LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ILÍCITOS ANTITRUST

La comisión de un ilícito en el ámbito del derecho de la competencia conlleva una sinfín de daños los cuales deben poder ser reparados, tanto por quien los ha sufrido en sus propias carnes como por quienes, sin comerlo ni beberlo, se han visto afectados por la conducta contraria, entre otras cosas y en términos generales, a la buena fe empresarial, muchos de los cuales podemos calificarlos de “colaterales”. Nos centraremos en este artículo en los primero, es decir, en los daños que sufre el principal perjudicado por la conducta ilícita y dolosa llevada a cabo por un agente interviniente en el mismo o complementario sector de actividad en el que opera el perjudicado.

A este respecto, y sin perjuicio de los antecedentes a los que nos referiremos a continuación, debemos centrarnos, de una parte, en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, en adelante , la “STTS” y, de otra, en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (en adelante, la “Propuesta de Directiva”) las cuales deben suponer un punto de inflexión en el ámbito del derecho de la competencia y, en concreto, en lo que a la reparación de daños y perjuicios se refiere.

En lo que respecta a los antecedentes jurisprudenciales, conviene mencionar (entre otras) las sentencias del TS en los asuntos “DISA” (2000 y 2001) y la sentencia del TJUE en el asunto “Crourage/Crehan” (20/9/2001), confirmando, en el primer caso, la competencia de los tribunales civiles para conocer sobre asuntos planteados en relación con los efectos civiles de infracciones en el ámbito del Derecho de la Competencia y, en el segundo, la legitimación de un perjudicado para instar acciones civiles en reclamación de daños y perjuicios en el mismo ámbito.

Centrándonos en el ámbito legislativo, es obligada la referencia tanto al Reglamento 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 y 102 del TFUE como a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

El mencionado Reglamento, en su artículo 6º, dispone que “los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado” y en el 15º, bajo la rúbrica “Cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales”, señala el camino para una efectiva cooperación entre las autoridades en el ámbito de la competencia y los tribunales de los estados miembros (remisión de sentencias o solicitud de información o dictámenes por parte de los tribunales nacionales, entre otras), sin perjuicio de bendecir por primera vez el principio de aplicación uniforme de la normativa europea de la competencia (art. 16º). La incidencia del Reglamento 1/2003 en nuestra práctica judicial es evidente puesto que supuso la reforma de la LOPJ a los efectos de atribuir a los Juzgados de la Mercantil la competencia para conocer reclamaciones de índole civil derivados de los arts. 101 y 102 del TFUE.

Ahora bien, el verdadero hito viene representado por la Ley 15/2007, no sólo por trasladar a nuestro ordenamiento –arts. 15 y 16- el artículo 15º del Reglamento 1/2003 (haciendo extensiva la necesaria colaboración a la Comisión Nacional de Competencia y a los correspondientes organismos autonómicos), sino también por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil a tales efectos (art. 15 bis; art. 212.3; art. 249.4; art. 404; art. 434.3; art. 461.5; art. 465.6), siendo el artículo 15 y el 434.3 los que más gráficos resultan en lo que a su incidencia práctica en el asunto que analizamos se refiere: (art. 434.3: “Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su resolución al tribunal”.

Entrando ya en las recientes novedades, nos referiremos en primer lugar a la Propuesta de Directiva por cuanto que gran parte de su articulado ha sido incorporado en la STTS de forma bastante acertada en mi opinión. Su ámbito de aplicación (Art. 1º) es claro y certero: “La presente Directiva establece determinadas normas necesarias para garantizar que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado o de la normativa nacional de la competencia pueda ejercer eficazmente su derecho al pleno resarcimiento de dicho perjuicio”. Por su parte, el art. 2º sienta con todo rigor el “derecho al pleno resarcimiento” del perjuicio sufrido por una infracción de la normativa de competencia y añade que dicho resarcimiento “deberá devolver a cualquier persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción. Por tanto, deberá abarcar la indemnización por el daño emergente, el lucro cesante, y el pago de los intereses devengados desde el momento en que se produjera el perjuicio y hasta el momento en que se abone la indemnización que corresponda a dicho perjuicio”.

Entiendo asimismo destacable el hecho de que en la definición de “parte perjudicada” (artículo 4º “Definiciones”) se incluya a cualquier persona que reclame daños y perjuicios, haciendo extensiva así la vía civil de reclamación de daños y perjuicios a quienes, entre otros, hayan sufrido el coste excesivo derivado de la repercusión del daño emergente sufrido por el principal afectado por el ilícito antitrust.

A este respecto, y en lo que al “passing-on” se refiere, la Propuesta de Directiva ha venido a plasmar lo que hasta la fecha era una doctrina en una norma vinculante para los estados miembros (art. 12º) y, en su virtud, regula la posibilidad de que el demandado (parte infractora) funde su defensa en que el perjudicado ha repercutido todo o parte del daño emergente a terceros lo que tal y como establece la Propuesta de Directiva deberá ser probado por el propio infractor. Por el contrario, en el caso de reclamaciones de daños provenientes de compradores indirectos o perjudicados pertenecientes a la misma cadena de suministro que el infractor, serán estos quienes deberán probar el daño o perjuicio causado.

Para finalizar, procedo a continuación a analizar brevemente la STTS, sin ánimo de profundizar en los antecedentes de hecho que preceden a la STTS y reiterando que gran parte de su acertada argumentación viene a refrendar el contenido de la Propuesta de Directiva. La STTS estima la reclamación de un grupo de fabricantes de dulces como consecuencia del sobreprecio pagado por el azúcar adquirido en un determinado periodo, viniendo así a confirmar el derecho a la compensación del daño sufrido por una conducta restrictiva de la competencia y enmarcándolo en el ámbito de la acciones por responsabilidad extracontractual, esto es, no como consecuencia de un incumplimiento contractual sino a raíz de infracciones en el ámbito de la competencia.

Adicionalmente, la STTS resulta interesante por cuanto que, como he señalado, anticipa algunas disposiciones de la Propuesta de Directiva en lo que al “passing-on” se refiere y en lo que a la necesaria cuantificación del daño respecta (se requiere que el eventual informe pericial que cuantifique los daños sufridos “formule una hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos” y no, como hizo la parte demandada, que se dedique a rechazar las conclusiones del informe pericial de la demandante sin proporcionar ni justificar otra cuantificación).

Por último, la STTS viene a plasmar lo dispuesto en el art. 9º de la Propuesta de Directiva respecto de los efectos, vinculantes, de las resoluciones que en el ámbito comunitario o nacional hayan adoptado los organismos competentes en el ámbito del derecho de la competencia.