El Consejo General del Poder Judicial publica las estadísticas sobre duración media de los procedimientos judiciales

El Consejo General del Poder Judicial publica las estadísticas sobre duración media de los procedimientos judiciales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho públicos por primera vez en su historia los datos correspondientes al tiempo medio estimado que cada órgano judicial tarda en resolver los procedimientos judiciales. Estos datos estadísticos, elaborados por el servicio de Estadística Judicial, tratan de determinar la duración media de los procesos ante un órgano judicial clasificados por el tipo de procedimiento llevado a cabo y la materia sobre la que trata el mismo.

Entre las bondades de los datos estadísticos publicados se encuentra la posibilidad de consultar el tiempo estimado de respuesta, expresado en meses, atendiendo al órgano y orden jurisdiccional, el tipo de procedimiento o materia y ámbito geográfico de los últimos 10 años. En lo que se refiere al sistema utilizado para la obtención de los valores publicados, en palabras del CGPJ “para efectuar el cálculo del plazo medio estimado, se ha utilizado un modelo matemático a partir de las cifras de asuntos ingresados, resueltos y en trámite al comienzo de cada periodo en cada órgano judicial.”

Entrando al análisis de los datos estadísticos, y en lo que se refiere al ámbito tributario, se puede observar que la duración media de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo, bajo la modalidad aplicada desde su modificación por medio de la L.O. 7/2015, ha ido disminuyendo durante los 2 años de su vigencia, pasando desde los 6 meses de duración media en el 2016 a los casi 4 meses (3,8 meses) de duración media en el ejercicio 2017. A nuestro parecer, esta cifra no refleja la realidad dado que en la gran mayoría de los casos analizados por la firma se puede apreciar que la duración de estos procesos, desde la interposición del recurso hasta su terminación, ha sido superior a un año.

Por el contrario, los procedimientos de única instancia ante el Alto Tribunal, como puede ser el recurso contencioso administrativo contra las Resoluciones de la Junta Arbitral del Concierto Económico Vasco o Convenio Navarro, tienen una duración media hasta 5 veces más larga que los anteriores, alcanzando hasta los 25,2 meses.

En lo referido a los asuntos en materia tributaria conocidos por la Audiencia Nacional, se puede observar una tendencia bajista en la duración procedimientos judiciales, esto es, desde los casi 30 meses de duración media del procedimiento en el año 2008 hasta los casi 25 meses de promedio existentes en el año 2017. En nuestra opinión, a pesar de observarse una tendencia positiva en lo que se refiere al plazo de finalización de los procesos, la duración de este tipo de procedimientos judiciales sigue siendo excesiva, pudiendo prolongarse el conflicto sobre liquidaciones dictadas por la Administración durante un extenso periodo de tiempo que puede abarcar hasta 15 años desde su declaración.

Por último, en lo que respecta a los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas, resulta reseñable señalar la gran diferencia en la duración de los procedimientos judiciales sobre materias tributaria existente atendiendo a la Comunidad Autónoma que se trate. Los TSJ de Baleares (2,7 meses), Castilla la Mancha (8,6 meses), y Galicia (8,7 meses) son los territorios que tienen una duración media de los procedimientos más baja. En el lado opuesto de la balanza, los TSJ de Cataluña (31,9 meses), Comunidad Valenciana (24,8 meses) y Castilla y León (17,8) han sido los territorios que han tenido los procedimientos de duración más prolongada durante los últimos años.

Con la publicación de estos datos, el CGPJ ha cumplido con los acuerdos recogidos convenio de colaboración suscrito con la organización no gubernamental Transparencia Internacional España el pasado 7 de septiembre, que tiene como objetivo aumentar la transparencia de la Administración de justicia española.

Enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales/

Cómo se puede asegurar el cumplimiento de un pacto de socios o protocolo familiar

¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de un pacto de socios o protocolo familiar?

Los pactos de socios son instrumentos realmente útiles para que los propietarios de una sociedad puedan regular cuestiones tan relevantes como el futuro de la compañía, las formulas para articular la salida de socios, o las reglas por las que regirán los órganos de gobierno.

En el ámbito de la empresa familiar, es muy habitual que, con el fin de concretar y ordenar la sucesión de la propiedad del grupo familiar, los socios o accionistas suscriban pactos de este tipo, denominados protocolos familiares.

En este sentido, cabe recordar que los pactos de socios (o en su caso, protocolos familiares) son acuerdos extraestatutarios de naturaleza contractual, sujetos a la voluntad de las partes, que se rigen por la normativa de derechos y obligaciones del Código Civil. Esto permite que puedan incluir cuestiones que no podrían regularse en Estatutos Sociales, por tratarse de pactos demasiado complejos o detallados que escapan de las limitaciones impuestas por la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), y, por consiguiente, no tienen acceso al Registro Mercantil (“RM”).

En consecuencia, la principal debilidad que se achaca a los protocolos familiares se debe al alcance de su eficacia y en las consecuencias de su incumplimiento. Dado que se trata de acuerdos entre socios, a priori, su cumplimiento no puede imponerse a terceros (entre los que se encuentra la propia sociedad) y, por tanto, únicamente podrán ser exigibles entre las partes que los hayan suscrito.

La Dirección General de Registros y Notariado (“DGRN”), en Resolución de fecha 26 de junio de 2018, se ha pronunciado sobre la posibilidad de incluir, como prestación accesoria a la condición de socio, la obligación de cumplir con lo dispuesto en el pacto extraestatutario, ratificando su validez y dotando así a estos últimos de la fuerza ejecutiva de la que gozan los Estatutos Sociales.

Con ello, la DGRN da luz verde a la inclusión de este tipo de acuerdos extraestatutarios en la esfera mercantil, de manera que obliguen, no solo a quienes los hayan suscrito, sino a todos aquellos que en el futuro pasen a ser propietarios de la compañía.

Mediante esta fórmula, la doctrina de la DGRN confirma lo que, en la práctica, ya se venía aplicando. Considera válida la cláusula estatutaria que prevea ligar a la condición de socio, el cumplimiento de un pacto. De suerte que, el socio que en el futuro adquiera participación en la sociedad e incumpla dicha prestación, no solo estará sometido a los remedios contractuales en él previstos, sino que, además, podrá verse excluido de la sociedad, por el incumplimiento de una prestación accesoria.

Los prestamistas pagarán el AJD de los préstamos hipotecarios desde mañana

Los prestamistas pagarán el AJD de los préstamos hipotecarios desde mañana

En la cascada de acontecimientos desatados desde que se dictasen, por parte de la Sección Segunda de la Sala Tercera, las Sentencias del Tribunal Supremo 1505/2018, de 16 de octubre; 1523/2018, de 22 de octubre y 1531/2018, de 23 de octubre, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 17/2018, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RDl).

Por medio de este texto legislativo, se modifica el artículo 29 del citado Texto Refundido, especificando que “cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”.

Esta modificación entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del RDl en el BOE, es decir, mañana día 10 de noviembre de 2018.

Adicionalmente, el RDl modifica el artículo 15 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, que regula los gastos fiscalmente no deducibles, para indicar que, “con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley” no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades “la deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales”.

Por lo tanto, los bancos, que se convertirán en sujetos pasivos del AJD en préstamos hipotecarios formalizados a partir de mañana, no podrán deducirse el gasto derivado del pago del impuesto en los ejercicios siguientes.

Esta modificación afecta a los préstamos hipotecarios que se formalicen sobre bienes inmuebles situados en Territorio Común.

Por lo tanto, para todos aquellos bienes sobre los que se formalicen garantías hipotecarias situados en los Territorios Históricos del País Vasco y de Navarra, la situación permanece inalterada.

Eneko Rufino Bengoechea

La Hipoteca del Tribunal Supremo

La “Hipoteca” del Tribunal Supremo

Es por todos sabido que, el pasado 16 de octubre de 2018, la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó la sentencia nº 1505/2018, en la que, tras declarar la nulidad del número 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, determinó que el sujeto pasivo de la cuota gradual de la modalidad de Documentos Notariales del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (en adelante, AJD), en los supuestos de escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria, era el prestamista, y no el prestatario.

Este criterio, reiterado por sentencias de la misma Sección de los días 22 de y 23 de octubre, supuso un giro jurisprudencial con respecto a la postura que el propio tribunal había venido manteniendo de forma reiterada los años precedentes.

En este contexto, el Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó, en el ejercicio de la potestad que el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé, y dada la “enorme repercusión económica y social” del asunto, avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de los recursos pendientes sobre la materia. El objetivo era que el Pleno decidiera si dicho giro jurisprudencial debía ser o no confirmado.

Esta situación y la dimensión social que la misma adquiere, generaron una situación de inseguridad jurídica poco deseable que penalizó de forma clara a las operaciones desarrolladas en un sector fundamental para consolidar la inversión y la recuperación económica.

Conviene señalar, a estos efectos, que el mero giro jurisprudencial no implica, per se, una vulneración del principio de seguridad jurídica, interpretado, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, como la suma de valores como la legalidad, certeza, publicidad normativa, e interdicción de la arbitrariedad que debe acompañar al tráfico mercantil en aras del adecuado desarrollo económico. No obstante, el singular desarrollo de los acontecimientos, la especial sensibilidad desarrollada por la ciudadanía, y la propia puesta en escena de las instituciones judiciales han contribuido, desafortunadamente, a provocar un revuelo mayúsculo que nos ha acompañado hasta la celebración del Pleno el día 5 de noviembre.

Asimismo, el tratamiento que la prensa ha dado a la cuestión ha propiciado una mayor crispación. Se ha enfocado el asunto como una batalla entre consumidores y entidades financieras; mientras que, las Administraciones Tributarias han sido las grandes beneficiadas al haber logrado mantenerse al margen de la controversia. Se daba por hecho que, de pronunciarse el Pleno bendiciendo el nuevo criterio y admitiendo los efectos retroactivos de la Sentencia, la Administración podría girar el impuesto a los bancos liquidando el impuesto sin mayor limitación que la sujeción al plazo de prescripción. Nada más lejos de la realidad. A mi juicio, existirían fundamentos jurídicos de peso para entender que las entidades financieras podrían pleitear contra estas hipotéticas liquidaciones practicadas por la Administración como repetición de la devolución de ingresos indebidos que los prestatarios, sujetos pasivos del AJD hasta la fecha, instarían contra las Comunidades Autónomas.

Sin ir más lejos, podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2018, en la que se exponen ciertas implicaciones del principio de confianza legítima en materia tributaria. En ella se concluye que a un contribuyente no se le pueden exigir impuestos “pasados” por el hecho de haberse producido un cambio de criterio, ya que la exigencia de un impuesto, “en cuanto expresión de un cambio de criterio imprevisible, habría vulnerado la confianza legítima del contribuyente”.

Sea como fuere, resultaba claro que el pronunciamiento judicial del Pleno nos mantenía a todos a la expectativa, no solo por las implicaciones jurídico-técnicas que la cuestión albergaba, sino por el deseo de descubrir la reacción del Tribunal Supremo como garante de los derechos de los contribuyentes ante este embrollo sin precedentes.

Llegada la fecha de celebración del Pleno, y habiéndose extendido la deliberación de los Magistrados durante dos intensas jornadas, la posición adoptada por el Tribunal no ha podido ser más desalentadora y controvertida: El Alto Tribunal, dividido al máximo, ha vuelto a rectificar su jurisprudencia, desautorizando el criterio adoptado el pasado 16 de octubre por la Sección 2ª, y dictando que es el prestatario del contrato de préstamo hipotecario el sujeto pasivo del AJD.

Sin perjuicio de que aún se desconozcan los aspectos técnicos relativos al fondo del asunto, que en su momento valoraremos, la primera conclusión que se puede sacar es el perjuicio que han sufrido, tanto la credibilidad de la propia institución, como la seguridad jurídica que esta garantiza, debiendo lamentar el sainete que se ha representado en el órgano situado en la cúspide del Poder Judicial español. La falta de precedentes cercanos y los intereses implicados han contribuido a la suspicacia de la generalidad de contribuyentes y ha generado una preocupante animadversión hacia la institución.

Es por ello que el público ha puesto en solfa la reacción del Tribunal, habiéndose interpretado como desconsiderada con los consumidores y proteccionista con la banca. El desarrollo de los hechos ha supuesto que, de 6 recursos idénticos, se hayan dirimido 3 en un sentido y, otros 3, en sentido contrario en un periodo de 15 días. Además, la Sala no ha dirimido los efectos de las sentencias de octubre, sino que ha entrado a discutir el fondo del asunto en una materia propia del ámbito tributario. En este sentido, no parece razonable entender que el Pleno de la sala presenta un mayor grado de idoneidad para decidir sobre aspectos de esta índole que la Sección 2ª, especializada en materia tributaria. Es más, y dicho sea con el debido respeto, se podría plantear, incluso, la capacidad de los magistrados de las demás secciones para conocer y decidir en torno a esta especialidad.

Sin embargo, a mi juicio, no conviene poner en entredicho la independencia, profesionalidad y objetividad de jueces y magistrados, más allá de la necesaria aclaración técnica de determinados extremos de esta serie de sentencias. Lo que entiendo es que se debería prestar la atención que merece el cuidado de la integridad, imagen, y buen nombre del poder judicial en aras del reconocimiento social de esta institución.

Sería deseable que se evitara que el conjunto de los ciudadanos perciba que el Tribunal Supremo ha hipotecado su credibilidad y legitimidad a favor de intereses terceros, habiendo desprestigiado de forma lamentable la Sección 2ª de la Sala que tan importante papel viene jugando en la protección de los derechos de los contribuyentes en los últimos tiempos.

Marcos González Villarreal

La Junta General de Socios - Existe la posibilidad de desconvocarla

La Junta General de Socios: ¿Existe la posibilidad de desconvocarla?

Pese a la ausencia de una regulación legal específica, la doctrina y la jurisprudencia han admitido la posibilidad de desconvocar la Junta General, convirtiéndolo en un hecho posible, lícito y admisible en la práctica societaria.

Sin embargo, siguen existiendo dudas en torno esta cuestión, relacionadas con la legitimidad, la forma o el procedimiento que debe seguirse para a realizar correctamente la desconvocatoria y evitar incurrir en responsabilidades.

COMPETENCIA

La competencia para desconvocar la Junta corresponde a aquellas personas físicas o jurídicas que, teniendo la facultad de convocarla, lo hayan hecho efectivamente. Pensamos en un primer lugar en los administradores de la sociedad, teniendo en cuenta que, en caso de que fueran solidarios, deberá desconvocar la Junta el mismo administrador que la haya convocado.

También, pueden existir casos en los que la Junta haya sido convocada por otros sujetos, como liquidadores (convocatorias en sociedades en liquidación), registradores (convocatorias registrales) o letrados de la administración (convocatorias judiciales). Para estos casos rige la misma norma, y por tanto, será el liquidador, registrador o letrado correspondiente el único sujeto habilitado para desconvocar válidamente la Junta.

FORMA Y PROCEDIMIENTO

El procedimiento para desconvocar correctamente la Junta pasa por seguir los mismos pasos que se realizaron para convocarla (establecidos en los Estatutos Sociales o, en su defecto, en la Ley de Sociedades de Capital). Es decir que, si los socios fueron convocados mediante anuncio en la página web de la sociedad, o mediante correo certificado con acuse de recibo, habrá que utilizar la misma vía para desconvocarla. Todo ello sin perjuicio de poder utilizar un método adicional más garantista, como el envío de un burofax o un correo electrónico, además del medio utilizado en la convocatoria.

CAUSA

Para respetar el legítimo interés de los socios y la transparencia en la gestión de la sociedad, la desconvocatoria deberá incluir el hecho o justa causa que la motiva.  De este modo, se evitan las desconvocatorias provocadas por el abuso del derecho o la administración desleal, entre otros.

En resumen, la desconvocatoria de la Junta General será válida siempre y cuando se realice respetando las formalidades observadas para su convocatoria, y siempre que se comunique la causa que la motiva.

Toda cuestión relacionada con esta materia puede ser analizada desde CIALT para resolver cualquier duda y/o proponer la mejor solución a los problemas derivados de las convocatorias y desconvocatorias de Junta.

Ainara Gómez Iglesias