CIALT EN EL SALÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES INVEXPORT EN EL BEC-BILBAO EXHIBITION CENTRE, LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE

Los días 8 y 9 de octubre se celebra el Salón de negocios internacionales InvEXPOrt en el BEC-Bilbao Exhibition Centre.

CIALT Asesores Legales y Tributarios ha sido invitada a participar en el mismo, por lo que podrá encontrarnos en:

EL STAND Nº 10.

Para obtener más información sobre el evento o detalle de las actividades programadas, puede entrar en la página web de la organización:

http://www.invexport.es/es/

 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO: Cuándo y cómo afectará a las empresas que tratan datos de carácter personal

El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y su implantación en casi todas las esferas de la vida cotidiana (tanto económica o empresarial como social) han generado grandes retos para la protección de los datos de carácter personal. En este contexto, la Comisión Europea consideró necesario establecer un marco normativo más sólido y coherente con los últimos avances tecnológicos (cloud computing, redes sociales, smartphones, etc.) y presentó una propuesta legislativa dirigida a reformar la regulación aplicable a la protección de datos en Europa, siendo uno de los pilares fundamentales la “Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos” de fecha 25 de enero de 2012 (en adelante, la “Propuesta de Reglamento”).

Sin ánimo de entrar en el análisis del complejo y extenso procedimiento legislativo en la UE, nos limitaremos a destacar que, previsiblemente, la Propuesta de Reglamento será objeto de aprobación definitiva a finales de este año 2014 o, como máximo, principios de 2015. Pero, siendo una norma de origen comunitario ¿cuándo resultará exigible su cumplimiento a las empresas españolas? Y, ¿Cuáles serán las novedades fundamentales? A continuación incluimos unos breves comentarios al objeto de dar respuesta a las citadas cuestiones:

1. ¿Cuándo habrá que cumplir el contenido de la Propuesta de Reglamento?

Una vez aprobado, a finales de 2014 o principios de 2015 tal y como adelantábamos, el Reglamento será de aplicación directa en todos los Estados de la Unión Europea a los dos (2) años de su entrada en vigor, la cual, se producirá el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Es decir, no será necesaria la aprobación de ninguna norma de carácter nacional, ni la publicación del Reglamento en el BOE, para que el mismo resulte plenamente exigible en España.

2. ¿Qué empresas se verán afectadas?

Todas las empresas que traten datos de carácter personal y dispongan de un establecimiento en un Estado miembro deberán cumplir el Reglamento, aunque las operaciones materiales de tratamiento de la información se lleven a cabo fuera de la Unión Europea.

Del mismo modo, y esta es la novedad principal, las empresas no establecidas en Europa se verán obligadas a adecuarse a dicho Reglamento cuando traten datos personales de personas residentes en la UE en el ejercicio de actividades relacionadas con la oferta de bienes o servicios a tales sujetos.

3. ¿Cuáles serán las principales novedades?

A continuación se enumeran brevemente algunas de las novedades más significativas del Reglamento respecto de la normativa actual:

  • Nombramiento del Delegado de Protección de Datos – DPO (Data Protection Officer).

A pesar de que se trata de una obligación inexistente en nuestra legislación actual, de facto, las grandes empresas ya cuentan con figuras similares al denominado “Data Protection Officer”. Será a partir de la fecha en que resulte aplicable el Reglamento, cuando existirá la obligación legal de designar un Delegado de Protección de Datos en los siguientes supuestos:   

– Tratamiento de datos de más de 5.000 personas durante 12 meses consecutivos.

– Tratamiento de categorías especiales de datos como, por ejemplo, los relativos a la salud.

– Tratamiento de datos de localización.

– Tratamiento que consista en la monitorización del interesado (ej. navegación);

– Tratamiento de datos de menores y empleados a gran escala.

– Administraciones Públicas.

  • Deber de información y consentimiento.

La información que sobre el tratamiento de sus datos han de proporcionar los responsables a las personas afectadas, deberá ser más extensa, clara y comprensible. En esta línea, se deberá proporcionar información sobre la identidad y datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.

Asimismo, destaca la inclusión del “interés legítimo” como supuesto legitimador para el tratamiento de datos, que en la LOPD se recoge con el requisito adicional de que los datos figuren en Fuentes Accesibles al Público. Pese a la anulación del Artículo 10.2.b) del Reglamento de la LOPD, el citado requisito sigue existiendo en la LOPD, pero el mismo debe interpretarse conforme a la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de noviembre de 2011 (aplicada en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de febrero de 2012). Es decir, realizando en cada caso concreto una ponderación entre el interés del Responsable del Tratamiento y los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, con el fin de determinar cuál prevalece atendiendo a las circunstancias concurrentes.

  • Medidas de seguridad.

La Propuesta de Reglamento no detalla los niveles ni las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos de datos, tal y como hace la normativa española. De forma que, la obligación actual de implementar medidas concretas en función de la tipología de datos se sustituirá por la necesidad de una “evaluación de riesgos” para determinar las medidas a adoptar.

  • Auditorías de control.

Sera obligatorio realizar una auditoría bienal no solo de las medidas de seguridad, sino, del conjunto de obligaciones relacionadas con la protección de datos.

  • Deber de notificación de incidencias (Data Breach).

Será obligatorio notificar sin demora injustificada a las Autoridades de Control las incidencias que puedan afectar a la seguridad de los datos y, con carácter general, deberán comunicarse también a los afectados.

  • Sello Europeo de Protección de Datos.

Las empresas podrán solicitarlo a las Autoridades de Control que lo otorgarán mediante un proceso previo de certificación realizado por profesionales acreditados. Se podrán certificar tratamientos concretos (no el conjunto de tratamientos de una compañía) y su vigencia será de 5 años.

Es preciso destacar las ventajas que la obtención del Sello Europeo podrá tener en materia sancionadora, ya que, si se dispone del mismo la sanción económica por incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento (debemos entender que en relación con el tratamiento certificado y no otros realizados por el mismo responsable) solo podrá ser impuesta en los casos de incumplimiento intencionado o negligente.

  • Infracciones y sanciones.

Desaparece la graduación de sanciones (leve, grave y muy grave). Las multas podrán llegar hasta 100.000.000€, o bien, el 5% del volumen de negocios mundial (si es superior a esos 100 millones).

En nuestra opinión, si bien el contenido del Reglamento no puede calificarse de “revolucionario” en la materia, sí obligará a todas las entidades, públicas y privadas, a hacer un esfuerzo de adaptación real y no meramente conceptual o técnica. Por ejemplo, integrando en sus estructuras la figura del Delegado de Protección de Datos, revisando los supuestos legitimadores de sus tratamientos de datos, realizando la “evaluación de riesgos” con el objetivo de redefinir su riesgo en protección de datos, etc.

TRANQUILIDAD RELATIVA DE LOS TRANSPORTISTAS GUIPUZCOANOS EN EL IRPF DEL 2014

Nos encontramos a la vuelta de vacaciones, en pleno mes de septiembre del 2014, transcurridos más de dos terceras partes del año y en cuanto a los transportistas autónomos guipuzcoanos, en relación al IRPF, con unas mejores expectativas si se comparan con las previstas a principios del año, un tanto inciertas.

Lo cierto es que con fecha 22 de enero del 2014, se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la Norma Foral 3/2014, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante NFIRPF), donde se elimina el sistema de módulos dentro de la modalidad de estimación objetiva, para la determinación del rendimiento de actividades económicas.

Con ello, y a pesar de la multitud de reivindicaciones de las asociaciones de transportistas guipuzcoanos con los que se consiguieron aumentar los límites de exclusión del sistema de módulos para el colectivo de transportistas, nos encontramos en el 2014 con un nuevo escenario en el que desaparece el sistema de módulos y existe únicamente el régimen de estimación directa, en sus vertientes normal y simplificada, sin ninguna particularidad para los transportistas y con la única noticia de un acuerdo entre los principales partidos de la oposición en Gipuzkoa (PNV, PSE y PP), al igual que se hizo para aprobar las normas forales del Impuesto sobre Sociedades y del IRPFs a principios de año, tomada a principio de verano, para aprobar a la vuelta del verano una Norma Foral por la que se incluyan en el método de estimación directa simplificada unas compensaciones de gastos para el colectivo de transportistas, al igual que las establecidas en Araba y Bizkaia el pasado mes de abril por vía de Decreto Foral.

En concreto, se habla de unas compensaciones, a diferencia de la compensación general que es del 10%, de un 60% para el 2014, un 55% para el 2015, un 50% para el 2016 y un 45% para el 2017 y siguientes en concepto de amortizaciones, provisiones y gastos de difícil justificación, por la diferencia entre los ingresos y los gastos de la actividad (sin tener en cuenta las amortizaciones, provisiones y las ganancias y pérdidas de elementos patrimoniales afectos a la actividad).

En cuanto a la forma de introducir la mencionada modificación, a diferencia de Araba y Bizkaia, que introdujeron dichas compensaciones reglamentariamente, tal y como establece el artículo 28.2 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: “En el caso de determinados colectivos de empresarios o profesionales en estimación directa simplificada, podrán establecerse, reglamentariamente, reglas especiales para la cuantificación de determinados gastos deducibles, incluido el porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo”, en Gipuzkoa, cuya regulación de dicho artículo 28.2 es idéntica, se entiende que no va a haber desarrollo reglamentario de ese artículo 28.2, sino una nueva regulación de dicho artículo 28, dado que no va a ser el gobierno foral el que va a introducir la modificación, sino que son los partidos de las oposición (PNV, PSE y PP) los que la introduzcan, y por tanto, sería vía modificación de la propia Norma Foral.

De todas formas, habrá que esperar lo que acontece en las próximas fechas y pasar de noticias e informaciones a la concreción de la definitiva regulación fiscal de los transportistas guipuzcoanos en materia de imposición directa. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que una vez aprobadas y publicadas las modificaciones anteriormente comentadas, seguirán existiendo diferencias con respecto a la tributación de los transportistas autónomos de fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, tanto de Navarra como del resto de Estado, dado que en dichos territorios se sigue manteniendo el sistema de módulos para diferentes colectivos, entre los que se encuentra la actividad de los transportistas.

Por último, resaltar que con respecto a la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, todas las modificaciones expuestas no les afecta para la aplicación del régimen simplificado de IVA, que además es idéntica en cuanto a la normativa a aplicar tanto en Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, Navarra y Territorio Común.

LA FALTA DE ENTREGA DE RESÚMENES, CUADROS, … NO DA LUGAR A DILACIONES

Conforme establece el art. 116.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa (en adelante NFGT, la Inspección de los Tributos puede desempeñar actuaciones de comprobación e investigación mediante el examen de determinado “material” relacionado con las obligaciones tributarias:

“Artículo 136. Facultades de la inspección de los tributos. 1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias”.

Si ante un requerimiento de este “material” por parte de la Inspección, el obligado tributario no lo aporta o lo hace con retraso, el tiempo transcurrido puede considerarse como dilación indebida imputable al mismo:

“… se consideran dilaciones imputables al obligado tributario el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la Administración tributaria dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos que se considere procedente” (art. 100.4 NFGT).

Ahora bien, la AN establece que no cabe apreciar dilación cuando lo solicitado por la inspección sean resúmenes, cuadros … información que puede disponer, por ejemplo, de la contabilidad ya aportada:

“En la primera dilación, se imputan al contribuyente noventa y ocho días, que transcurren entre la primera visita de inspección y el 23 de octubre de 2007. Según consta en el procedimiento, el actor aportó el 26 de septiembre de 2007 una más que voluminosa cantidad de documentación, concretamente toda la requerida salvo las “hojas que recojan el cuadre del volumen de ingresos en el impuesto sobre sociedades con la base imponible del impuesto sobre el valor añadido”. Se trata, propiamente, no de documentos que la Inspección no conoce, sino de datos que cabe entender incluidos en la contabilidad ya aportada y que más que el deber de dar (la documentación o información precisada), entrañan una onerosa e inexigible obligación de hacer (confeccionar, a interés y conveniencia de la Administración, una especie de resumen de datos dispersos, cuya reunión incumbe a la Inspección como parte integrante de su labor genuinamente inspectora). Lo cierto es que no resulta legalmente exigible al contribuyente la confección de esa especie de cuadro que concilie unos datos con otros, pues ni siquiera el actuario señaló que faltara una u otra documentación relativa a los ingresos del contribuyente. Basta con afirmar que la parte actora presentó toda la ingente documentación requerida el 26 de septiembre de 2007, salvo esa especie de conciliación de datos que excedía, con mucho, su deber de colaboración. Ha de descontarse de este período de dilaciones, por tanto, el lapso que media entre el 26 de septiembre de 2007 (fecha en la que se aporta la documentación requerida por el actuario) y el 23 de octubre de 2007 (fecha de la diligencia en la que consta la entrega de ese “cuadre” de ingresos), esto es, veintisiete días, que no resultan imputables al contribuyente”. (SAN 22-5-2014 Rec. 246/2011).

EL TJUE VUELVE A CONDENAR A ESPAÑA A CAUSA DEL ISD DE LOS NO RESIDENTES

Una vez más, y siguiendo una tónica que se ha convertido en hábito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España en un nuevo procedimiento que trae causa en la normativa fiscal interna. En el presente caso, las normas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para ser exactos.

Así, el 7 de marzo de 2012 la Comisión interpuso recurso ante el Alto Tribunal comunitario por supuesta infracción del Estado español de los Artículos 21 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), referentes a la libre circulación de personas y capitales, respectivamente. Así como al el Articulo 40 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), sustancialmente idéntico al artículo 63 del TFUE anteriormente señalado, pero referido al ámbito espacial del señalado acuerdo EEE.

La comisión entendía que las normas internas permitían diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste. Diferencias consideradas contrarias a los preceptos comunitarios citados.

Concretamente, dichas diferencias traían causa en las, por lo común, más favorables normativas autonómicas con respecto a la normativa estatal subsidiaria, aplicable en todo caso cuando el sujeto pasivo es no residente y tributa por obligación real y no por obligación personal.

Cuestión que queda palpablemente reflejada en la dicción literal del artículo 32 de la Ley 22/2009 que regula el alcance de la cesión y los puntos de conexión en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los siguientes términos:

«1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones producido en su territorio.

2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España, según los siguientes puntos de conexión:

a) En el caso del impuesto que grava las adquisiciones “mortis causa” y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

b) En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma.

[…]

c) En el caso del impuesto que grava las donaciones de los demás bienes y derechos, en el territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

[…]

5. En los supuestos previstos en las letras a) y c) del apartado 2 anterior, se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma en la que el causante o donatario hubiere tenido su residencia habitual conforme a lo previsto en el artículo 28.1.1º.b) de esta Ley.»

Siendo, a nuestro entender, la causa del pronunciamiento condenatorio del Alto Tribunal comunitario, primordialmente, lo subrayado en el texto legal vigente. Indicándose, de ese modo, en la propia Sentencia:

“Únicamente está en discusión en este asunto el criterio de conexión previsto por la legislación española, que permite la aplicación de reducciones fiscales en los supuestos en los que los sujetos pasivos residen en el territorio de esas Comunidades o cuando el bien inmueble está situado en el territorio de éstas.”

Dado que, si bien el TJUE ha entendido que no se ha producido una vulneración del derecho a la libre circulación de personas (argumento con poca fundamentación jurídica, al humilde entender de quien esto escribe) si ha considerado vulnerados los artículos 63 TFUE y 40 Acuerdo EEE. Es decir, aquellos referentes a la libre circulación de capitales, puesto que como se señala expresamente en la Sentencia:

“Así pues, la normativa de un Estado miembro que hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible de la sucesión o de la donación del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar de residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando da lugar a que las sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles situados en otro Estado miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de capitales (véanse, en este sentido, en materia de donación, la sentencia Mattner, EU:C:2010:216, apartado 28, y, en materia de sucesión, la sentencia Welte, EU:C:2013:662, apartado 25).”

Ante la Sentencia del TJUE solo nos resta aguardar a las modificaciones normativas pertinentes a realizar por el Estado infractor, esperando que la reformulación de los criterios de conexión causantes de la infracción respete plenamente el acervo comunitario en su conjunto y la libre circulación de capitales en particular.

Amén de plantear a la administración infractora la rectificación de las liquidaciones del Impuestos de Sucesiones y Donaciones de no residentes afectadas por la señalada Sentencia.