NUEVO RÉGIMEN DE LEGALIZACIÓN TELEMÁTICA DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS

En plena época de Juntas de socios en las que se aprueban las Cuentas Anuales y sus correspondientes actas, vamos a abordar el tema de los libros obligatorios en las Sociedades y las principales novedades que los cambios normativos han traído consigo.

La obligación de la llevanza de los libros societarios (libro de actas, de socios, o de contratos en caso de sociedad unipersonal) corresponde a los administradores. El cumplimiento o no de esta obligación en términos generales tiene su repercusión a la hora de modular una posible responsabilidad del administrador por infracción de las obligaciones que legalmente le corresponden. Por ello es sumamente importante revisar la legalización de los mismos y su actualización.

El artículo 18 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internalización introdujo novedades importantes tanto en el modo de llevar a cabo la legalización de los libros obligatorios, como la cumplimentación de éstos. Los libros de actas y de socios se van a tener que llevar por cada Sociedad en soporte electrónico y legalizarse de forma telemática en el plazo de cuatro meses desde el cierre del ejercicio de la sociedad, al igual que los libros contables.

Esta novedad legislativa viene impuesta porque a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles se les exige su actualización informática y que se organicen bajo un sistema informático único. Sin perjuicio de lo anterior, podemos afirmar que cada Registro Mercantil está aplicando sus propias directrices y formas de actuar respecto del modo de implantación de la referida obligación, por lo que habrá que atender a cada Registro en particular.

Surge, no obstante, la duda en cuanto a los libros que actualmente estén legalizados y que no estén completados. A este respecto debemos acudir al artículo 106 del Reglamento del Registro Mercantil que establece que “no podrá legalizarse un nuevo libro de actas en tanto no se acredite la íntegra utilización del anterior, salvo que hubiere denunciado la sustracción del mismo o consignación en acta notarial su extravío o destrucción”. De acuerdo con lo anterior, si la Sociedad dispone de libros legalizados, pendientes de completar, no tendrá obligación de legalizar telemáticamente un nuevo libro hasta que no se termine el ya legalizado, por lo que dicha exigencia es, en principio, para nuevas legalizaciones, bien por nueva constitución , bien por los supuestos que excepciona el artículo anteriormente reseñado.

Por otro lado y atendiendo a la cumplimentación de los libros de forma electrónica, se plantean inconvenientes con respeto al contenido de cara principalmente a posibles subsanaciones, así como por la publicidad de las Actas de los órganos sociales. Además de las mencionadas críticas, conviene también añadir aquellas que indican que de este modo se aumentan los costes de los empresarios al tener que adecuar la llevanza de la contabilidad a formatos digitales.

Como conclusión de esta novedad que, sin duda, supone una adecuación a los tiempos que corren, ya que a simple vista resulta algo arcaico que en pleno 2014 se lleven libros físicos, podemos confirmar que la implantación de la citada exigencia legal está todavía en curso y con distintos ritmos dependiendo de los Registros, por lo que aconsejamos consultar antes de proceder a la legalización de los nuevos libros.

LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN COMO ACTIVIDAD PROFESIONAL: STS 11/10/2012 Y 28/02/2013

El derecho de imagen es aquel derecho, que ostentan las personas físicas, a difundir y publicar su propia imagen, así como a evitar la reproducción de la misma frente a terceros. Se trata de un derecho fundamental, recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y desarrollado por Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.

Según se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, este derecho se caracteriza por ser un derecho personalísimo y de carácter patrimonial sobre un bien inmaterial -la imagen-, que puede ser válidamente transmitido a terceros.

Al tratarse de un derecho personalísimo, cuando el mismo es objeto de transmisión a terceros, no existe una transmisión de su titularidad, sino que se produce una cesión del derecho a la explotación de la imagen de la persona. Asimismo, debido a su carácter patrimonial, en el contrato de cesión de derechos se pactará la contraprestación que percibirá el cedente como consecuencia de la cesión de estos derechos.

En el ámbito fiscal, en concreto en el IRPF, las rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen, dependiendo de la forma de cesión y de la relación con el cedente, pueden ser consideradas como rendimientos del capital mobiliario, de actividades económicas o imputación de rentas1.

El artículo 25.4.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, LIRPF) recoge lo siguiente:

“4. Otros rendimientos del capital mobiliario:

d) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica.”

Por lo tanto, los rendimientos procedentes de la cesión del derecho de imagen se califican como rendimientos de capital mobiliario, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica. En ese caso, nos encontraríamos ante rendimientos de actividades económicas.

La LIRPF recoge los rendimientos de actividades económicas en el artículo 27.1:

“1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”

De este modo, si el titular del derecho de imagen lleva a cabo la explotación económica de su derecho de imagen, por su cuenta y riesgo, las rentas que obtenga serán gravadas como rendimientos de actividades económicas.

Aunque la jurisprudencia relativa al tratamiento de estas rentas es muy abundante, en el presente artículo nos centraremos en el análisis de las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 (nº rec.: 3278/2009) y 28 de febrero de 2013 (nº rec.: 2773/2010), relativas a la cesión de derechos de imagen de futbolistas profesionales.

Ambas sentencias analizan el tratamiento de las actividades publicitarias, promocionales y de marketing que se comprometen a realizar dichos futbolistas en los contratos de cesión pertinentes.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 confirma los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del TEAC anteriores sobre este expediente2, afirmando lo siguiente:

“3) De las propias cláusulas de los contratos deriva que estamos ante actividades que exceden con mucho de los simples derechos de imagen.

En efecto, esas actividades publicitarias, de asesoramiento y otras complementarias van más allá de aquella cesión (cesión de derechos de imagen). Así el sujeto pasivo se obliga a una prestación más completa, que requiere su intervención activa como el spot para Nutrexpa y en el caso de Nike la amplia gama de actividades a que venía obligado, informes orales o escritos referentes a los productos Nike, apariciones anuales relacionadas con la publicidad o bien la producción de anuncios publicitarios o materiales, charlas, sesiones para la producción de anuncios televisivos o videos, etc., que son propios de un contrato de prestaciones de servicios y constituyen una actividad profesional y que por tal debe tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal añade lo siguiente:

“ningún reparo jurídico cabe realizar para que la Sala de instancia legítimamente concluyera que en realidad a través de la relación contractual entre las empresas, se estaba retribuyendo determinadas prestaciones del jugador que excedían de la explotación del derecho de imagen, girando unas cantidades que, dado que estaban retribuyendo dichas actividades perfectamente descritas, quedaban sometidas al impuesto sobre la renta de las personas físicas como rendimientos por actividades profesionales.”

De esta forma, el Tribunal Supremo concluye que estas obligaciones –relativas a actividades publicitarias, promocionales o de marketing- exceden la mera cesión de los derechos de imagen y, por lo tanto, tributarán en el IRPF como rendimientos de actividad profesional.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 28 de febrero de 2013 se pronuncia en el mismo sentido que la Sentencia del Tribunal Supremo citada, sentando de esta forma jurisprudencia sobre este tema.

Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Supremo califica estos rendimientos –como rendimientos de actividades profesionales- echamos en falta la remisión al artículo en base al cual se hace esta afirmación. Es decir, la mención del artículo 27. 1 de la LIRPF en el que se recogen los rendimientos de actividades económicas, junto con una motivación fundada de que en el caso objeto de análisis el rendimiento se enmarca dentro de dicho precepto.

Adicionalmente, en ambos pronunciamientos nos sorprende la falta de cuantificación de estos rendimientos de actividades profesionales. Es decir, dado que el Tribunal detectó que “determinadas prestaciones del jugador excedían de la explotación del derecho de imagen”, debería determinar qué parte de la contraprestación es considerada como rendimiento de actividad profesional y qué parte es calificada como rendimiento de capital mobiliario. Sin embargo, el Tribunal Supremo únicamente se limita a hacer esa afirmación y a confirmar el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, en la cual se imputa la totalidad de la contraprestación como rendimientos de actividad profesional.

Por todo ello, en aras de una mayor seguridad jurídica, consideramos que sería muy recomendable que el Tribunal Supremo clarifique esta nueva postura, analizando con mayor detalle este tipo de supuestos. Así pues, esperaremos con avidez próximos pronunciamientos del Alto Tribunal sobre este tema.


1 La imputación de rentas se encuentra regulada como régimen especial en el artículo 92 de la LIRPF.

2 En concreto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de abril de 2009 y Resolución del TEAC de 30 de marzo de 2006.

PLUSVALÍA MUNICIPAL ¿EXISTE RIQUEZA IMPONIBLE CUANDO EL INMUEBLE TRANSMITIDO GENERA UNA PÉRDIDA?

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU), comúnmente conocido como “plusvalía municipal”, se trata de un tributo indirecto de ámbito municipal “que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (…)“  (artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).

Tal y como se desprende del hecho imponible, el Impuesto grava el incremento de valor del terreno de naturaleza urbana por el trascurso del tiempo, teniendo, hasta la fecha, únicamente el valor catastral como referencia del citado incremento.

El cálculo de la base imponible de la “plusvalía municipal” ha suscitado numerosas controversias en relación a su cálculo. En anteriores ocasiones, ya se ha puesto de manifiesto en esta web (artículo publicado el 05 de marzo de 2013 por Amaia Legorburu) alguno de los debates suscitados entorno al mismo, incluso llegando a plantear qué ocurriría en aquellos supuestos en los que la transmisión del inmueble generase una pérdida.

Tal y como se planteó en aquella ocasión, el actual escenario de crisis en el sector inmobiliario ha provocado situaciones que hasta la fecha parecían impensables, como la transmisión de inmuebles generadores de una pérdida patrimonial, de tal modo que desde CIALT nos venimos planteando el hecho de si el Ayuntamiento puede seguir exigiendo el Impuesto en tales situaciones.

Hasta la fecha, los Ayuntamientos han venido calculando la base imponible del Impuesto a partir del valor catastral del suelo, valor que es revalorizado anualmente, sin tener en cuenta si realmente el terreno transmitido ha generado una ganancia o pérdida. Es decir, los Ayuntamientos a la hora de girar el Impuesto no han tenido en cuenta la realidad económica de la operación, sino que aferrándose a la literalidad de la Ley en cuanto al método del cálculo de la base imponible, han exigido el Impuesto incluso en aquellos casos en los que se ha vendido por un valor inferior al de adquisición.

Pues bien, en relación con esta cuestión, recientemente los Tribunales Contencioso-Administrativos de Cataluña y Madrid en las sentencias de 24 de abril y 21 de abril de 2014, han limitado la exacción del Impuesto por parte de los Ayuntamientos en aquellos supuestos en los que los inmuebles son transmitidos por un valor inferior al de adquisición, posibilitando la impugnación de aquellas liquidaciones exigidas por los Ayuntamientos cuando el inmueble transmitido ha generado una pérdida.

Tal y como se desprende de la fundamentación utilizada por los Tribunales, el propio hecho imponible del Impuesto exige que se produzca un “incremento de valor”, de modo que en aquellos supuestos en los que no existe dicho incremento, el hecho imponible no puede quedar supeditado a las reglas objetivas del cálculo del Impuesto.

Según la doctrina, las normas legales relativas al cálculos de la base imponible del Impuesto establecen únicamente una presunción iuris tantum, de tal modo que, en cada caso, dicha presunción puede ser desvirtuada mediante una prueba adecuada y suficiente.

Los Tribunales van más allá fundamentando su argumentación al establecer que un sistema de determinación de la base imponible que prime sobre la realidad económica puede dar lugar a una vulneración del principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución.

A la misma conclusión podríamos llegar en aquellos supuestos en los que sí existiendo un incremento de valor, el importe de éste es inferior al resultante del cálculo basado en el valor catastral del mismo.

En definitiva, las Sentencias publicadas recientemente permiten impugnar las liquidaciones de plusvalía municipal de aquellos inmuebles cuya transmisión ha generado una pérdida y no hayan prescrito aún, si bien cada caso deberá analizarse con la correspondiente minuciosidad analizando la realidad de la pérdida.

LA DEVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DEL IBI IMPROCEDENTEMENTE COBRADAS. STS 30/05/2014

El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre las recalificaciones de terrenos realizadas durante la “burbuja inmobiliaria” y el improcedente cobro de las cuotas de IBI por parte de los Ayuntamientos.

Como es sabido, el cálculo de la cuota de IBI depende del tipo del suelo de que se trate. Por ello, el Alto Tribunal examina la legislación urbanística –en concreto, las Leyes del Suelo- y la legislación a efectos fiscales –Ley del Catastro-, a efectos de determinar la correcta o incorrecta recalificación de los terrenos.

En cuanto a la evolución histórica de la legislación urbanística en España, hemos de destacar las clases de suelo previstas en las Leyes de Suelo de los años 1998 y 2007:

  • Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (en adelante, Ley Suelo de 1998): Distingue entre suelo urbanizable o no urbanizable, suelo urbano y suelo de los municipios donde no existe planeamiento.
  • Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo (en adelante, Ley Suelo de 2007): Distingue entre suelo rural y suelo urbanizado.

Por tanto, en el año 2007 se modifica la clasificación de los suelos, reduciéndose los tipos de suelos a dos: suelo rural y suelo urbanizado-. Así pues, a la hora de determinar la cuota de IBI, surge el problema de determinar qué tipo de suelos urbanizados se enmarcan dentro del concepto de suelo urbano.

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante, Ley de Catastro de 2004). Como consecuencia de la reforma del artículo 7.2.b) del citado Texto por la Ley 36/2006, este precepto quedó redactado de la siguiente forma:

“2. Se entiende por suelo de naturaleza urbana:

(…)

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.”

Así, la Ley del Catastro de 2004 parece incluir todos los terrenos “susceptibles de ser urbanizados” en el concepto de suelo urbano.

Sin embargo, en la Sentencia de 30 de mayo de 2014, el Alto Tribunal limita la calificación como suelo urbano –a efectos fiscales y urbanísticos- a aquellos casos en los que los suelos se encuentren ya urbanizados o bien se haya aprobado un Plan Parcial1 a partir del cual se entiende que queda materializada la urbanización.

Esta afirmación del Tribunal Supremo tiene gran trascendencia a efectos del cálculo de la cuota del IBI.

Como bien es sabido, las cuotas de IBI de los suelos urbanos se calculan en función del valor catastral, y las cuotas de IBI de los suelos rústicos en función del rendimiento que se obtenga por su uso.

Dado que en los últimos años los valores catastrales han experimentado una importante subida, las cuotas de IBI de los suelos urbanos han sido muy superiores a las que les corresponderían a esos mismos terrenos en su calificación como suelo rústico.

El quid de la cuestión está en que los Ayuntamientos, con un afán meramente recaudatorio, han conferido el tratamiento de suelo urbano a aquellos terrenos que tenían consideración de suelo rústico a otros efectos2. Para ello, se han basado en que estos suelos eran calificados como urbanizables en un Plan General.

Por lo tanto, determinados propietarios de terrenos han estado pagando un IBI muy superior al que les correspondía por la calificación de estos terrenos. Por ello, es procedente la devolución de las cuotas de IBI en aquellos casos en los que tratándose de suelos urbanizables sin desarrollo, se haya cobrado el mismo como suelo urbano.

Sin lugar a dudas, son muchos los propietarios que se encuentran en esta situación y que, como consecuencia de esta sentencia, se les abre la vía para obtener la devolución de las cuotas IBI planteando el recurso pertinente.


1 Instrumento de planeamiento que desarrolla determinaciones del Plan General de un suelo urbanizable.

2 Por ejemplo, a efectos expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.