IMPLICACIONES FISCALES PROCEDENTES DE LA NULIDAD DE LAS “CLÁUSULAS SUELO”

Muchas han sido las dudas respecto al tratamiento fiscal que las Haciendas iban a otorgar a los importes que sean percibidos a causa de la nulidad de las llamadas “cláusulas suelo”.

Resumidamente, la cuestión es que, aquellas personas que hubieran sido perjudicadas por este tipo de cláusulas son ahora acreedoras de las entidades financieras con quien tuvieran suscrito un contrato de préstamo financiero, por el importe de los intereses que se hubieran pagado de más. A ello, además, habrá que añadir los intereses de demora surgidos por el tiempo transcurrido entre los pagos indebidos y su restitución.

En este sentido, y con el fin de encontrar una solución a este problema, se ha aprobado un Decreto Foral urgente, en cada uno de los tres Territorios Históricos, que  modifica la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cada uno de ellos. Estos Decretos han sido el resultado de las reuniones celebradas en las pasadas semanas en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, cuya finalidad fue, en todo momento, llegar a un acuerdo común armonizado entre los tres territorios.

Por lo tanto, vamos a centrar nuestro discurso en el tratamiento fiscal que las Haciendas Forales han decidido dar a aquellas percepciones, restitutivas y compensatorias, que procedan de la nulidad de las cláusulas suelo, así como su efecto para el contribuyente.

En primer lugar, cabe preguntarse si la devolución del exceso de intereses y/o el pago de intereses de demora van a suponer algún tipo de rendimiento a efectos de IRPF a declarar en el ejercicio en que los mismos sean percibidos.

Por otro lado, una gran parte de los préstamos afectados han sido destinados a financiar una vivienda, ya sea habitual o no. Para los casos de adquisición de vivienda habitual, la normativa relativa a IRPF, en cada uno de los Territorios Históricos, prevé que los intereses pagados por la utilización de capitales ajenos pueden ser objeto de deducción. Por lo tanto, la pregunta que surge en segundo lugar es, si tenemos que corregir las declaraciones de IRPF relativas a ejercicios anteriores, en la medida en que los intereses que ahora nos son restituidos se han tenido en cuenta para el cómputo total de las deducciones correspondientes a cada ejercicio y, en tal caso, cómo hacerlo.

Además, hay que advertir de que, cuando el inmueble no sea nuestra vivienda habitual, a efectos de IRPF, puede darse el caso de que se perciba un rendimiento de capital inmobiliario por la explotación del mismo, o el mismo puede estar afecto a una actividad económica. En estos casos, para determinar el rendimiento neto, deben tenerse en cuenta los intereses financieros satisfechos por la utilización de capital ajeno, de manera que, al igual que antes, la duda que surge es sobre el efecto tributario que va a suponer la reversión de los pagos indebidamente realizados a las entidades financieras.

Pues bien, una vez planteadas estas cuestiones, señalamos a continuación las medidas que contienen los Decretos Forales.

 

Los intereses indebidamente satisfechos, ahora devueltos

 

A este respecto, las Haciendas Forales permitirán que todos los intereses devueltos por las entidades financieras a las personas afectadas queden exentos de tributación en IRPF. Lo contrario supondría una clara vulneración del principio de no confiscatoriedad, amparado por cada una de las Normas Forales Generales Tributarias de cada uno de los Territorios Históricos, así como por el artículo 31 de la Constitución Española. Y, tan es así que, en caso de que no quedase exenta dicha percepción, nos encontraríamos en la tesitura de que se consideraría gravable la devolución de un importe que nunca debió ser pagado. Es decir, el importe que se percibe ahora es una mera restitución de un importe que nunca debió salir de nuestro patrimonio personal.

Imaginemos, por ejemplo, que vamos a una librería a comprar un libro que figura en el estante con un precio de 20 euros. Vamos a la caja, y lo pagamos. Inmediantamente, nos damos cuenta de que nos ha cobrado de más, porque el precio que figura en el libro es de 15 euros, y no de 20, como figuraba en el estante. Se lo comunicamos al dependiente, y éste, sin objeción alguna, procede a devolvernos los 5 euros que nos había cobrado en exceso. Aquí, ni siquiera nos planteamos si la mera devolución de los 5 euros constituye una renta susceptible de gravamen, ¿Verdad?

Por lo tanto, el contribuyente no deberá incluir en su autoliquidación de IRPF los importes percibidos en concepto de devolución de intereses indebidamente pagados.

 

Los intereses de demora como compensación

 

Claro está, que las entidades bancarias tendrán que abonar a los afectados, además del exceso de intereses, unos intereses de demora, como compensación por el perjuicio financiero que se les ha causado. Puede decirse que su razón de ser es el perjuicio que se ha causado al prestatario, en tanto que no ha podido disponer de esos fondos, desde el día en que se efectuó el pago indebido, hasta el día en que se produzca su restitución.

Como norma general, los intereses de demora tributan en IRPF como ganancias patrimoniales, ya que se entiende que los mismos provocan una alteración, o variación, en el patrimonio del contribuyente. No obstante, esta vez, las Haciendas van a ser benevolentes, dejando exentos estos “rendimientos”, es decir, que el contribuyente afectado no tendrá que incluir en su declaración de la renta ningún importe de esta naturaleza.

 

La vivienda habitual: deducciones a rectificar

 

Donde no van a ceder las Administraciones es en las deducciones practicadas por adquisición de vivienda habitual, para cuyo cálculo se hayan tenido en cuenta los intereses excesivos anteriormente pagados, y que ahora son devueltos. Es decir, vamos a tener que devolver aquello que hayamos deducido de más, eso sí, solo durante los últimos años no prescritos. En este sentido, debemos tener en cuenta que el plazo de prescripción comienza a computarse desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de presentación de autoliquidación de IRPF.

Pues bien, en este sentido, según lo dispuesto en el citado Decreto, para regularizar las deducciones aplicadas en exceso, se deberá sumar, a la cuota líquida devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado acuerdo con la entidad financiera, la parte de la base de deducción que se corresponda con el exceso de intereses pagados en los últimos años no prescritos. De esta manera, conseguimos ajustar las deducciones que nos hayamos practicado en exceso, en correlación con los intereses que finalmente son efectivamente pagados.

 

Bienes Inmuebles diferentes de la vivienda habitual: gastos deducibles a rectificar

 

Según la normativa de IRPF, a efectos de calcular el rendimiento neto de capital inmobiliario, ya sea procedente de una vivienda, o de un inmueble distinto de vivienda, tendremos que tener en cuenta los intereses satisfechos por la utilización de los capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación o mejora, de los mismos. Lo mismo ocurre en aquellos casos en que los inmuebles se encuentren afectos a una actividad económica.

Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, tenemos la obligación de restituir a Hacienda la parte de cuota que se corresponda con todos aquellos intereses pagados en exceso que consideramos como gasto deducible en ejercicios anteriores, y que ahora nos devuelven. A diferencia del supuesto anterior, en estos casos, los citados gastos deberán ser revisados mediante declaraciones complementarias, es decir, prestando una nueva declaración para cada ejercicio  en la que se disminuya el exceso de gasto financiero. Lo cual, según el Diputado alavés, se hace con el fin de evitar que los contribuyentes puedan verse perjudicados por el carácter progresivo del impuesto, y evitar así que aumente el tipo medio.

A este respecto, lo que tenemos que ajustar, no es una deducción, como en el apartado anterior, sino el rendimiento neto, ya sea de capital inmobiliario o de la actividad económica, declarado, traduciéndose tales ajustes en un menor gasto y, consecuentemente, en un aumento de la base imponible general o del ahorro, dependiendo del caso concreto. Por lo tanto, podría suceder que, al declarar un rendimiento neto mayor, saltásemos al siguiente tramo de la tarifa del IRPF. Es por ello que, corrigiendo año a año las declaraciones no prescritas, mediante declaraciones complementarias, el efecto tributario va a ser menos gravoso que si llevásemos a cabo la regularización de todos los ejercicios en una sola declaración. No obstante, también es cierto que el esfuerzo requerido al contribuyente es mayor, en tanto que no podrá regularizar su situación mediante la corrección de una única declaración tributaria.

Por otra parte, como norma general, este tipo de declaraciones son  consideradas extemporáneas, y conllevan el pago de recargos e intereses de demora. No obstante, las Haciendas Forales sí van a dar aquí una tregua al contribuyente, en el sentido de que no le van a exigir ninguno de estos conceptos, ya que admite que la presentación fuera de plazo se realiza por circunstancias ajenas a su voluntad.

 

Plazo de regularización

 

Una vez dicho todo lo que antecede, para llevar a cabo una correcta regularización de nuestra situación para con Hacienda, tendremos que tener en cuenta los plazos para efectuarla. A este respecto, tal y como se desprende de la redacción de los tres Decretos Forales, se ha pronunciado el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos del Territorio Histórico de Álava apuntando que, “la regularización debe llevarse a cabo en el mismo ejercicio en que los contribuyentes lleguen a acuerdos con las entidades financieras o se aprueben sentencias judiciales o laudos arbitrales, es decir, deben tenerse en cuenta en la Campaña de la Renta del año posterior”.

Cabe señalar que, la regularización del exceso de deducciones por adquisición de vivienda habitual deberá llevarse a cabo en la autoliquidación correspondiente al ejercicio en que tenga lugar el acuerdo con la entidad bancaria, que se presenta al año siguiente. Es decir, si por ejemplo llegamos a un acuerdo con el banco en 2017, deberemos regularizar nuestra situación en la autoliquidación relativa a dicho ejercicio, que se presentará en junio de 2018.

Asimismo, la regularización concerniente al rendimiento neto, de capital inmobiliario o de actividades económicas, a través de declaraciones complementarias deberá realizarse a partir del momento en que tenga lugar el acuerdo con la entidad bancaria. El plazo concedido a tal efecto, será el comprendido entre la fecha del acuerdo, y el día en que finalice el siguiente periodo de presentación de autoliquidación del impuesto.

CUANDO TRES SON MULTITUD: HACIENDA Y EL DIVORCIO

Cuando un matrimonio se rompe, además de las complicaciones propias del proceso de separación, Hacienda puede ser un tercero en discordia que complique aún más el ya de por sí desagradable lance.
Hacienda y el divorcio
Además, no podemos obviar una realidad cada vez más habitual como es la proliferante concesión de custodias compartidas por parte de los jueces, cuestión que evidentemente debe considerarse un avance pero que económicamente puede suponer un auténtico drama.
Con el fin de arrojar un poco de luz sobre las implicaciones fiscales que puedan derivarse de una separación o divorcio, en estas breves notas resumiremos los aspectos más relevantes a tener en cuenta de cara al IRPF de los cónyuges.

La tributación conjunta:

Para empezar, es necesario tener en cuenta que los cónyuges ya no podrán hacer la declaración conjunta en el año en el que se hayan separado, ya que el IRPF tiene en cuenta la situación personal a 31 de diciembre.

A partir del momento en que se produzca la separación legal sólo se considerará unidad familiar, que pueda optar por la tributación conjunta, a la formada por un progenitor y todos hijos, según acuerdo entre ambos progenitores.

Si no existe acuerdo, constituirá unidad el progenitor a cuyo cuidado se hayan atribuido los hijos de forma exclusiva por resolución judicial. Podrán existir dos unidades familiares cuanto, en virtud de resolución judicial, se atribuya el cuidado de hijos de forma exclusiva a los dos progenitores.

Por lo tanto, hay que advertir que en los supuestos de custodia compartida será imprescindible el acuerdo entre los progenitores para la atribución a uno de ellos del derecho a formar unidad familiar con los hijos.

Observación: Cuidado con no llegar a un acuerdo y aplicar la reducción los dos progenitores. Hacienda contrastará el dato con gran facilidad, y llegará una paralela sin perjuicio de la posible sanción.

La pensión compensatoria y por alimentos al cónyuge:

La pensión compensatoria, es la cantidad establecida por decisión judicial, que un cónyuge debe entregar al otro cuando con el divorcio o la separación se genera un desequilibrio económico.

Por otro lado, el juez también puede decidir que se establezca la obligación del pago de una pensión de alimentos en favor del cónyuge.

Tanto una pensión como la otra, tienen el siguiente tratamiento tributario:

  • El perceptor de la pensión debe declarar el importe recibido como rendimiento de trabajo.
  • El pagador podrá aplicar una reducción con un límite máximo establecido por la propia base imponible del contribuyente, ya que de la aplicación de la reducción no puede derivar una base negativa.

Ante la inclusión en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria del divorcio de mutuo acuerdo de forma extrajudicial ante Notario o Secretario Judicial, parece lógico pensar que las reducciones serán también aplicables para aquellos divorcios en los no haya resolución judicial. No obstante, para su aplicación será necesaria una modificación del texto normativo.

Deducción por anualidad de alimentos a los hijos:

Se aplica por las cantidades fijadas por decisión judicial que paga un contribuyente para satisfacer las necesidades indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de sus hijos.

El contribuyente podrá aplicar una deducción del 15% de las cantidades abonadas, con un límite que oscilan desde 175,50 euros por el primero de los hijos y 566,40 euros fijados para el quinto hijo y cada uno de los sucesivos.

De cara a acreditar el derecho a la aplicación de los incentivos fiscales de la pensión compensatoria como la de alimentos, es necesario acreditar la existencia de una resolución judicial y un justificante del pago de dicha pensión. Por ello, es recomendable efectuar los pagos a través de medios que dejen rastro, con el fin de poder justificarlos frente a Hacienda.

Vivienda

La vivienda suele ser un elemento clave en todo proceso de divorcio. Así, en los casos en que uno de los cónyuges decida vender el 50 % de la vivienda a su expareja, el primero puede estar obligado a tributar por la ganancia patrimonial que se pueda derivar de dicha venta, suponiendo una cuota de IRPF de entre el 20-25% por ciento de la ganancia obtenida.

En determinados casos, una alternativa a la venta puede ser deshacer el proindiviso, no resultando tributación alguna. ¿Cómo? Simplemente liquidando la sociedad de gananciales que se puede hacer sin esperar a la demanda de divorcio, presentando en el juzgado las capitulaciones matrimoniales (únicamente se tributa AJD, por el 0,5% sobre el valor total del inmueble).

Una vez dividida la cosa común, podrán decidir si venden el inmueble o bien, extinguen el proindiviso adjudicándose un tanto por ciento del bien compensándose las desigualdades que pudieran generarse¹.

Deducción por Adquisición de vivienda habitual:

¿Cuándo considera Hacienda que una vivienda es habitual? Cuando el contribuyente resida en ella durante un periodo continuado de tres años.

¿Qué sucede si uno de los cónyuges cambia su domicilio como consecuencia de un proceso de separación? ¿Pierde el derecho a la deducción?¿Tiene que devolver las deducciones aplicadas hasta la fecha?

La normativa prevé que se mantendrá la consideración de vivienda habitual aun cuando se produzca la separación matrimonial antes del cumplimiento del plazo de tres años, no exigiendo por lo tanto regularizaciones en relación con lo deducido hasta entonces. A partir de dicha fecha, si deja de residir en la misma, perderá tal carácter.

No obstante, el contribuyente que esté obligado por el juez a pagar la hipoteca de la casa en la que vive su hasta entonces cónyuge con los hijos comunes, podrá seguir aplicándose la deducción del 18% de su aportación al pago de la hipoteca, además de la deducción que le pueda corresponder por adquisición o alquiler de la vivienda en la que él viva.

Hacienda permite la aplicación simultánea de las deducciones por alquiler/ adquisición de la vivienda de los hijos y la deducción correspondiente a la propia.

Si por el contrario, el juez acuerda la custodia compartida y se establece la vivienda de los hijos en la vivienda familiar, produciéndose el traslado alternativo de los progenitores, éstos deberán optar entre las viviendas que hayan ocupado para establecer cuál de ellas constituye su vivienda habitual a los efectos de aplicar la deducción, no pudiendo aplicar la deducción, por adquisición o alquiler, por dos viviendas.

Es evidente que los acontecimientos que se suceden en los procesos de separación son complejas y variadas. La clave está en asesorarnos para conocer cuáles son los efectos tributarios que puedan derivar de las mismas, con el fin de conseguir que Hacienda no sea un problema añadido más a un proceso de por sí, ya complicado.


¹ A este respecto, hay que advertir que en caso de que uno de los cónyuges se quede con la vivienda y compense con una cantidad en metálico al otro, si algún día decide vender esa vivienda, probablemente deberá tributar por la variación patrimonial que se produzca.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Apartamento turístico
El auge del turismo en nuestro entorno durante los últimos años ha provocado un aumento en la oferta de los arrendamientos de apartamentos para uso turístico. Este tipo de servicio está siendo gestionado por el propio titular del apartamento, o bien mediante la cesión del uso de los inmuebles a empresas (o agentes) para que sean éstas últimas las que gestionen los arrendamientos en nombre de los propietarios. El presente artículo trata de resumir los efectos que produce este tipo de prestación de servicios en el IVA y en el IRPF del propietario del inmueble. A su vez, se mostrará la diferencia existente entre la tributación del arrendamiento turístico respecto al de vivienda al uso (de larga temporada).

En lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido indicar que una persona se considera empresario por el mero hecho de arrendar un inmueble. Ahora bien, los arrendamientos, cuando los inmuebles se destinan al uso de vivienda, están específicamente exentos de IVA. Por tanto, en los casos en los que los propietarios gestionen directamente el arrendamiento de la vivienda con los consumidores finales, no deberán repercutir el IVA.

Ahora bien, la exención no se extiende para aquellos casos en los que el arrendador se obligue a la prestación de algunos de los servicios complementarios propios de la industria hotelera, tales como los de restaurante, limpieza durante la estancia, lavado de ropa u otros análogos. Por tanto, cuando el arrendador se obligue a prestar los servicios indicados, en la factura deberá repercutirse el IVA correspondiente. Es preciso destacar que ciertos servicios mínimos como son los de limpieza o cambio de ropa en la entrada y salida del periodo contratado en arrendamiento, no se consideran a estos efectos como servicios complementarios propios de la industria hotelera, por lo que de realizar únicamente los servicios mínimos indicados, la prestación de arrendamiento seguirá estando exenta de IVA.

A su vez, indicar que en la actualidad muchos propietarios optan por ceder el uso de las viviendas a sociedades, para que sean éstas últimas las que realicen la gestión y prestación de los arrendamientos. En estos casos, las personas físicas tendrán que emitir factura con IVA por la cesión de las viviendas a las sociedades que las gestionan.

Para una correcta relación con Hacienda es clave conocer el tratamiento de IVA a aplicar a tu arrendamiento.

Por tanto, a efectos del IVA, lo primordial es determinar el servicio que se está ofreciendo, dado que si es exclusivamente el del uso de vivienda al usuario final, el mismo estará exento de IVA (con independencia de si el arrendamiento es turístico o de larga duración), mientras que si prestamos servicios adicionales, como los mencionados anteriormente, o cedemos su uso a una sociedad, tendremos que emitir factura con IVA.

En relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un arrendamiento se considerará de vivienda cuando la misma constituya para el arrendatario su vivienda habitual. Para el resto de los casos, los arrendamientos se entienden diferentes a los de vivienda, como es el caso de los arrendamientos de apartamentos turísticos.

La diferencia entre ambos arrendamientos no es baladí, dado que, si bien constituyen rendimientos de capital inmobiliario, los arrendamientos de vivienda se incluyen en la base imponible del ahorro, aplican una bonificación del 20% sobre los rendimientos obtenidos (sin permitirse la deducción de ningún gasto), y tributan a un tipo impositivo cuya escala oscila entre un 20 y un 25%. Mientras que, los rendimientos de los arrendamientos de apartamentos turísticos se deben incluir en la base imponible general junto con otros rendimientos como son los del trabajo (aunque sí se permite la deducción de ciertos gastos relacionados directamente con el arrendamiento) y tributan al tipo general del Impuesto.

Este hecho supone que el coste fiscal asociado al arrendamiento de apartamentos turísticos no sólo vendrá determinado por la renta que se haya generado por el propio alquiler, sino que también tendrá en cuenta la percepción de rendimientos de otro tipo que dicha persona perciba a lo largo del año, entre otros, los rendimientos del trabajo.

Los arrendamientos de apartamentos turísticos pueden provocar que lo que paguemos por nuestro IRPF sea más de lo esperado.

Consecuencia de lo anterior, para personas físicas con importantes rendimientos del trabajo, la inclusión de rentas procedentes del arrendamiento de apartamentos turísticos, puede aumentar considerablemente su coste fiscal, dado que el tipo de gravamen en el IRPF para estos tipos de rendimientos es creciente. En estos casos es interesante analizar la situación de cada contribuyente para determinar si es posible la utilización de otras alternativas que puedan provocar de manera segura una rebaja de la factura fiscal asociada a las rentas procedentes de los arrendamientos turísticos.

En los casos en los que el contribuyente esté realmente prestando servicios complementarios propios de la industria hotelera, las rentas procedentes de los arrendamientos se considerarían a efectos del IRPF rendimientos de actividades económicas, por lo que se integrarían en la ya mencionada base imponible general a un tipo de gravamen con escala gradual.

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Gipuzkoa considera exentas en IRGF las participaciones empresariales

GIPUZKOA VUELVE A CONSIDERAR EXENTAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RIQUEZA Y LAS GRANDES FORTUNAS LAS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES

Con fecha 21 de septiembre de 2015, se somete al trámite de información pública el Anteproyecto de Norma Foral de reforma del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (Acceso al Texto)

Las medidas más importantes, aplicables ya en el ejercicio 2015, son las siguientes:

  • Se implanta la exención para las participaciones en determinadas entidades así como para los elementos afectos aactividades económicas en sustitución de la bonificación del 75% que resultó de aplicación en los ejercicios 2013 y 2014.
  • Los bienes inmuebles se computarán en la base imponible por su valor catastral (se elimina la fórmula del mayor valor de tres: catastral, comprobado y adquisición).
  • Las acciones y participaciones se computarán en la base imponible por su valor teórico (se elimina la fórmula del mayor valor de tres en las no auditadas: valor nominal, valor teórico o valor de capitalización al 20% del promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios).
  •  Se modifica la tarifa del Impuesto en el siguiente sentido:

tabla

*Se destacan en rojo las variaciones sobre la aplicable en el 2013 y2014.

Por último, no se recupera el conocido “escudo fiscal”, esto es, en Gipuzkoa seguirá sin existir un límite conjunto para la cuota del Impuesto y la del IRPF, aunque el preámbulo del texto parece dar a entender que se estudiará en el futuro, puesto que expresamente señala que no se dan por finalizadas las modificaciones normativas de la tributación sobre el patrimonio, ya que se debe incidir más en la armonización del mismo.

Nuevos tipos de retención en IRPF 2015

NUEVOS TIPOS DE RETENCIÓN APLICABLES DESDE EL 12 DE JULIO DE 2015

El 11 de julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.

A través de este Real Decreto-Ley, junto a otras medidas relacionadas con el sector energético, se adelante 6 meses la segunda fase de la rebaja del IRPF prevista para 2016. De esta manera se reducen, con efectos 2015, en medio punto los puntos marginales de los diferentes tramos, tanto de la base general como de la del ahorro. Asimismo, se declaran exentas determinadas ayudas públicas para mitigar la tributación de determinados colectivos.

Esta reforma del IRPF no afecta a las personas físicas con residencia en el País Vasco y Navarra.

En paralelo, el Real Decreto-Ley 9/2015, con efectos desde el 12 de julio de 2015, modifica también los tipos de retención aplicables tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades. Debe advertirse, que en virtud de lo dispuesto en el Concierto Económico, en los Territorios Históricos del País Vasco deben aplicarse los mismos tipos de retención vigentes en territorio común para rendimientos de actividades económicas, rendimientos de capital mobiliario y a las ganancias patrimoniales (premios y transmisión de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva).

Por ello, los tipos de retención aplicables tanto en territorio común como en el País Vasco en el ejercicio 2015 son los siguientes:

Tipo rendimiento Hasta  11/7/2015 Desde el 12/7/2015 2016
Actividades profesionales 19% 15% 15%
Activ. econ. 2 prim. Ejer. 9% 7% 7%
Capital mobiliario 20% 19,50% 19%
Ganancias IIC 20% 19,50%  (20%) (1) 19% (20%) (1)
Arrendamientos inmuebles 20% 19,50% (20%) (1) 19% (20%) (1)
Premios 20% 19,50% 19%
IRNR art. 19.2 y 25 a) f) 20% 19,50% 19%

(1)    El Concierto Económico no obliga a los Territorios Históricos del País Vasco a aplicar los mismos tipos de retención que en territorio común. No obstante, los tipos aprobados en el País Vasco siempre han coincidido con los de territorio común. Habrá que ver si las Diputaciones Forales reducen o no al 19,50% y/o al 19% (según el año) el tipo de retención tanto para los rendimientos derivados del arrendamientos de inmuebles como para las ganancias de IIC.

AVISO PARA INDECISOS

Las respectivas Normas Forales de correcciones técnicas aprobadas en los Territorios Forales del País Vasco, han dejado su huella también en el Régimen de Trabajadores Desplazados.

Hasta el ejercicio 2014, para aplicar la exención de rendimientos obtenidos en el extranjero, no hacía falta ejercitar ninguna opción en el momento de presentar la autoliquidación. La Norma Foral del IRPF presumía que se iba a aplicar la exención, salvo que se optara por el régimen de excesos.

Sin embargo, la nueva Norma del IRPF ha modificado o, mejor dicho, limitado la forma de aplicar la exención.

Así, con efectos desde el 1 de enero de 2014, aquellos que quieran aplicar la exención prevista en el IRPF para trabajos realizados en el extranjero, deberán manifestar dicha opción al presentar la autoliquidación del ejercicio en el que se desee aplicar.

Además, la Norma Foral precisa que en caso de no solicitar la aplicación del beneficio fiscal con la presentación de la declaración, no se podrá rectificar con posterioridad, salvo que la rectificación se presente dentro del periodo de declaración.

¿Qué implicaciones tiene esta modificación?

En la práctica en muchos casos esta exención se aplica por iniciativa del trabajador y la empresa empleadora no modifica las nóminas ni el consiguiente 190 hasta que algún trabajador, conocedor de la posibilidad aplicar la exención, solicita al departamento de recursos humanos la modificación del citado modelo o, cuando menos, la expedición de un certificado que demuestre que efectivamente este trabajador ha realizado trabajos en el extranjero susceptibles de aplicación del beneficio fiscal.

Ahora bien, en ocasiones, esta reacción por parte del trabajador sucede una vez transcurrido el periodo para presentar la autoliquidación del IRPF en el ejercicio. Con la normativa anterior, en estos casos, el trabajador, podía solicitar de la Administración la aplicación del beneficio fiscal en su autoliquidación del último ejercicio y podía también regularizar los ejercicios no prescritos y solicitando la devolución de ingresos indebidos.

He aquí el problema.

Los trabajadores que hayan obtenido rendimientos en el extranjero durante el 2014 y puedan aplicar la exención por cumplir con las condiciones previstas en la Norma del IRPF, en caso de que, por error o desconocimiento, no opten por aplicar la exención en el momento de presentar su declaración del IRPF en junio del 2015, perderán la posibilidad de modificar posteriormente su opción y no podrán aplicar el beneficio fiscal aunque, con posterioridad, se den cuenta de su error.

En definitiva, parece que el legislador sigue apostando por incentivar la internacionalización de las empresas dotando de beneficios fiscales para aquellos trabajadores perciban rentas de trabajo en el extranjero. Eso sí, si no queremos que la Administración cuestiones su aplicación, deberemos ser cada vez más diligentes en el cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa.

EL DESPLAZAMIENTO COMO INCENTIVO ECONÓMICO

 

La empresa guipuzcoana hace tiempo que mira al exterior buscando nuevos mercados y oportunidades. Sin embargo, dada  la complicada situación del mercado nacional, esta tendencia se ha convertido en una verdadera necesidad.

La realidad actual, ha puesto si cabe aún más de relieve la figura de los trabajadores expatriados, es decir, personal asalariado de empresas residentes en España, que pasan parte del año prestando sus servicios a empresas situadas en el extranjero.

En CIALT hemos preparado un cuestionario para aquellos trabajadores que, viajando con cierta asiduidad, puedan tener interés en conocer si pueden aplicar alguno de los beneficios fiscales previstos en el IRPF.

 

Desde el punto de vista del trabajador, las ventajas fiscales existentes pueden suponer un gran incentivo económico, suponiendo un aumento considerable de su retribución.

Así, el “Régimen de Expatriados” exime de tributación los rendimientos percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero cuando se cumplan determinados requisitos, pudiendo aplicar la exención a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero con el límite máximo de 60.100 euros anuales.

Además, desde el punto de vista de la empresa empleadora, supone un aliciente para una realidad ya existente sin que implique un mayor coste económico.

De forma orientativa, en CIALT hemos preparado un cuestionario para aquellos trabajadores que, viajando con cierta asiduidad, puedan tener interés en conocer si pueden aplicar alguno de los beneficios fiscales previstos en el IRPF.

LINK AL CUESTIONARIO

No obstante, la aplicación del régimen debe ser analizado al detalle en cada caso, ya sea porque pueden producirse circunstancias tales que puedan cuestionar la aplicación del régimen, o porque pueda resultar más interesante un beneficio frente a otro.

En caso de estar interesado en realizar un estudio más minucioso de su situación como trabajador o empresa, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

UN POCO DE LUZ EN LA GESTIÓN DE LOS TRABAJADORES DESPLAZADOS

Todos tenemos algún conocido que ha oído hablar sobre el tratamiento que dan en algunas empresas a las rentas obtenidas por trabajos realizados en el extranjero que evitan su tributación en el IRPF.

Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo eso?

 La realidad es que cada vez hay más empresas que han comenzado su internacionalización y necesitan desplazar trabajadores por diferentes periodos de tiempo.

En una primera fase, la principal preocupación de la empresa, aunque lleve a cabo una planificación que optimice su fiscalidad internacional, no es la fiscalidad de sus trabajadores desplazados en el IRPF.

 Con el tiempo, y en la medida en que el número de trabajadores desplazados va aumentando, los departamentos de RRHH, a petición de algún trabajador avispado que ha oído hablar de ciertas ventajas fiscales para los expatriados, comienzan a mostrar un tímido interés.

La experiencia nos ha enseñado que los departamentos de RRHH, pueden estar dispuestos a certificar los desplazamientos de dichos trabajadores pero, temerosos de Hacienda, suelen ser reacios a la aplicación de la exención de las rentas obtenidas en el extranjero en sus nóminas. Como consecuencia, cuando el trabajador presenta menores rendimientos de trabajo en su IRPF que los declarados por la empresa en su modelo 190, la Administración pone en marcha automáticamente un proceso de comprobación.

 Lo cierto es que aplicar la exención de las rentas obtenidas en el extranjero en nómina traslada la responsabilidad del trabajador a la empresa. Por contra, dicha aplicación también supone una serie de ventajas muy interesantes que conviene poner en valor, porque una adecuada gestión de las ventajas fiscales existentes para los trabajadores desplazados, junto con la aplicación de sistemas de ecualización fiscal, puede suponer un gran ahorro fiscal para la empresa.

Además, la aplicación de las ventajas fiscales previstas por la normativa para los trabajadores desplazados supone una ventaja competitiva frente a los competidores a la que la empresa empleadora no puede renunciar.

La aplicación del 7p en nómina  por parte de la empresa supone una ventaja competitiva frente a los competidores.

 En ocasiones, las empresas no terminan de dar el paso por miedo a una excesiva carga administrativa. Entendemos el temor, pero desde nuestra experiencia podemos afirmar que aplicando un protocolo de gestión interno, o externalizando dicho servicio, la carga administrativa se reduce considerablemente, y el riesgo a posibles contingencias fiscales se minimiza.

 Como broche final, consideramos que una empresa cuyos trabajadores desplazados van en aumento, debe dar el siguiente paso con la aplicación de una política de expatriación en la que se prevea la ecualización fiscal.

¿Qué supone la aplicación de la ecualización fiscal?

Supone una protección para el expatriado por parte de la empresa que, negociando la retribución al margen de la carga fiscal de cada país, busca mantener la misma tributación que hubiera soportado el trabajador de no haber sido desplazado.

 Así mismo, para la empresa también supone una gran ventaja, ya que pasa a beneficiarse de los posibles beneficios fiscales que pueden aplicar sus trabajadores.

 Generalmente, los sistemas de ecualización fiscal permiten que el expatriado no se preocupe por la fiscalidad del país de destino, sintiéndose más protegido e seguro ante los cambios legislativos que pudiera haber en dichos países.

Por último, y sin perjuicio de todo lo anterior, de cara a una adecuada planificación fiscal del IRPF del trabajador, será necesario tener en cuenta la existencia de otras rentas diferentes a las de trabajo que puedan incluirse como renta mundial sobre la que se tendrá que tributar también.

 En resumen, la fiscalidad de los expatriados puede ser muy ventajosa para los propios trabajadores como para la empresa empleadora pero conviene asesorarse para evitar impactos indeseados.

Para cualquier cuestión en relación con la gestión de trabajadores desplazados, en Cialt contamos con un equipo experimentado a disposición del lector.

TRANQUILIDAD RELATIVA DE LOS TRANSPORTISTAS GUIPUZCOANOS EN EL IRPF DEL 2014

Nos encontramos a la vuelta de vacaciones, en pleno mes de septiembre del 2014, transcurridos más de dos terceras partes del año y en cuanto a los transportistas autónomos guipuzcoanos, en relación al IRPF, con unas mejores expectativas si se comparan con las previstas a principios del año, un tanto inciertas.

Lo cierto es que con fecha 22 de enero del 2014, se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la Norma Foral 3/2014, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante NFIRPF), donde se elimina el sistema de módulos dentro de la modalidad de estimación objetiva, para la determinación del rendimiento de actividades económicas.

Con ello, y a pesar de la multitud de reivindicaciones de las asociaciones de transportistas guipuzcoanos con los que se consiguieron aumentar los límites de exclusión del sistema de módulos para el colectivo de transportistas, nos encontramos en el 2014 con un nuevo escenario en el que desaparece el sistema de módulos y existe únicamente el régimen de estimación directa, en sus vertientes normal y simplificada, sin ninguna particularidad para los transportistas y con la única noticia de un acuerdo entre los principales partidos de la oposición en Gipuzkoa (PNV, PSE y PP), al igual que se hizo para aprobar las normas forales del Impuesto sobre Sociedades y del IRPFs a principios de año, tomada a principio de verano, para aprobar a la vuelta del verano una Norma Foral por la que se incluyan en el método de estimación directa simplificada unas compensaciones de gastos para el colectivo de transportistas, al igual que las establecidas en Araba y Bizkaia el pasado mes de abril por vía de Decreto Foral.

En concreto, se habla de unas compensaciones, a diferencia de la compensación general que es del 10%, de un 60% para el 2014, un 55% para el 2015, un 50% para el 2016 y un 45% para el 2017 y siguientes en concepto de amortizaciones, provisiones y gastos de difícil justificación, por la diferencia entre los ingresos y los gastos de la actividad (sin tener en cuenta las amortizaciones, provisiones y las ganancias y pérdidas de elementos patrimoniales afectos a la actividad).

En cuanto a la forma de introducir la mencionada modificación, a diferencia de Araba y Bizkaia, que introdujeron dichas compensaciones reglamentariamente, tal y como establece el artículo 28.2 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: “En el caso de determinados colectivos de empresarios o profesionales en estimación directa simplificada, podrán establecerse, reglamentariamente, reglas especiales para la cuantificación de determinados gastos deducibles, incluido el porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo”, en Gipuzkoa, cuya regulación de dicho artículo 28.2 es idéntica, se entiende que no va a haber desarrollo reglamentario de ese artículo 28.2, sino una nueva regulación de dicho artículo 28, dado que no va a ser el gobierno foral el que va a introducir la modificación, sino que son los partidos de las oposición (PNV, PSE y PP) los que la introduzcan, y por tanto, sería vía modificación de la propia Norma Foral.

De todas formas, habrá que esperar lo que acontece en las próximas fechas y pasar de noticias e informaciones a la concreción de la definitiva regulación fiscal de los transportistas guipuzcoanos en materia de imposición directa. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que una vez aprobadas y publicadas las modificaciones anteriormente comentadas, seguirán existiendo diferencias con respecto a la tributación de los transportistas autónomos de fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, tanto de Navarra como del resto de Estado, dado que en dichos territorios se sigue manteniendo el sistema de módulos para diferentes colectivos, entre los que se encuentra la actividad de los transportistas.

Por último, resaltar que con respecto a la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, todas las modificaciones expuestas no les afecta para la aplicación del régimen simplificado de IVA, que además es idéntica en cuanto a la normativa a aplicar tanto en Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, Navarra y Territorio Común.

INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR EXPIRACIÓN DEL TIEMPO CONVENIDO EN LAS RELACIONES DE DEPORTISTAS PROFESIONALES

El pasado 26 de marzo de 2014, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Equipos de Ciclismo Profesional frente a la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 16 de julio de 2012, igualmente desestimatoria de las pretensiones de la citada Asociación frente a la Asociación de Ciclistas Profesionales sobre conflicto colectivo.

El contenido de la sentencia versa, en esencia, sobre la aplicabilidad del artículo 49.1.c) (en adelante, ET) del Estatuto de los Trabajadores a las relaciones reguladas por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales (en adelante, RD 1006/1985) y, en concreto, a su artículo 14.

El citado artículo 49.1.c) del ET regula la indemnización por la extinción del contrato debido a la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la calidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.

En cambio, el artículo 14 del RD 1006/1985 no establece indemnización similar, salvo la que pudiese haberse pactado por convenio colectivo en concepto de compensación por preparación o formación entre clubes.

¿Sería aplicable la indemnización del ET, de doce días por cada año de servicio, en las extinciones del contrato por expiración del tiempo convenido?

Ésta es la Litis que se resuelve en la sentencia, en sentido afirmativo, salvando todos los obstáculos planteados por el recurrente en casación.

A estos efectos, no es óbice para dicha aplicación el hecho de que los contratos del RD 1006/1985, por definición, han de ser siempre temporales. Y ello porque a juicio del Alto Tribunal, la impuesta provisionalidad fue una solución para paliar el preexistente “derecho de retención” que, de una manera práctica, anulaba la libertad contractual del deportista profesional.

De la misma manera, razona el Tribunal, que el RD 1006/1985 no impide la existencia de indemnizaciones pactadas colectivamente o acordadas en contrato individual, tampoco puede entenderse excluyente de cualquier otra integración supletoria del ET, como sería este caso, a pesar de que el ET se aprobase posteriormente al RD 1006/1985.

Se concluye que esta equiparación mejora la estabilidad profesional de este colectivo, lográndose los dos objetivos previstos en las modificaciones del ET que llevaron a incluir la indemnización en caso de contratación temporal:

– Incentivar las prórrogas, en este caso.

– Mejorar la “calidad” del empleo.

De esta manera, en todos aquellos casos en los que se extinga el contrato de deportista profesional por expiración del tiempo convenido, sin posterior renovación, el deportista tendrá derecho a la indemnización de doce días por cada año de servicio.

Esta suerte de equiparación o aplicación supletoria, en puridad, del ET, no era ajena a este colectivo, ya que el propio TS (sentencias de 18 de noviembre de 2009, 19 de julio y 4 de noviembre de 2010) había sentado jurisprudencia al entender que en el caso del artículo 15, efectos de la extinción del contrato por despido del deportista, resultaba de aplicación la indemnización prevista en el Real Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, fijada en siete días del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades.

No obstante lo anterior, esta aplicación supletoria no limita sus efectos al ámbito estrictamente laboral, por cuanto tiene sus implicaciones, igualmente, en el ámbito fiscal.

La Dirección General de Tributos, entre otras en su Consulta V1197-13 de 9 de abril de 2013, ya estableció que “la indemnización mínima por despido improcedente prevista en el artículo 15 del Real Decreto 1006/1985 (antes transcrito) está incluida en el ámbito de la exención que se recoge en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006”.

Por lo tanto, cabría concluir, a falta de pronunciación expresa en el futuro por parte de dicho Centro Directivo, que la indemnización del artículo 14 del RD 1006/1985 igualmente debería considerarse exenta de tributación en el IRPF.