EL “CROWDFUNDING” Y SU NOVEDOSA REGULACIÓN EN ESPAÑA

El Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, establece por primera vez en España, un régimen jurídico para el denominado “Crowdfunding”, convirtiéndose así en el cuarto país europeo en regularlo. ¿Pero qué es “Crowdfunding”?

El crowdfunding o “financiación en masa” es un medio de financiación que surge como consecuencia de las restricciones al crédito que se ha venido sufriendo, generalmente, en los nuevos proyectos empresariales o startups. En la práctica tiene que ver con un anuncio realizado en Internet a través de una plataforma informática, que oferta la posibilidad de que terceros realicen una serie de aportaciones en la cuantía que estimen oportuna a un proyecto empresarial cuyas características son descritas de manera sucinta en dicha plataforma.

Antes del Proyecto de Ley mencionado, la práctica del crowdfunding era un hecho en España cada vez más habitual, aunque carente de regulación. Hasta la fecha se caracterizaba como un negocio jurídico atípico amparado en Derecho español por la autonomía de la voluntad consagrada en el art. 1255 CC y, en lo demás, en la normativa aplicable a las instituciones que más se aproximasen a su naturaleza jurídica como podían ser (i) la donación sometida a condición suspensiva, que se cumple cuando se alcanza la cifra dineraria proyectada, (ii) las cuentas en participación por lo que se refiere al Equity crowdfunding, tanto por la flexibilidad del tipo societario, como por la inexistencia de relaciones entre los cuenta partícipes (mecenas) y posibles terceros con los que contrate el gestor (solicitante de fondos) y (iii) la promesa pública de recompensa.

El Proyecto de Ley regula por tanto este fenómeno aunque con ciertas lagunas y críticas entre el sector, pues por ejemplo se limita exclusivamente a las operaciones de crowdfunding financiero y, concretamente, a los préstamos y las participaciones en capital; excluyendo así otros tipo de prácticas como los vinculados al mecenazgo o a la compraventa englobados también dentro de éste.

El proyecto diferencia dos tipos de inversores: los cualificados, con una renta de al menos 50.000 euros al año y un patrimonio de inversiones financieras de al menos 100.000 euros; y los inversores no cualificados, a los que se establecen una serie de limitaciones sobre cuánto pueden invertir, con un máximo de 10.000 euros y un mínimo de 3.000 euros. Uno de los aspectos más llamativos y objeto de numerosas críticas son los límites a las cantidades de dinero captadas, de tal forma que no podrán captar más de 2.000.000 de euros por cada proyecto, lo cual nos lleva a preguntar ¿Y si un proyecto pudiese atraer un capital superior a esa cifra establecida?.

Otra de las fuertes críticas viene por la exigencia de un capital social inicial mínimo de la Sociedad de 60.000 euros (requisitos propios de las Sociedades Anónimas), lo cual hace pensar que no se ha tenido en cuenta por parte del Gobierno la realidad del crowdfunding, que son startups y proyectos empresariales con escasos medios y recursos propios que buscan, precisamente, financiarse a través de esta vía.

Como punto favorable se establece un marco adecuado para el crowdfunding con el objetivo de garantizar, de manera equilibrada, la correcta protección de los inversores y de impulsar, al mismo tiempo, esta nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales. También la transparencia es otra de las exigencias de la nueva regulación al garantizar que todos los inversores tengan acceso a información suficiente sobre aspectos como la propia plataforma, el promotor y las características del vehículo utilizado para captar la financiación, así como sobre todos los riesgos que implica la inversión en este tipo de proyecto, siendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores y El Banco de España los encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad y la protección de los inversores en las plataformas destinas al efecto.

Como conclusión final, podemos afirmar que una vez más el Derecho Español se ha acercado a las realidades imperantes en la época en que vivimos regulando esta novedosa figura, pues era necesario un marco legal que aportase tranquilidad al inversor habida cuenta de los últimos acontecimientos que han tenido lugar tales como Gowex, si bien debemos esperar a la puesta en práctica de esta novedosa regulación para ver cómo se solventan algunas de las incertidumbres e inconvenientes para el sector apuntados anteriormente.