Valoración de operaciones vinculadas - El nuevo procedimiento de coordinación del Concierto Económico

Valoración de Operaciones Vinculadas: El nuevo procedimiento de coordinación del Concierto Económico

El pasado 13 de diciembre, el pleno del Senado dio trámite al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, quedando aprobado definitivamente por las Cortes Generales. Al margen de la controversia suscitada entre fuerzas políticas en la tramitación parlamentaria, y del eco que los medios han dado a la cuestión, estimamos conveniente señalar la mejora técnica introducida en materia de coordinación entre las distintas administraciones tributarias, como una aportación a la propia legitimidad del sistema de concierto.

Y es que, hasta la fecha, no se había contemplado solución al problema que se venía originando en situaciones, en las que la simultaneidad de competencias de distintas administraciones tributarias estatales sobre la misma operación, o grupo de contribuyentes. En estos casos se causaba un verdadero perjuicio al contribuyente cuando las Administraciones afectadas mantenían posturas diferentes en torno a la calificación o valoración de las operaciones.

Nos referimos a situaciones que surgen con frecuencia en materia de valoración de operaciones vinculadas, cuando una de las partes está sujeta a Inspección de Administraciones Forales, y la otra a Estatal;  y practicado un determinado ajuste en sede de una de las partes, la otra Administración se opone a efectuar el ajuste correlativo, produciéndose una doble imposición.

Aunque esta situación no resulta ajena a las operaciones en el ámbito internacional, se da la paradoja de que, en el ámbito de la fiscalidad internacional, el esfuerzo por solventar la problemática del transfer pricing ha sido una constante que ha conducido al establecimiento de mecanismos para evitar situaciones de esta índole, como los procedimientos previstos en el Instrumento Multilateral de la OCDE, sin que se hubiera establecido un procedimiento similar para las situaciones que surgían en el interior del Estado.

A estos efectos,  la Junta Arbitral del Concierto había venido señalando “la laguna realmente sorprendente en un mundo en el que la existencia de grupos societarios y de vinculaciones entre empresas es un hecho habitual”, anticipando la necesidad de una reforma legislativa que deriva de los propios principios que rigen el Concierto Económico, con el objetivo de evitar que el ejercicio de las competencias concurrentes produzca perjuicios para los administrados (Resolución 8/2012, de 2 de julio).

La reforma actual introduce un mecanismo para asegurar el ajuste bilateral al que venimos haciendo referencia, a través del nuevo artículo 47.ter del Concierto Económico, titulado “Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras”, cuyo desarrollo previsto es el siguiente:

  • La administración que esté regularizando, o comprobando, operaciones vinculadas a un contribuyente deberá comunicar a las otras Administraciones afectadas la valoración que considera procedente, con carácter previo a la formulación de la propuesta de resolución o formalización de actas.
  • En caso de que las otras Administraciones afectadas no formulen observaciones a la propuesta en un plazo de dos meses, esta se entenderá aprobada, y vinculará a todas las administraciones.
  • En caso opuesto, se dará traslado a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las observaciones planteadas, y si no se alcanzase acuerdo en el plazo de dos meses, será competencia de la Junta Arbitral la resolución de la controversia.
  • La Resolución de la Junta, que se adoptará por medio del procedimiento abreviado del artículo 68, dando audiencia al contribuyente, vinculará a todas las administraciones, que deberán practicar las regularizaciones pertinentes.

De esta forma, se prevé evitar los supuestos de doble imposición a los que se venían enfrentando los contribuyentes, asegurando que las regularizaciones tributarias dictadas por las diversas administraciones se basen en una misma valoración.

Cabe extraer como corolario, por tanto, el adecuado reforzamiento de las bases del Concierto en la materia, asumiendo las más elementales garantías de seguridad jurídica y de coordinación en la resolución de las controversias entre administraciones. Si bien se debe poner de manifiesto lo desacertado del retraso de su puesta en vigor. La Disposición Transitoria Primera del Concierto establece una vacatio legis excesiva para el nuevo procedimiento del artículo 47.ter, que resultará de aplicación sólo para las regularizaciones referidas exclusivamente a periodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

 

Marcos González Villarreal

Posibilidad de materializar la RIC en la compra de activos destinados al alquiler vacacional

Posibilidad de materializar la RIC en la compra de activos destinados al alquiler vacacional

La Reserva para Inversiones en Canarias es, posiblemente, uno de los incentivos fiscales más atractivos para las empresas que operen en esta comunidad, ya que, permite una reducción del Impuesto sobre Sociedades en la parte de los beneficios que se destine a dotar una reserva para inversiones.

Se regula en el artículo 27 de la Ley 19/1994 de modificación del régimen Económico y Fiscal de Canarias y por su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1758/2007.

El incentivo se articula a través de una reducción en la base imponible del Impuesto de Sociedades (en el caso del IRPF, una deducción en cuota) equivalente a los beneficios generados en sus establecimientos en las Islas Canarias que se destinen a la constitución de una reserva para inversiones, con el límite del 80% de los beneficios no distribuidos generados en un año fiscal.

Las reservas deberán materializarse en un período máximo de tres años en la realización de inversiones iniciales destinadas a la creación o ampliación de un establecimiento en Canarias, a la diversificación de su actividad para elaborar nuevos productos o a la transformación sustancial de su proceso de producción. También se permite su materialización en inversiones para la creación de puestos de trabajo, en la adquisición de activos fijos que no puedan considerarse inversión inicial, o en la suscripción de determinados títulos de participación de capital de empresas que operen en Canarias, en la suscripción de determinados instrumentos financieros emitidos por entidades financieras o en adquisición de títulos de deuda pública de la Comunidad Autónoma o Corporaciones Locales canarias.

Recientemente, la Dirección General de Tributos, en contestación a varias consultas, ha dado el visto bueno a la materialización de la RIC en la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional.

En su respuesta a la consulta V3756-16, la Dirección General de Tributos determina los requisitos que son aplicables para poder efectuar esta materialización de la reserva en la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional:

  1. Esta inversión es apta para la materialización de la RIC, aunque ha de excluirse la parte correspondiente al suelo.
  2. Se refiere a la materialización de dotaciones procedentes de beneficios de periodos impositivos iniciados a partir de enero de 2015.
  3. Las viviendas deber estar afectas y ser necesarias para el desarrollo de una actividad económica realizada por el contribuyente.
  4. La empresa (o la persona física con actividad empresarial o el profesional) que quiera acogerse a este uso de la RIC debe darse de alta como empresa turística.
  5. La inversión debe materializarse en elementos que estén situados o sean recibidos en el archipiélago canario.

Respecto a la consideración del alquiler vacacional como actividad económica, aclara que el requisito se cumpliría en caso de que, junto con el arrendamiento, se presten servicios complementarios, por ejemplo, restauración, limpieza, lavado de ropa u otros análogos. A falta de estos servicios, también se cumpliría cuando para la ordenación de la actividad se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.

Lógicamente, la DGT indica que, además de estos requisitos, es necesario cumplir con los establecidos en el artículo 27 de la Ley 19/1994 que establece que el bien puede ser nuevo o usado pero que no haya sido utilizado para una aplicación anterior de la RIC, que la vivienda se tenga en actividad durante al menos cinco años y que la materialización se haga en un plazo de tres años desde que se hizo la dotación.

Marina de Felipe

Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Cuando se hace referencia al concepto “coche de empresa”, resulta muy común que el trabajador disponga de su vehículo tanto para uso privado como para uso empresarial. Por ello, la legislación contempla un trato diferenciado para el uso de vehículos con fines empresariales y particulares. Cuando se disfrute del vehículo para fines particulares, la renta se calificará como retribución en especie, mientras que, en otro caso, no tendrá tal consideración.

El problema, a efectos fiscales, se plantea a la hora de valorar el grado de utilización del vehículo para uno y otro uso, ya que, la normativa no contempla ninguna regla de distribución. Esto ha dado lugar a numerosas y dispares resoluciones administrativas, de forma que no se puede concluir la existencia de un criterio de reparto admitido por la Administración Tributaria.

La D.G.T ha manifestado, entre otras, en las Consultas Vinculantes de 26 de abril de 2011 y 9 de julio de 2013 que, en los supuestos de utilización parcial de un vehículo, se imputa retribución en especie si el trabajador, de acuerdo con la naturaleza y características de las funciones que desempeña, tiene facultad de disposición del vehículo para su uso particular. Las consultas no consideran relevante que exista o no una utilización efectiva. Con este criterio, la utilización del vehículo para fines particulares no exige un manejo efectivo del vehículo, sino que basta con que esté a disposición del trabajador para cubrir necesidades personales. Se considera que esto ocurre siempre que se encuentre fuera de su horario laboral.

Este criterio choca frontalmente con la posición de la Audiencia Nacional – sentencias de fecha 13 de abril del 2009 y, más recientemente, en la de fecha 8 de marzo del 2012 – que considera que el criterio de la disponibilidad debe ser modulado por las características del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador. Según la sentencia, debe atenderse a la efectiva utilización del bien y no a la mera facultad de disposición. El criterio se fundamenta en el tenor literal del artículo 43 LIRPF, que alude a la “utilización” y no a la “facultad de utilización”, por lo que, considera que el criterio de disponibilidad no resulta íntegramente trasladable en algunos supuestos.

Como hemos señalado, no existe precepto normativo que defina la forma de distribuir el uso del vehículo entre fines particulares y empresariales a efectos de determinar los rendimientos en especie en el IRPF. Esto provoca una gran inseguridad jurídica para trabajador y empresa. También genera discusiones en vía administrativa, cuando la Inspección comprueba el importe de los rendimientos en especie, y aumenta el número de recursos en vía contenciosa. La inseguridad es todavía mayor si tenemos en cuenta que no existe uniformidad de criterio dentro de la propia Inspección tributaria.

Laura Vírseda

Operaciones Vinculadas en IVA

Operaciones Vinculadas en el IVA

Si bien es conocido el régimen de operaciones vinculadas en el marco de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, no hay que olvidar que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA), también prevé que la Administración, en determinados casos tasados, pueda modificar la base imponible de una operación vinculada si considera que el precio convenido entre las partes vinculadas no es acorde a mercado.

En concreto, en el artículo 79.Cinco. de la LIVA se señala que “cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base imponible será su valor normal de mercado”

Los casos de vinculación, a efectos de IVA, son más amplios que los regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, la Administración sólo podrá modificar el valor convenido si concurre alguno de los 3 supuestos siguientes:

  1. Que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la contraprestación pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de libre competencia.
  2. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que no genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea inferior al valor normal de mercado.
  3. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea superior al valor normal de mercado.

Sólo en el caso de operaciones vinculadas en las que concurra alguno de estos supuestos y el precio pactado entre las partes no sea de mercado, podrá la Administración modificar la base imponible y la cuota del IVA.

Se entenderá por valor normal de mercado el necesario para adquirir los bienes o servicios en cuestión en ese mismo momento, en la misma fase de comercialización, en condiciones de libre competencia, a un proveedor independiente. En caso de que no hubiera operaciones comparables, el valor de mercado aplicado no podrá ser inferior al coste de adquisición de los bienes entregados o de los servicios prestados.

En resumen, lo que se intenta es evitar que, en las operaciones entre partes vinculadas, se fijen precios distintos de los de mercado que afecten al importe a ingresar en Hacienda por alguna de las partes intervinientes, cuando no tenga derecho a la deducción total del IVA soportado.

Por último, cabe destacar que las comprobaciones que se hagan en materia de operaciones vinculadas en el IVA no tienen por qué trascender este impuesto, al igual que las que se haga en materia del Impuesto sobre Sociedades no tienen por qué afectar al IVA. Por tanto, ajustes en un impuesto no llevan necesariamente aparejados ajustes en el otro.

LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INMEDIATO DE INFORMACIÓN DEL IVA

La Hacienda Foral de Gipuzkoa, en coordinación con las Haciendas Forales de Álava y Bizkaia, publicó el pasado día 29 de junio de 2017 el Decreto Foral 15/2017, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales y el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

A pesar de la denominación tan larga que tiene el reglamento que ha introducido, el objeto de esta modificación es introducir el Sistema Inmediato de Información, que tiene su principal efecto en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Este sistema fue introducido en la normativa impositiva de territorio común mediante el Real Decreto 596/2016, (BOE 06/12/2016), que modificada el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A través de las siguientes preguntas, se va a tratar de responder a todas las cuestiones relativas a la implantación de este sistema.

  1. ¿Qué es el Sistema Inmediato de Información (SII)?

El SII es un sistema para la llevanza de los libros de registros de facturas de forma electrónica, desarrollado por las administraciones tributarias para remitir la documentación de facturación de las empresas a efectos de IVA a la administración de una forma periódica. Su finalidad es tener un mayor control de las operaciones realizadas por los contribuyentes a efectos de IVA.

  1. ¿En qué consiste el sistema SII?

Toda empresa que se encuentre obligada a su implantación o se haya acogido al SII, deberá remitir a la AEAT o a las respectivas Haciendas Forales los siguientes libros de forma electrónica:

  • Libro registro de facturas expedidas.
  • Libro registro de facturas recibidas.
  • Libro registro de bienes de inversión.
  • Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
  1. ¿Cómo se va a transmitir esa información?

Los empresarios sujetos a este sistema deberán transmitir cada factura expedida en un plazo máximo de 4 días naturales desde la fecha de expedición de la misma. En el caso de que las facturas sean expedidas por un tercero, el plazo será de 8 días naturales.

Asimismo, se deberán remitir de forma electrónica las facturas recibidas en el plazo de 4 días naturales desde la fecha en que se produzca la contabilización de la factura.

En todo caso, las facturas deberán haber sido remitidas antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se ha incluido.

Ejemplo: las facturas emitidas y recibidas en el mes de enero se deberán haber transmitido antes del 16 de febrero.

En el Territorio Foral de Gipuzkoa se ha habilitado un plazo especial para la remisión de las facturas relativas al mes de enero de 2018 y a los 15 primeros días del mes de febrero de 2018: El plazo concluye el 20 de febrero de 2018.

A efectos de cálculo del plazo de 4 días para transmitir las facturas, NO se deberán tener en cuenta los sábados, domingos y días festivos.

De forma excepcional, para las contribuyentes cuya administración competente sea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el plazo para el envío de facturas durante el ejercicio 2017 será de 8 días.

  1. ¿Qué beneficios tiene este sistema?

Como contraposición a las nuevas obligaciones para los contribuyentes que adopten el SII, se eliminan ciertas obligaciones formales:

  • Se elimina la obligación de presentar modelo 340 (Libro registro de facturas).
  • Se elimina la obligación de presentar el modelo 347 (operaciones con terceras personas).
  • Se elimina la obligación de presentar el modelo 390 en territorio común (declaración anual recapitulativa). En su lugar se presentará el mismo modelo, que se presenta para los meses anteriores, para el mes de diciembre. En territorio foral se mantiene la obligación de presentación de este modelo.
  • Se amplía el periodo de presentación de declaraciones en 10 días (hasta el día 30 de cada mes) en el Estado y en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se mantiene el mismo plazo de presentación de las declaraciones (hasta el día 25 de cada mes, salvo el modelo 390 que se presenta en los 30 primeros días de enero del año siguiente).
  • Los contribuyentes que apliquen este sistema podrán contrastar la información presentada por ellos con la información presentada por sus proveedores y clientes que estén dentro del sistema.
  • Disminución de los plazos para la devolución de las cantidades, dado que la Administración tributaria dispone de todos los datos para comprobar la declaración.
  1. ¿Qué pasa si tengo que rectificar una factura?

Se deberá registrar la rectificación de la factura, mediante la introducción de un nuevo registro, marcando la casilla de la factura rectificativa y haciendo referencia a la factura que se tiene por objeto rectificar.

Se entenderá que la rectificación se realiza dentro del periodo voluntario de presentación cuando dicha rectificación se realice antes del día 16 al mes siguiente del devengo de la operación.

Ejemplo: factura del mes de mayo que se pretende rectificar, el periodo voluntario para su rectificación finaliza el 16 de junio.

  1. ¿A qué contribuyentes les afecta el SII?

Les será de obligación la implantación del SII a los siguientes contribuyentes:

  • Contribuyentes que presenten declaraciones de IVA mensual, en Gipuzkoa modelo 320, porque su volumen de operaciones en el ejercicio anterior fue superior a 6.010.121,04 euros.
  • Contribuyentes que presenten declaraciones de IVA mensual, porque están inscritas en el Registro de Devolución Mensual (REDEME) aunque su volumen de operaciones sea inferior a 6.010.121,04 euros.
  • Contribuyentes que formen parte de Grupo IVA.
  1. ¿Cuándo entra en funcionamiento el SII?

Para los contribuyentes cuya administración competente para la gestión e inspección del IVA sea la AEAT, el SII ha entrado en vigor el 1 de junio de 2017.

Para los contribuyentes cuya administración competente para la gestión e inspección del IVA sean las Haciendas Forales, el SII entra en vigor el 1 de enero de 2018.

  1. ¿Un contribuyente no obligado a implantar el SII puede optar para su aplicación?

Sí, los contribuyentes de territorio común han dispuesto de un periodo especial desde el día 28 de mayo de 2017 hasta el 15 de junio de 2017 para optar al SII.

Los contribuyentes sujetos a normativa foral, podrán optar a este régimen en el mes de noviembre de 2017, para su aplicación en el ejercicio 2018.

Posteriormente el plazo de para solicitar la inclusión en este régimen en ambas administraciones será el mes de noviembre del ejercicio anterior al que se quiera optar su aplicación.

El contribuyente que opte por este régimen será incluido en el REDEME y deberá presentar declaraciones mensuales.

  1. ¿Un contribuyente incluido en el REDEME puede renunciar a este régimen?

Sí, al igual que para optar a este régimen, los contribuyentes de territorio común tienen abierto un periodo especial desde el día 28 de mayo de 2017 hasta el 15 de junio de 2017 para renunciar al SII saliendo del REDEME y deberán presentar declaraciones de forma trimestral.

Los contribuyentes sujetos a normativa foral, podrán renunciar a este régimen en el mes de noviembre de 2017, saliendo del REDEME y deberán presentar declaraciones de forma trimestral.

De forma general, el plazo para optar y renunciar a este régimen será el mes de noviembre del ejercicio anterior. Por ello, dentro de este mes se deberá presentar una comunicación ante la Administración.

  1. ¿Cuánto tiempo tengo que estar dentro del SII sí opto por este régimen?

El contribuyente estará obligado a cumplir con las obligaciones de información recogidas en el SII durante un año, debiendo renunciar al mismo mediante comunicación en el mes de noviembre.

Siempre que no se renuncie al mismo, el contribuyente seguirá sujeto a las obligaciones del SII.

  1. ¿Qué pasa si presento las facturas con posterioridad a la finalización del periodo voluntario?

La Ley General Tributaria, aplicable a los contribuyentes sujetos a la normativa estatal, en su artículo 201 recoge la sanción de 2 por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

En el caso de los contribuyentes sujetos a normativa guipuzcoana, la Norma Foral General Tributaria, en su artículo 206 recoge la sanción de 1 por 100 del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción en el caso de no presentación de las facturas.

El Sistema Inmediato de Información va a suponer un profundo cambio en la gestión de las obligaciones de IVA por parte de las empresas que opten por esta vía o por las empresas que se encuentren obligadas por el volumen de operaciones que generan, dado que las administraciones tributarias van disponer de la información casi en tiempo real de todas las operaciones realizadas por los contribuyentes.

EL “TRASLADO EXPRESS”, O CÓMO MODIFICAR EL DOMICILIO SOCIAL SIN APROBACIÓN DE LA JUNTA

El pasado sábado 7 de octubre, se publicó y entró en vigor, el Real Decreto Ley 15/2017 que facilita prácticamente a toda sociedad anónima o limitada, el traslado del domicilio social. El Real Decreto Ley, no modifica el contenido sustantivo del traslado de domicilio, sino que extiende a un mayor número de sociedades, la posibilidad de acogerse al régimen simplificado o “traslado expres” que ya se había introducido en el año 2015.

El domicilio es el lugar físico desde el que se administra una entidad mercantil. La ley lo define como el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación. El domicilio determina la nacionalidad de la sociedad, el registro mercantil al que pertenece, la legislación que le es aplicable, y el lugar en donde se celebran normalmente las reuniones de la junta y el consejo.

El traslado del domicilio es competencia de la junta general, debido a que supone una modificación estatutaria. Sin embargo, para facilitar este proceso en la práctica, la LSC siempre ha previsto la posibilidad de que los administradores pudiesen trasladar directamente, sin la aprobación de la junta, (“traslado expres”) el domicilio social dentro del mismo término municipal.

 Todas aquellas sociedades que no modifiquen estatutos,

a partir del día 7 de octubre pueden

realizar el “traslado expres”

En 2015, y sin aparente justificación, la LSC fue modificada, y el “término municipal” fue sustituido por el “territorio nacional”. Desde entonces, los administradores, pueden trasladar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional sin necesidad de acuerdo de la Junta, lo que agiliza el proceso. Dada la magnitud del cambio, la modificación se introdujo con la condición de que resultaba aplicable “salvo disposición contraria de los estatutos”, lo que ha llevado a interpretaciones contradictorias cuando los estatutos establecían la posibilidad de que los administradores trasladaran el domicilio dentro del término municipal, y por lo tanto no habían actualizado su contenido a la modificación legal.

En este escenario, solo cuando los estatutos lo recogían y permitían, eran competentes los administradores para realizar un “traslado expres”. Asimismo, cuando los estatutos decían que el traslado se regía por lo establecido en la ley o reproducían literalmente el art. 285 LSC, se interpretaba (por la Dirección General de los Registros y el Notariado) que la voluntad de la sociedad era sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada momento, y se permitía el cambio.

No obstante, muchas sociedades mantenían una regulación estatutaria que, de un modo u otro, limitaba esa competencia a los administradores (por ejemplo, estableciendo la posibilidad de trasladar el domicilio dentro de la provincia o simplemente haciendo referencia al municipio, pero sin trasladar literalmente la LSC), y no podían realizar el “traslado expres”, sin convocar a la junta.

Ahora, de la mano del Real Decreto 15/2017, todas aquellas sociedades que no modifiquen sus estatutos, a partir del día 7 de octubre, para incluir una “mención expresa de que el órgano de administración no ostenta la competencia” para trasladar el domicilio, podrán acogerse al 285.2 LSC y realizar el “traslado expres” a cualquier punto del territorio nacional, independientemente de lo que digan sus estatutos. Por tanto, a partir de ahora, prácticamente la totalidad de sociedades de capital pueden realizar estos traslados sin necesidad de convocar a la junta general.

Abajo el texto legal:

Artículo 285. Competencia orgánica.

  1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general.
  2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.

Disposición transitoria única.

Se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

 

NUEVO CRITERIO DEL REGISTRO MERCANTIL: CIERRE DE HOJA REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

El Registro Mercantil de Gipuzkoa (en adelante RMG) ha remitido a CIALT una comunicación, en la que informa que ha adoptado un nuevo criterio de actuación para la apertura de la hoja registral, en los casos en los que esta haya sido cerrada como consecuencia del incumplimiento de la obligación de realizar el depósito de cuentas anuales.

Dada la trascendencia del cierre de la hoja registral, hemos elaborado esta nota informativa que repasa, de forma resumida, las consecuencias de la falta de depósito de las cuentas anuales e informa del nuevo criterio del RMG.

  • CIERRE DE LA HOJA REGISTRAL

En virtud del artículo 279.1 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), las cuentas anuales se deben depositar en el Registro Mercantil (“RM”) dentro del plazo del mes siguiente a la fecha su aprobación. De no realizarse dicho depósito, de acuerdo con el artículo 282.1 de la LSC, finalizado el plazo indicado, no podrá hacerse inscripción alguna en el RM.

Asimismo, el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”) establece que, transcurrido un (1) año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el Registrador Mercantil cerrará provisionalmente la hoja registral de la sociedad.

Se considera que no han sido depositadas la cuentas cuando estas no hayan sido enviadas o presentadas para su depósito ante el RM o cuando, aun habiendo sido enviadas o presentadas, adolezcan de defectos que impidan su inscripción siendo calificadas como defectuosas.

  • EXCEPCIONES AL CIERRE DE LA HOJA

El artículo 378.5 del RRM contiene una excepción al criterio general de cierre de la hoja registral cuando las cuentas presentadas para su depósito hayan sido calificadas como defectuosas.

La excepción consiste en que no procederá el cierre registral si el motivo de la calificación como defectuosas, es la NO APROBACIÓN de las misma por la Junta General. Dicha circunstancia deberá acreditarse mediante una certificación del órgano de administración o una copia autorizada del acta notarial de la Junta General, que se presentarán en el RM antes de que finalice el plazo de un (1) año desde el cierre del ejercicio, y serán objeto de inscripción y publicación en el BORME.

  • LAS CONSECUENCIAS DEL CIERRE DE LA HOJA

La falta del depósito de cuentas o el cierre de la hoja registral conllevan la imposibilidad de practicar nuevas inscripciones en el RM, excepto que se trate de las operaciones relacionadas en el artículo 378 del RRM: títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes o liquidadores, nombramiento de liquidadores, revocación o renuncia de poderes, disolución de la sociedad o asientos ordenados por autoridad judicial o administrativa. Es importante destacar que, por no estar entre las excepciones, no podrán inscribirse los nombramientos de administradores, los otorgamientos de poderes o las liquidaciones de sociedades.

  • APERTURA DE LA HOJA Y NUEVO CRITERIO

Hasta la fecha, el RMG ha venido aplicando la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, expuesta en las Resoluciones de 3 de octubre de 2005 y 8 de febrero de 2010, para levantar el cierre provisional de la hoja registral cerrada por falta de depósito de cuentas.

Con arreglo a dicha doctrina, la reapertura de la hoja registral se ha venido practicando con la mera presentación o envío para su depósito de las cuentas anuales correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios sociales, independientemente de que su calificación posterior como defectuosas impidiera su inscripción definitiva.

El nuevo criterio que el RMG aplicará en adelante exigirá que el depósito de cuentas de estos tres (3) ejercicios sea EFECTIVO. Es decir, el RMG no abrirá la hoja registral y, por consiguiente, no realizará inscripción alguna, hasta que las cuentas anuales se depositen CORRECTAMENTE, no siendo suficiente para la apertura el envío o la presentación, pendiente de calificación, de las cuentas anuales.

INSTRUMENTO MULTILATERAL DE LA OCDE

El pasado 7 de junio de 2017, se produjo en París la firma del Instrumento Multilateral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por parte del representante español y otros Estados.

Este Tratado Internacional, tiene por objeto modificar los Convenios para evitar la Doble Imposición en Renta y Capitales (CDI) suscritos entre los diferentes Estados, para introducir diversas recomendaciones recogidas en los informes finales de las acciones del Plan BEPS, como cúspide del profundo proceso de análisis llevado a cabo en sede de la OCDE, sobre las prácticas fiscales desarrolladas por las grandes multinacionales, que ha tenido lugar en sede de la OECD.

La característica principal de este conjunto normativo internacional radica en la posibilidad de los Estados de escoger entre las múltiples redacciones previstas en el señalado Tratado. Ello permite a cada Estado, que se adhiera a esta Convención, modificar los preceptos recogidos en sus CDI suscritos, incorporando la redacción que estimen más oportuna.

Dentro de este Tratado multilateral, se encuentran recogidos varios preceptos que tienen una relevancia especial, dado que han sido considerados como “Estándar Mínimo” por parte de la OCDE, y deben ser adoptados por parte de los Estados que firmen el mismo si quieren obtener la calificación de “Estado fiscal cumplidor” por parte de esta organización.

La OCDE prevé que más de cien Estados soberanos se adhieran a este Instrumento Multilateral, provocando la modificación simultanea de cerca de dos mil CDIs suscritos entre los mismos.

Debe añadirse que, dadas las múltiples redacciones existentes en el Tratado sobre varios preceptos a modificar, dichas modificaciones únicamente producirán efectos en los Convenios suscritos entre los Estados siempre y cuando dichos Estados suscriban la misma redacción con respecto al precepto en cuestión.

Por ejemplo, puede ocurrir que el Reino de España adopte la versión A del artículo 5 y Francia adopte la versión B sobre ese precepto. En cambio, sobre el artículo 6 recogido en el Instrumento Multilateral puede que adopten la misma redacción. Con lo cual, únicamente se produciría la modificación del CDI suscrito entre España y Francia sobre el artículo que han adoptado la misma versión, esto es, volviendo al ejemplo, sobre el artículo 6 citado.

La entrada en vigor de este Tratado Internacional se producirá cuando se entregue el instrumento de ratificación del quinto Estado adherido al mismo. Este hecho puede haberse producido el mismo día de la firma, dadas las diferencias existentes en el procedimiento para la ratificación de Tratados Internacionales en la normativa de los diferentes países.

No obstante, las modificaciones en los CDIs, únicamente tendrán efecto en la medida que ambos Estados hayan ratificado esta Convención. Es de esperar, que la Administración Tributaria competente desarrolle versiones consolidadas sobre los CDIs modificados.

La reforma del sistema impositivo americano

El pasado 26 de abril, mediante un escueto comunicado, la administración Trump publicó las líneas maestras de la tan promulgada reforma del sistema tributario estadounidense. El objetivo de tales reformas se encontraba recogido en el programa electoral del presidente finalmente electo. Las modificaciones que se pretenden introducir afectan tanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas como al impuesto sobre las empresas (Business Income Tax), y difieren en parte de lo principalmente propuesto en el programa electoral debido a que no se encuentra excesivamente concretado.

La principal característica de las reformas, junto con las ya predicadas bajadas de los tipos impositivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre las empresas, radica en el cambio del sistema de imputación de las rentas obtenidas por las empresas. En la actualidad, el Business Income Tax grava la totalidad de las rentas obtenidas por las compañías estadounidenses a lo largo de globo, pudiendo deducirse el gravamen ya pagado en el extranjero por las rentas obtenidas en otros Estados, de tal manera que la estructura impositiva a este respecto es igual o similar a la que emplean la gran mayoría de Estados.

Sin embargo, las propuestas publicadas recogen la modificación del sistema de tributación, pasando así de un sistema de tributación de renta mundial, tal y como se ha explicado en el párrafo precedente, a un sistema de tributación sobre la renta territorial. Es decir, las empresas estadounidenses deberán tributar en EEUU única y exclusivamente por las rentas generadas en territorio norteamericano, y no por toda la renta generada en el exterior.

Asimismo, junto con la anterior medida, se prevé la introducción de un impuesto que grave la repatriación de rentas por parte de las empresas americanas con un tipo de impositivo del 10%, con el propósito de que los rendimientos obtenidos en el exterior sean únicamente gravados cuando los mismos sean repatriados a Estados Unidos.

Como contraparte a las medidas tendentes a rebajar la tributación de las empresas, el paquete de medidas recoge la eliminación de todas las deducciones existentes en la normativa societaria, dejando únicamente la deducción por investigación y desarrollo.

Por otro lado, en relación a las personas físicas, se reducen los tipos de gravamen existentes en la actualidad, simplificando su tributación y aumentando el crédito fiscal otorgado a los contribuyentes por la realización de declaraciones, ya sea individual o conjunta.

En definitiva, parece ser que las medidas que pretende introducir el Gobierno Estadounidense tienen visos de modificar sustancialmente la tributación de las rentas en su país. Sin embargo, habrá que esperar a la concreción normativa de las propuestas, para poder determinar así el impacto real que la misma va a suponer.

EL ICAC SE PRONUNCIA SOBRE EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64. BIS DE LA NORMA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Con fecha 29 de mayo de 2017, el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en ejercicio de la competencia conferida al mismo en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el artículo único del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, ha procedido a evacuar una contestación a la consulta formulada ante dicho Instituto, en relación al tratamiento contable que se debe aplicar a la operación consistente en la obtención del derecho a una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia, como consecuencia de la financiación de proyectos de Investigación y Desarrollo realizados en dicho Territorio Histórico.

Consulta en relación al tratamiento contable de la financiación de proyectos de Investigación

Para obtener dicha deducción, el artículo 64. Bis de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el Impuesto sobre Sociedades aplicable en el señalado Territorio Histórico (NFIS), requiere que el contribuyente que quiera ser acreedor del mencionado incentivo, participe en la financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo (Proyectos de I+D) que realicen otros contribuyentes, y que sean susceptibles, en estos últimos, de generar el derecho a la deducción prevista en los artículos 62 a 64 del mencionado texto legal.

Por otra parte, el artículo 39 de la NFIS establece que, cuando las deducciones a que dan derecho lo preceptuado en el artículo 64. Bis citado superen las cantidades aportadas a los Proyectos de I+D, se integrará en la base imponible de la entidad aportante de la mencionada financiación, la diferencia entre las deducciones aplicadas por dicha entidad y las cantidades desembolsadas a tal efecto.

Cuando las deducciones superen las cantidades aportadas se integrará en la base imponible de la entidad financiadora la diferencia entre las mismas

Para ilustrar la casuística planteada en la consulta formulada ante el ICAC, se parte del siguiente ejemplo: una empresa, llamémosle X, planea realizar un proyecto de investigación y desarrollo por importe de 1.000.000 de euros; dicho proyecto es susceptible de generar una deducción en concepto de I+D (artículo 62 de la NFIS) de 300.000 euros.

Por otra parte, otra entidad, llamémosle empresa Y, suscribe un contrato de financiación con la empresa X, por medio del cual aquélla se compromete a financiar a esta última el señalado proyecto con una cuantía de 250.000 euros. Dicho contrato de financiación faculta a la empresa Y para aplicar, en conformidad con lo señalado en el artículo 64. Bis citado, una deducción de 300.000 euros en su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades.

En relación a dicha operativa se formulan diversas cuestiones. En primer lugar, cómo debe contabilizar la empresa Y la aportación de 250.000 euros al proyecto de I+D a desarrollar por la empresa X. En segundo lugar, cómo debe contabilizar la empresa Y el efecto generado por la deducción, que la consultante califica como una rentabilidad financiero-fiscal, de 50.000 euros (diferencia entre lo aportado -250.000 euros-, y lo aplicado como crédito fiscal -300.000 euros-). Y, en tercer lugar, cómo debe contabilizar la empresa X la aportación de 250.000 euros recibida de la empresa Y para financiar el proyecto en cuestión.

Señala el ICAC, en relación con la citada consulta, que el “registro contable de las [mencionadas] operaciones debe realizarse atendiendo al fondo económico y jurídico que subyace en las mismas, con independencia de la forma empleada para instrumentarlas, una vez analizados en su conjunto todos los antecedentes y circunstancias de aquellas, cuya valoración es responsabilidad de los administradores, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los auditores de la sociedad”.

El registro contable de las operaciones debe realizarse atendiendo al fondo económico y jurídico que subyace en las mismas

Y en conformidad con dicha perspectiva, entiende el ICAC que “la realidad económica de fondo de los hechos descritos parecen consistir en el otorgamiento de una subvención a la empresa que realiza el proyecto I+D [en el ejemplo propuesto la empresa X] por medio de otra sociedad [en el ejemplo la empresa Y] cuyo incentivo en participar en la operación consiste en obtener una rentabilidad financiera por la diferencia entre el importe invertido (250.000 euros) y la deducción fiscal en el pago de impuestos (300.000 euros)”.

Y en línea con el planteamiento expuesto en la consulta citada, descrito en los párrafos precedentes, la empresa que realiza la aportación (empresa Y) “debe reconocer un activo por impuesto corriente”. Con posterioridad, “en la fecha del devengo del impuesto sobre sociedades, el valor en libros del activo corriente se ajustará para contabilizar el correspondiente ingreso financiero por diferencia entre el importe de la deducción y la cantidad entregada, y a continuación el citado activo se dará de baja con cargo a la cuenta 630, Impuesto sobre beneficios”.

La entidad que realiza el Proyecto de I+D contabilizará la operación aplicando por analogía los criterios para el reconocimiento de subvenciones

En lo que respecta a la entidad que realiza el Proyecto de I+D, es decir, la que recibe los fondos de la empresa Y por importe de 250.000 euros, “contabilizará la operación aplicando por analogía los criterios para el reconocimiento de subvenciones establecidos en la norma de registro y valoración 18ª. “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del Plan General de Contabilidad, (…), puesto que parece evidente que el objetivo último de la Administración en el caso planteado es financiar actividades de I+D, utilizando una forma diferente a la transferencia directa de sus fondos y diferente también a la aplicación de una deducción en la cuota del impuesto, eso es, que un tercero aporte financiación en efectivo, a cambio de reducir el impuesto corriente en la cantidad entregada más una rentabilidad [en el ejemplo propuesto dicha rentabilidad asciende a 50.000 euros]”.

Y acaba señalando la contestación del ICAC que “en la memoria de las cuentas anuales se deberá suministrar toda la información significativa sobre los hechos descritos en la consulta, con la finalidad de que aquellas en su conjunto reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa”.

Que decir tiene que, “mutatis mutandis”, lo dispuesto por el ICAC en lo que respecta al tratamiento contable de las operaciones que resultan de aplicar lo señalado en el artículo 64. Bis de la NFIS de Bizkaia, es trasladable a las operaciones que resultan de aplicar lo preceptuado en el artículo 64. Bis de la NFIS de Gipuzkoa y el artículo 62 de la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades de Navarra.

Resolución del ICAC sobre la deducción por financiar I+D de terceros