El bloqueo societario - Los riesgos de constituir una sociedad al 50

El bloqueo societario: Los riesgos de constituir una sociedad al 50%

El principal riesgo de las sociedades en las que el capital está dividido a partes iguales entre dos socios o dos grupos de socios es el bloqueo de los órganos sociales. La reiteración constante de empates a la hora de votar bloquea el funcionamiento ordinario de la sociedad y esto puede derivar en una consecuencia grave: la disolución de ésta por la paralización de los órganos sociales recogida en el art. 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”).

Habitualmente sucede que dos personas deciden asociarse y constituir una sociedad al 50%, o que una mayoría reforzada otorgue poder de bloqueo a uno de los socios. Ambas situaciones son más propias de pequeñas y medianas empresas que de otro tipo de entidades. Si no se prevén mecanismos de desbloqueo nos podemos encontrar con que en un momento dado la sociedad se vuelva inoperativa, situación para la que la LSC prevé la disolución de la sociedad.

Aunque la ley se refiera a la paralización de los órganos sociales, la jurisprudencia ha reconocido que la única paralización insuperable es la de la Junta General, puesto que, si se da una paralización en el órgano de administración, la Junta, en aplicación de lo dispuesto en el art. 223 de la LSC puede cesarlo en cualquier momento.

Para la eficacia de este artículo se requiere que la “paralización” sea manifiesta, y tenga un carácter permanente, definitivo e insuperable, en el sentido de que se trate de una situación insalvable, sin que la paralización pueda ser meramente transitoria o puntual.

La Ley no detalla cuales son los hechos que indican el bloqueo de una sociedad, pero la evidencia más clara es imposibilidad de adoptar acuerdos, por insuficiencia permanente de quorum o por empates reiterados de votaciones, que tengan efectos relevantes en la marcha de la sociedad, como puede ser el nombramiento de administradores tras la caducidad o cese de sus cargos, la adaptación de los estatutos sociales impuesto por la Ley, o la no aprobación de medidas para remover una causa de disolución.

Respecto de la prueba de la paralización, se ha debatido si la aprobación de las cuentas anuales evidencia que no existe un bloqueo en la Junta. La Audiencia Provincial de A Coruña en Auto de 24 de noviembre de 2017, ha revocado la decisión del Juzgado de primera instancia, y ha determinado que la aprobación de cuentas anuales no impide la apreciación de la paralización de los órganos sociales, dado que se trata de un reconocimiento de la situación contable, patrimonial y financiera de la sociedad. La Audiencia, declara la disolución de la sociedad en cuestión reiterando la doctrina según la cual los elementos esenciales para apreciar la paralización de los órganos sociales son una situación de bloqueo insuperable y la pérdida de la affectio societatis o voluntad de los socios de permanecer en la sociedad.

En la práctica, el establecimiento de mecanismos antibloqueo se convirte indirectamente en una obligación de garantía en todas las sociedades, y en especial en aquellas que se constituyen por dos bloques a partes iguales. Como norma general, estas medidas antibloqueo se ven recogidas en un pacto de socios que se rige por el derecho de obligaciones, y que puede contener cláusulas como el sometimiento de la cuestión a arbitraje, el establecimiento de transmisiones obligatorias de las acciones o participaciones (opciones de compra, ruleta rusa, pacto andorrano, o subasta en sobre cerrado) o una cláusula de arrastre, mediante la cual uno de los socios puede obtener una oferta del 100% de la empresa y obligar a vender al otro.

Y como más vale prevenir que disolverse, y sobre todo mientras la Ley de Sociedades de Capital prevea como única solución la disolución, lo ideal es que, nada más constituir la sociedad los socios se reúnan y tomen medidas preventivas que apacigüen los momentos de crisis internas que puedan suscitarse entre ellos, mucho antes de que estas se produzcan.

Determinación de la Residencia Fiscal - el concepto de ausencia esporádica a la luz de la jurisprudencia reciente

Determinación de la Residencia Fiscal: el concepto de ausencia esporádica a la luz de la jurisprudencia reciente

En un contexto en el que la economía y los mercados se caracterizan por su naturaleza global y la movilidad geográfica de las personas, la determinación de la residencia fiscal de los contribuyentes es una cuestión que presenta gran relevancia en el ámbito de la fiscalidad.

A estos efectos, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de IRPF determina el sometimiento al Impuesto por obligación personal en sus artículos 8.1 y 9.1. Los mimbres sobre los que se sustenta la adquisición la condición de contribuyente por IRPF, a los efectos de su imposición personal, vienen fijados por el concepto de residencia habitual, que descansa sobre la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: la permanencia en el territorio español, durante un periodo igual o superior a 183 días del año natural, o, el hecho de que radique en España el núcleo principal de los intereses de los contribuyentes.

Así, y en lo relativo al primero de los requisitos, se entenderá que el contribuyente que permanezca más de medio año en el territorio tendrá fijada su residencia habitual en el mismo, y, por ende, será contribuyente del Impuesto.

A este respecto, la Ley dispone de una norma de refuerzo que determina que, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país, se deberán computar las ausencias esporádicas, concepto que los órganos administrativos vienen interpretando como cualquier periodo de ausencia del territorio español.

Es precisamente este concepto jurídico, vagamente determinado, el que el Tribunal Supremo ha tratado en fechas recientes (entre otros, STSS 16/1/2018 y 18/1/2018), resolviendo en casación sobre la residencia fiscal de becarios del ICEX destinados en el extranjero.

El Tribunal apercibe de que se trata de una materia casuística y circunstancial sobre la cual no resulta posible establecer reglas de validez universal, sin embargo, de las conclusiones de la Sentencia, cabe inferir una serie de criterios interpretativos sobre el concepto de ausencia esporádica que resultan de gran interés:

a. El Tribunal se aferra a la literalidad de la norma, no pudiendo considerar como ausencia esporádica una ausencia prolongada en el tiempo, de más de 183 días, que neutralice la regla general del artículo 9.1 LIRPF.

b. El concepto de ausencia esporádica debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que, para su concurrencia, pueda ser vinculado a la presencia de un elemento subjetivo, o intencional, como la voluntad del contribuyente de establecerse fuera del territorio con intención de volver al lugar de partida.

c. Se debe anteponer el criterio de la ausencia esporádica a la prueba de residencia, alejándose de la práctica que se venía desarrollando por la Administración, que entendía que el residente no dejaba de serlo salvo que resultara probada la adquisición en otro Estado de una residencia fiscal distinta.

Por último, conviene señalar que la postura jurisprudencial sentada por el Tribunal resulta extrapolable, mutatis mutandis, a la determinación de la residencia fiscal de los contribuyentes en el ámbito de los Territorios Forales.

Marcos González Villarreal

No Residentes - Mejoras en la tributación - Impuesto de Sucesiones y Donaciones - Impuesto sobre el Patrimonio

No Residentes: Mejoras en la Tributación (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones – Impuesto sobre el Patrimonio)

Tras la reciente modificación del Concierto Económico en lo relativo al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), y, cuando se apruebe la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), el tratamiento fiscal de las donaciones y herencias, y, del patrimonio para los contribuyentes no residentes habrá mejorado sustancialmente.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

Con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, Asunto C-127/12, Comisión UE contra el Reino de España, el Tribunal estableció que el Reino de España incumplía la normativa europea ya que permitía establecer diferencias entre el trato fiscal de las donaciones y sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y, entre las donaciones y las disposiciones similares sobre bienes inmuebles situados en el territorio español y fuera de éste.

A la vista de la Sentencia anterior se constataban dos tipos de diferencias de trato y discriminación no admisibles. En primer lugar, para los contribuyentes no residentes con respecto a los residentes ante una misma sucesión. En segundo lugar, para el propio contribuyente residente en función de que el causante, en el momento del devengo, tuviera su residencia en España o en el extranjero.

A raíz de esta Sentencia, se modificó la normativa del Estado (Ley 26/2014, de 27 de noviembre) y se determinó que, cuando un residente en España recibiese una herencia de un causante en otro Estado Miembro de la UE, la liquidación en concepto de Sucesiones se realizaría aplicando la normativa de la Comunidad Autónoma en la que residiese el heredero.

Pero esta modificación no era suficiente para los herederos residentes el País Vasco, ya que, la Agencia Tributaria entendía que la normativa anterior solo preveía la aplicación de las normas de las Comunidades Autónomas de régimen común y no, las de las normativas forales.

La solución pasaba por adaptar los puntos de conexión del Concierto Económico.

A partir de ahora, las Administraciones de los Territorios Históricos serán las competentes para la exacción y aplicarán su propia normativa:

  • En las herencias de causantes residentes en el extranjero (incluso fuera de la UE), cuando el heredero resida en el País Vasco
  • En las donaciones de inmuebles que radican en el extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha de devengo

Asimismo, se modifica el criterio para determinar la Administración competente en los casos en los que el obligado a liquidar el Impuesto sea no residente.

Hasta ahora, para tributar en una Hacienda Foral, se exigía que todos los bienes debían estar situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco. Tras la reforma, el requisito de la totalidad se modera y se deberá atender al lugar y al valor de los bienes para determinar a qué Administración le corresponde la exacción del Impuesto.

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Los contribuyentes no residentes titulares de bienes y derechos que radican en territorio español tributan por este Impuesto por obligación real.

Hasta el momento, para aplicar el mínimo exento, estos contribuyentes tenían que acreditar que la totalidad de su riqueza mundial era inferior a 700.000 euros. Por el contrario, si su patrimonio mundial era superior a 700.000 euros, no les era de aplicación esta reducción.

Con la entrada en vigor de la futura Norma Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, con independencia de la riqueza mundial, a todos los contribuyentes, ya sea por obligación personal o por obligación real de contribuir, les será de aplicación una reducción, en concepto de mínimo exento, de 700.000 euros.

Preclusividad - Constituye el examen de la contabilidad un nuevo hecho o circustancia

Preclusividad: ¿Constituye el examen de la contabilidad un nuevo hecho o circunstancia?

En virtud de lo establecido por el artículo 140.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), una vez dictada una resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no puede efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado; salvo que, en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior, se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.

Esta afirmación, que parece sencilla, puede generar problemas interpretativos cuando se pretende definir qué se entiende por nuevos hechos o circunstancias. Así, la Audiencia Nacional[1] ha aclarado, en parte, esta cuestión. La Audiencia analiza el caso de una deducción por reinversión que había sido objeto de una comprobación limitada anterior, en la que la oficina gestora la calificó como correcta. La AN establece el criterio de que, el hecho de que se examinase la contabilidad por la Inspección, cosa que no efectuó la Oficina gestora, no constituye por sí sola, un nuevo hecho o circunstancia que le habilite para efectuar una regularización posterior de la deducción por reinversión ya comprobada.

Es decir, no le habilita para acometer un segundo procedimiento, sobre el mismo objeto del primero, cuando la propia Administración ya se ha pronunciado al respecto de forma concluyente y ha manifestado que no procedía regularizar la situación tributaria de la entidad.

Como recoge la sentencia objeto de este comentario, “desde el punto de vista conceptual, el examen de la contabilidad es solo el medio utilizado para poder alcanzar la conclusión jurídica sobre la procedencia y, en su caso, cuantía de la deducción practicada, pero en modo alguno la utilización o examen de lo que es un mero instrumento -la contabilidad- se puede calificar, en sí mismo, como hecho o circunstancia nuevo a fin de eludir las consecuencias de una duplicidad de procedimientos de comprobación sobre el mismo objeto.

Cosa distinta sería que, a través de la contabilidad, pudieran llegar a descubrirse nuevos hechos o circunstancias, distintos de los considerados en el anterior procedimiento de comprobación limitada, que determinaran la improcedencia de la deducción practicada o de su cuantía (lo que, en tal caso, debería probar la Administración y aquí no ha sucedido)”.

[1] Audiencia Nacional, de 11 de mayo de 2017, recurso n.º 249/2014 (ROJ 2506/2017)

 

Valoración de operaciones vinculadas - El nuevo procedimiento de coordinación del Concierto Económico

Valoración de Operaciones Vinculadas: El nuevo procedimiento de coordinación del Concierto Económico

El pasado 13 de diciembre, el pleno del Senado dio trámite al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, quedando aprobado definitivamente por las Cortes Generales. Al margen de la controversia suscitada entre fuerzas políticas en la tramitación parlamentaria, y del eco que los medios han dado a la cuestión, estimamos conveniente señalar la mejora técnica introducida en materia de coordinación entre las distintas administraciones tributarias, como una aportación a la propia legitimidad del sistema de concierto.

Y es que, hasta la fecha, no se había contemplado solución al problema que se venía originando en situaciones, en las que la simultaneidad de competencias de distintas administraciones tributarias estatales sobre la misma operación, o grupo de contribuyentes. En estos casos se causaba un verdadero perjuicio al contribuyente cuando las Administraciones afectadas mantenían posturas diferentes en torno a la calificación o valoración de las operaciones.

Nos referimos a situaciones que surgen con frecuencia en materia de valoración de operaciones vinculadas, cuando una de las partes está sujeta a Inspección de Administraciones Forales, y la otra a Estatal;  y practicado un determinado ajuste en sede de una de las partes, la otra Administración se opone a efectuar el ajuste correlativo, produciéndose una doble imposición.

Aunque esta situación no resulta ajena a las operaciones en el ámbito internacional, se da la paradoja de que, en el ámbito de la fiscalidad internacional, el esfuerzo por solventar la problemática del transfer pricing ha sido una constante que ha conducido al establecimiento de mecanismos para evitar situaciones de esta índole, como los procedimientos previstos en el Instrumento Multilateral de la OCDE, sin que se hubiera establecido un procedimiento similar para las situaciones que surgían en el interior del Estado.

A estos efectos,  la Junta Arbitral del Concierto había venido señalando “la laguna realmente sorprendente en un mundo en el que la existencia de grupos societarios y de vinculaciones entre empresas es un hecho habitual”, anticipando la necesidad de una reforma legislativa que deriva de los propios principios que rigen el Concierto Económico, con el objetivo de evitar que el ejercicio de las competencias concurrentes produzca perjuicios para los administrados (Resolución 8/2012, de 2 de julio).

La reforma actual introduce un mecanismo para asegurar el ajuste bilateral al que venimos haciendo referencia, a través del nuevo artículo 47.ter del Concierto Económico, titulado “Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras”, cuyo desarrollo previsto es el siguiente:

  • La administración que esté regularizando, o comprobando, operaciones vinculadas a un contribuyente deberá comunicar a las otras Administraciones afectadas la valoración que considera procedente, con carácter previo a la formulación de la propuesta de resolución o formalización de actas.
  • En caso de que las otras Administraciones afectadas no formulen observaciones a la propuesta en un plazo de dos meses, esta se entenderá aprobada, y vinculará a todas las administraciones.
  • En caso opuesto, se dará traslado a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las observaciones planteadas, y si no se alcanzase acuerdo en el plazo de dos meses, será competencia de la Junta Arbitral la resolución de la controversia.
  • La Resolución de la Junta, que se adoptará por medio del procedimiento abreviado del artículo 68, dando audiencia al contribuyente, vinculará a todas las administraciones, que deberán practicar las regularizaciones pertinentes.

De esta forma, se prevé evitar los supuestos de doble imposición a los que se venían enfrentando los contribuyentes, asegurando que las regularizaciones tributarias dictadas por las diversas administraciones se basen en una misma valoración.

Cabe extraer como corolario, por tanto, el adecuado reforzamiento de las bases del Concierto en la materia, asumiendo las más elementales garantías de seguridad jurídica y de coordinación en la resolución de las controversias entre administraciones. Si bien se debe poner de manifiesto lo desacertado del retraso de su puesta en vigor. La Disposición Transitoria Primera del Concierto establece una vacatio legis excesiva para el nuevo procedimiento del artículo 47.ter, que resultará de aplicación sólo para las regularizaciones referidas exclusivamente a periodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

 

Marcos González Villarreal

Posibilidad de materializar la RIC en la compra de activos destinados al alquiler vacacional

Posibilidad de materializar la RIC en la compra de activos destinados al alquiler vacacional

La Reserva para Inversiones en Canarias es, posiblemente, uno de los incentivos fiscales más atractivos para las empresas que operen en esta comunidad, ya que, permite una reducción del Impuesto sobre Sociedades en la parte de los beneficios que se destine a dotar una reserva para inversiones.

Se regula en el artículo 27 de la Ley 19/1994 de modificación del régimen Económico y Fiscal de Canarias y por su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1758/2007.

El incentivo se articula a través de una reducción en la base imponible del Impuesto de Sociedades (en el caso del IRPF, una deducción en cuota) equivalente a los beneficios generados en sus establecimientos en las Islas Canarias que se destinen a la constitución de una reserva para inversiones, con el límite del 80% de los beneficios no distribuidos generados en un año fiscal.

Las reservas deberán materializarse en un período máximo de tres años en la realización de inversiones iniciales destinadas a la creación o ampliación de un establecimiento en Canarias, a la diversificación de su actividad para elaborar nuevos productos o a la transformación sustancial de su proceso de producción. También se permite su materialización en inversiones para la creación de puestos de trabajo, en la adquisición de activos fijos que no puedan considerarse inversión inicial, o en la suscripción de determinados títulos de participación de capital de empresas que operen en Canarias, en la suscripción de determinados instrumentos financieros emitidos por entidades financieras o en adquisición de títulos de deuda pública de la Comunidad Autónoma o Corporaciones Locales canarias.

Recientemente, la Dirección General de Tributos, en contestación a varias consultas, ha dado el visto bueno a la materialización de la RIC en la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional.

En su respuesta a la consulta V3756-16, la Dirección General de Tributos determina los requisitos que son aplicables para poder efectuar esta materialización de la reserva en la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional:

  1. Esta inversión es apta para la materialización de la RIC, aunque ha de excluirse la parte correspondiente al suelo.
  2. Se refiere a la materialización de dotaciones procedentes de beneficios de periodos impositivos iniciados a partir de enero de 2015.
  3. Las viviendas deber estar afectas y ser necesarias para el desarrollo de una actividad económica realizada por el contribuyente.
  4. La empresa (o la persona física con actividad empresarial o el profesional) que quiera acogerse a este uso de la RIC debe darse de alta como empresa turística.
  5. La inversión debe materializarse en elementos que estén situados o sean recibidos en el archipiélago canario.

Respecto a la consideración del alquiler vacacional como actividad económica, aclara que el requisito se cumpliría en caso de que, junto con el arrendamiento, se presten servicios complementarios, por ejemplo, restauración, limpieza, lavado de ropa u otros análogos. A falta de estos servicios, también se cumpliría cuando para la ordenación de la actividad se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.

Lógicamente, la DGT indica que, además de estos requisitos, es necesario cumplir con los establecidos en el artículo 27 de la Ley 19/1994 que establece que el bien puede ser nuevo o usado pero que no haya sido utilizado para una aplicación anterior de la RIC, que la vivienda se tenga en actividad durante al menos cinco años y que la materialización se haga en un plazo de tres años desde que se hizo la dotación.

Marina de Felipe

Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Cuando se hace referencia al concepto “coche de empresa”, resulta muy común que el trabajador disponga de su vehículo tanto para uso privado como para uso empresarial. Por ello, la legislación contempla un trato diferenciado para el uso de vehículos con fines empresariales y particulares. Cuando se disfrute del vehículo para fines particulares, la renta se calificará como retribución en especie, mientras que, en otro caso, no tendrá tal consideración.

El problema, a efectos fiscales, se plantea a la hora de valorar el grado de utilización del vehículo para uno y otro uso, ya que, la normativa no contempla ninguna regla de distribución. Esto ha dado lugar a numerosas y dispares resoluciones administrativas, de forma que no se puede concluir la existencia de un criterio de reparto admitido por la Administración Tributaria.

La D.G.T ha manifestado, entre otras, en las Consultas Vinculantes de 26 de abril de 2011 y 9 de julio de 2013 que, en los supuestos de utilización parcial de un vehículo, se imputa retribución en especie si el trabajador, de acuerdo con la naturaleza y características de las funciones que desempeña, tiene facultad de disposición del vehículo para su uso particular. Las consultas no consideran relevante que exista o no una utilización efectiva. Con este criterio, la utilización del vehículo para fines particulares no exige un manejo efectivo del vehículo, sino que basta con que esté a disposición del trabajador para cubrir necesidades personales. Se considera que esto ocurre siempre que se encuentre fuera de su horario laboral.

Este criterio choca frontalmente con la posición de la Audiencia Nacional – sentencias de fecha 13 de abril del 2009 y, más recientemente, en la de fecha 8 de marzo del 2012 – que considera que el criterio de la disponibilidad debe ser modulado por las características del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador. Según la sentencia, debe atenderse a la efectiva utilización del bien y no a la mera facultad de disposición. El criterio se fundamenta en el tenor literal del artículo 43 LIRPF, que alude a la “utilización” y no a la “facultad de utilización”, por lo que, considera que el criterio de disponibilidad no resulta íntegramente trasladable en algunos supuestos.

Como hemos señalado, no existe precepto normativo que defina la forma de distribuir el uso del vehículo entre fines particulares y empresariales a efectos de determinar los rendimientos en especie en el IRPF. Esto provoca una gran inseguridad jurídica para trabajador y empresa. También genera discusiones en vía administrativa, cuando la Inspección comprueba el importe de los rendimientos en especie, y aumenta el número de recursos en vía contenciosa. La inseguridad es todavía mayor si tenemos en cuenta que no existe uniformidad de criterio dentro de la propia Inspección tributaria.

Laura Vírseda

Operaciones Vinculadas en IVA

Operaciones Vinculadas en el IVA

Si bien es conocido el régimen de operaciones vinculadas en el marco de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, no hay que olvidar que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA), también prevé que la Administración, en determinados casos tasados, pueda modificar la base imponible de una operación vinculada si considera que el precio convenido entre las partes vinculadas no es acorde a mercado.

En concreto, en el artículo 79.Cinco. de la LIVA se señala que “cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base imponible será su valor normal de mercado”

Los casos de vinculación, a efectos de IVA, son más amplios que los regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, la Administración sólo podrá modificar el valor convenido si concurre alguno de los 3 supuestos siguientes:

  1. Que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la contraprestación pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de libre competencia.
  2. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que no genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea inferior al valor normal de mercado.
  3. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea superior al valor normal de mercado.

Sólo en el caso de operaciones vinculadas en las que concurra alguno de estos supuestos y el precio pactado entre las partes no sea de mercado, podrá la Administración modificar la base imponible y la cuota del IVA.

Se entenderá por valor normal de mercado el necesario para adquirir los bienes o servicios en cuestión en ese mismo momento, en la misma fase de comercialización, en condiciones de libre competencia, a un proveedor independiente. En caso de que no hubiera operaciones comparables, el valor de mercado aplicado no podrá ser inferior al coste de adquisición de los bienes entregados o de los servicios prestados.

En resumen, lo que se intenta es evitar que, en las operaciones entre partes vinculadas, se fijen precios distintos de los de mercado que afecten al importe a ingresar en Hacienda por alguna de las partes intervinientes, cuando no tenga derecho a la deducción total del IVA soportado.

Por último, cabe destacar que las comprobaciones que se hagan en materia de operaciones vinculadas en el IVA no tienen por qué trascender este impuesto, al igual que las que se haga en materia del Impuesto sobre Sociedades no tienen por qué afectar al IVA. Por tanto, ajustes en un impuesto no llevan necesariamente aparejados ajustes en el otro.

La reforma del sistema impositivo americano

El pasado 26 de abril, mediante un escueto comunicado, la administración Trump publicó las líneas maestras de la tan promulgada reforma del sistema tributario estadounidense. El objetivo de tales reformas se encontraba recogido en el programa electoral del presidente finalmente electo. Las modificaciones que se pretenden introducir afectan tanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas como al impuesto sobre las empresas (Business Income Tax), y difieren en parte de lo principalmente propuesto en el programa electoral debido a que no se encuentra excesivamente concretado.

La principal característica de las reformas, junto con las ya predicadas bajadas de los tipos impositivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre las empresas, radica en el cambio del sistema de imputación de las rentas obtenidas por las empresas. En la actualidad, el Business Income Tax grava la totalidad de las rentas obtenidas por las compañías estadounidenses a lo largo de globo, pudiendo deducirse el gravamen ya pagado en el extranjero por las rentas obtenidas en otros Estados, de tal manera que la estructura impositiva a este respecto es igual o similar a la que emplean la gran mayoría de Estados.

Sin embargo, las propuestas publicadas recogen la modificación del sistema de tributación, pasando así de un sistema de tributación de renta mundial, tal y como se ha explicado en el párrafo precedente, a un sistema de tributación sobre la renta territorial. Es decir, las empresas estadounidenses deberán tributar en EEUU única y exclusivamente por las rentas generadas en territorio norteamericano, y no por toda la renta generada en el exterior.

Asimismo, junto con la anterior medida, se prevé la introducción de un impuesto que grave la repatriación de rentas por parte de las empresas americanas con un tipo de impositivo del 10%, con el propósito de que los rendimientos obtenidos en el exterior sean únicamente gravados cuando los mismos sean repatriados a Estados Unidos.

Como contraparte a las medidas tendentes a rebajar la tributación de las empresas, el paquete de medidas recoge la eliminación de todas las deducciones existentes en la normativa societaria, dejando únicamente la deducción por investigación y desarrollo.

Por otro lado, en relación a las personas físicas, se reducen los tipos de gravamen existentes en la actualidad, simplificando su tributación y aumentando el crédito fiscal otorgado a los contribuyentes por la realización de declaraciones, ya sea individual o conjunta.

En definitiva, parece ser que las medidas que pretende introducir el Gobierno Estadounidense tienen visos de modificar sustancialmente la tributación de las rentas en su país. Sin embargo, habrá que esperar a la concreción normativa de las propuestas, para poder determinar así el impacto real que la misma va a suponer.

IIVTNU y el gravamen de las minusvalías derivadas de las transmisiones de inmuebles

La reciente Sentencia, del 16 de febrero de 2017, del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 4. 2ª) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la medida que graven los inexistentes incrementos de valor derivados de las operaciones que produzcan el devengo del impuesto, al ser contrarios al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal, tiene por objeto el gravamen de los incrementos de valor de terrenos como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. El sistema de determinación de la base imponible se calcula mediante una formula objetiva que presume un incremento del valor del terreno con el paso del tiempo y sin tener en cuenta la renta obtenida derivada de la operación realizada sobre el inmueble. De forma que, con independencia del resultado de la operación realizada, se genera una cuota positiva y, por tanto, se produce la obligación de pago de este impuesto.

En palabras del órgano constitucional “ el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresiva de capacidad económica, lo que contradice formalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1.”

Por ello, en la medida en que no se obtengan plusvalías derivadas de las operaciones sujetas al IIVTNU, no cabe la imposición por el señalado impuesto, ya que, se estaría haciendo tributar a los contribuyentes por rentas inexistentes vulnerando con ello el principio constitucional de no confiscatoriedad.

Los efectos de la sentencia, de conformidad con el articulo 40.1 LOTC y con la jurisprudencia constitucional, serán de aplicación por los contribuyentes que se hayan visto perjudicados por el gravamen de este impuesto en la medida que las liquidaciones no sean firmes, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, y en los casos que el derecho a determinar la deuda tributaria no haya prescrito.

Por ello, los mencionados contribuyentes, podrán instar una solicitud de devolución de las cantidades indebidamente ingresadas con objeto de poder recuperar las cantidades abonadas en concepto de este Impuesto.

Si es usted uno de los perjudicados por la situación, no dude en consultarnos y analizaremos su caso.

 

Gorka Alonso Reta