La limitación de la exención por los dividendos percibidos por las empresas españolas de filiales extranjeras

La limitación de la exención por los dividendos percibidos por las empresas españolas de filiales extranjeras

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Podemos para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado que incluye una batería de medidas que abarcan diversas materias. Entre esas medidas se desliza la posible limitación de la exención de los dividendos percibidos que procedan de empresas filiales o entidades participadas domiciliadas en el extranjero.  En palabras del Gobierno, esta medida tiene la previsión de recaudar cerca de alrededor de 1.000 millones de euros.

En la actualidad, el artículo 21 LIS (artículo 33 de las NFIS de los distintos Territorios Forales), permite la exención de los dividendos percibidos de sociedades nacionales o extranjeras, siempre que se ostente, directa o indirectamente, una participación en el capital social del 5%, que se mantenga dicha participación al menos durante un año de forma continuada, y que la sociedad que reparte los dividendos tribute en el Impuesto sobre Sociedades, u otro de naturaleza análoga, a un tipo nominal superior del 10%. En los Territorios Forales, además, se exige que los beneficios distribuidos procedan de actividades empresariales, por lo que, es necesario que, al menos, el 85 por 100 de los ingresos del ejercicio de la entidad que reparte el dividendo procedan de la realización de este tipo actividades. Hay que señalar que el objetivo de la exención es evitar que se produzca una doble imposición de los beneficios.

La propuesta presentada por el Gobierno y Podemos consiste incluir en la base imponible del Impuesto el 5% sobre el monto de los dividendos percibidos de fuente extranjera. Este incremento de la base se realiza en concepto de gastos no deducibles en el impuesto derivados de la gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.

A este respecto la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, permite la adopción de este tipo de medidas siempre que no se exceda de un 5 % de los beneficios distribuidos por la sociedad filial.

Analizando la normativa de otros Estados miembros, esta medida es un reflejo de las limitaciones ya existentes en países como Alemania o Francia. En el caso de este último, la normativa fiscal francesa establece una exención del el 95% de los dividendos netos de las filiales que tributan en el Impuesto sobre Sociedades o en un impuesto de naturaleza análoga. Hay que subrayar que se hace tributar el 5% del dividendo neto percibido, esto es, una vez descontado del dividendo bruto el impuesto pagado en el Estado donde la sociedad que distribuye el dividendo está domiciliada. Para la aplicación de la exención, se exige la participación mínima del 5% en el capital social de la entidad filial y el mantenimiento continuado de la participación durante al menos 2 años.

En el caso de Alemania, la normativa del Impuesto sobre Sociedades permite la exención total de los dividendos percibidos por sociedades alemanas siempre y cuando ostenten una participación mínima en el capital social del 10% y cumplan con el requisito de su mantenimiento temporal. Sin embargo, sí establece una obligación de aumentar en la base imponible incluyendo el 5% del dividendo bruto percibido en concepto de gastos empresariales no deducibles. A efectos prácticos, nos encontramos también con una limitación de la exención de los dividendos percibidos del 5%, con la diferencia de que, en Francia, se tiene en cuenta para el cálculo el dividendo neto y, en Alemania, el dividendo bruto.

Por otro lado, debe señalarse que, a diferencia de la propuesta para España, en el caso de Francia y Alemania, la limitación de la exención se aplica tanto para los dividendos de fuente extranjera como para los dividendos de empresas nacionales, evitando vulnerar la normativa comunitaria.

La adopción de esta medida supondría un obstáculo para la internacionalización de las empresas españolas porque desincentiva la inversión en empresas en el extranjero. En el caso de las grandes empresas, esta medida se añadiría a la limitación, ya existente, a la aplicación de la deducción por doble imposición internacional recogida en el último apartado de la disposición adicional decimoquinta de la LIS.

Todavía se desconocen los términos finales de la medida que se quiere implantar, por lo que no podemos opinar sobre su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación, ni con las medidas contenidas en los Convenios internacionales para evitar la doble imposición.

También es pronto para conocer cuál va a ser la posición que van a adoptar las Territorios Forales en relación con esta medida. En cualquier caso, si no establecieran una limitación similar en la exención de los dividendos extranjeros, las empresas de estos territorios estarían en una situación más beneficiosa que las entidades de Territorio Común.

Si su empresa tiene inversiones en el extranjero y tiene dudas sobre esta cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que le ampliemos esta información.

Cierre de la Hoja del Registro Mercantil

Cierre de la Hoja del Registro Mercantil

Cuando constituimos una sociedad, y el Registro Mercantil (“RM”) procede a inscribirla, abre una hoja registral (la “Hoja”) en la que se van anotando todos actos inscribibles que ocurren durante la vigencia de la sociedad. No obstante, el incumplimiento de algunas obligaciones mercantiles o tributarias puede dar lugar, además de a una sanción económica, al cierre de la Hoja de la sociedad.

CAUSAS

El supuesto de hecho más común es la (i) falta de depósito de cuentas transcurrido un año desde que se cerró el ejercicio. Es decir, si el ejercicio social fuera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, y el día 31 de diciembre de 2018 las cuentas del ejercicio 2017 no han sido presentadas, el RM cerrará la Hoja, salvo que la sociedad acredite que las cuentas anuales no se han podido depositar por no estar aprobadas por la Junta general. También se producirá el cierre de la Hoja si la Administración Tributaria acuerda (ii) la baja provisional en el Índice de Entidades, por falta de presentación de las declaraciones del impuesto de Sociedades de los tres últimos ejercicios.

CONSECUENCIAS

El cierre de la Hoja supone la imposibilidad de inscribir cualquier documento presentado tras la fecha de cierre. Circunstancias como un cambio de domicilio, ampliaciones de capital, otorgamiento de poderes o nombramientos de auditores o Administradores no tendrán acceso al RM, y no gozarán de los beneficios de la fe pública registral.

EXCEPCIONES A LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS

Como excepción a lo antedicho, en el caso de que el cierre de la Hoja únicamente estuviera motivado por la falta de depósito de las cuentas, el Registrador inscribirá (i) el cese o dimisión de Administradores, Gerentes, Directores generales o Liquidadores (nunca el nombramiento), (ii) la revocación o renuncia de poderes, (iii) la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores (nunca la liquidación), y (iv) los asientos ordenados por las Autoridades judiciales o administrativas.

¿CÓMO SE SUBSANA ESTA SITUACIÓN?

Si el cierre de la Hoja lo causó la falta de depósito de cuentas, la sociedad deberá depositar las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios.

Si el motivo fue la baja en el Índice de Entidades, deberá presentar las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades pendientes (liquidando en su caso la deuda con la Administración), y un escrito dirigido a la Administración Tributaria solicitando el alta de la sociedad en el Índice de Entidades.

Desde CIALT, le ayudamos a poner al día las obligaciones mercantiles y tributarias de todo tipo sociedades, así como a solventar las situaciones que hayan causado el cierre de la Hoja, para que solo se preocupe de su negocio y pueda seguir operando sin obstáculos.

El Tribunal Supremo declara exenta la prestación por maternidad

El Tribunal Supremo declara exenta la prestación por maternidad

Muy recientemente, el 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo, en su sentencia número 1462/2018, se ha pronunciado sobre la interpretación correcta del artículo 7 h) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto a la prestación por maternidad y unifica la doctrina contradictoria que existía hasta ahora.

El artículo 7 h) establece que estarán exentas las prestaciones familiares reguladas en el Capitulo IX del Título II del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.”

El mismo artículo en su párrafo tercero dice Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” y el artículo finaliza diciendo que También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Interpretando literalmente este precepto, la Administración ha venido aplicando la exención a las prestaciones públicas por maternidad percibidas únicamente de las entidades de las Comunidades Autónomas o entidades locales. Por su parte, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de la Seguridad Social se consideraban como rentas percibidas de una incapacidad temporal que sustituía la renta correspondiente al trabajo del contribuyente. Por lo tanto, se interpretaba que tributaban en el IRPF como renta del trabajo.

Pues bien, en su sentencia, el Tribunal supremo ha ido más allá de la literalidad del artículo 7 h) de la ley y lo interpreta a partir de lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003 que fue la que estableció la exención. En esta, se enumeran las prestaciones públicas exentas. Entre ellas incluye, junto a las prestaciones por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, la prestación por maternidad, sin hacer distinción del órgano público del que se perciban. De este modo, el Tribunal llega a la conclusión de que el legislador sí ha querido incluir la prestación por maternidad dentro entre las rentas exentas del tercer párrafo del artículo 7 h.

En cuanto al párrafo cuarto del artículo 7 h), el Tribunal entiende que “trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”. Es decir, el Supremo interpreta que la prestación por maternidad no se limita a las concedidas únicamente por las administraciones de las comunidades autónomas o entidades locales, sino que abarca a todas las entidades públicas que concedan prestaciones por este concepto.

La Sentencia concluye diciendo que establece como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

Este pronunciamiento del Tribunal Supremo afecta a todos los contribuyentes que hubiesen percibido rentas a cargo de la Seguridad Social por maternidad. Ahora van a poder reclamar a la Administración las cantidades que abonaron en exceso durante los ejercicios no prescritos. Como regla general, podrán solicitar las devoluciones correspondientes al IRPF de los cuatro últimos ejercicios presentados.

¿Quieres recuperar la devolución?

Si has sido madre a partir del 2014 y quieres solicitar la devolución de la prestación por maternidad ingresada ante la Agencia Tributaria o en su caso, ante las Haciendas Forales correspondientes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cialt@cialt.com o si lo prefieres contactando con nosotros en 943 31 18 66.

Libe Agirre