NIIF 16 Arrendamientos. Nuevo tratamiento contable

NIIF 16 Arrendamientos. Nuevo tratamiento contable

La nueva Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 aprobada en enero del 2016 por el IASB (International Accounting Standard Board) va a suponer una novedad importante en cuanto a la contabilización de los arrendamientos operativos. La nueva norma que entrará en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 01 de enero de 2019 sustituirá a la actual Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17 y las interpretaciones asociadas a la misma.

El Plan General de Contabilidad (PGC) todavía no ha sido adaptado a la nueva norma internacional, de modo que, por ahora, dicha interpretación va a afectar exclusivamente a empresas cotizadas que apliquen normas consolidadas (empresas obligadas a aplicar las normas NIIF). No obstante, en los próximos meses, habrá que estar al tanto de los pasos que da el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en torno a la adaptación del PCG.

Hasta la fecha los arrendatarios a la hora de contabilizar los arrendamientos debían realizar un análisis previo con el objeto de determinar de si la operación en cuestión se trataba de un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. El primer tipo de arrendamientos tienen reflejo en el balance de la sociedad, mientras que en los segundos se registra el gasto por arrendamiento, sin incluir ningún activo o pasivo en el balance.

A partir de enero del 2019, para las empresas que aplican las NIIF, desaparecerá el “test de clasificación” actual, reconociéndose todos los alquileres en el balance de la sociedad como si fueran compras financiadas. La única excepción se regula para los arrendamientos a corto plazo (los que no incluye una opción de compra y la duración es inferior a 12 meses) y los arrendamientos de activos de bajo valor (no se regula un valor monetario en la nueva NIIF, pero en las conclusiones de la IASB se trató de 5.000 dólares), que podrán seguir contabilizándose directamente como gasto.

Desde el punto de vista práctico, ha de tenerse en cuenta que el arrendatario deberá contabilizar, por cada bien arrendado, un activo por el derecho de uso y un pasivo por las cuotas futuras a pagar por el arrendamiento, por tanto, aumentará el tamaño del balance con un nuevo activo, pero también aumentará su endeudamiento.

La nueva NIIF 16 no regula nada nuevo para los arrendadores que deberán mantener la actual práctica dual de clasificar los arrendamientos financieros y operativos.

Aunque la nueva norma no entra en vigor hasta el 2019, los departamentos financieros de las sociedades, durante los próximos meses tendrán que tomar decisiones contables importantes al respecto, que influirán en el importe del activo y pasivo a reconocer y serán determinantes en el modo en que se llevará a cabo la primera aplicación de la norma en el 2019.

El bloqueo societario - Los riesgos de constituir una sociedad al 50

El bloqueo societario: Los riesgos de constituir una sociedad al 50%

El principal riesgo de las sociedades en las que el capital está dividido a partes iguales entre dos socios o dos grupos de socios es el bloqueo de los órganos sociales. La reiteración constante de empates a la hora de votar bloquea el funcionamiento ordinario de la sociedad y esto puede derivar en una consecuencia grave: la disolución de ésta por la paralización de los órganos sociales recogida en el art. 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”).

Habitualmente sucede que dos personas deciden asociarse y constituir una sociedad al 50%, o que una mayoría reforzada otorgue poder de bloqueo a uno de los socios. Ambas situaciones son más propias de pequeñas y medianas empresas que de otro tipo de entidades. Si no se prevén mecanismos de desbloqueo nos podemos encontrar con que en un momento dado la sociedad se vuelva inoperativa, situación para la que la LSC prevé la disolución de la sociedad.

Aunque la ley se refiera a la paralización de los órganos sociales, la jurisprudencia ha reconocido que la única paralización insuperable es la de la Junta General, puesto que, si se da una paralización en el órgano de administración, la Junta, en aplicación de lo dispuesto en el art. 223 de la LSC puede cesarlo en cualquier momento.

Para la eficacia de este artículo se requiere que la “paralización” sea manifiesta, y tenga un carácter permanente, definitivo e insuperable, en el sentido de que se trate de una situación insalvable, sin que la paralización pueda ser meramente transitoria o puntual.

La Ley no detalla cuales son los hechos que indican el bloqueo de una sociedad, pero la evidencia más clara es imposibilidad de adoptar acuerdos, por insuficiencia permanente de quorum o por empates reiterados de votaciones, que tengan efectos relevantes en la marcha de la sociedad, como puede ser el nombramiento de administradores tras la caducidad o cese de sus cargos, la adaptación de los estatutos sociales impuesto por la Ley, o la no aprobación de medidas para remover una causa de disolución.

Respecto de la prueba de la paralización, se ha debatido si la aprobación de las cuentas anuales evidencia que no existe un bloqueo en la Junta. La Audiencia Provincial de A Coruña en Auto de 24 de noviembre de 2017, ha revocado la decisión del Juzgado de primera instancia, y ha determinado que la aprobación de cuentas anuales no impide la apreciación de la paralización de los órganos sociales, dado que se trata de un reconocimiento de la situación contable, patrimonial y financiera de la sociedad. La Audiencia, declara la disolución de la sociedad en cuestión reiterando la doctrina según la cual los elementos esenciales para apreciar la paralización de los órganos sociales son una situación de bloqueo insuperable y la pérdida de la affectio societatis o voluntad de los socios de permanecer en la sociedad.

En la práctica, el establecimiento de mecanismos antibloqueo se convirte indirectamente en una obligación de garantía en todas las sociedades, y en especial en aquellas que se constituyen por dos bloques a partes iguales. Como norma general, estas medidas antibloqueo se ven recogidas en un pacto de socios que se rige por el derecho de obligaciones, y que puede contener cláusulas como el sometimiento de la cuestión a arbitraje, el establecimiento de transmisiones obligatorias de las acciones o participaciones (opciones de compra, ruleta rusa, pacto andorrano, o subasta en sobre cerrado) o una cláusula de arrastre, mediante la cual uno de los socios puede obtener una oferta del 100% de la empresa y obligar a vender al otro.

Y como más vale prevenir que disolverse, y sobre todo mientras la Ley de Sociedades de Capital prevea como única solución la disolución, lo ideal es que, nada más constituir la sociedad los socios se reúnan y tomen medidas preventivas que apacigüen los momentos de crisis internas que puedan suscitarse entre ellos, mucho antes de que estas se produzcan.