda a extramuros del concepto de renta definida en el art. 17 del Modelo de Convenio, salvo la renta que pudieran aquellos percibir en nombre y por cuenta del artista, en cuyo caso, se trata de artística.

(…) sin que sea procedente la calificación en globo como “renta artística” de los importes satisfechos por la promotora de los conciertos a las diversas entidades participantes en conseguir esas actuaciones musicales y su puesta en escena, en lo que podría denominarse como una especie de asociación temporal de empresarios tendente a conseguir las actuaciones del grupo musical”.

En cambio, el Alto Tribunal ha opinado lo contrario y ha estimado el recurso interpuesto por la Administración General del Estado.

La argumentación, en esencia, considera que el tratamiento a las rentas de artistas y deportistas prevalece y resulta de aplicación sobre los beneficios empresariales, siempre y cuando tengan relación directa o indirecta con una prestación artística o deportiva. Es decir, le otorga una suerte de vis atractiva, similar a la que opera cuando hay inmuebles de por medio.

Y dentro de dicho tratamiento, por supuesto, está la percepción por persona interpuesta de manera directa o indirecta.

Aunque la sociedad no residente haya recibido sus retribuciones en calidad de rendimientos de una actividad empresarial, al prevalecer lo establecido por el invocado artículo 17.2 del aludido Convenio sobre lo señalado por el artículo 7 del mismo, los rendimientos controvertidos deben encuadrarse en el referido artículo 17.2 y tributar en España por el Impuesto sobre Sociedades”.

Una vez más asistimos, con asombro, a que una norma antielusión específica se interprete de una manera general, incluso haciéndole perder su sentido y significado.

Si se aplica el razonamiento del Tribunal Supremo, los servicios que preste un determinado abogado no residente en relación con un asesoramiento de un artista que vaya a actuar en España tendrían que quedar bajo la égida del tratamiento unitario y de la regla de especialidad, pudiendo quedar obligado el promotor que haya contratado con él a retener el 24,75% de sus emolumentos.

Lo que la práctica y el sentido común aconsejan es que, ni todos los grupos que actúan en España necesitan de un importante despliegue a nivel de producción, ni todos los fees pagados con ocasión de una actuación artística acaban yendo a parar al artista que, con actitud elusiva, ha decidido interponer diferentes personas.

La interpretación que ha realizado el Tribunal Supremo hay que valorarla como preocupante para un sector que está herido de muerte tras la crisis económica y la falta de patrocinio público y privado y la letal subida del IVA al nuevo tipo general del 21 %. Quede como un consuelo, quizá menor, el hecho de que la Administración no consideró procedente incoar un procedimiento sancionador en este supuesto.

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LOS QUE SE DEJÓ DE SER TITULAR EN 2012 EN EL MODELO 720

Es probable que, jamás en la Historia de la Fiscalidad, haya habido tanta expectación en relación con una obligación informativa, como la que ha generado la contenida en el modelo 720. A saber: obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Como ya sucedió con la mal denominada “declaración tributaria especial”, el partido de las cuestiones de interpretación más importantes de la misma se jugó fuera de la Ley y de los Reglamentos y quedó en el fuera de juego de la inseguridad jurídica señalada por hasta dos Informes de la Dirección General de Tributos.

En este caso, dejando a un lado los Informes, lo que está utilizando la Administración tributaria es la vía de las interpretaciones por la vía de las FAQ (frequently asked questions) o, de una manera más patria, “preguntas frecuentes”.

A la par que debe denunciarse que no es de recibo que una obligación de información tan importante como es ésta, a la vista de su draconiano régimen sancionador, se regule a golpe de “pregunta frecuente”, debe reconocerse el denodado esfuerzo que está poniendo la propia Administración tributaria en atender las dudas y consultas y en ofrecer una cercanía máxima para atender el caso concreto.

Dicho lo que antecede, el motivo de este breve comentario es analizar las “idas y venidas” que ha tenido, en este contexto del Modelo 720, la determinación de la obligación de declarar de aquellos bienes y derechos cuya titularidad se dejó de ostentar en algún momento del 2012.

Tal y como se publicitó antes de la modificación del Reglamento de Aplicación de los Tributos por medio del Real Decreto 1558/2012 la obligación de información iba a estar referida a los bienes y derechos poseídos a 31 de diciembre de 2012.

Cuál fue la sorpresa de todos cuando en el B.O.E. de 24 de noviembre de 2012 se publicó la citada modificación introduciéndose, para cada bloque, la obligación de informar sobre aquellos bienes o derechos que se hubiesen poseído durante algún momento del 2012 y sobre los cuales no se ostentase la titularidad a 31 de diciembre de 2012.

Quien suscribe este breve comentario, en su momento, denunció que lo anterior podía conllevar una extralimitación reglamentaria, en el entendido de que se refería a cualquier bien o derecho sobre el que se hubiese dejado de ser titular durante el 2012.

Ha sido en la segunda remesa de “preguntas frecuentes” que ha colgado la AEAT, con ocasión del receso de Semana Santa, cuando el día 1 de abril de 2013, teniendo en cuenta que el plazo comenzó el 1 de febrero de 2013 y que concluye el 30 de abril de 2013, cuando parece que la interpretación que realiza la Administración tributaria no es la anteriormente mencionada.

Dos son las preguntas publicadas en la web de la AEAT que nos llevan a reflexionar sobre el cambio de criterio en la materia.

La primera de las preguntas:

¿Se debe informar de la cancelación de las titularidades anteriores a 31 de diciembre del ejercicio 2.012?

No se existe obligación de informar sobre las titularidades que se cancelen antes del 31 de diciembre de 2.012.

Ejemplo 1: Una persona/entidad residente era titular de una cuenta en el extranjero que cancela el 1 de agosto de 2.012 con un saldo de 100.000 €, ¿tiene obligación de informar sobre esta cuenta?

Respuesta: No, no tiene obligación de informar puesto que a 31 de diciembre de 2012 no existe obligación de informar sobre la misma.

Ejemplo 2: Una persona/entidad residente era titular de acciones de una sociedad en el extranjero que vende con fecha 30 de diciembre de 2.012 por 200.000 €, en esta misma fecha adquiere acciones de otra sociedad extranjera por importe de 150.000 €, ¿tiene obligación de informar sobre estos valores?

Respuesta: Como nunca ha existido la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero por esta obligación, solamente deberá informar de las posiciones a 31 de diciembre de 2.012 si las mismas determinan la obligación de declarar. En este caso no existe obligación de informar sobre la cancelación o venta de las acciones con fecha a 30 de diciembre de 2.012.

La segunda de las preguntas:

En el ejercicio 2012 una persona o entidad residente ha tenido en el extranjero los siguientes bienes: Hasta el 30 de agosto de 2012 un apartamento que se vendió por 120.000 €.

El importe de la venta se ingresó en una cuenta corriente situada en el extranjero, con parte de este importe se adquieren participaciones en un Fondo de Inversión extranjero y además parte se repatría a España. La situación final es la siguiente:

Valor del Fondo a 31/12/2012: 55.900 €.

Saldo de la cuenta: medio del último trimestre: 58.900 €; a 31 de diciembre: 45.256 €.

¿Sobre qué bienes debo informar en el modelo 720?

No debo de informar del inmueble ya vendido a 31 de diciembre de 2.012. Deberé declarar el Fondo de Inversión (valor liquidativo a 31/12 superior a 50.000 €) y la cuenta corriente (saldo medio 4T superior a 50.000 €).

A la vista de las anteriores respuestas parece que se puede concluir que la obligación de informar en caso de pérdida de la titularidad durante un año de un bien o derecho se tiene cuando, previamente, ha habido obligación de declarar el bien o derecho del que se deja de ser titular.

Por lo tanto, como en 2012 no existía obligación de información alguna, porque la misma nace desde el 31 de diciembre de 2012, no hay obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero transmitidos durante el 2012.

TRASLADO DE LA SEDE SOCIAL DE CIALT EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CIALT traslada sus oficinas a la Avenida de Tolosa número 75 de Donostia-San Sebastián (edificio de la Cámara de Comercio). Las oficinas de CIALT estarán ubicadas en la 2ª planta del edificio.

Con el traslado a este edifico tan emblemático, moderno y con instalaciones de vanguardia, se persigue mejorar el servicio que CIALT presta a sus clientes. Así, junto a la inmejorable ubicación, de fácil y cómodo acceso tanto desde el centro de San Sebastián como desde fuera de la ciudad y junto al parking Antiguo Berri, CIALT contará con más salas de reuniones que en las actuales oficinas.

Además, se podrá beneficiar del resto de instalaciones y servicios de que dispone el edificio como salas para conferencias, espacios para otros eventos, recepción a pie de calle, etc. El traslado se realizará el día 2 de abril y desde día siguiente, miércoles 3 de abril, les podremos atender en las nuevas oficinas.

Se siguen manteniendo los mismos teléfonos y los correos electrónicos que se están utilizando en la actualidad.

El horario de atención también se mantiene, esto es, de 9 a 14 y de 15:30 a 19 horas de lunes a jueves y de 8 a 14 horas los viernes. 

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