ALCANCE DEL CONCEPTO “INTERESES LEGITIMOS” A EFECTOS DE INSTAR LA RECTIFICACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IRPF

El artículo120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), posibilita que “Cuando el obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente”.

Como se puede apreciar de lo expresado por el mencionado precepto, un aspecto clave para dilucidar cuando se puede instar una rectificación de una autoliquidación consiste en delimitar el alcance que debe darse a la expresión “intereses legítimos”.

Pues bien, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su resolución de fecha 8 de mayo de 2014, para unificación de doctrina, ha aclarado el alcance que debe darse a la citada expresión.

La situación de hecho analizada por el TEAC en la citada resolución se centra en un determinado contribuyente al que le fue notificada una liquidación provisional por el IRPF, motivada porque la Administración tributaria no consideraba correcta la aplicación, por parte de aquél, del mínimo familiar por descendientes en relación con su hija, ya que ésta había presentado la autoliquidación en nombre propio por el citado Impuesto, declarando rentas superiores a 1.800 euros y con resultado a devolver1.

El citado contribuyente promovió una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional correspondiente (TEAR), solicitando que se anulara la declaración de su hija, reintegrando la devolución percibida por la misma y manteniendo en su propia autoliquidación las reducciones por descendientes aplicadas. Dicha reclamación se formuló al amparo de lo preceptuado en el artículo 120.3 anteriormente transcrito, en el entendido en que dicho contribuyente consideraba que la forma de proceder de su hija, presentando la autoliquidación del IRPF, había ocasionado un perjuicio en sus intereses legítimos, dado que la posibilidad de practicar la deducción por mínimo familiar en la autoliquidación de los padres suponía, comparativamente, una ventaja frente a la devolución procedente en la autoliquidación de la hija. En base al citado argumento, el TEAR estimó la reclamación, anulando la autoliquidación de la hija y simultáneamente la liquidación practicada al mismo por la Administración tributaria.

Frente a la resolución del TEAR, la Directora del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó ante el TEAF recurso extraordinario para la unificación de doctrina, en la medida en que consideraba que dicha resolución era errónea ya que, siguiendo el criterio mantenido por la Dirección General de Tributos en contestación a consulta vinculante de fecha 29 de junio de 2005 (número V 1646-05), ”en casos como el que nos ocupa la presentación de la autoliquidación por parte de quien no estaba obligado a ello no ha perjudicado sus intereses legítimos pues el resultado final de la presentación de dicha autoliquidación fue la obtención de una devolución tributaria, sino que los intereses legítimos perjudicados son los de sus ascendientes que han visto cómo no pueden practicar en sus propias declaraciones las correspondientes deducciones por descendientes”.

Así las cosas, el TEAC a la hora de abordar el recurso en cuestión considera que el debate debe articularse en torno al alcance de la expresión “intereses legítimos”. Y para ello, haciendo uso de la argumentación esgrimida por el TEAR en su resolución, considera que “la determinación del alcance de esta expresión “intereses legítimos” ha sido abordada y resuelta por reiterada doctrina jurisprudencial –entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de septiembre y 23 de diciembre de 2002 y de 22 de abril de 2004- que exige para que pueda defenderse la concurrencia de “intereses legítimos” que la declaración pretendida por el interesado suponga para él un beneficio o utilidad, siquiera sea instrumental o de efecto indirecto, sin que sea suficiente el mero interés por la legalidad (sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio 1986 y 31 de mayo 1990). Igualmente nuestro Alto Tribunal ha declarado, reproduciendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que el interés legítimo equivale a la titularidad actual o potencial de una posición de ventaja o de utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar tal pretensión, y que implica o supone que la anulación del acto o actos que se recurran produzca de modo inmediato un efecto positivo –o beneficioso- o un efecto negativo –o perjudicial- actual o futuro para el interesado (sentencias 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1997, entre otras). De esta manera específica ha señalado que no puede defenderse que la anulación del acto impugnado constituye en sí misma la satisfacción de un interés legítimo, siendo, por el contrario, la clave para la determinación de si existe o no un interés legítimo, la constatación de que la anulación del acto impugnado pueda producir un efecto positivo en la esfera jurídica del denunciante o puede eliminar una carga o gravamen en esa esfera”.

A su vez, el propio TEAC nos aclara que si bien el IRPF considera como contribuyente al individuo, no es menos cierto que se trata de un impuesto de naturaleza personal que tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Por lo que estas últimas circunstancias deben ser objeto de valoración en orden a delimitar el reiteradamente citado “interés legítimo”.

Por todo ello, el TEAC en su resolución llega a la conclusión que el citado “interés legítimo” queda acreditado en el caso enjuiciado, dando soporte a la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el descendiente, “en cuanto que la posibilidad de practicar reducciones por mínimo familiar en la autoliquidación del contribuyente/ascendiente supone, comparativamente, una ventaja frente a la devolución procedente de la autoliquidación cuya rectificación se solicita, y todo ello considerando las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, del conjunto de la familia del contribuyente en la que se integra, determinando un beneficio económico en los obligados tributarios, quienes, de otra manera, verían en efecto perjudicados sus intereses”.

A mayor abundamiento considera el TEAC que, “al no estar obligado el descendiente a presentar declaración, el hecho de presentarla no puede considerarse como una “opción” sometida a la regulación del artículo 119.3 de la LGT, sino que estamos ante el ejercicio de un derecho, el de solicitar y en su caso obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, derecho previsto en los artículos 31 y 66 y siguientes de la LGT al que el contribuyente puede renunciar, estando prevista la renuncia de los derechos en que se fundamente la solicitud como un modo más de terminación de los procedimientos tributarios, en este caso, del procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación”.


1Conviene precisar que, conforme a lo regulado en el artículo 61 de la Ley 35/2006 del IRPF, y más concretamente en su Regla 2ª: “No procederá la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes o discapacitados, cuando los ascendientes o descendientes que generen el derecho a los mismos presenten declaración por este Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros”.
   

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