El Consejo General del Poder Judicial publica las estadísticas sobre duración media de los procedimientos judiciales

El Consejo General del Poder Judicial publica las estadísticas sobre duración media de los procedimientos judiciales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho públicos por primera vez en su historia los datos correspondientes al tiempo medio estimado que cada órgano judicial tarda en resolver los procedimientos judiciales. Estos datos estadísticos, elaborados por el servicio de Estadística Judicial, tratan de determinar la duración media de los procesos ante un órgano judicial clasificados por el tipo de procedimiento llevado a cabo y la materia sobre la que trata el mismo.

Entre las bondades de los datos estadísticos publicados se encuentra la posibilidad de consultar el tiempo estimado de respuesta, expresado en meses, atendiendo al órgano y orden jurisdiccional, el tipo de procedimiento o materia y ámbito geográfico de los últimos 10 años. En lo que se refiere al sistema utilizado para la obtención de los valores publicados, en palabras del CGPJ “para efectuar el cálculo del plazo medio estimado, se ha utilizado un modelo matemático a partir de las cifras de asuntos ingresados, resueltos y en trámite al comienzo de cada periodo en cada órgano judicial.”

Entrando al análisis de los datos estadísticos, y en lo que se refiere al ámbito tributario, se puede observar que la duración media de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo, bajo la modalidad aplicada desde su modificación por medio de la L.O. 7/2015, ha ido disminuyendo durante los 2 años de su vigencia, pasando desde los 6 meses de duración media en el 2016 a los casi 4 meses (3,8 meses) de duración media en el ejercicio 2017. A nuestro parecer, esta cifra no refleja la realidad dado que en la gran mayoría de los casos analizados por la firma se puede apreciar que la duración de estos procesos, desde la interposición del recurso hasta su terminación, ha sido superior a un año.

Por el contrario, los procedimientos de única instancia ante el Alto Tribunal, como puede ser el recurso contencioso administrativo contra las Resoluciones de la Junta Arbitral del Concierto Económico Vasco o Convenio Navarro, tienen una duración media hasta 5 veces más larga que los anteriores, alcanzando hasta los 25,2 meses.

En lo referido a los asuntos en materia tributaria conocidos por la Audiencia Nacional, se puede observar una tendencia bajista en la duración procedimientos judiciales, esto es, desde los casi 30 meses de duración media del procedimiento en el año 2008 hasta los casi 25 meses de promedio existentes en el año 2017. En nuestra opinión, a pesar de observarse una tendencia positiva en lo que se refiere al plazo de finalización de los procesos, la duración de este tipo de procedimientos judiciales sigue siendo excesiva, pudiendo prolongarse el conflicto sobre liquidaciones dictadas por la Administración durante un extenso periodo de tiempo que puede abarcar hasta 15 años desde su declaración.

Por último, en lo que respecta a los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas, resulta reseñable señalar la gran diferencia en la duración de los procedimientos judiciales sobre materias tributaria existente atendiendo a la Comunidad Autónoma que se trate. Los TSJ de Baleares (2,7 meses), Castilla la Mancha (8,6 meses), y Galicia (8,7 meses) son los territorios que tienen una duración media de los procedimientos más baja. En el lado opuesto de la balanza, los TSJ de Cataluña (31,9 meses), Comunidad Valenciana (24,8 meses) y Castilla y León (17,8) han sido los territorios que han tenido los procedimientos de duración más prolongada durante los últimos años.

Con la publicación de estos datos, el CGPJ ha cumplido con los acuerdos recogidos convenio de colaboración suscrito con la organización no gubernamental Transparencia Internacional España el pasado 7 de septiembre, que tiene como objetivo aumentar la transparencia de la Administración de justicia española.

Enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales/

Cómo se puede asegurar el cumplimiento de un pacto de socios o protocolo familiar

¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de un pacto de socios o protocolo familiar?

Los pactos de socios son instrumentos realmente útiles para que los propietarios de una sociedad puedan regular cuestiones tan relevantes como el futuro de la compañía, las formulas para articular la salida de socios, o las reglas por las que regirán los órganos de gobierno.

En el ámbito de la empresa familiar, es muy habitual que, con el fin de concretar y ordenar la sucesión de la propiedad del grupo familiar, los socios o accionistas suscriban pactos de este tipo, denominados protocolos familiares.

En este sentido, cabe recordar que los pactos de socios (o en su caso, protocolos familiares) son acuerdos extraestatutarios de naturaleza contractual, sujetos a la voluntad de las partes, que se rigen por la normativa de derechos y obligaciones del Código Civil. Esto permite que puedan incluir cuestiones que no podrían regularse en Estatutos Sociales, por tratarse de pactos demasiado complejos o detallados que escapan de las limitaciones impuestas por la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), y, por consiguiente, no tienen acceso al Registro Mercantil (“RM”).

En consecuencia, la principal debilidad que se achaca a los protocolos familiares se debe al alcance de su eficacia y en las consecuencias de su incumplimiento. Dado que se trata de acuerdos entre socios, a priori, su cumplimiento no puede imponerse a terceros (entre los que se encuentra la propia sociedad) y, por tanto, únicamente podrán ser exigibles entre las partes que los hayan suscrito.

La Dirección General de Registros y Notariado (“DGRN”), en Resolución de fecha 26 de junio de 2018, se ha pronunciado sobre la posibilidad de incluir, como prestación accesoria a la condición de socio, la obligación de cumplir con lo dispuesto en el pacto extraestatutario, ratificando su validez y dotando así a estos últimos de la fuerza ejecutiva de la que gozan los Estatutos Sociales.

Con ello, la DGRN da luz verde a la inclusión de este tipo de acuerdos extraestatutarios en la esfera mercantil, de manera que obliguen, no solo a quienes los hayan suscrito, sino a todos aquellos que en el futuro pasen a ser propietarios de la compañía.

Mediante esta fórmula, la doctrina de la DGRN confirma lo que, en la práctica, ya se venía aplicando. Considera válida la cláusula estatutaria que prevea ligar a la condición de socio, el cumplimiento de un pacto. De suerte que, el socio que en el futuro adquiera participación en la sociedad e incumpla dicha prestación, no solo estará sometido a los remedios contractuales en él previstos, sino que, además, podrá verse excluido de la sociedad, por el incumplimiento de una prestación accesoria.

Los prestamistas pagarán el AJD de los préstamos hipotecarios desde mañana

Los prestamistas pagarán el AJD de los préstamos hipotecarios desde mañana

En la cascada de acontecimientos desatados desde que se dictasen, por parte de la Sección Segunda de la Sala Tercera, las Sentencias del Tribunal Supremo 1505/2018, de 16 de octubre; 1523/2018, de 22 de octubre y 1531/2018, de 23 de octubre, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 17/2018, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RDl).

Por medio de este texto legislativo, se modifica el artículo 29 del citado Texto Refundido, especificando que “cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”.

Esta modificación entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del RDl en el BOE, es decir, mañana día 10 de noviembre de 2018.

Adicionalmente, el RDl modifica el artículo 15 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, que regula los gastos fiscalmente no deducibles, para indicar que, “con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley” no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades “la deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales”.

Por lo tanto, los bancos, que se convertirán en sujetos pasivos del AJD en préstamos hipotecarios formalizados a partir de mañana, no podrán deducirse el gasto derivado del pago del impuesto en los ejercicios siguientes.

Esta modificación afecta a los préstamos hipotecarios que se formalicen sobre bienes inmuebles situados en Territorio Común.

Por lo tanto, para todos aquellos bienes sobre los que se formalicen garantías hipotecarias situados en los Territorios Históricos del País Vasco y de Navarra, la situación permanece inalterada.

Eneko Rufino Bengoechea

La Hipoteca del Tribunal Supremo

La “Hipoteca” del Tribunal Supremo

Es por todos sabido que, el pasado 16 de octubre de 2018, la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó la sentencia nº 1505/2018, en la que, tras declarar la nulidad del número 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, determinó que el sujeto pasivo de la cuota gradual de la modalidad de Documentos Notariales del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (en adelante, AJD), en los supuestos de escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria, era el prestamista, y no el prestatario.

Este criterio, reiterado por sentencias de la misma Sección de los días 22 de y 23 de octubre, supuso un giro jurisprudencial con respecto a la postura que el propio tribunal había venido manteniendo de forma reiterada los años precedentes.

En este contexto, el Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó, en el ejercicio de la potestad que el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé, y dada la “enorme repercusión económica y social” del asunto, avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de los recursos pendientes sobre la materia. El objetivo era que el Pleno decidiera si dicho giro jurisprudencial debía ser o no confirmado.

Esta situación y la dimensión social que la misma adquiere, generaron una situación de inseguridad jurídica poco deseable que penalizó de forma clara a las operaciones desarrolladas en un sector fundamental para consolidar la inversión y la recuperación económica.

Conviene señalar, a estos efectos, que el mero giro jurisprudencial no implica, per se, una vulneración del principio de seguridad jurídica, interpretado, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, como la suma de valores como la legalidad, certeza, publicidad normativa, e interdicción de la arbitrariedad que debe acompañar al tráfico mercantil en aras del adecuado desarrollo económico. No obstante, el singular desarrollo de los acontecimientos, la especial sensibilidad desarrollada por la ciudadanía, y la propia puesta en escena de las instituciones judiciales han contribuido, desafortunadamente, a provocar un revuelo mayúsculo que nos ha acompañado hasta la celebración del Pleno el día 5 de noviembre.

Asimismo, el tratamiento que la prensa ha dado a la cuestión ha propiciado una mayor crispación. Se ha enfocado el asunto como una batalla entre consumidores y entidades financieras; mientras que, las Administraciones Tributarias han sido las grandes beneficiadas al haber logrado mantenerse al margen de la controversia. Se daba por hecho que, de pronunciarse el Pleno bendiciendo el nuevo criterio y admitiendo los efectos retroactivos de la Sentencia, la Administración podría girar el impuesto a los bancos liquidando el impuesto sin mayor limitación que la sujeción al plazo de prescripción. Nada más lejos de la realidad. A mi juicio, existirían fundamentos jurídicos de peso para entender que las entidades financieras podrían pleitear contra estas hipotéticas liquidaciones practicadas por la Administración como repetición de la devolución de ingresos indebidos que los prestatarios, sujetos pasivos del AJD hasta la fecha, instarían contra las Comunidades Autónomas.

Sin ir más lejos, podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2018, en la que se exponen ciertas implicaciones del principio de confianza legítima en materia tributaria. En ella se concluye que a un contribuyente no se le pueden exigir impuestos “pasados” por el hecho de haberse producido un cambio de criterio, ya que la exigencia de un impuesto, “en cuanto expresión de un cambio de criterio imprevisible, habría vulnerado la confianza legítima del contribuyente”.

Sea como fuere, resultaba claro que el pronunciamiento judicial del Pleno nos mantenía a todos a la expectativa, no solo por las implicaciones jurídico-técnicas que la cuestión albergaba, sino por el deseo de descubrir la reacción del Tribunal Supremo como garante de los derechos de los contribuyentes ante este embrollo sin precedentes.

Llegada la fecha de celebración del Pleno, y habiéndose extendido la deliberación de los Magistrados durante dos intensas jornadas, la posición adoptada por el Tribunal no ha podido ser más desalentadora y controvertida: El Alto Tribunal, dividido al máximo, ha vuelto a rectificar su jurisprudencia, desautorizando el criterio adoptado el pasado 16 de octubre por la Sección 2ª, y dictando que es el prestatario del contrato de préstamo hipotecario el sujeto pasivo del AJD.

Sin perjuicio de que aún se desconozcan los aspectos técnicos relativos al fondo del asunto, que en su momento valoraremos, la primera conclusión que se puede sacar es el perjuicio que han sufrido, tanto la credibilidad de la propia institución, como la seguridad jurídica que esta garantiza, debiendo lamentar el sainete que se ha representado en el órgano situado en la cúspide del Poder Judicial español. La falta de precedentes cercanos y los intereses implicados han contribuido a la suspicacia de la generalidad de contribuyentes y ha generado una preocupante animadversión hacia la institución.

Es por ello que el público ha puesto en solfa la reacción del Tribunal, habiéndose interpretado como desconsiderada con los consumidores y proteccionista con la banca. El desarrollo de los hechos ha supuesto que, de 6 recursos idénticos, se hayan dirimido 3 en un sentido y, otros 3, en sentido contrario en un periodo de 15 días. Además, la Sala no ha dirimido los efectos de las sentencias de octubre, sino que ha entrado a discutir el fondo del asunto en una materia propia del ámbito tributario. En este sentido, no parece razonable entender que el Pleno de la sala presenta un mayor grado de idoneidad para decidir sobre aspectos de esta índole que la Sección 2ª, especializada en materia tributaria. Es más, y dicho sea con el debido respeto, se podría plantear, incluso, la capacidad de los magistrados de las demás secciones para conocer y decidir en torno a esta especialidad.

Sin embargo, a mi juicio, no conviene poner en entredicho la independencia, profesionalidad y objetividad de jueces y magistrados, más allá de la necesaria aclaración técnica de determinados extremos de esta serie de sentencias. Lo que entiendo es que se debería prestar la atención que merece el cuidado de la integridad, imagen, y buen nombre del poder judicial en aras del reconocimiento social de esta institución.

Sería deseable que se evitara que el conjunto de los ciudadanos perciba que el Tribunal Supremo ha hipotecado su credibilidad y legitimidad a favor de intereses terceros, habiendo desprestigiado de forma lamentable la Sección 2ª de la Sala que tan importante papel viene jugando en la protección de los derechos de los contribuyentes en los últimos tiempos.

Marcos González Villarreal

La Junta General de Socios - Existe la posibilidad de desconvocarla

La Junta General de Socios: ¿Existe la posibilidad de desconvocarla?

Pese a la ausencia de una regulación legal específica, la doctrina y la jurisprudencia han admitido la posibilidad de desconvocar la Junta General, convirtiéndolo en un hecho posible, lícito y admisible en la práctica societaria.

Sin embargo, siguen existiendo dudas en torno esta cuestión, relacionadas con la legitimidad, la forma o el procedimiento que debe seguirse para a realizar correctamente la desconvocatoria y evitar incurrir en responsabilidades.

COMPETENCIA

La competencia para desconvocar la Junta corresponde a aquellas personas físicas o jurídicas que, teniendo la facultad de convocarla, lo hayan hecho efectivamente. Pensamos en un primer lugar en los administradores de la sociedad, teniendo en cuenta que, en caso de que fueran solidarios, deberá desconvocar la Junta el mismo administrador que la haya convocado.

También, pueden existir casos en los que la Junta haya sido convocada por otros sujetos, como liquidadores (convocatorias en sociedades en liquidación), registradores (convocatorias registrales) o letrados de la administración (convocatorias judiciales). Para estos casos rige la misma norma, y por tanto, será el liquidador, registrador o letrado correspondiente el único sujeto habilitado para desconvocar válidamente la Junta.

FORMA Y PROCEDIMIENTO

El procedimiento para desconvocar correctamente la Junta pasa por seguir los mismos pasos que se realizaron para convocarla (establecidos en los Estatutos Sociales o, en su defecto, en la Ley de Sociedades de Capital). Es decir que, si los socios fueron convocados mediante anuncio en la página web de la sociedad, o mediante correo certificado con acuse de recibo, habrá que utilizar la misma vía para desconvocarla. Todo ello sin perjuicio de poder utilizar un método adicional más garantista, como el envío de un burofax o un correo electrónico, además del medio utilizado en la convocatoria.

CAUSA

Para respetar el legítimo interés de los socios y la transparencia en la gestión de la sociedad, la desconvocatoria deberá incluir el hecho o justa causa que la motiva.  De este modo, se evitan las desconvocatorias provocadas por el abuso del derecho o la administración desleal, entre otros.

En resumen, la desconvocatoria de la Junta General será válida siempre y cuando se realice respetando las formalidades observadas para su convocatoria, y siempre que se comunique la causa que la motiva.

Toda cuestión relacionada con esta materia puede ser analizada desde CIALT para resolver cualquier duda y/o proponer la mejor solución a los problemas derivados de las convocatorias y desconvocatorias de Junta.

Ainara Gómez Iglesias

La limitación de la exención por los dividendos percibidos por las empresas españolas de filiales extranjeras

La limitación de la exención por los dividendos percibidos por las empresas españolas de filiales extranjeras

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Podemos para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado que incluye una batería de medidas que abarcan diversas materias. Entre esas medidas se desliza la posible limitación de la exención de los dividendos percibidos que procedan de empresas filiales o entidades participadas domiciliadas en el extranjero.  En palabras del Gobierno, esta medida tiene la previsión de recaudar cerca de alrededor de 1.000 millones de euros.

En la actualidad, el artículo 21 LIS (artículo 33 de las NFIS de los distintos Territorios Forales), permite la exención de los dividendos percibidos de sociedades nacionales o extranjeras, siempre que se ostente, directa o indirectamente, una participación en el capital social del 5%, que se mantenga dicha participación al menos durante un año de forma continuada, y que la sociedad que reparte los dividendos tribute en el Impuesto sobre Sociedades, u otro de naturaleza análoga, a un tipo nominal superior del 10%. En los Territorios Forales, además, se exige que los beneficios distribuidos procedan de actividades empresariales, por lo que, es necesario que, al menos, el 85 por 100 de los ingresos del ejercicio de la entidad que reparte el dividendo procedan de la realización de este tipo actividades. Hay que señalar que el objetivo de la exención es evitar que se produzca una doble imposición de los beneficios.

La propuesta presentada por el Gobierno y Podemos consiste incluir en la base imponible del Impuesto el 5% sobre el monto de los dividendos percibidos de fuente extranjera. Este incremento de la base se realiza en concepto de gastos no deducibles en el impuesto derivados de la gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.

A este respecto la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, permite la adopción de este tipo de medidas siempre que no se exceda de un 5 % de los beneficios distribuidos por la sociedad filial.

Analizando la normativa de otros Estados miembros, esta medida es un reflejo de las limitaciones ya existentes en países como Alemania o Francia. En el caso de este último, la normativa fiscal francesa establece una exención del el 95% de los dividendos netos de las filiales que tributan en el Impuesto sobre Sociedades o en un impuesto de naturaleza análoga. Hay que subrayar que se hace tributar el 5% del dividendo neto percibido, esto es, una vez descontado del dividendo bruto el impuesto pagado en el Estado donde la sociedad que distribuye el dividendo está domiciliada. Para la aplicación de la exención, se exige la participación mínima del 5% en el capital social de la entidad filial y el mantenimiento continuado de la participación durante al menos 2 años.

En el caso de Alemania, la normativa del Impuesto sobre Sociedades permite la exención total de los dividendos percibidos por sociedades alemanas siempre y cuando ostenten una participación mínima en el capital social del 10% y cumplan con el requisito de su mantenimiento temporal. Sin embargo, sí establece una obligación de aumentar en la base imponible incluyendo el 5% del dividendo bruto percibido en concepto de gastos empresariales no deducibles. A efectos prácticos, nos encontramos también con una limitación de la exención de los dividendos percibidos del 5%, con la diferencia de que, en Francia, se tiene en cuenta para el cálculo el dividendo neto y, en Alemania, el dividendo bruto.

Por otro lado, debe señalarse que, a diferencia de la propuesta para España, en el caso de Francia y Alemania, la limitación de la exención se aplica tanto para los dividendos de fuente extranjera como para los dividendos de empresas nacionales, evitando vulnerar la normativa comunitaria.

La adopción de esta medida supondría un obstáculo para la internacionalización de las empresas españolas porque desincentiva la inversión en empresas en el extranjero. En el caso de las grandes empresas, esta medida se añadiría a la limitación, ya existente, a la aplicación de la deducción por doble imposición internacional recogida en el último apartado de la disposición adicional decimoquinta de la LIS.

Todavía se desconocen los términos finales de la medida que se quiere implantar, por lo que no podemos opinar sobre su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación, ni con las medidas contenidas en los Convenios internacionales para evitar la doble imposición.

También es pronto para conocer cuál va a ser la posición que van a adoptar las Territorios Forales en relación con esta medida. En cualquier caso, si no establecieran una limitación similar en la exención de los dividendos extranjeros, las empresas de estos territorios estarían en una situación más beneficiosa que las entidades de Territorio Común.

Si su empresa tiene inversiones en el extranjero y tiene dudas sobre esta cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que le ampliemos esta información.

Cierre de la Hoja del Registro Mercantil

Cierre de la Hoja del Registro Mercantil

Cuando constituimos una sociedad, y el Registro Mercantil (“RM”) procede a inscribirla, abre una hoja registral (la “Hoja”) en la que se van anotando todos actos inscribibles que ocurren durante la vigencia de la sociedad. No obstante, el incumplimiento de algunas obligaciones mercantiles o tributarias puede dar lugar, además de a una sanción económica, al cierre de la Hoja de la sociedad.

CAUSAS

El supuesto de hecho más común es la (i) falta de depósito de cuentas transcurrido un año desde que se cerró el ejercicio. Es decir, si el ejercicio social fuera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, y el día 31 de diciembre de 2018 las cuentas del ejercicio 2017 no han sido presentadas, el RM cerrará la Hoja, salvo que la sociedad acredite que las cuentas anuales no se han podido depositar por no estar aprobadas por la Junta general. También se producirá el cierre de la Hoja si la Administración Tributaria acuerda (ii) la baja provisional en el Índice de Entidades, por falta de presentación de las declaraciones del impuesto de Sociedades de los tres últimos ejercicios.

CONSECUENCIAS

El cierre de la Hoja supone la imposibilidad de inscribir cualquier documento presentado tras la fecha de cierre. Circunstancias como un cambio de domicilio, ampliaciones de capital, otorgamiento de poderes o nombramientos de auditores o Administradores no tendrán acceso al RM, y no gozarán de los beneficios de la fe pública registral.

EXCEPCIONES A LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS

Como excepción a lo antedicho, en el caso de que el cierre de la Hoja únicamente estuviera motivado por la falta de depósito de las cuentas, el Registrador inscribirá (i) el cese o dimisión de Administradores, Gerentes, Directores generales o Liquidadores (nunca el nombramiento), (ii) la revocación o renuncia de poderes, (iii) la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores (nunca la liquidación), y (iv) los asientos ordenados por las Autoridades judiciales o administrativas.

¿CÓMO SE SUBSANA ESTA SITUACIÓN?

Si el cierre de la Hoja lo causó la falta de depósito de cuentas, la sociedad deberá depositar las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios.

Si el motivo fue la baja en el Índice de Entidades, deberá presentar las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades pendientes (liquidando en su caso la deuda con la Administración), y un escrito dirigido a la Administración Tributaria solicitando el alta de la sociedad en el Índice de Entidades.

Desde CIALT, le ayudamos a poner al día las obligaciones mercantiles y tributarias de todo tipo sociedades, así como a solventar las situaciones que hayan causado el cierre de la Hoja, para que solo se preocupe de su negocio y pueda seguir operando sin obstáculos.

El Tribunal Supremo declara exenta la prestación por maternidad

El Tribunal Supremo declara exenta la prestación por maternidad

Muy recientemente, el 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo, en su sentencia número 1462/2018, se ha pronunciado sobre la interpretación correcta del artículo 7 h) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto a la prestación por maternidad y unifica la doctrina contradictoria que existía hasta ahora.

El artículo 7 h) establece que estarán exentas las prestaciones familiares reguladas en el Capitulo IX del Título II del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.”

El mismo artículo en su párrafo tercero dice Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” y el artículo finaliza diciendo que También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Interpretando literalmente este precepto, la Administración ha venido aplicando la exención a las prestaciones públicas por maternidad percibidas únicamente de las entidades de las Comunidades Autónomas o entidades locales. Por su parte, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de la Seguridad Social se consideraban como rentas percibidas de una incapacidad temporal que sustituía la renta correspondiente al trabajo del contribuyente. Por lo tanto, se interpretaba que tributaban en el IRPF como renta del trabajo.

Pues bien, en su sentencia, el Tribunal supremo ha ido más allá de la literalidad del artículo 7 h) de la ley y lo interpreta a partir de lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003 que fue la que estableció la exención. En esta, se enumeran las prestaciones públicas exentas. Entre ellas incluye, junto a las prestaciones por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, la prestación por maternidad, sin hacer distinción del órgano público del que se perciban. De este modo, el Tribunal llega a la conclusión de que el legislador sí ha querido incluir la prestación por maternidad dentro entre las rentas exentas del tercer párrafo del artículo 7 h.

En cuanto al párrafo cuarto del artículo 7 h), el Tribunal entiende que “trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”. Es decir, el Supremo interpreta que la prestación por maternidad no se limita a las concedidas únicamente por las administraciones de las comunidades autónomas o entidades locales, sino que abarca a todas las entidades públicas que concedan prestaciones por este concepto.

La Sentencia concluye diciendo que establece como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

Este pronunciamiento del Tribunal Supremo afecta a todos los contribuyentes que hubiesen percibido rentas a cargo de la Seguridad Social por maternidad. Ahora van a poder reclamar a la Administración las cantidades que abonaron en exceso durante los ejercicios no prescritos. Como regla general, podrán solicitar las devoluciones correspondientes al IRPF de los cuatro últimos ejercicios presentados.

¿Quieres recuperar la devolución?

Si has sido madre a partir del 2014 y quieres solicitar la devolución de la prestación por maternidad ingresada ante la Agencia Tributaria o en su caso, ante las Haciendas Forales correspondientes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cialt@cialt.com o si lo prefieres contactando con nosotros en 943 31 18 66.

Libe Agirre

La Diputación de Gipuzkoa impulsa el cine vasco mediante incentivos fiscales

La Diputación Foral De Gipuzkoa impulsa el cine vasco mediante incentivos fiscales

Esta semana, en la que se celebra el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ha sido la elegida por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la presentación del Anteproyecto de Norma Foral por la que se modifican los incentivos para el fomento de la cultura en el Impuesto sobre Sociedades.

La Diputación ha decidido apostar definitivamente por el cine guipuzcoano, que goza de buena salud, con reconocimientos nacionales e internacionales y que presenta un alto potencial de crecimiento. De esta forma se da respuesta al apoyo financiero que parte del sector audiovisual estaba reclamando a las Instituciones en los últimos tiempos.

Con el Anteproyecto, la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende dar un impulso definitivo a esta industria ofreciendo a los inversores en proyectos cinematográficos importantes incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. Se pretende adaptar la Disposición Adicional decimoquinta de la Norma Foral del Impuesto, que regula hasta ahora los incentivos para el fomento de la cultura, a los parámetros establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 332/01 sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual.

El Anteproyecto prevé la introducción de dos incentivos para el sector audiovisual:

  • El primero de ellos será de aplicación a inversiones en producciones españolas de largometrajes y series audiovisuales, estableciéndose una deducción en cuota del 30% sobre el coste de producción, gastos de obtención de copias y gastos de promoción. La deducción será del 40% para aquellas obras que se rueden en euskera. Para la aplicación de esta deducción se establece el requisito de que al menos el 50% de la deducción se corresponda con gastos realizados en la Comunidad Autónoma Vasca. También es necesario que la participación técnica o artística vasca sea de, al menos, cuatro personas y que el período mínimo de rodaje en el País Vasco sea de dos semanas. Asimismo, se establece que el importe máximo de deducción será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.El incentivo será de aplicación en el ejercicio en el que la obra audiovisual se estrene en las salas de cine, en televisión, o en similares medios, y no en el ejercicio en el que se realice la inversión.
  • El segundo de los incentivos es de aplicación sobre las inversiones en producciones extranjeras. Se establece una deducción en cuota del 25% de los gastos realizados en territorio de la CAV, siendo necesario que estos gastos asciendan al menos a un millón de euros y que el coste total de la producción supere los dos millones de euros. Al igual que para el caso anterior, la deducción máxima será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.

En ambos casos, la base de deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas.

El Anteproyecto establece que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2019, aunque la exposición de motivos recoge que la aplicación de los incentivos queda supeditada a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario.

Estamos sin duda ante una buena noticia para el cine en general y sobre todo para las obras que se rueden en euskera.

Para aquellos interesados en ampliar la información sobre estos incentivos, desde CIALT nos comprometemos a poner a su disposición la experiencia que hemos adquirido en los últimos años en la gestión fiscal de diversos proyectos audiovisuales.

Deben los administradores pedir permiso a los socios para gravar activos esenciales

¿Deben los administradores pedir permiso a los socios para gravar activos esenciales?

La reforma para la mejora del gobierno corporativo, que entró en vigor a finales del 2014, amplió las competencias de la Junta de Socios o Accionistas (“Junta”), entre otros supuestos, para autorizar “la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales

La aplicación de este precepto, contenido en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), ha dado lugar a muchos problemas de interpretación respecto de los bienes que pueden constituir activos esenciales para una sociedad. Por otra parte, la norma tampoco especifica cuáles son los negocios jurídicos que requieren de dicha autorización y, por tanto, en qué supuestos los administradores deben convocar a los socios para que legitimen sus actuaciones.

En este contexto, una de las cuestiones que mayor debate ha generado ha sido si la norma exige, o no, la autorización de los socios para la constitución de gravámenes sobre activos esenciales requiere.

Es decir, ante actos que no supongan una adquisición o enajenación inmediata (como ocurre con la constitución de una hipoteca), pero cuya ejecución futura puede producir esa circunstancia, ¿deben los administradores solicitar autorización a la Junta?

Si bien una interpretación literal de la norma no exige el permiso de la Junta para la constitución de gravámenes o cargas sobre activos esenciales, son muchos quienes opinan que es imprescindible obtener este consentimiento en el momento de su constitución, dado que en el momento de su ejecución la enajenación del activo ya no depende de la voluntad de la sociedad.

Al respecto, la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN”), en Resolución de 22 de noviembre de 2017, analiza la negativa del Registrador de la Propiedad de inscribir una escritura en la que, el administrador único de la SL constituye una hipoteca sobre una finca, para garantizar precisamente el préstamo destinado a financiar su compra. Aunque la Junta había autorizado expresamente la adquisición de la finca no había autorización expresa para hipotecarla.

A juicio de la DGRN, la adquisición de la finca y su posterior gravamen están íntimamente ligados y, en consecuencia, no se trata de la disposición de un activo esencial, sino de su adquisición con detracción de la deuda hipotecaria. Por ello, revoca la calificación del Registrador, entendiendo incluida en la autorización de la Junta para la adquisición de la finca, el permiso de esta para constituir la hipoteca que garantiza la financiación señalada.

La Resolución de la DGRN no especifica si este supuesto de compra y gravamen simultáneo es el único caso en el que se exime de autorización de Junta, o si, por el contrario, los gravámenes están excluidos del art.160 de la LSC con carácter general.

Por todo ello, ante la imprecisión de la DGRN y la disparidad de criterios doctrinales al respecto, parece lógico que, por el momento, sean muchos quienes sigan requiriendo del acuerdo de la Junta para la formalización e inscripción de gravámenes sobre activos esenciales.