CIALT IMPARTE UN SEMINARIO SOBRE LA GESTIÓN DE COBROS

El próximo 29 de mayo se celebrará en las oficinas de Bilbao de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) un seminario sobre La gestión eficaz de cobros en las empresas: una necesidad actual.

Este seminario se enmarca dentro de la estrategia de colaboración que viene desarrollando CIALT con APD y supone la respuesta a una demanda específica sobre la materia, que se abordará desde un prisma multidisciplinar y práctico.

El programa del seminario es el siguiente:

09.15: presentación a cargo de D. Mikel Madariaga (Director de la zona norte de APD) y de D. Mario Fernández (Director de la oficina de Bilbao de CIALT).

09.30: Las garantías contractuales de cobro: cláusulas e instrumentos exitosos, a cargo del Catedrático de Derecho Mercantil y consultor de CIALT, D. Alberto Emparanza.

10.00: El protocolo organizativo de gestión de cobros en las empresas: ejemplos de implantación del sistema, a cargo de D. Mario Fernández y D. Josu Ibarzabal, asociado y responsable del área mercantil en la oficina de CIALT en Madrid.

10.30: Las reclamaciones extrajudiciales y judiciales de deudas: procedimientos habituales y mecanismos de resolución exitosa, a cargo de D. Mario Fernández y D. Josu Ibarzabal.

11.30: Problemas habituales en la reclamación de deudas en el ámbito judicial: principales recomendaciones, a cargo de D. Marcos Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado nº 1 de lo Mercantil de Bilbao.

12.00: La insolvencia aparente o las formas delictivas del impago. La vía penal como solución, a cargo de D. Gorka Martínez, penalista.

12.30: Caso de éxito en la gestión de cobros y recuperación de impagos, a cargo de representantes de Transportes Azkar.

{slideshare}[slideshare id=21322822&doc=pdfs1360211-130517064705-phpapp01&type=d]{/slideshare}

PROCESOS DE INTEGRACIÓN SECTORIAL: ADQUISICIÓN DE TAMAÑO Y VIABILIDAD EMPRESARIAL

El próximo día 5 de junio de 2013, en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), en la ciudad de Pamplona, se va a impartir una charla sobre Procesos de integración sectorial: adquisición de tamaño y viabilidad empresarial en la que participarán Dª. Nuria Cancelo, socia y responsable del Área Mercantil de CIALT y Dª. Marta Tena, abogada de CIALT, junto con el Directo y Gerente de IKEI research & consultancy, S.A.

El horario será de 16.15 a 18.30 en la sede de CEN en la calle Doctor Huarte, 3 de Pamplona. A continuación dejamos el texto de presentación de CEN de la jornada:

Las colaboraciones y alianzas puntuales empleadas entre las empresas como mecanismo de defensa o apertura a nuevos mercados no suelen perdurar en el tiempo y se antojan insuficientes en el escenario competitivo actual. La coyuntura económica reciente está obligando a las empresas a buscar soluciones de “mayor calado” y trascendencia. Es momento de que el tejido empresarial se plantee cambios estratégicos radicales que ayuden a sortear la crisis. Entre dichos cambios, la integración sectorial de empresas, vía operaciones de fusión e integración, destaca por ser una solución de continuidad empresarial en el medio y largo plazo. Sobre la base de la suma de las capacidades empresariales, la integración persigue poner en valor un nuevo proyecto empresarial de mayor dimensión, con los medios (financieros, humanos, tecnológicos, …) y capacidades adecuados para llevar a cabo estrategias empresariales orientadas a la internacionalización y a la mejora de la posición competitiva, entre otras.

En el seminario se expondrá cómo encarar un proceso de integración de empresas que dé lugar a un nuevo proyecto empresarial de mayor dimensión y con una posición competitiva significativamente superior a la de las empresas partícipes individualmente consideradas. Cuáles son las premisas y claves para que el proceso de integración concluya con éxito. Se contemplará, así mismo, cómo se formaliza un proceso de estas características y se presentarán casos de integraciones de éxito.

JORNADA SOBRE REESTRUCTURACIÓN Y REFINANCIACIÓN DE EMPRESAS EN CEN

El próximo día 5 de junio de 2013, en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), en la ciudad de Pamplona, se va a impartir una charla sobre Reestructuración y refinanciación de empresas, en la que participará D. Alberto Emparanza, Catedrático de Derecho Mercantil y consultor de CIALT.

El horario será de 16.15 a 18.30 en la sede de CEN en la calle Doctor Huarte, 3 de Pamplona.

A continuación dejamos el texto de presentación de CEN de la jornada:

La consecución de financiación bancaria supone en muchas ocasiones, uno de los principales obstáculos para que una empresa pueda ser viable por sí misma, sin necesidad de tener que recurrir a procesos de desarrollo corporativo que impliquen entrada de nuevos inversores en la compañía. Ante la coyuntura actual y a la vista de la restricción del crédito existente, esta jornada pretende ofrecer a las empresas las claves para acometer, dentro del plazo requerido, una refinanciación con garantías de éxito. A tal respecto se ha diseñado un seminario para analizar el enfoque legal y financiero que conllevan este tipo de procesos, las estructuras y fórmulas de financiación y los aspectos clave para el éxito de los procesos de refinanciación. La jornada contará con la exposición de experiencias de refinanciación gestionadas por los ponentes.

Más información en este enlace.


INTERPRETACIÓN DEL “ÚLTIMO BALANCE APROBADO”: Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2013

El Tribunal Supremo (TS), en sentencia de 12 de febrero de 2013, ha establecido un criterio interpretativo novedoso en lo referente a la expresión “el último balance aprobado” en orden a cuantificar la valoración de participaciones en el capital de entidades que no son objeto de negociación en mercados organizados, como fase previa para su integración en la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio.

Con anterioridad a la citada Sentencia, la doctrina administrativa venía entendiendo que dicho balance se correspondía con el aprobado en el período impositivo objeto de autoliquidación. Siendo dicho balance el correspondiente al ejercicio anterior a dicho período impositivo. Con esta interpretación literal del precepto en el que se regula la valoración de las participaciones anteriormente citadas, entiende el citado Tribunal se pueden generar situaciones de doble imposición o sobre imposición.

Así, por ejemplo, si consideramos la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a 2012, se producirá una situación de sobre imposición si el sujeto pasivo es partícipe de una entidad, y dicha entidad, habiendo obtenido beneficios en 2011, los reparte vía dividendos en 2012. En tal circunstancia, una misma magnitud, los beneficios obtenidos en 2011, es objeto de cómputo dos veces de cara a cuantificar la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio del 2012: (i) al valorar la participación; (ii) al valorar la liquidez, o la materialización que de la misma se haga en otros bienes o derechos sometidos a tributación por dicho Impuesto, que conlleva los dividendos percibidos por el socio.

Ante tal circunstancia, el TS considera que “la expresión “el último balance aprobado” ha de tomar como punto de referencia al aprobado dentro del plazo legal para presentar la oportuna autoliquidación, de modo que si en esta fecha está aprobado el ejercicio que se liquida, aún cuando esto haya acontecido con posterioridad a la fecha de devengo, habrá de ser sin embargo el tenido en cuenta por reflejarse en él con evidente mejor precisión el patrimonio del que es titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, que es el que constituye el objeto específico sobre el que la Ley ha establecido el gravamen”.

De esta manera, el TS concilia el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio del Impuesto sobre el Patrimonio, en lo referente al balance que debe tenerse en cuenta para valorar las participaciones en cuestión, con el artículo 29 del mismo cuerpo legal, que ordena que “el impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha”, y con el artículo 21 de la Ley 58/2003, General Tributaria, según el cual la fecha del devengo “determinará las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria”.

Y dicha conciliación no tiene otra finalidad que someter a tributación el patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo. De esta manera, en palabras del propio TS, se está haciendo “un llamamiento a la realidad económica a la sazón existente, que es la que a su vez describe la capacidad económica que el legislador considera que debe ser gravada, por lo que cualquier interpretación posible que nos aproxime a este ideal ha de ser objeto de especial consideración”, siendo tal interpretación la que hemos señalado con anterioridad.

Con lo cual podemos afirmar que el TS no entra a corregir exclusivamente un problema de sobre imposición, si no que va más allá y, centrándose en la realidad económica como sustento de la capacidad económica, pone el énfasis en que el patrimonio que debe ser sometido a tributación no tiene que ser otro que el existente a la fecha de devengo.

No obstante, si bien el TS al interpretar el significado de la expresión “último balance aprobado”, deja claro que se debe tener en consideración el “aprobado dentro del plazo legal para presentar la oportuna autoliquidación”, no indica qué balance ha de tenerse en cuenta en el supuesto en que, dentro del plazo para presentar la autoliquidación, no se haya aprobado balance alguno. Ante tal circunstancia, entiendo procederá valorar las participaciones por el mayor valor de los dos siguientes: (i) el valor nominal; (ii) el que resulte de capitalizar el 20 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto; en el entendido de que el último balance no ha sido aprobado dentro del mencionado plazo legal.

Dicho lo que antecede, y teniendo en cuenta que si bien en Territorio Común el plazo para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio finaliza en 30 de junio, y en los Territorios Forales la citada fecha es el 25 de junio, los contribuyentes que deben tributar por el citado Impuesto ante las Administraciones forales, podrán optar por el mayor de los dos valores anteriormente descritos (el nominal o el que resulta de capitalizar beneficios), en la medida en que dicha valoración sea inferior a la que resulte de tener en cuenta el último balance cerrado: Para ello, lo único que tendrán que hacer es aprobar dicho balance entre el día 26 de junio y el día 30 de ese mismo mes.

Así, por ejemplo, tratándose de un contribuyente que deba tributar en el Territorio Histórico de Bizkaia, y que tenga el control efectivo de la entidad cuyas participaciones deben ser sometidas a tributación por el Impuesto en cuestión, por no estar exentas, la valoración de dichas participaciones será distinta en función de si aprueba el balance de la sociedad con anterioridad al 26 de junio, o si lo aprueba en dicha fecha o con posterioridad a la misma, por ejemplo, y como es muy frecuente porque siempre se espera al último momento, si dicha aprobación acontece en la fecha límite establecida por la legislación mercantil, a saber, el día 30 de junio. En tal caso, es el contribuyente el que elige cuál debe ser la valoración de las participaciones, optando por la que le resulte más favorable.

ANÁLISIS DE LA LEY FORAL 14/2013, DE 17 DE ABRIL, DE MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de Navarra la Ley 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el Fraude Fiscal, de cuyas novedades nos hacemos eco en la siguiente presentación:

{slideshare}[slideshare id=21102693&doc=leyforal14-2013navarra-130513084923-phpapp02]{/slideshare}

FIJADA DOCTRINA SOBRE LA BASE IMPONIBLE EN DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA Y DIVISIÓN HORIZONTAL: Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013

La sentencia objeto del presente comentario supone el punto final a una de las cuestiones más controvertidas relacionadas con la fiscalidad inmobiliaria en sentido amplio.

El problema suscitado era tan sencillo como la determinación de la base imponible de la cuota gradual de la modalidad de Documentos Notariales del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en negocios tales como la declaración de obra nueva o la división horizontal.

Con carácter general, el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, TRLITPAJD) establece que la base imponible será el valor declarado, “sin perjuicio de la comprobación administrativa”.

El ITP-AJD, como es sabido, se trata de un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, las cuales han usado y abusado el procedimiento de comprobación de valores regulado en el artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT).

En concreto, el artículo 134 de la LGT habilitaba a la Administración a utilizar los medios previstos en el artículo 57 del citado texto legal, entre los que se encontraba el dictamen de peritos de la Administración o el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.

Como consecuencia de lo anterior, en las escrituras de declaración de obra nueva o de división horizontal, la Administración inició procedimientos de comprobación de valores tomando en muchas ocasiones como valor el asignado para la tasación de fincas que, tal y como la experiencia nos ha demostrado, poco o nada tenía que ver con el valor real.

El nudo gordiano de lo discutido se hallaba en determinar si la base imponible de esos dos negocios jurídicos típicos del tráfico inmobiliario debe atender al valor real del inmueble o al coste de ejecución de la obra, en un sentido más cercano al de la base imponible del ICIO.

Ante la existencia de jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia disonante en la materia, el Tribunal Supremo ha resuelto finalmente en sentencia de 11 de abril de 2013 el recurso de casación para la unificación de doctrina, fijando la siguiente doctrina:

El valor real de lo edificado no puede conducir a la valoración del inmueble como resultado final de la obra nueva; no es eso lo que se ha de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, conceptos ambos (coste de ejecución frente a valor del inmueble terminado) que no tiene por qué coincidir, pues por ejemplo en la valoración del inmueble pueden influir factores como la localización del mismo o su uso que no tienen por qué afectar al coste de ejecución.

Está fuera de discusión que lo que se valora no es una transmisión patrimonial sino un documento notarial, (…). Se trata de un negocio jurídico distinto del traslativo, diríase que de menor entidad y, por lo mismo, merecedor de una tributación más benigna que de si un negocio traslativo de dominio se tratara. En caso contrario, si la base imponible en la declaración de obra nueva absorbiera el beneficio que se espera obtener de la venta de un inmueble en el mercado y que debe ir incorporado al valor real del inmueble en esa operación concreta se terminaría por gravar dos veces la misma manifestación de riqueza”.

Una vez fijada la doctrina y la interpretación queda expedita la vía para la rectificación de aquellas autoliquidaciones efectuadas sobre hechos imponibles no prescritos de declaraciones de obra nueva o división horizontales.

ANÁLISIS DE ANTEPROYECTO DE NORMA FORAL DE GIPUZKOA SOBRE MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Se ha hecho público recientemente el Anteproyecto de Norma Foral de medidas de lucha contra el fraude, de asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

De momento se trata de un Anteproyecto pero en el mismo se contemplan propuestas de modificación de amplio calado de varios impuestos, con especial significación de la introducción de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Aquí pueden consultar un resumen de las medidas más importantes:

{slideshare}[slideshare id=20872430&doc=anteproyectonormaforalmayo2013-130509111707-phpapp01]{/slideshare}

 

JORNADA SOBRE REESTRUCTURACIÓN Y REFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS

Hoy, día 8 de mayo de 2013 ha tenido lugar en la sede de ADEGI la Jornada organizada por ADEGI, IKEI y CIALT ASESORES sobre uno de los temas de máxima actualidad en el momento actual: “Reestructuración y Refinanciación de las Empresas”.

En primer lugar, para presentar la jornada han intervenido D. Patxi Sasigain, Director de Competitividad e Innovación de ADEGI, D. Esteban Barrenechea, Consejero Director General de IKEI y Dª Nuria Cancelo, Socia de CIALT ASESORES, quienes han realizado una introducción de los ponentes y los temas sobre los que iban a tratar.

D. Alberto Emparanza (catedrático de Derecho Mercantil de la UPV y consultor de CIALT) ha iniciado la exposición incidiendo en la importancia de los acuerdos de refinanciación realizados al amparo de la ley concursal para que actúen como escudos protectores ante las situaciones de insolvencia que viven muchas de nuestras empresas y exponiendo el papel del asesoramiento legal en la negociación de las refinanciaciones de las empresas.

A continuación ha intervenido D. Pedro Malagón (Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil de Donostia), quien ha expuesto su visión respecto a las formas de conseguir que la financiación bancaria esté garantizada ante futuras insolvencias, haciendo hincapié en los mecanismos previstos en la Ley concursal.

La última ponencia ha sido impartida por D. Javier Gil (Director de IKEI), quien ha expuesto su visión y enfoque desde el papel del asesoramiento financiero y de gestión en la refinanciación de empresas, explicando el contenido del Plan de Viabilidad y su experiencia práctica en este tipo de operaciones.

El acto se ha cerrado con un coloquio entre los participantes en el que se han intercambiado opiniones en torno a las cuestiones expuestas en la jornada y en el que los asistentes han tenido la oportunidad de formular sus dudas a los ponentes y comentar los problemas que tienen en su práctica diaria.

NO ES POSIBLE IMPUTAR DILACIONES AL INSPECCIONADO SI NO SE LE SANCIONA POR ENTORPECER O DILATAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS (STS de 28 de febrero de 2013)

No toda superación del plazo con que cuenta el obligado tributario para facilitar, en el curso de un procedimiento de comprobación o investigación, da lugar por si sola y al margen de una evaluación de las circunstancias concurrentes, a la existencia de una dilación imputable al administrativo que permita ampliar el límite temporal máximo en el equivalente en días a la expresada tardanza.

Por ello, el TS entiende que no es posible apreciar dilaciones imputables al inspeccionado si su conducta consistente en entorpecer o dilatar las actuaciones inspectoras no ha sido sancionada en el seno de un procedimiento sancionador por la comisión de la infracción tributaria consistente en la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (actual artículo 203 de la LGT).

Así lo establece al señalar lo siguiente:

La jurisprudencia viene entendiendo que el contenido de una actuación dilatoria debe ser contemplado desde la perspectiva de la certeza de producir la dilación y no desde la falta de colaboración obstructiva del contribuyente para lo que el ordenamiento arbitra medidas singulares como la establecida en el RGIT, artículo 41, cuya rúbrica es “Resistencia a la actuación de la Inspección de los Tributos”.

Teniendo la Administración la obligación de sancionar toda conducta del obligado tributario que sea constitutiva de infracción, cuando aquélla no promovió expediente sancionador contra la entidad recurrente por entorpecer o dilatar las actuaciones inspectoras, no cabe más conclusión que admitir que la dilación u obstrucción no han existido, por lo que tampoco la Inspección puede invocarlas para descontarlas del plazo de duración del procedimiento o del de interrupción injustificada”.

Según la postura del TS, no sería posible que la misma actitud o conducta del inspeccionado pudiera ser calificada como dilación y sin embargo no diera lugar al inicio de un procedimiento para sancionar la infracción consistente en una conducta del inspeccionado dirigida a entorpecer y dilatar las actuaciones inspectoras, cuando tanto la consideración de la dilación como de la mencionada infracción parten de una misma conducta, es decir, del mismo presupuesto.

Ante esta situación, y a efectos de que la dilaciones no sean imputadas al inspeccionado, corremos el riesgo de que junto con esta imputación, comiencen a ser sancionadas de forma paralela las conductas que dieron lugar a la imputación de la dilación.

Ahora bien, si del examen de la literalidad de la infracción tipificada en el artículo 203 LGT se llega a la conclusión de que es un ilícito que ha de cometerse dolosamente, no sería posible considerar el retraso del inspeccionado como una dilación, en aquellos supuestos en los que el retraso o la tardanza se debieran a conductas no dolosas.