Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Valoración fiscal de un vehículo a disposición de un trabajador: Renta en Especie

Cuando se hace referencia al concepto “coche de empresa”, resulta muy común que el trabajador disponga de su vehículo tanto para uso privado como para uso empresarial. Por ello, la legislación contempla un trato diferenciado para el uso de vehículos con fines empresariales y particulares. Cuando se disfrute del vehículo para fines particulares, la renta se calificará como retribución en especie, mientras que, en otro caso, no tendrá tal consideración.

El problema, a efectos fiscales, se plantea a la hora de valorar el grado de utilización del vehículo para uno y otro uso, ya que, la normativa no contempla ninguna regla de distribución. Esto ha dado lugar a numerosas y dispares resoluciones administrativas, de forma que no se puede concluir la existencia de un criterio de reparto admitido por la Administración Tributaria.

La D.G.T ha manifestado, entre otras, en las Consultas Vinculantes de 26 de abril de 2011 y 9 de julio de 2013 que, en los supuestos de utilización parcial de un vehículo, se imputa retribución en especie si el trabajador, de acuerdo con la naturaleza y características de las funciones que desempeña, tiene facultad de disposición del vehículo para su uso particular. Las consultas no consideran relevante que exista o no una utilización efectiva. Con este criterio, la utilización del vehículo para fines particulares no exige un manejo efectivo del vehículo, sino que basta con que esté a disposición del trabajador para cubrir necesidades personales. Se considera que esto ocurre siempre que se encuentre fuera de su horario laboral.

Este criterio choca frontalmente con la posición de la Audiencia Nacional – sentencias de fecha 13 de abril del 2009 y, más recientemente, en la de fecha 8 de marzo del 2012 – que considera que el criterio de la disponibilidad debe ser modulado por las características del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador. Según la sentencia, debe atenderse a la efectiva utilización del bien y no a la mera facultad de disposición. El criterio se fundamenta en el tenor literal del artículo 43 LIRPF, que alude a la “utilización” y no a la “facultad de utilización”, por lo que, considera que el criterio de disponibilidad no resulta íntegramente trasladable en algunos supuestos.

Como hemos señalado, no existe precepto normativo que defina la forma de distribuir el uso del vehículo entre fines particulares y empresariales a efectos de determinar los rendimientos en especie en el IRPF. Esto provoca una gran inseguridad jurídica para trabajador y empresa. También genera discusiones en vía administrativa, cuando la Inspección comprueba el importe de los rendimientos en especie, y aumenta el número de recursos en vía contenciosa. La inseguridad es todavía mayor si tenemos en cuenta que no existe uniformidad de criterio dentro de la propia Inspección tributaria.

Laura Vírseda

Operaciones Vinculadas en IVA

Operaciones Vinculadas en el IVA

Si bien es conocido el régimen de operaciones vinculadas en el marco de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, no hay que olvidar que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA), también prevé que la Administración, en determinados casos tasados, pueda modificar la base imponible de una operación vinculada si considera que el precio convenido entre las partes vinculadas no es acorde a mercado.

En concreto, en el artículo 79.Cinco. de la LIVA se señala que “cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base imponible será su valor normal de mercado”

Los casos de vinculación, a efectos de IVA, son más amplios que los regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, la Administración sólo podrá modificar el valor convenido si concurre alguno de los 3 supuestos siguientes:

  1. Que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la contraprestación pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de libre competencia.
  2. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que no genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea inferior al valor normal de mercado.
  3. Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea superior al valor normal de mercado.

Sólo en el caso de operaciones vinculadas en las que concurra alguno de estos supuestos y el precio pactado entre las partes no sea de mercado, podrá la Administración modificar la base imponible y la cuota del IVA.

Se entenderá por valor normal de mercado el necesario para adquirir los bienes o servicios en cuestión en ese mismo momento, en la misma fase de comercialización, en condiciones de libre competencia, a un proveedor independiente. En caso de que no hubiera operaciones comparables, el valor de mercado aplicado no podrá ser inferior al coste de adquisición de los bienes entregados o de los servicios prestados.

En resumen, lo que se intenta es evitar que, en las operaciones entre partes vinculadas, se fijen precios distintos de los de mercado que afecten al importe a ingresar en Hacienda por alguna de las partes intervinientes, cuando no tenga derecho a la deducción total del IVA soportado.

Por último, cabe destacar que las comprobaciones que se hagan en materia de operaciones vinculadas en el IVA no tienen por qué trascender este impuesto, al igual que las que se haga en materia del Impuesto sobre Sociedades no tienen por qué afectar al IVA. Por tanto, ajustes en un impuesto no llevan necesariamente aparejados ajustes en el otro.

La reforma del sistema impositivo americano

El pasado 26 de abril, mediante un escueto comunicado, la administración Trump publicó las líneas maestras de la tan promulgada reforma del sistema tributario estadounidense. El objetivo de tales reformas se encontraba recogido en el programa electoral del presidente finalmente electo. Las modificaciones que se pretenden introducir afectan tanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas como al impuesto sobre las empresas (Business Income Tax), y difieren en parte de lo principalmente propuesto en el programa electoral debido a que no se encuentra excesivamente concretado.

La principal característica de las reformas, junto con las ya predicadas bajadas de los tipos impositivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre las empresas, radica en el cambio del sistema de imputación de las rentas obtenidas por las empresas. En la actualidad, el Business Income Tax grava la totalidad de las rentas obtenidas por las compañías estadounidenses a lo largo de globo, pudiendo deducirse el gravamen ya pagado en el extranjero por las rentas obtenidas en otros Estados, de tal manera que la estructura impositiva a este respecto es igual o similar a la que emplean la gran mayoría de Estados.

Sin embargo, las propuestas publicadas recogen la modificación del sistema de tributación, pasando así de un sistema de tributación de renta mundial, tal y como se ha explicado en el párrafo precedente, a un sistema de tributación sobre la renta territorial. Es decir, las empresas estadounidenses deberán tributar en EEUU única y exclusivamente por las rentas generadas en territorio norteamericano, y no por toda la renta generada en el exterior.

Asimismo, junto con la anterior medida, se prevé la introducción de un impuesto que grave la repatriación de rentas por parte de las empresas americanas con un tipo de impositivo del 10%, con el propósito de que los rendimientos obtenidos en el exterior sean únicamente gravados cuando los mismos sean repatriados a Estados Unidos.

Como contraparte a las medidas tendentes a rebajar la tributación de las empresas, el paquete de medidas recoge la eliminación de todas las deducciones existentes en la normativa societaria, dejando únicamente la deducción por investigación y desarrollo.

Por otro lado, en relación a las personas físicas, se reducen los tipos de gravamen existentes en la actualidad, simplificando su tributación y aumentando el crédito fiscal otorgado a los contribuyentes por la realización de declaraciones, ya sea individual o conjunta.

En definitiva, parece ser que las medidas que pretende introducir el Gobierno Estadounidense tienen visos de modificar sustancialmente la tributación de las rentas en su país. Sin embargo, habrá que esperar a la concreción normativa de las propuestas, para poder determinar así el impacto real que la misma va a suponer.

IIVTNU y el gravamen de las minusvalías derivadas de las transmisiones de inmuebles

La reciente Sentencia, del 16 de febrero de 2017, del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 4. 2ª) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la medida que graven los inexistentes incrementos de valor derivados de las operaciones que produzcan el devengo del impuesto, al ser contrarios al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal, tiene por objeto el gravamen de los incrementos de valor de terrenos como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. El sistema de determinación de la base imponible se calcula mediante una formula objetiva que presume un incremento del valor del terreno con el paso del tiempo y sin tener en cuenta la renta obtenida derivada de la operación realizada sobre el inmueble. De forma que, con independencia del resultado de la operación realizada, se genera una cuota positiva y, por tanto, se produce la obligación de pago de este impuesto.

En palabras del órgano constitucional “ el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresiva de capacidad económica, lo que contradice formalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1.”

Por ello, en la medida en que no se obtengan plusvalías derivadas de las operaciones sujetas al IIVTNU, no cabe la imposición por el señalado impuesto, ya que, se estaría haciendo tributar a los contribuyentes por rentas inexistentes vulnerando con ello el principio constitucional de no confiscatoriedad.

Los efectos de la sentencia, de conformidad con el articulo 40.1 LOTC y con la jurisprudencia constitucional, serán de aplicación por los contribuyentes que se hayan visto perjudicados por el gravamen de este impuesto en la medida que las liquidaciones no sean firmes, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, y en los casos que el derecho a determinar la deuda tributaria no haya prescrito.

Por ello, los mencionados contribuyentes, podrán instar una solicitud de devolución de las cantidades indebidamente ingresadas con objeto de poder recuperar las cantidades abonadas en concepto de este Impuesto.

Si es usted uno de los perjudicados por la situación, no dude en consultarnos y analizaremos su caso.

 

Gorka Alonso Reta

¿Sabes que impuestos tendrás que pagar si te toca El Gordo?

¡Llegó el día! Bombos girando, el ruido de las bolitas cayendo en las copas, los niños de San Ildefonso cantando números y nosotros esperando a la suerte. Pero, y si nos toca El Gordo, ¿Sabemos que impuestos debemos pagar?

Los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), están sometidos a tributación:

  • Los premios inferiores o iguales a 2500 euros, estarán exentos de pagar impuestos. Los que superen esta cifra, tributarán por la parte que exceda de dicho importe.
  • En el momento de cobrar el premio, se soportará una retención o ingreso a cuenta que practicará la SELAE.
  • La base de retención estará formada por el importe del premio y el porcentaje de retención será del 20 por ciento.
  • En materia de IRPF, aquellos que hayan soportado la retención en el momento del abono del premio, no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación.
  • En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se deberá incluir el importe del premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto y la retención/ingreso a cuenta del 20% soportado como un pago a cuenta más.

¿Qué pasa con los décimos compartidos?

El gestor del décimo deberá acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido entre varias personas, para que la repartición del premio no sea considerada como una donación. La mejor forma de hacerlo sería cobrar el premio a través de los bancos o cajas y hacer las transferencias con los nombres, apellidos y DNI de las personas que tienen que adquirir su parte del premio.

Después de realizar nuestras obligaciones fiscales, solo quedaría disfrutar del premio y hacer realidad todas esas frases que empiezan con, si me toca la lotería…

[i]En Territorios Forales el tipo de gravamen fluctúa entre el 21%-25%

Desayuno informativo en CIALT

Hoy día 1 de diciembre, hemos celebrado en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa un desayuno en el que hemos informado sobre novedades tributarias aprobadas para el 2016/2017, así como las medidas para fomentar la participación de los trabajadores en la empresa.

Entre todas las novedades, hemos querido destacar las siguientes:

  • Incentivos fiscales a la participación de trabajadores en la empresa
  • Financiación de proyectos I+D+i: medidas muy interesantes para empresas o financiadores que invierten en proyectos I+D+i, que pueden conseguir rentabilidad de dicha inversión mediante la aplicación de deducciones fiscales.

Si no habéis podido venir o queréis información sobre estas novedades, no dudéis en dejarnos un comentario o escribirnos a admon@cialt.com.

¡CIALT estrena blog!

En CIALT asesores estamos de estreno. Hemos creado nuestro pequeño rinconcito para poder opinar, aconsejar, explicar, aclarar, … cualquier tema o concepto en lo referente al derecho tributario o fiscal y mercantil.

Poco a poco iremos subiendo contenido a nuestro Blog que esperemos os resulten interesantes. Como en todo tipo de artículos, seguramente habrá diferentes opiniones, dudas o sugerencias. ¡Eso nos encanta! No dudéis en compartirlas con nosotros porque seguro que con vuestras aportaciones los artículos se verán enriquecidos.

¡Nos veremos por aquí!