LA DACIÓN EN PAGO EN EL IS Y EL IVA

En las próximas líneas vamos a abordar las consecuencias fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA de las operaciones conocidas coloquialmente como “daciones en pago”.

Nos estamos refiriendo a las operaciones por las cuales un deudor que no puede afrontar el pago de su deuda, entrega un bien en pago de la misma y, centrándonos más en una operación concreta muy frecuente, el bien entregado consiste en un bien inmueble gravado con una hipoteca que garantiza el pago de dicha deuda.

En resumen, se podría considerar que el deudor se está anticipando a la ejecución hipotecaria del bien como consecuencia de la previsible acción hipotecaria del acreedor ante el impago de su obligación.

Es frecuente asimismo que el valor de mercado del bien entregado supere el importe de la deuda a cancelar pero sin embargo, dadas determinadas circunstancias, efectuar la dación en pago resulta la opción más conveniente.

Para analizar su tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades, tanto en sede del deudor como del acreedor, debemos atender a la consulta número 2 BOICAC 94 de junio 2013, en atención a lo dispuesto en el artículo 10.3 del TRLIS.

Según las citadas consultas, para el deudor que entrega el bien se producirá un resultado de explotación (beneficio o pérdida) por la diferencia entre el valor razonable del bien entregado y su valor en libros. A la par, la diferencia entre el valor del pasivo que se cancela y el valor razonable del bien determinará un resultado financiero. Este resultado será negativo en el supuesto planteado, en el que el valor razonable del bien entregado supera el importe de la deuda satisfecha.

En lo que respecta al tratamiento de la operación para el acreedor, entendemos que éste, al cancelar su derecho de crédito por la recepción del bien objeto de la dación en pago, incorporará el bien a su activo por su valor razonable cancelando el derecho de crédito y registrando la diferencia como un ingreso financiero, si el valor razonable es superior al derecho de crédito.

En el IVA la base imponible será el valor de mercado del bien entregado aun cuando la deuda sea inferior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 79 de la LIVA. Además resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 80.Uno.2.e) tercer guión de la LIVA, aplicándose la inversión del sujeto pasivo a toda la operación, siempre que el destinatario de la operación comunique expresa y fehacientemente que actúa como empresario o profesional.

30 de octubre de 2013

Elena Reta Hernández

CIALT EN ADEGI: Procesos de integración/fusión como solución de viabilidad y crecimiento en tiempo de crisis

El pasado viernes, 18 de octubre de 2013, ADEGI organizó una jornada sobre Procesos de integración/Fusión Empresarial como solución de viabilidad y crecimiento en tiempos de crisis, contando con las ponencias de CIALT y de IKEI Research & Consultancy, SA.

El programa de la jornada fue el siguiente:

9:30 h. Presentación de la Jornada. D. Patxi Sasigain, Director de Competitividad e Innovación de ADEGI.

D. Esteban Barrenechea, Consejero Director General de IKEI Research & Consultancy, SA

Dña. Nuria Cancelo, Socia CIALT ASESORES SL

9,45 h. La integración de empresas; tamaño y viabilidad empresarial.

. Razones y justificación de un proceso de integración sectorial

. Cómo abordar un proceso de integración de empresas

. Resultados esperados tras un proceso de integración

. Aspectos clave para el éxito de un proceso de integración

. Casos de éxito

D. José J. Eguren. Director de IKEI Research & Consultancy, S.A.

10,30 h. Modalidades de integración de empresas.

. Distintas formas jurídicas de las alianzas empresariales: Pactos parasociales, sociedades conjuntas, AIE, UTE, operaciones de reestructuración (fusiones, escisiones, etc).

Dª. Nuria Cancelo Alonso. Socia de CIALT ASESORES, S.L.

. Proceso legal en las adquisiciones de empresas.

Dª. Marta Tena Núñez. Abogada de CIALT ASESORES, S.L.

11,15 h. Coloquio.

El coloquio fue animado y se hicieron, entre otras, las siguientes preguntas:

– A Adegi: sugiriendo que deberían hacer presión al gobierno vasco para que fomente y promueva la integración entre empresas, sobre todo pymes. El representante de Adegi comentó que ya se está haciendo y que de hecho hay un grupo de trabajo en Confebask en el que están Adegi, Ikei y Cialt entre otros, para analizar y promover esta cuestión.

– No se ha tratado tema social en las fusiones, qué pasa con las reestructuraciones de plantilla y el personal que hay que despedir, si teníamos experiencia, cuándo es el mejor momento, si antes o después y cómo operan las indemnizaciones laborales.

– Problema de la internacionalización en España y en Euskadi, se ha iniciado tarde y de forma “tímida”.

– En los procesos de fusión, ¿contamos con psicólogos?

VALORACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES: IMPUGNACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR POR NO ELABORARSE SOBRE LA VERDADERA IMAGEN FIEL DE LA SOCIEDAD

La valoración de participaciones en los supuestos de exclusión o separación de socios se encuentra regulada en el artículo 355 y ss de Ley de Sociedades de Capital (LSC), sin presentar dificultad alguna si media entre la Sociedad y el socio excluido o el que ejerce su derecho de separación, acuerdo sobre el valor de las participaciones.

En este sentido, es posible que aún mediando dicho acuerdo, éste pueda ser calificado de improcedente por no atender al criterio de valor razonable, entendiendo por dicho valor “el obtenido mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados en el caso de aquellos instrumentos para los que no pueda determinarse fácilmente un mercado fiable o como valor de mercado para los instrumentos financieros (las acciones lo son) para los que pueda determinarse fácilmente un mercado fiable” (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2011).

No obstante lo anterior, el problema se plantea cuando la Sociedad y socio excluido o, el que ejerce su derecho de separación, no llegan a un acuerdo sobre valor de las participaciones o sobre el sujeto que en su caso debiese valorarlas.

A estos efectos, LSC procura resolver la disputa de alguna forma indicando que el Registro mercantil, a instancia de la sociedad o socio disconforme, nombre un Auditor distinto al de la sociedad para que se garantice la independencia en la valoración de las participaciones.

Nombrado el Auditor por el Registrador, su labor puede comprender cualquier requerimiento o solicitud a la sociedad de cuanta documentación considere útil y oportuna para la evaluación económica que puedan representar las participaciones y determinar su “valor razonable”; todo ello en un plazo de tres meses.

Frente a dicha valoración, es posible formular impugnación entendiendo que el Auditor no ha realizado su labor de auditoría conforme a las buenas prácticas, sin embargo, surge la duda de cómo y en qué plazos se puede impugnar dicho informe, no ya por mala praxis del Auditor, sino porque la documentación que ha utilizado como base para la valoración de las participaciones se encuentra viciada o es irregular.

Planteémonos siquiera el supuesto de actuaciones como el vaciamiento, menoscabo patrimonial o deterioro del fondo de comercio realizado a la sombra por los administradores sociales. En este supuesto, resulta evidente que la documentación que se toma de base para hallar el valor razonable de las participaciones no es el adecuado habida cuenta de las irregularidades del mismo.

Es decir, la documentación útil y oportuna solicitada a la Sociedad para realizar la valoración no refleja la imagen fiel y contable de la ésta, por lo que se impide que el contenido de dicho informe valorativo se ajuste a lo debidamente razonable y reembolsable.

Habida cuenta del silencio de la LSC sobre la impugnación del informe de valoración de las participaciones, que es el caso que ahora nos ocupa, compartimos la posición doctrinal que viene sosteniendo algún sector de la doctrina, entendiendo que obra como facultad del socio (así como de la sociedad) defender sus intereses por medio de la impugnación del informe de valoración que impida obtener el reembolso del valor razonable de sus participaciones.

En esta medida, cabe sostener que surge un derecho en el socio, a través de una aplicación analógica del artículo 1690 del CC, en manifestar y requerir judicialmente la inviabilidad del informe del Auditor. Todo ello en el plazo de tres meses contados desde que se tenga conocimiento del informe.

Sin embargo, siendo una cuestión de hecho, el socio se encontrará en la dificultad de no poder requerir a la sociedad todas aquellas informaciones y documentaciones que avalen o argumenten, y en definitiva, sirvan para desvirtuar la irregularidad del informe de valoración.

Si bien es cierto lo anterior, la Ley no le permite al socio excluido o al que ha ejercido su derecho de separación ejercer ningún derecho. Sin embargo, ha mantenerse, de “lege ferenda“, la existencia del derecho de información (artículo 93 d LSC) que permita a dicho socio, en esta medida, requerir judicialmente a la sociedad todos aquellos documentos, recibos y títulos que justifiquen y esclarezcan el contenido de aquellos documentos que obraron como base y que fueron utilizados por el Auditor para hallar el valor razonable de sus participaciones (artículo 272.2 LSC).

Finalmente, cabe decir que para proceder a la impugnación del informe, y en su caso, no entrar en un estado de contradicción con los actos propios, el socio no debió reclamar o aceptar sin reserva alguna las cantidades resultado del informe de valoración.

CIALT, EN LA JORNADA ORGANIZADA POR UNO SOBRE LA “ACCIÓN DIRECTA”

El pasado 8 de octubre de 2013, UNO organizó una jornada sobre la reforma de la LOTT, sobre la que informamos aquí y que contó con la colaboración de nuestro compañero D. Alberto Emparanza.

La web de referencia en actualidad sobre el transporte, Nexotrans, se ha hecho eco de la jornada. Os dejamos su crónica:

La Organización Empresarial de Logística y Transporte UNO ha organizado con gran éxito de asistencia la jornada sobre ‘La reforma de la LOTT y de los operadores de transporte y logística’ en colaboración con el Instituto Logístico Tajamar.

Como primer ponente de la Jornada, el subdirector de Normativa de la Dirección General de Transportes, Emilio Sidera, ha expuesto las principales novedades de la LOTT, en la que destaca la nueva autorización de los vehículos ligeros, la ampliación de la cuantía de sometimiento a las Juntas Arbitrales de Transporte o la definición de operador logístico.

Por su parte, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad del País Vasco y Colaborador de CIALT, Abogados, Alberto Emparanza, hizo un resumen técnico sobre la nueva “Acción Directa” del transportista efectivo frente a los anteriores cargadores.

reforma LOTT

LA ACCIÓN DIRECTA DEL TRANSPORTISTA EFECTIVO CONTRA LOS CONTRATANTES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

La reciente Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ha consagrado en su Disposición Adicional Sexta la denominada acción directa por el impago de portes contra quienes hubieren contratado el transporte no satisfecho, una de las reivindicaciones que el sector del transporte por carretera había solicitado con más insistencia.

La nueva regulación se expresa en los siguientes términos: “En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el porteador tendrá acción contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de la subcontratación, hasta el importe que estos adeuden a quienes les han sucedido al tiempo de la reclamación”.

A través de dicha regulación el porteador efectivo, es decir, el autónomo en la práctica, goza a partir de ahora de una acción de reclamación por impago de portes no sólo contra el cargador contractual, esto es, quién le ha solicitado la realización del transporte, sino contra todos aquellos que anteriormente le hubieran precedido a dicho contratante en la cadena de la subcontratación. Pero es que demás dicha reclamación se podrá plantear contra una empresa que ya ha pagado el porte a la empresa de transporte que ha asumido la realización del envío y que ha contratado para ello al autónomo al que no ha pagado, que es quien interpone la acción directa.

Esta acción directa abre, en suma, la posibilidad de que una empresa que ha solicitado un transporte y lo ha abonado, sea objeto de una reclamación por el transportista efectivo de modo que, en primera instancia, tenga que hacer frente dos veces al pago del servicio de transporte realizado. Se trata de una significativa novedad en el panorama normativo del contrato de transporte terrestre que tiene importantes consecuencias prácticas. Tanto las empresas cargadoras como los operadores de transporte tienen que ser conscientes que esta normativa permite que puedan ser objeto de reclamación de portes que ya han satisfecho anteriormente.

Pero el problema mayor es que la parquedad del precepto deja en el aire una multitud de aspectos de gran repercusión práctica. Se desconoce el plazo en el que dicha reclamación puede tener lugar. Es dudoso que las Juntas Arbitrales de Transporte puedan ser competentes para resolver estos temas. Y, sobre todo, no se sabe a ciencia cierta si el hecho de que alguno de los operadores que no ha pagado esté en concurso de acreedores, impide dicha acción directa. La cuestión es muy relevante porque si se permite ejercitarla, esta acción directa se va a poder convertir en un instrumento de reclamación de deudas ajenas, esto es, de reclamación a operadores por los impagos de los operadores del transporte en concurso.

Por todo ello interesa llamar la atención sobre esta nueva regulación a fin de evitar los posibles efectos negativos que una aplicación inadecuada puede suponer para las empresas de transporte al poder verse sometidas a reclamaciones de porte que hayan satisfecho cumplidamente por operadores con los que no tienen ningún tipo de relación contractual.

CIALT EXPLICA LA LEY 9/2013, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES

Este martes, 8 de octubre de 2013, se ha celebrado en el Instituto Logístico Tajamar una Jornada sobre la Reforma de la LOTT y los operadores de Logística y Transporte, organizada por Uno.

En la misma ha participado D. Alberto Emparanza, Catedrático de Derecho de Mercantil y una de las voces más autorizadas en Derecho de Transporte, que colabora con CIALT en calidad de Consultor, al que se le ha encargado dar una ponencia sobre “Aspectos mercantiles de la nueva LOTT. La acción directa“.

La citada jornada se ha abordado la reforma operada por la Ley 9/2013, que ha modificado la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres introduciendo novedades muy importantes en el régimen de autorización de las empresas transportistas y de los operadores. Además una novedad mercantil, la llamada “acción directa” del transportista por la que puede reclamar al cargador principal el precio del transporte.

Se ha contado también con la presencia de, entre otros, D. Emilio Sidera Leal, Subdirector General de Normativa del Ministerio de Fomento, de D. Eduardo Zapata Coello, Secretario General de UNO y de D. Gonzalo Sanz, Presidente de UNO.