PRIMERA SANCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) EN MATERIA DE COOKIES

La AEPD ha impuesto la primera sanción por incumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

En virtud de la Resolución R/02990/2013, cuyo origen fue la denuncia presentada por una persona física, la AEPD ha impuesto las primeras sanciones a dos empresas, por importe de 3.000€ y 500€, respectivamente, por incumplimiento de las exigencias del artículo 22.2 de la LSSI en materia de cookies. Adicionalmente, la AEPD sanciona con 1.500€ a una de las empresas por incumplimiento del artículo 5 de la LOPD (Derecho de información en la recogida de datos), si bien, en esta nota nos referiremos únicamente al incumplimiento relativo al régimen legal de las cookies.

Con carácter previo, conviene realizar una breve referencia tanto al concepto de cookie como a las obligaciones legales que deben cumplirse para su utilización, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 de la LSSI tras su modificación por el Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo:

La “cookie” es un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. Existen varias clasificaciones de cookies en función de distintos criterios como, por ejemplo, según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir cookies propias o de terceros; según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos encontramos cookies técnicas, de personalización, de análisis, publicitarias o de publicidad comportamental, etc.

En cuanto al régimen legal que resulta aplicable, a continuación se indican los requisitos previstos en el art. 22.2 LSSI:

  1. En primer lugar, se debe facilitar a los usuarios información clara y completa sobre la utilización de este tipo de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos. En consecuencia, la información sobre las cookies facilitada debe ser suficientemente completa para permitir a los usuarios entender la finalidad para las que se instalaron y conocer los usos que se les darán. Además de facilitar la información necesaria para que los usuarios puedan prestar un consentimiento valido, es aconsejable que la citada información, y en particular la relativa a la forma a través de la cual pueden gestionar las cookies, esté a su disposición de forma accesible y permanente en todo momento a través la página web desde la que se presta el servicio.
  2. Una vez informado el usuario, para la instalación y utilización de las cookies será necesario, en todo caso, obtener su consentimiento. Este consentimiento podrá obtenerse mediante fórmulas expresas, como haciendo clic en un apartado que indique “consiento”, “acepto”, u otros términos similares. En todo caso la mera inactividad del usuario no implica la prestación del consentimiento por sí misma.

Pero, no todas las cookies se encuentran sometidas al régimen legal previsto en el artículo 22.2 de la LSSI, ya que, existen las denominadas “cookies exceptuadas”, para cuyo uso no sería necesario informar ni obtener el consentimiento del titular de los datos. Se trata de supuestos en los que el almacenamiento o acceso a los datos es de índole técnica y al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario. La Resolución comentada se refiere a cookies no exceptuadas y por tanto en el ámbito de aplicación de la LSSI.

Durante la tramitación del procedimiento, la AEPD observa que la información sobre el uso de cookies proporcionada por las titulares de las páginas web denunciadas es insuficiente. En este sentido, la Resolución destaca las siguientes carencias: (i) no se incluye una definición de las cookies, (ii) tampoco se detalla mínimamente el tipo de cookies utilizadas, (iii) ni se identifica si son propias o de terceros. Además, la AEPD considera que la citada información se facilitaba de forma poco accesible y sin suficiente visibilidad para el usuario.

Una vez notificado el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador a las empresas denunciadas, éstas optan por utilizar el sistema de información por capas. Con carácter general, dicho sistema consiste en ofrecer una información esencial en una primera capa, cuando se accede al sitio web o aplicación, y una información adicional contenida en una segunda capa a la que se accede mediante un enlace.

Sin embargo, tras el análisis efectuado por la AEPD, se concluye que “el sistema de capas utilizado por ambas entidades no contiene la información que se considera necesaria para estimar que resulta completa y clara, en especial en cuanto a la tipología de cookies realmente utilizadas, finalidad de las mismas e identidad de quienes instalan y utilizan las cookies, lo que invalidaría el consentimiento que pueda ser prestado por los usuarios al “Aceptar” la “Política de Cookies” o seguir navegando por los sitios web”.

Finalmente, y aplicando lo dispuesto en el artículo 38.4.g) de la LSSI, se sanciona a ambas empresas por incumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 22.2. En este sentido, el art. 38.4.g) de la LSSI considera infracción leve: ”El incumplimiento de las obligaciones de información o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22, cuando no constituya infracción grave”.

Cabe destacar que, habiendo quedado probado que el uso de cookies por las mencionadas entidades se lleva a cabo sin mediar el consentimiento informado al que se refiere el artículo 22.2 de la LSSI, la vulneración de este requisito previo a la instalación de cookies no resulta sancionable en virtud de la redacción del artículo 38.4.g).

A tenor del análisis efectuado por la AEPD y del contenido de la Resolución comentada, resulta evidente la complejidad de esta materia, ya que, a pesar de que ambas empresas adoptaron, después de recibir los requerimientos de información y las notificaciones sobre la incoación de procedimiento sancionador, una serie de medidas tendentes a introducir, modificar y actualizar la información facilitada sobre cookies y obtener el consentimiento informado para su instalación y utilización, tales modificaciones no resultaron suficientes y no pudieron evitar la imposición de las sanciones.

NORMATIVA SEPA: Novedades principales

¿Qué es SEPA? SEPA corresponde al acrónimo en inglés de Zona Única de Pagos en Euro (Single Euro Payments Area) y supone la culminación para completar el proceso iniciado en 2002 con la introducción de los billetes y monedas en Euro, que hacía posible realizar pagos en efectivo en la misma moneda con la comodidad y sencillez con la que se efectuaban anteriormente los pagos en las respectivas monedas nacionales, pero que no estaba previsto para aquellos pagos no realizados en efectivo.

De este modo, el proyecto SEPA hace posible homogeneizar, entre los países que integran la zona SEPA, los pagos que no se hagan en efectivo, atendiendo a un único conjunto de estándares y normas establecidos en el Reglamento CE 260/2012, y mejorando de este modo la eficiencia en los procesos de ejecución de pagos.

La adopción de los requisitos técnicos aplicables de acuerdo con el mencionado Reglamento, es obligatoria tanto para los proveedores de servicios de pago como para los usuarios, estando prevista la fecha límite para su implantación para el próximo 1 de febrero.

Pese a que, como hemos apuntado anteriormente, es obligatoria la adopción de lo establecido en el Reglamento, según fuentes del Banco de España, sólo el 55,30% ha llevado a cabo la migración al sistema SEPA, Por ello con el fin de evitar el riesgo de una perturbación en el sistema de pagos y sus potenciales consecuencias para consumidores y pymes, según nota de prensa del día 9 de enero del 2014 de la Comisaria Europea de Mercado Interior, se ha prolongado su implantación hasta el próximo 1 de agosto.

A continuación, se señalan las novedades prácticas más destacables que va a implicar la aplicación de esta nueva normativa:

  • Hasta la fecha las cuentas bancarias estaban identificadas por el CCC, desde febrero 2014, el IBAN será el identificador único de cualquier cuenta de pago en SEPA, debiendo comunicar el mismo a todas sus contrapartidas.
  • La Zona Única se basa en tres instrumentos de pago:
    • Transferencias SEPA: se sustituyen así a las actuales transferencias nacionales. Éstas se realizarán conforme al Código IBAN facilitado por usted, sin que sea exigibles verificaciones adicionales por parte de las entidades.
    • Adeudos directos SEPA: se producirán en lugar de las actuales domiciliaciones de recibos españolas. Será necesario contar con autorización expresa para que se pueda originar un cargo en una determinada cuenta.
    • Tarjetas bancarias de pago.
  • Conforme a lo comentado anteriormente, como emisor de recibos, en caso de no haberlo hecho hasta la fecha de acuerdo con la Ley de Servicios de Pago, se deberá obtener de cada cliente un mandato que actuará como orden de domiciliación; siendo obligación del emisor el archivo y custodia del mismo. Al hilo de lo anterior, cada vez que se emitan recibos se tendrá que adjuntar la información básica correspondiente al mandato, de forma que hay un mayor control antes de que se produzca el cargo en la cuenta.
  • La devolución de los adeudos se somete a la normativa de servicios de pago:
    • Plazo máximo de 13 meses para solicitar rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas.
    • El consumidor dispone de 8 semanas para devolver recibos que había autorizado previamente, siempre y cuando en el momento de la autorización de la operación no se especificase el importe exacto de ésta o el cargo realizado supere el importe que podía esperar razonablemente.
    • El plazo para que la entidad devuelva los cargos o rechace la devolución será de 10 días hábiles.

Como se ha podido observar, lo establecido por el Reglamento 260/2012 se complementa con la Ley 16/2009 de Servicios de Pago, siendo fundamental la aplicación de esta norma para el desarrollo de esta iniciativa europea.

A modo de conclusión, cabe destacar que la necesaria adaptación a la normativa SEPA reportará numerosos beneficios tanto a las PYMES, ya que se centralizarán los cobros y pagos, como al propio consumidor, debido a la transparencia y seguridad en sus pagos que promete la normativa. Por todo ello es importante llevar a cabo todas aquellas medidas necesarias para adaptarse a la nueva Zona Única de Pagos en Euro antes del próximo 1 de agosto.

LAS RESERVAS EN EL CONTATO DE TRANSPORTE FORMULADAS POR EL DESTINATARIO DE LAS MERCANCÍAS Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

El objeto de este artículo versa sobre el derecho de reserva o protesta como medio probatorio que deberá formular el destinatario de las mercancías cuando las mismas han sufrido cualquier vicisitud como consecuencia de su transporte y pretende, en definitiva, interponer una reclamación futura al transportista.

En este sentido, el artículo 60 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el Contrato de Transporte de Mercancías (en adelante, LCTM), dispone que en el momento de la entrega “el destinatario de las mercancías deberá manifestar por escrito sus reservas al porteador o a sus auxiliares debiendo describir de forma general la pérdida o avería en el momento de la entrega”.

No obstante lo anterior, es posible que la reserva pueda ser formulada por el destinatario a los siete días siguientes si a simple vista las averías o pérdidas no resultan manifiestas, o, a los veintiún días si se trata de un retraso en la entrega de las mercancías.

Asimismo, conviene subrayar que las reservas deben quedar expresamente reflejadas por escrito, bien sea en el documento de entrega (albarán o carta de porte), bien en documento separado (artículo 60.1 de la LCTM).

Como quiera que sea el caso que nos ocupe, la realidad es que resulta necesario que dicha manifestación de voluntad unilateral quede expresada en tiempo y forma si el destinatario no se quiere ver en la posición de tener que probar por medios ordinarios los daños y perjuicios sufridos en sus mercancías.

Así las cosas, la reserva se posiciona como un medio probatorio de vital importancia para el destinatario cuando no existe un acuerdo conjunto sobre el estado de las mercancías, ya que desvirtúa, en definitiva, la presunción iuris tantum de que las mismas han sido entregadas por el transportista en el estado y condiciones descritas en la carta de porte.

En consecuencia, esto significa que si se ha formulado una reserva será el propio transportista el que tenga que probar que el resultado de la avería, pérdida y/o retraso en la entrega de las mercancías ha sido ocasionado por culpa del cargador o del destinatario o por una instrucción de éstos no motivada; en definitiva, tendrá que demostrar que las vicisitudes sufridas en las mercancías se han producido como consecuencia de la intervención de alguna de las causas de exoneración de su responsabilidad que se encuentran tasadas en la Ley (artículo 48 de la LCTM).

No presentando mayor dificultad lo anteriormente expuesto, si resulta discutible, y genera cierta controversia, el precisar el contenido de la reserva. En este sentido, se duda sobre si la descripción de las manifestaciones vertidas en la reserva ha de quedar motivadas o ha de limitarse simplemente a realizar descripciones generales para desvirtuar la presunción iuris tantum.

Entendemos que, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 60 LCTM, según el cual, el destinatario deberá de “describir de forma general la pérdida o avería”, la interpretación del referido artículo puesto en relación con el artículo 25.2 de la misma Ley nos lleva a la conclusión de que la reserva debe permitir al transportista tomar nota o constancia de lo sucedido para poder controvertir o, en su caso, indemnizar al destinatario de las mercancías. Sin embargo, esto no nos debe llevar al equívoco o conclusión de que la reserva, para que quede correctamente formalizada, deba tener tal amplitud y descripción del daño para que despliegue todos sus efectos probatorios.

Lo que se pide, conforme lo anterior, es que las manifestaciones hechas en la reserva contengan el contenido y elementos mínimos que permitan al transportista tener datos de conocimiento de lo manifestado y en su caso pueda controvertirlos, de lo contrario, cualquier manifestación realizada por el destinatario de las mercancías significaría poner al transportista en la tesitura de tener que eximir su responsabilidad por medio de causas expresamente tasadas.

Pongamos el ejemplo de relaciones contractuales que conllevan transportes sucesivos a un mismo cliente. Lo correcto en este caso sería que el destinatario, que consecutivamente y diariamente recibe mercancías por el mismo transportista, manifieste en su reserva que se ha producido una pérdida o avería señalando el envío o expedición a la que se refiere, porque de lo contrario, resultaría imposible para el transportista saber a qué mercancías se refiere.

En resumidas cuentas, no se pide que las reservas contengan una explicación detallada de todos y cada uno de los daños sufridos en las mercancías, sino que se evite las manifestaciones generales, vagas y ambiguas que no sólo impiden al transportista tener un conocimiento de lo sucedido, sino que incluso significan un perjuicio de orden probatorio para el propio destinatario a la hora de formular su reclamación judicial al transportista.

CIALT ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, APORTA SU EXPERIENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE APD COLOMBIA

EVENTO APD

 

La Asociación para el Progreso de la Dirección ha abierto una nueva delegación en el país andino.

Madrid, 10 de diciembre de 2014.

CIALT Asesores Legales y Tributarios, participó ayer en el desayuno informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en su sede de Bilbao. El objetivo de la jornada era dar a conocer la apertura de la nueva delegación de APD en Colombia y que otras entidades que han vivido expansiones similares en el país andino aportasen su experiencia. 

La apertura de la presentación la realizó el director general de APD, Enrique Sánchez de León, que explicó el cómo y el porqué de la implantación de la nueva delegación, segunda de su plan de internacionalización tras APD Marruecos.

Mario Fernández, director de la oficina de CIALT en Bilbao, fue el encargado de explicar a los allí presentes todo el proceso que la consultora siguió cuando se instaló en Colombia. Además, describió aspectos prácticos de la implantación y aportó una serie de consejos para su posterior mantenimiento.

La coyuntura empresarial colombiana

La otra intervención del despacho la realizó Aitor Orena, responsable del departamento fiscal de CIALT en Bilbao, que mostró las oportunidades empresariales que ofrece el país latinoamericano y la seguridad jurídica con la que se puede operar en este mercado. 

La experiencia de CIALT, expuesta por los dos abogados de la asesora jurídica, resultó muy útil para los asistentes, ya que aportaron recomendaciones prácticas para futuros negocios en Colombia.

También participaron en la jornada, que contó con más de 45 asistentes, Liliana Acosta, directora Ejecutiva de APD Colombia y Pablo Mendiguren, responsable del área de internacionalización de IDOM. 

Los asistentes pudieron exponer sus dudas tras las intervenciones de los expertos, aclarando todas las cuestiones referentes a la situación empresarial y jurídica colombiana actual.

LOS GASTOS FINANCIEROS ACTIVABLES COMO MAYOR VALOR DE EXISTENCIAS NO TIENEN LIMITADA SU DEDUCIBILIDAD

El Legislador en materia tributaria, en estos convulsos últimos tiempos, nos tiene acostumbrados a que la Ley o el Reglamento sean, permítaseme el símil, los primeros capítulos de intenciones en cuanto a las novedades se refiere. La celeridad con la que han de aprobarse los cambios en una etapa de tanta incertidumbre afecta, de manera directa, a la redacción de dichas novedades. De tal suerte que, cuando las mismas se aprueban y son objeto de publicación, aquellos que estamos obligados a interpretarlas para su aplicación nos encontremos en el manido concepto del “mar de dudas”.

Un ejemplo de esto a lo que me refiero lo podemos encontrar en la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros en materia del Impuesto sobre Sociedades. La misma fue introducida, junto con otras variadas y diversas normas, por medio del Real Decreto-ley 12/2012, de medidas tributarias tendentes a reducir el déficit público. Para más INRI, con fecha 14 de julio de 2012, apenas tres meses y medio después, se publicó el Real Decreto-ley 20/2012, rectificando el alcance de la modificación contenida en el anteriormente publicado.

Los textos aprobados estaban trufados de conceptos que necesitaban de una interpretación que intentaron resolverse por medio de la aprobación la Resolución de 16 de julio de la Dirección General de Tributos.

Como es lógico, no fue la panacea, y tiene que continuar la Dirección General de Tributos, esta vez ya por medio de sus Consultas Tributarias Vinculantes, colmando las lagunas de dicha reforma.

En la Resolución se introducía como criterio que no le será de aplicación la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros a aquella carga financiera que, por aplicación de las normas contables, sea objeto de activación, debiendo incorporarse al valor de un activo amortizable.

Pues bien, quedaba la duda de si dicha solución debía también propugnarse respecto a los gastos financieros que, por la naturaleza de su actividad y por la aplicación de las preceptivas normas contables, en concreto por la NV 10ª del Plan General de Contabilidad, debían incorporarse como mayor valor de las existencias. Así sucede, por ejemplo, con una entidad consultante que tiene por objeto social prioritario la promoción y construcción inmobiliaria.

La Consulta V3479-13, de 29 de noviembre de 2013, avala la aplicación del criterio expuesto en la Resolución de 16 de julio de 2012 referido a los activos amortizables a las existencias:

La Resolución de 16 de julio de 2012, excluye expresamente de su aplicación a los gastos financieros que, conforme a la normativa contable, deban incorporarse al valor de un activo amortizable, puesto que su inclusión en la base imponible de la entidad se realiza a través de la amortización de dicho activo, quedando sometido a los límites del artículo 11 del TRLIS.

En coherencia con lo anterior, el mismo tratamiento debe darse respecto a los gastos financieros que se activan, conforme a la normativa contable, como mayor valor de las existencias a los efectos que aquí nos ocupan. Dado que dichos gastos se imputarán de forma efectiva al resultado del ejercicio y, por ende, a la base imponible de la entidad, a través del deterioro de dichas existencias o en el momento en el que las mismas se den de baja del activo (ya sea por su venta o pérdida), no quedarán sometidos a la limitación recogida en el artículo 20 del TRLIS”.

LOS PRINCIPIOS DE BUENA FE, CONFIANZA LEGÍTIMA, SEGURIDAD JURÍDICA Y LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS

No puede considerarse vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica por regularizar la Inspección una situación, por el hecho de que no se hubieses practicado la regularización de la situación tributaria en ejercicios tributarios anteriores.

En la STS 22-11-2013 ROJ 5618/2013 se plantea si “existía la infracción de los principios de buena fe, confianza legitima y seguridad jurídica por regularizar la Inspección la situación en 2004 y 2005, a pesar de haber tenido conocimiento durante más de 20 años de la existencia de las dependencias dentro del recinto, y haber considerado correcta la manera de proceder la entidad en cuanto a la determinación del momento del devengo”.

El alcance de este principio fue recordado en la sentencia de 13 de mayo de 2009 (casación 2357/07 ), reproduciendo lo declarado en la sentencia de 15 de abril de 2002 : “El principio de protección a la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la virtualidad del principio que se invoca puede suponer la anulación de un acto de la Administración o el reconocimiento de la obligación de ésta de responder de la alteración (producida sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento (Cfr. SSTS de 10 de mayo , 13 y 24 de julio de 1999 y 4 de junio de 2001 ). Pero ello en el bien entendido de que, no pueden apreciarse los necesarios presupuestos para la aplicación del principio invocado en la mera expectativa de una invariabilidad de las circunstancias, y que ni el principio de seguridad jurídica ni el de la confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica que comportan un enriquecimiento que se estima injusto deban mantenerse irreversibles“.

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencias, entre otras, de 16 de mayo 1979, As 84/78 ; 5 de mayo de 1981, As 112/80 , 21 de septiembre de 1983 , As. acumulados 205 a 215/82 y 12 de diciembre de 1985, As. 133/84), admite la vulneración de este principio cuando concurren los siguientes requisitos:

En primer lugar, debe existir un acto o un comportamiento de la Administración comunitaria que pueda haber generado la confianza.

En segundo lugar, es preciso que la persona afectada no pueda prever el cambio de la línea de conducta adoptada anteriormente por la Administración comunitaria.

Y, en tercer lugar, es necesario que el interés comunitario perseguido por el acto impugnado no justifique que se perjudique la confianza legítima del interesado. Este último requisito concurre cuando la ponderación de los intereses existentes demuestra que, en las circunstancias del asunto, el interés comunitario no prima sobre el de la persona afectada en que se mantenga una situación que podrá considerarse legítimamente estable.

Pues bien, la situación contemplada en la sentencia de 15 de Abril de 2002 , es la que tiene lugar en el presente caso, por lo que el hecho de que no se hubiese practicado la regularización de la situación tributaria a la entidad en ejercicios anteriores, no puede ser causa obstativa a que la Administración cambie su criterio interpretativo, a partir de ese momento, sin perjuicio de la suerte final del acuerdo adoptado”.

Tal y como se ha expuesto, el hecho de que la Administración tributaria conozca unos hechos y sin embargo no practique una regularización tributaria, no significa que en un futuro no pueda practicarla. Ello no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica. Sin embargo, ello sí impide que puedan imponerse sanciones pese a que se hayan dejado de ingresar cantidades:

DÉCIMO.- La parte recurrida interesa la inadmisión del motivo por tres razones.

En cambio, el motivo de fondo no puede prosperar, toda vez que la Sala tuvo en cuenta la conducta previa de la Administración que durante varios años no había cuestionado la forma de actuar de la entidad, y esta circunstancia fue la que prevaleció para apreciar que no concurría el elemento subjetivo de la infracción, y ello con independencia de que existiese deuda dejada de ingresar”.

NOVENO.- La Sala de instancia anuló la sanción en base a la siguiente argumentación:

“No obstante lo cual, y siguiendo asímismo sobre las sanciones impuestas el criterio establecido en la repetida Sentencia de fecha 17 de mayo de 2.010 , que se refería al depósito fiscal de Coruño-Llanera [Asturias] -por tener dichas sanciones los mismos fundamentos y concurrir circunstancias prácticamente idénticas al caso actual-, aunque la conducta del obligado tributario, exteriorizada a través de los denominados “TRASLADO A ALMACENES FIS-CON (981)Y TRASLADO A TIENDA CON REF (950)”, vino a determinar la regularización de su situación tributaria, al haber dejado de ingresar parte de la deuda tributaria generada con ocasión de esas operaciones, la reprochabilidad de dicha conducta que a título de dolo o culpa le atribuye el órgano sancionador [ art. 183.1, Ley 58/2003 ] no se encuentra acreditada, puesto que la Administración Tributaria tenía conocimiento de la existencia de las dependencias que constituían una alteración de la situación del depósito fiscal con respecto a la que había al tiempo de autorizarse el mismo. Y aunque, como queda dicho, esa circunstancia no determinaba la exclusión de la regularización practicada, sí viene a excluir la culpabilidad del obligado tributario, al no haberse producido hasta entonces la regularización de esa situación y obrar aquel en la creencia de que su conducta se encontraba amparada en el marco normativo del depósito fiscal. Lo que sin entrar en el examen de los restantes motivos de impugnación, conduce a la anulación de los acuerdos sancionadores, debiendo por tanto estimarse también en este punto el recurso”.