Derecho deportivo y del entretenimiento

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NAVARRA CUENTA CON LA PRIMERA LEY FORAL PARA INCENTIVAR EL MECENAZGO CULTURAL

El 26 de mayo de 2014, se aprobó en el Boletín Oficial de Navarra la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, Reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus Incentivos Fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. Como consecuencia, Navarra es la primera Comunidad que cuenta con una Ley cuyo fin es el de fomentar las aportaciones privadas a los proyectos y actividades culturales mediante el establecimiento de beneficios fiscales para los sujetos que lleven a cabo actividades de mecenazgo.

Como consecuencia, para los ejercicios impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, las personas físicas o jurídicas sujetas a normativa tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, gozarán de ciertos beneficios fiscales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que se describen a continuación.

En primer lugar, la Ley prevé un listado amplio que pretende englobar todas las actividades susceptibles de ser consideradas como actividades culturales. Teniendo en cuenta tanto la longitud como la generalidad de este listado, se entiende que el mismo debe interpretarse latio sensu y que, en ningún caso, debe considerarse una lista cerrada. A mero título enunciativo, entre otras, son consideradas como actividades culturales, las artes audiovisuales, las artes escénicas y musicales, las bellas artes, la literatura etc.

Así, la Ley Foral establece un amplio rango de entidades que pueden ser beneficiarias del mecenazgo cultural, cuyo requisito indispensable es ser residentes fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. Por lo que, podrán ser beneficiarias de acciones de mecenazgo, siempre y cuando cumplan con el requisito de residencia, las entidades sin ánimo de lucro, las universidades, las Administraciones y Entidades Públicas y las personas físicas que de forma habitual desarrollen actividades artísticas y cuyo importen neto de cifra de negocio no haya superado los 200.000 euros en el ejercicio anterior. Entre las entidades beneficiarias también se encuentra la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas que tengan suscrito acurdo de colaboración con Estado español, que no tienen que cumplir el requisito de residencia.

Para que les sea de aplicación este beneficio, los sujetos beneficiarios tendrán que solicitar y obtener la denominada “Declaración de Interés Social”. Dicho reconocimiento se obtendrá mediante dos procesos anuales que se celebrarán en los meses de octubre y mayo, que, serán evaluados por el Consejo Navarro de Cultura.

En lo que respecta a los incentivos fiscales, darán derecho a las deducciones y reducciones previstas en esta Ley las donaciones puras y simples, los préstamos de uso o comodato y los convenios de colaboración y es requisito necesario que la entidad beneficiaria expida certificado acreditativo del acto que se haya efectuado a su favor. La base de la deducción la constituirá el importe o valor de lo percibido, para lo que se establecen reglas especiales en caso de usufructos, prestaciones de servicio gratuitas etc. y se establecen diferentes deducciones atendiendo a la sujeción del mecenas al Impuesto sobre la Renta o Impuesto sobre Sociedades.

En el primero de los supuestos, la deducción será del 80% de los primeros 150 euros y el 40% del restante en cada periodo impositivo. Por lo que, si una persona física donase 1.500 euros a una entidad que cumpla los requisitos antes mencionados, la deducción sería de 660 euros.

Por otro lado, en caso de que el mecenas sea una persona jurídica, hay que señalar, que la donación efectuada tendrá consideración de gasto deducible y que, a su vez, se aplicará una deducción del 30% en los primeros 300 euros y del 20% en el exceso. Así que, si una persona jurídica donase 1.500 euros a una entidad que cumpla con los requisitos anteriormente mencionados, la deducción sería de 330 euros, y el importe de nado tendría consideración de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades.

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA VARIOS PRECEPTOS DEL REGLAMENTO DEL IS REGULADORES DEL REGIMEN DE OPERACIONES VINCULADAS

El Tribunal Supremo en Sentencia de 27 de mayo de 2014 que resuelve el recurso 8/2009 ha anulado varios preceptos recogidos en el Reglamento de 1793/2008 del Impuesto de Sociedades, en adelante RIS.

El recurso resuelve la petición de nulidad instada por el recurrente con respecto a los artículos referentes al régimen regulador de las operaciones vinculadas, la obligación de documentar y el régimen sancionador.

En este caso el Tribunal Supremo, tras ir analizando los artículos por bloques, considera que todos son acorde a derecho, salvo los que a continuación se relacionan por los motivos que se pasarán a detallar:

1.     Artículo 21.2 párr 2º y 21.3 del RIS.

En este caso el Tribunal Supremo entiende que estos preceptos limitan la posibilidad de recurrir en vía administrativa de la liquidación provisional realizada por la Administración y por tanto contrarios a la Ley 28/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

En concreto señala que:

En nuestro Auto de 8 de febrero de 2011 entendimos que no se producía infracción del derecho de defensa con relevancia constitucional por el hecho de exigir el nombramiento de un “perito común” y de un “recurso común” a todos los interesados por la elemental consideración de que tales decisiones se adoptan en el procedimiento administrativo, que, por otra parte, se inserta en el procedimiento general de inspección.

Con independencia de ello y con respecto al proyecto reglamentario que preveía en este punto el archivo de las actuaciones y no tener por presentados los correspondientes recursos, el Consejo de Estado concluyó que: En todo caso, parece claro que no puede el reglamento proyectado limitar la posibilidad de recurso en vía administrativa de la liquidación provisional, facultad consagrada como tal en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con carácter general (artículo 213.1: posibilidad de revisión de “los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias”) y como objeto de Recurso de Reposición (artículo 222.1) y de reclamación económico administrativa (artículos 226 y 227.2 a], precepto este último que señala de forma expresa como “reclamables” “las liquidaciones provisionales y definitivas”). Por ello, deberían eliminarse en el artículo 21, apartado 2, párrafo segundo y apartado 3, párrafo tercero, las referencias al archivo de las actuaciones y a la consecuencia de no tener por presentados los correspondientes recursos en el caso de que no se unifique la vía procedimental escogida por las entidades afectadas.”.

Si esto era así cuando se “declaraba el archivo” y “no tener por presentados los recursos”, lo mismo ha de decidirse si la regulación reglamentaria prevé la inadmisión, resolución que hay que entender equivalente a la rechazada por la Consejo de Estado.

La vulneración legal se encuentra en los textos legales citados en el informe del Consejo de Estado y no en el derecho de defensa.

En este punto, por tanto, el recurso deberá ser estimado, siendo extensivas las consideraciones anteriores a los efectos de la falta de acuerdo sobre nombramiento de perito, también previstas en el Reglamento, y por idéntica razón.

2.     Artículo 21 bis 2 del RIS, en relación al ajuste secundario.

En este caso considera el Tribunal Supremo que el precepto introduce presunciones que no contiene la Ley y por tanto no tiene habilitación legal para ello. 

En concreto se refiere a la consideración que se hace de la parte de la renta que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad que tiene el socio/partícipe.

Con respecto a este punto se señala en la sentencia que:

Es evidente que entre los textos comparados no existe relación y que el texto reglamentario añade unas presunciones no contenidas en la ley para los supuestos en que la diferencia no se corresponde con la participación en la entidad, lo que obliga a su anulación.

Es verdad que a tenor de la interpretación que antes hemos formulado, tanto de la Ley como del Reglamento, las previsiones que en ambos textos se establecen quedan supeditadas a que se grave la renta efectivamente derivada de la operación, lo cual priva de virtualidad, en gran medida, la previsión combatida. Pero lo cierto es que esta previsión carece de cobertura en la Ley por la que habrá de ser anulada, pues en nuestro Derecho Tributario no son posibles los reglamentos independientes, y esta naturaleza tienen las previsiones mencionadas.

En conclusión, el Tribunal falla a favor de la anulación de los siguientes artículos:

a) Ultimo inciso del artículo 21.2 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que establece: “Si, por no existir acuerdo entre las distintas partes o entidades vinculadas se simultanearan ambas vías de revisión, se tramitará el recurso o reclamación presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo o ulterior.”

b) Artículo 21 bis 2. a) párrafo segundo del mismo texto legal que proclama: “La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, para la entidad tendrá la consideración de retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1 d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.”.

c) Artículo 21 bis 2. b) párrafo segundo del mismo texto legal que dispone: “La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1 i).4° del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.”.