cómo deben aplicar las empresas los resultados obtenidos en el ejercicio anterior

¿Cómo deben aplicar las empresas los resultados obtenidos en el ejercicio anterior?

En el mes de junio, las Juntas Generales de las sociedades de capital (cuyo ejercicio se haya cerrado el 31 de diciembre) tienen el deber de aprobar las cuentas del ejercicio anterior y decidir sobre la aplicación que ha de realizarse sobre el resultado obtenido.

Al respecto, y sin perjuicio de posibles autolimitaciones reguladas en los Estatutos Sociales de cada sociedad, la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) impone determinadas reglas para proceder a la aplicación del resultado.

En concreto, dependiendo de la situación patrimonial de la empresa, la aplicación del resultado positivo deberá ajustarse a las siguientes normas:

  • En el caso de que la sociedad no se encuentre en situación de desequilibrio patrimonial, la Junta deberá acordar, en primer lugar, dotar la Reserva Legal obligatoria, de manera que se destinará el 10 % del beneficio hasta que la Reserva Legal alcance el 20 % del capital.

En segundo lugar, una vez dotada la reserva legal o cubiertos los límites exigidos por esta, los socios podrán voluntariamente, proceder a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, dotar reservas de libre disposición, o bien distribuir los resultados en forma de dividendo.

  • Si, por el contrario, la sociedad se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial, es decir, cuando el Patrimonio Neto sea inferior a la cifra del Capital Social, el beneficio deberá destinarse de manera obligatoria a la compensación de pérdidas.

Este segundo escenario crea dudas de primacía entre dotar “en todo caso” la Reserva Legal obligatoria del artículo 274 de la LSC o compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. En este sentido, la doctrina mayoritaria y la Consulta nº 5 BOICAC nº 99/2014 se decantan por sanear en primer lugar la situación de desequilibrio. En cualquier caso, los acreedores no se verán perjudicados ante una u otra aplicación del resultado, ya que en caso de destinar dichos beneficios a la Reserva Legal (siempre que ésta no supere el 20%), la misma sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas.

En definitiva, a pesar de que la Junta de Socios, como órgano soberano, tiene la potestad decisoria sobre la aplicación del resultado, ésta se halla condicionada por imperativos legales que, en ocasiones, limitan su libertad de decisión.

Ainara Gómez Iglesias

Avances en materia de fiscalidad de la economía digital: el nuevo gravamen español a las tecnológicas

La planificación fiscal llevada a cabo por multinacionales para aprovechar de las lagunas en la interacción ente los distintos sistemas tributarios y minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar los beneficios a países o territorios de baja tributación en los que no se realiza ninguna actividad económica está generando una gran preocupación en todas las Administraciones tributarias.

Por este motivo, la OCDE recogió en el plan BEPS, publicado en julio de 2013, la Acción 1, que abordaba el desafío fiscal de la economía digital. Entendió BEPS que la economía digital responde a un proceso de transformación desencadenado por las TIC que afecta a todos los sectores económicos y que propicia la práctica de esquemas fiscales tendentes a minorar las bases imponibles.

Con aquel preludio se esperaba un nuevo informe de la OCDE para 2020 que tuviera como objetivo el consenso de los miembros. Sin embargo, desde la publicación de BEPS el debate en el seno de la OCDE parece avanzar muy lentamente, siendo obstaculizado en gran medida por EEUU y su política de “America First” que aboga por la atracción de la base imponible al país de residencia de las grandes tecnológicas.

Mientras tanto, los negocios basados en la utilización masiva de datos y algoritmos cada vez cuentan con más peso en la economía, a pesar del contexto global de crisis económica, desplome de los ingresos del sector público, y consecuente situación de déficit en que se encuentran la mayoría de los países.

En este contexto se plantea el debate sobre dónde crean valor estas compañías y en qué jurisdicción deben tributar las rentas que derivan de su actividad. Además del debate, se han acometido medidas fiscales unilaterales tanto a nivel global como dentro de la UE, que avanzan en sentido antagónico al Mercado Único Digital y la armonización fiscal pretendida por la Comisión.

En esta situación, la Comisión ha lanzado, con el apoyo de algunos Estados Miembros, entre los que está España, dos directivas con el fin de dar impulso a la causa: la Directiva del Impuesto Especifico de Servicios Digitales, concebida como una solución temporal y a corto plazo para comenzar a gravar determinados sectores de la economía digital, y la Directiva de Presencia Digital Significativa, pensada con un horizonte temporal más largo, y que sustituyendo al impuesto digital temporal trata de sentar las bases del concepto de Establecimiento Permanente Digital, de tal modo que una empresa pueda considerarse establecida en un Estado por el hecho de desarrollar en el mismo negocios digitales. La entrada en vigor de estas directivas está prevista para el 1 de enero de 2020, pero hasta el momento no se ha alcanzado la unanimidad necesaria para su aprobación por parte de los Estados Miembros, cuyas posiciones están encontradas por los distintos intereses comerciales. La medida del EP Digital requeriría, además, de un consenso internacional hoy inimaginable.

Por otra parte, la OCDE, en su Informe Intermedio de 2018, no promueve el optimismo. El contenido del informe parece más cercano a una declaración de intenciones que a un trabajo en el que se recogen grandes avances y da la sensación de que trata de posponer los avances a un futuro en el que se alcance el consenso necesario entre países.

Sin embargo, en el ámbito español, la coyuntura parece ser distinta. La firme defensa de la Directiva de Impuesto a los Servicios Digitales se ha visto acompañada de la necesidad de nuevas vías de financiación que pongan fin al déficit de la Seguridad Social y garanticen el sostenimiento del sistema público de pensiones. Esto ha dado a la administración el impulso definitivo para anunciar, el pasado abril, un gravamen sobre las compañías digitales. Se trataría de un impuesto análogo al recogido en la Directiva, sin que se hayan dado a conocer más detalles, y que se aprobaría con independencia de que finalmente se apruebe, o no, la directiva.

Queda por ver si los recientes cambios políticos y la política fiscal del nuevo Gobierno afectan a esta iniciativa y a su configuración final.

 

Marcos González Villarreal