La Diputación de Gipuzkoa impulsa el cine vasco mediante incentivos fiscales

La Diputación Foral De Gipuzkoa impulsa el cine vasco mediante incentivos fiscales

Esta semana, en la que se celebra el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ha sido la elegida por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la presentación del Anteproyecto de Norma Foral por la que se modifican los incentivos para el fomento de la cultura en el Impuesto sobre Sociedades.

La Diputación ha decidido apostar definitivamente por el cine guipuzcoano, que goza de buena salud, con reconocimientos nacionales e internacionales y que presenta un alto potencial de crecimiento. De esta forma se da respuesta al apoyo financiero que parte del sector audiovisual estaba reclamando a las Instituciones en los últimos tiempos.

Con el Anteproyecto, la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende dar un impulso definitivo a esta industria ofreciendo a los inversores en proyectos cinematográficos importantes incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. Se pretende adaptar la Disposición Adicional decimoquinta de la Norma Foral del Impuesto, que regula hasta ahora los incentivos para el fomento de la cultura, a los parámetros establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 332/01 sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual.

El Anteproyecto prevé la introducción de dos incentivos para el sector audiovisual:

  • El primero de ellos será de aplicación a inversiones en producciones españolas de largometrajes y series audiovisuales, estableciéndose una deducción en cuota del 30% sobre el coste de producción, gastos de obtención de copias y gastos de promoción. La deducción será del 40% para aquellas obras que se rueden en euskera. Para la aplicación de esta deducción se establece el requisito de que al menos el 50% de la deducción se corresponda con gastos realizados en la Comunidad Autónoma Vasca. También es necesario que la participación técnica o artística vasca sea de, al menos, cuatro personas y que el período mínimo de rodaje en el País Vasco sea de dos semanas. Asimismo, se establece que el importe máximo de deducción será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.El incentivo será de aplicación en el ejercicio en el que la obra audiovisual se estrene en las salas de cine, en televisión, o en similares medios, y no en el ejercicio en el que se realice la inversión.
  • El segundo de los incentivos es de aplicación sobre las inversiones en producciones extranjeras. Se establece una deducción en cuota del 25% de los gastos realizados en territorio de la CAV, siendo necesario que estos gastos asciendan al menos a un millón de euros y que el coste total de la producción supere los dos millones de euros. Al igual que para el caso anterior, la deducción máxima será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.

En ambos casos, la base de deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas.

El Anteproyecto establece que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2019, aunque la exposición de motivos recoge que la aplicación de los incentivos queda supeditada a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario.

Estamos sin duda ante una buena noticia para el cine en general y sobre todo para las obras que se rueden en euskera.

Para aquellos interesados en ampliar la información sobre estos incentivos, desde CIALT nos comprometemos a poner a su disposición la experiencia que hemos adquirido en los últimos años en la gestión fiscal de diversos proyectos audiovisuales.

Deben los administradores pedir permiso a los socios para gravar activos esenciales

¿Deben los administradores pedir permiso a los socios para gravar activos esenciales?

La reforma para la mejora del gobierno corporativo, que entró en vigor a finales del 2014, amplió las competencias de la Junta de Socios o Accionistas (“Junta”), entre otros supuestos, para autorizar “la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales

La aplicación de este precepto, contenido en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), ha dado lugar a muchos problemas de interpretación respecto de los bienes que pueden constituir activos esenciales para una sociedad. Por otra parte, la norma tampoco especifica cuáles son los negocios jurídicos que requieren de dicha autorización y, por tanto, en qué supuestos los administradores deben convocar a los socios para que legitimen sus actuaciones.

En este contexto, una de las cuestiones que mayor debate ha generado ha sido si la norma exige, o no, la autorización de los socios para la constitución de gravámenes sobre activos esenciales requiere.

Es decir, ante actos que no supongan una adquisición o enajenación inmediata (como ocurre con la constitución de una hipoteca), pero cuya ejecución futura puede producir esa circunstancia, ¿deben los administradores solicitar autorización a la Junta?

Si bien una interpretación literal de la norma no exige el permiso de la Junta para la constitución de gravámenes o cargas sobre activos esenciales, son muchos quienes opinan que es imprescindible obtener este consentimiento en el momento de su constitución, dado que en el momento de su ejecución la enajenación del activo ya no depende de la voluntad de la sociedad.

Al respecto, la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN”), en Resolución de 22 de noviembre de 2017, analiza la negativa del Registrador de la Propiedad de inscribir una escritura en la que, el administrador único de la SL constituye una hipoteca sobre una finca, para garantizar precisamente el préstamo destinado a financiar su compra. Aunque la Junta había autorizado expresamente la adquisición de la finca no había autorización expresa para hipotecarla.

A juicio de la DGRN, la adquisición de la finca y su posterior gravamen están íntimamente ligados y, en consecuencia, no se trata de la disposición de un activo esencial, sino de su adquisición con detracción de la deuda hipotecaria. Por ello, revoca la calificación del Registrador, entendiendo incluida en la autorización de la Junta para la adquisición de la finca, el permiso de esta para constituir la hipoteca que garantiza la financiación señalada.

La Resolución de la DGRN no especifica si este supuesto de compra y gravamen simultáneo es el único caso en el que se exime de autorización de Junta, o si, por el contrario, los gravámenes están excluidos del art.160 de la LSC con carácter general.

Por todo ello, ante la imprecisión de la DGRN y la disparidad de criterios doctrinales al respecto, parece lógico que, por el momento, sean muchos quienes sigan requiriendo del acuerdo de la Junta para la formalización e inscripción de gravámenes sobre activos esenciales.

Nuevo pago fraccionado en el Impuesto sobre Sociedades de los Territorios Históricos Forales

Nuevo pago fraccionado en el Impuesto sobre Sociedades de los Territorios Históricos Forales

Este año, los territorios forales han establecido una nueva obligación tributaria para las sociedades que se adhieren a la normativa foral. Se trata de la obligación de efectuar, antes del 25 de octubre, un pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio que se convirtió en curso el 1 de octubre de cada año.

Se excluye de esta obligación a las entidades que, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, tienen la consideración de microempresas o pequeñas empresas y los requisitos que tributan al tipo del 1 por 100 y del 0 por 100.

El importe del pago fraccionado es del 5 por 100 de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del último ejercicio presentado. De este importe, se deducirán las retenciones y los ingresos a cuenta soportados en el ejercicio citado. El importe resultante fue el pago fraccionado a ingresar.

Aquellas entidades a las que no les resulta un pago fraccionado positivo a ingresar no están obligadas a presentar ninguna declaración por este concepto.

La declaración y el ingreso del pago fraccionado se han registrado por los modelos aprobados por la Administración y se presentan obligatoriamente por medios telemáticos. Los modelos usan el modelo 203 para empresas individuales y el modelo 223 para grupos consolidados.

Aquellos contribuyentes que tributan en varias Administraciones, en proporción a su volumen de operaciones, ingresan al pago fraccionado en todas ellas.

Desde CIALT nos ponemos a vuestra disposición para cualquier consulta a través del teléfono 943 31 18 66 o enviando un email a cialt@cialt.com.