Posibilidad de materializar la RIC en la compra de activos destinados al alquiler vacacional

Posibilidad de materializar la RIC en la compra de activos destinados al alquiler vacacional

La Reserva para Inversiones en Canarias es, posiblemente, uno de los incentivos fiscales más atractivos para las empresas que operen en esta comunidad, ya que, permite una reducción del Impuesto sobre Sociedades en la parte de los beneficios que se destine a dotar una reserva para inversiones.

Se regula en el artículo 27 de la Ley 19/1994 de modificación del régimen Económico y Fiscal de Canarias y por su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1758/2007.

El incentivo se articula a través de una reducción en la base imponible del Impuesto de Sociedades (en el caso del IRPF, una deducción en cuota) equivalente a los beneficios generados en sus establecimientos en las Islas Canarias que se destinen a la constitución de una reserva para inversiones, con el límite del 80% de los beneficios no distribuidos generados en un año fiscal.

Las reservas deberán materializarse en un período máximo de tres años en la realización de inversiones iniciales destinadas a la creación o ampliación de un establecimiento en Canarias, a la diversificación de su actividad para elaborar nuevos productos o a la transformación sustancial de su proceso de producción. También se permite su materialización en inversiones para la creación de puestos de trabajo, en la adquisición de activos fijos que no puedan considerarse inversión inicial, o en la suscripción de determinados títulos de participación de capital de empresas que operen en Canarias, en la suscripción de determinados instrumentos financieros emitidos por entidades financieras o en adquisición de títulos de deuda pública de la Comunidad Autónoma o Corporaciones Locales canarias.

Recientemente, la Dirección General de Tributos, en contestación a varias consultas, ha dado el visto bueno a la materialización de la RIC en la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional.

En su respuesta a la consulta V3756-16, la Dirección General de Tributos determina los requisitos que son aplicables para poder efectuar esta materialización de la reserva en la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional:

  1. Esta inversión es apta para la materialización de la RIC, aunque ha de excluirse la parte correspondiente al suelo.
  2. Se refiere a la materialización de dotaciones procedentes de beneficios de periodos impositivos iniciados a partir de enero de 2015.
  3. Las viviendas deber estar afectas y ser necesarias para el desarrollo de una actividad económica realizada por el contribuyente.
  4. La empresa (o la persona física con actividad empresarial o el profesional) que quiera acogerse a este uso de la RIC debe darse de alta como empresa turística.
  5. La inversión debe materializarse en elementos que estén situados o sean recibidos en el archipiélago canario.

Respecto a la consideración del alquiler vacacional como actividad económica, aclara que el requisito se cumpliría en caso de que, junto con el arrendamiento, se presten servicios complementarios, por ejemplo, restauración, limpieza, lavado de ropa u otros análogos. A falta de estos servicios, también se cumpliría cuando para la ordenación de la actividad se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.

Lógicamente, la DGT indica que, además de estos requisitos, es necesario cumplir con los establecidos en el artículo 27 de la Ley 19/1994 que establece que el bien puede ser nuevo o usado pero que no haya sido utilizado para una aplicación anterior de la RIC, que la vivienda se tenga en actividad durante al menos cinco años y que la materialización se haga en un plazo de tres años desde que se hizo la dotación.

Marina de Felipe

Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Cuando se hace referencia al concepto “coche de empresa”, resulta muy común que el trabajador disponga de su vehículo tanto para uso privado como para uso empresarial. Por ello, la legislación contempla un trato diferenciado para el uso de vehículos con fines empresariales y particulares. Cuando se disfrute del vehículo para fines particulares, la renta se calificará como retribución en especie, mientras que, en otro caso, no tendrá tal consideración.

El problema, a efectos fiscales, se plantea a la hora de valorar el grado de utilización del vehículo para uno y otro uso, ya que, la normativa no contempla ninguna regla de distribución. Esto ha dado lugar a numerosas y dispares resoluciones administrativas, de forma que no se puede concluir la existencia de un criterio de reparto admitido por la Administración Tributaria.

La D.G.T ha manifestado, entre otras, en las Consultas Vinculantes de 26 de abril de 2011 y 9 de julio de 2013 que, en los supuestos de utilización parcial de un vehículo, se imputa retribución en especie si el trabajador, de acuerdo con la naturaleza y características de las funciones que desempeña, tiene facultad de disposición del vehículo para su uso particular. Las consultas no consideran relevante que exista o no una utilización efectiva. Con este criterio, la utilización del vehículo para fines particulares no exige un manejo efectivo del vehículo, sino que basta con que esté a disposición del trabajador para cubrir necesidades personales. Se considera que esto ocurre siempre que se encuentre fuera de su horario laboral.

Este criterio choca frontalmente con la posición de la Audiencia Nacional – sentencias de fecha 13 de abril del 2009 y, más recientemente, en la de fecha 8 de marzo del 2012 – que considera que el criterio de la disponibilidad debe ser modulado por las características del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador. Según la sentencia, debe atenderse a la efectiva utilización del bien y no a la mera facultad de disposición. El criterio se fundamenta en el tenor literal del artículo 43 LIRPF, que alude a la “utilización” y no a la “facultad de utilización”, por lo que, considera que el criterio de disponibilidad no resulta íntegramente trasladable en algunos supuestos.

Como hemos señalado, no existe precepto normativo que defina la forma de distribuir el uso del vehículo entre fines particulares y empresariales a efectos de determinar los rendimientos en especie en el IRPF. Esto provoca una gran inseguridad jurídica para trabajador y empresa. También genera discusiones en vía administrativa, cuando la Inspección comprueba el importe de los rendimientos en especie, y aumenta el número de recursos en vía contenciosa. La inseguridad es todavía mayor si tenemos en cuenta que no existe uniformidad de criterio dentro de la propia Inspección tributaria.

Laura Vírseda

Operaciones Vinculadas en IVA

Operaciones Vinculadas en el IVA

Si bien es conocido el régimen de operaciones vinculadas en el marco de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, no hay que olvidar que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA), también prevé que la Administración, en determinados casos tasados, pueda modificar la base imponible de una operación vinculada si considera que el precio convenido entre las partes vinculadas no es acorde a mercado.

En concreto, en el artículo 79.Cinco. de la LIVA se señala que “cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base imponible será su valor normal de mercado”

Los casos de vinculación, a efectos de IVA, son más amplios que los regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, la Administración sólo podrá modificar el valor convenido si concurre alguno de los 3 supuestos siguientes:

  1. Que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la contraprestación pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de libre competencia.
  2. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que no genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea inferior al valor normal de mercado.
  3. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea superior al valor normal de mercado.

Sólo en el caso de operaciones vinculadas en las que concurra alguno de estos supuestos y el precio pactado entre las partes no sea de mercado, podrá la Administración modificar la base imponible y la cuota del IVA.

Se entenderá por valor normal de mercado el necesario para adquirir los bienes o servicios en cuestión en ese mismo momento, en la misma fase de comercialización, en condiciones de libre competencia, a un proveedor independiente. En caso de que no hubiera operaciones comparables, el valor de mercado aplicado no podrá ser inferior al coste de adquisición de los bienes entregados o de los servicios prestados.

En resumen, lo que se intenta es evitar que, en las operaciones entre partes vinculadas, se fijen precios distintos de los de mercado que afecten al importe a ingresar en Hacienda por alguna de las partes intervinientes, cuando no tenga derecho a la deducción total del IVA soportado.

Por último, cabe destacar que las comprobaciones que se hagan en materia de operaciones vinculadas en el IVA no tienen por qué trascender este impuesto, al igual que las que se haga en materia del Impuesto sobre Sociedades no tienen por qué afectar al IVA. Por tanto, ajustes en un impuesto no llevan necesariamente aparejados ajustes en el otro.