NUEVAS POSIBILIDADES EN LAS HERENCIAS DEL PAÍS VASCO

LA LEY DE DERECHO CIVIL VASCO Y LA REFORMA DEL SISTEMA HEREDITARIO

Imagen Herencias
La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, que entró en vigor el día 3 de octubre, ha supuesto una gran novedad puesto que regula por primera vez un Derecho Civil propio para todos los habitantes de la comunidad autónoma del País Vasco.

La nueva normativa crea la vecindad civil vasca, que se adquirirá automáticamente desde la entrada en vigor de esta Ley por todos los ciudadanos del País Vasco con vecindad civil en estos territorios, aplicándose las disposiciones de la Ley a todos ellos.

Las principales novedades de la Ley se introducen en materia sucesoria, aunque también se establecen algunas respecto al régimen económico-matrimonial.

En materia de sucesiones hereditarias destacamos las siguientes novedades:

  • El heredero va a responder de las obligaciones y deudas del causante, pero únicamente hasta el valor de los bienes heredados en el momento del fallecimiento del causante. Es decir, se suprime la responsabilidad universal por la que el heredero respondía de las deudas del difunto también con sus propios bienes.
  • Se introducen nuevas formas de testar que se añaden a las que hasta ahora estaban vigentes en el Código Civil. Los ciudadanos vascos podrán otorgar, entre otros, los siguientes testamentos:
    • El testamento hilburuko, o en peligro inminente de muerte, que se podrá realizar de palabra, ante 3 testigos y ser posteriormente redactado, adverado y protocolarizado ante notario.
    • El testamento mancomunado o de hermandad, en el que dos personas de forma conjunta disponen en un solo documento de todos o parte de sus bienes o designan comisario a la misma o distinta persona.
    • El testamento por comisario, en el que se encomienda a otra persona o personas la facultad de designar sucesor, distribuir la herencia y demás facultades transmisoras propias.
  • Se modifica la regulación de las legítimas, entendida como la parte de los bienes que el testador está obligado a transmitir a unas personas determinadas, lo que implica una mayor libertad para testar y distribuir los bienes de una persona. Hasta ahora, los descendientes debían recibir de forma imperativa dos terceras partes de la herencia, sin embargo la nueva Ley establece que la legítima de los descendientes será únicamente un tercio del valor económico de la herencia. Además, esta legítima no tiene por qué transmitirse por partes iguales a todos sus descendientes, sino que el testador puede elegir a uno o varios y apartar a los demás, incluso puede nombrar a sus nietos en defecto de sus hijos, aunque éstos vivan. Por tanto, se abre un amplio abanico de posibilidades para que el testador decida a quién quiere transmitir sus bienes, no estando obligado a transmitir la mayor parte a sus descendientes o familiares directos.
  • Se equipara al cónyuge viudo y a la pareja de hecho, lo que supone que legalmente ambos tienen los mismos derechos en régimen de sucesiones. En cuanto a la legítima del cónyuge viudo o pareja de hecho, en caso de concurrir con descendientes, ascenderá al usufructo de la mitad (1/2) de todos los bienes del causante. De lo contrario, le corresponderá el usufructo de dos tercios (2/3) de todos los bienes.
  • Otra novedad es que el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho tendrá a su vez, derecho de habitación en la vivienda conyugal mientras se conserve en estado de viudedad, no haga vida marital ni tenga un hijo no matrimonial o no constituya una nueva pareja de hecho.
  • Se introducen los pactos sucesorios, prohibidos legalmente hasta ahora. Esto supone que una persona puede en vida pactar con sus herederos regular qué bienes les transmitirá tras su fallecimiento y de qué forma, en qué momento lo recibirán, también se puede renunciar a una herencia en vida, etcétera.
  • Algunas instituciones forales como la troncalidad (Bizkaia), la libertad de testar del Valle de Ayala, o la sucesión del caserío en Gipuzkoa, se aplicarán únicamente a quienes tengan vecindad civil local en los territorios en los que sean aplicables dichas disposiciones.

En materia de régimen económico-matrimonial, tal y como estaba vigente, el régimen económico matrimonial será el que los cónyuges establezcan en capitulaciones matrimoniales, de manera que las parejas disponen de libertad total a la hora de optar por el régimen matrimonial que regulará su matrimonio, pudiendo otorgar las citadas capitulaciones, bien antes o después de la celebración del matrimonio.

A falta de capitulaciones matrimoniales, el matrimonio se regirá por las normas de la sociedad de gananciales, reguladas en el Código Civil. No obstante, a quienes tengan vecindad civil local vizcaína se les aplicarán de forma supletoria, las normas especiales del régimen de comunicación foral. En el caso de las parejas de hecho, el régimen legal por defecto será el de separación de bienes.

Se ha de destacar que por pareja de hecho se entenderá aquellas que estén inscritas en el Registro especial creado por la Ley 2/2003, de 7 de marzo, es decir el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En resumen, se modifica de forma sustancial la normativa de sucesiones y de régimen matrimonial que hasta ahora estaba vigente para los ciudadanos vascos. Tras la entrada en vigor de la Ley cada persona podrá decidir con mayor libertad y flexibilidad cómo redactar el testamento y las capitulaciones matrimoniales, sin muchas de las restricciones legales que hasta ahora eran aplicables.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ACEPTAR UNA HERENCIA

¿Quién se puede considerar heredero? ¿Todos los herederos tienen que estar de acuerdo para repartir una herencia? ¿Es obligatorio aceptar una herencia o se puede rechazar la misma?

Estas y otras cuestiones son las que nos planteamos la mayoría de las personas cuando fallece un familiar. En este breve artículo vamos a intentar responder a algunas, porque evidentemente es imposible responder de forma breve a toda la problemática y a todas las dudas que se suscitan a la hora de repartir una herencia.

  • Concepto de heredero

En primer lugar, una cuestión fundamental a tener en cuenta es que para ser heredero previamente se debe aceptar la herencia. El hecho de que en el testamento se designe a una persona no significa que automáticamente se convierta en heredero. Los bienes de la persona fallecida, hasta que son aceptados y repartidos por los beneficiarios de la herencia, conforman la denominada “herencia yacente”.

  • Herencia testada e intestada

La herencia puede ser testada o intestada. La testada, como el mismo nombre indica, es aquélla en la que el fallecido ha otorgado un testamento nombrando a sus herederos e indicando cómo quiere proceder al reparto de sus bienes. La herencia intestada, por otra parte, tiene lugar cuando el fallecido no ha realizado testamento. En ese caso, sus bienes serán repartidos conforme a las disposiciones legales aplicables.

  • Aceptación o repudiación de la herencia

No es obligatorio aceptar una herencia, se trata de un acto totalmente personal y voluntario.

En el caso de decidir aceptar la herencia, ¿cómo se debe realizar esa aceptación, puede ser parcial? Ésta es una duda que se plantea a menudo por las personas interesadas. Pues bien, la herencia tiene que aceptarse o repudiarse totalmente, no cabe aceptar o rechazar en parte la misma.

  • Bienes y deudas

Cuando se acepta una herencia, no sólo se aceptan y se reciben bienes y derechos, sino que también se heredan las deudas del fallecido. Esto es algo que se debe tener en cuenta por los posibles interesados.

Hay una posibilidad de no hacerse cargo de las deudas de la persona fallecida, que es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Esto supone que previamente a repartir los bienes se han de pagar las deudas del fallecido. Si una vez abonadas las mismas, quedan bienes a repartir, estos bienes serán los que reciban los herederos.

  • El reparto o la partición de la herencia

¿Cómo se realiza la partición de la herencia? En primer lugar, se debe proceder a realizar el denominado inventario y avalúo de los bienes, es decir, identificar todos los bienes, derechos, y en su caso, deudas de la herencia, y valorar los mismos.

Salvo que se haya designado en el testamento una persona que realice el reparto de los bienes (el denominado contador-partidor) o el propio testador haya establecido en el testamento cómo realizar la partición, son los propios herederos quienes deben valorar y repartir los bienes.

La partición se debe realizar por todos los herederos y además debe realizarse el reparto de los bienes por unanimidad. Es decir, todos deben estar de acuerdo en la valoración y en el reparto de los bienes. Así que aunque la mayoría alcance un consenso en repartir de una determinada manera los bienes, si hay uno solo de ellos que no está conforme con dicha decisión, no se podrá producir el reparto.

Y la pregunta que procede es qué pasa en el caso de que no se llegue a un acuerdo en el reparto de los bienes. Pues inevitablemente en ese caso el único recurso que queda es acudir a los tribunales para solicitar la división judicial de la herencia. El Juez nombrará una persona que realice el inventario y valoración de los bienes y se decidirá el reparto de los mismos.

Evidentemente, se trata de la peor solución posible, porque la resolución judicial no va a satisfacer muy probablemente la voluntad de los herederos.

Conclusiones

Con el presente artículo se ha tratado de dar respuesta de forma sencilla a alguno de los múltiples interrogantes que se suscitan cuando se ha de proceder a la aceptación y el reparto de una herencia.

De todas formas, para evitar posibles conflictos y ahorrar a los futuros herederos tener que realizar trámites costosos o tomar decisiones difíciles, es muy conveniente planificar de forma adecuada la sucesión. Debemos ser conscientes que es fundamental realizar un testamento, sobre todo, cuando cada persona tiene claro cómo quiere repartir sus bienes y a quién quiere dejárselos.

El simple hecho de otorgar un testamento supone ahorrar a los futuros herederos muchos quebraderos de cabeza y facilitarles los trámites a realizar para poder tomar posesión de la herencia.

EL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN DECLARA NULO, POR ABUSIVO, EL PACTO DE FIANZA DE UN PRÉSTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA

El Juzgado de lo mercantil de San Sebastián ha dictado sentencia con fecha 2 de octubre del 2014, por la que declara la nulidad de la fianza estipulada en un préstamo con garantía hipotecaria, en virtud de la cual los fiadores liberaban a la entidad financiera Kutxabank de su obligación de notificarles la falta de pago del deudor principal afianzado y renunciaban expresamente a los beneficios de orden, excusión, división y extinción previsto en el artículo 1.851 del Código Civil.

El origen del asunto, se remonta a junio de 2006 cuando un matrimonio, ahora demandantes, avaló a su hija y a su yerno, respectivamente, en la contratación de un préstamo hipotecario con Kutxa para la adquisición de una vivienda por un importe de 503.000,00 €. Una vez impagado el préstamo, la entidad financiera inició directamente un procedimiento de ejecución contra los fiadores sin ejecutar la garantía hipotecaria constituida a su favor, razón por la que éstos iniciaron un procedimiento judicial interesando la nulidad de la cláusula de fianza por resultar esta presuntamente abusiva.

Los argumentos de los demandantes se centran en su renuncia a los beneficios de orden, división y excusión previstos en los arts. 1830 y siguientes del Código Civil señalando que tal renuncia vulnera lo previsto en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), toda vez que consideran nulas las condiciones generales abusivas. Por su parte, la entidad demandada, Kutxabank, atendiendo al artículo 4.2 de la “Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores” defiende la falta de capacidad del juzgador para entrar a valorar o moderar las cláusulas de garantía por constituir éstas el objeto esencial del contrato suscrito.

Pues bien, el Juzgado de lo Mercantil, partiendo de las Sentencias del TJUE, de 3 de junio de 2010 y 30 de abril de 2014, concluye que las cláusulas del art. 4.2 de la Directiva pueden ser analizadas por los Tribunales españoles debido a que nuestro legislador ha previsto esa posibilidad, tal y como mantiene nuestra jurisprudencia, entre otras, en STS de 4 de noviembre de 2010 y 29 diciembre de 2010, cuando declara nulas las llamadas “cláusulas de redondeo”.

Pero es que, además, el Juzgado de lo Mercantil entiende que una cláusula como la discutida en este caso, esto es, un aval a un contrato de préstamo que ya contaba con garantía hipotecaria, de ninguna forma puede considerarse una obligación esencial del contrato (o, como establece el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE “definición del objeto principal del contrato”), tal y como defiende Kutxabank, sino que se trata de una obligación accesoria al contrato. Por ello, el Juzgador entiende que, en cualquier caso, cabe analizar la cláusula denunciada por los demandantes.

La cuestión de fondo es determinar si la cláusula de garantía, que contiene una renuncia de derechos, se acomoda a la antedicha Directiva, en lo que respecta a las cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, entendiendo el Juzgador que nos encontramos ante una condición general de la contratación del artículo 1 de la LCGC, llegando a la conclusión, en aplicación de la citada Ley, así como de la LGDCU, que debe considerarse abusiva la imposición a los fiadores de esa renuncia de derechos.

En tal sentido señala la Sentencia que “quien firma un aval de esta naturaleza hace algo más de lo que comúnmente se entiende por avalar o afianzar” quedando en la misma posición que el deudor principal, situación que es improbable haya querido realmente. Al encontrarse la deuda garantizada con una hipoteca, el avalista consideraría, con razón, que sólo en caso de incumplimiento del deudor principal, de insuficiencia de su patrimonio y de falta de valor suficiente de la garantía real, llegaría a responder pero no ya desde el inicio.

Por tanto, para el Juzgado, existiendo la garantía general del art. 1911 Código Civil –responsabilidad universal- de los deudores principales y la hipoteca sobre el inmueble, la renuncia, sin explicación, realizada por los fiadores a sus derechos de orden, excusión y división resulta desproporcionada, conforme a la LGDCU.

Finalmente el Juzgador concluye señalando que si se hubiera negociado de forma leal y equitativa, es poco probable que los fiadores hubiesen aceptado dichas renuncias colocándose, por ello, en idéntica situación que el deudor solidario, pero sin recibir nada a cambio, de modo que no se respeta el justo equilibrio de prestaciones y tampoco acredita la entidad financiera demandada que la renuncia de derechos derive de una negociación individualizada, cuya prueba le corresponde a ella, en base al principio de disponibilidad y facilidad probatoria del artículo 217.7 de la LEC.

La sentencia resulta, a priori, pionera en lo que se refiere a la nulidad de la cláusula del fiador en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, pero sigue la línea ya iniciada por el Auto del Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 84 que el pasado 3 de febrero de 2014 declaraba nula, por abusiva, la cláusula de extensión de la fianza, desarrollando ampliamente los argumentos que, en nuestra opinión, ahora ha tomado como referencia el Juzgado de San Sebastián.

Sin perjuicio de lo anterior, habrá que esperar al pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa sobre la citada Sentencia, que, de ser confirmada, resulta incuestionable, supondrá un precedente judicial de suma importancia en supuestos semejantes al ahora comentado, o en aquellos otros en los que la entidad financiera, tras la ejecución hipotecaria, decida iniciar un nuevo procedimiento ejecutivo frente a los fiadores al resultar insuficiente el bien subastado para cubrir la totalidad del crédito, además de suponer la nulidad de la cláusula de afianzamiento, un revés importante para los bancos que verán dificultada, sobremanera, la posibilidad de recuperación íntegra de las cantidades prestadas a favor de terceros, todo ello sin olvidarnos, obviamente, que la última palabra le corresponde al Tribunal Supremo.

LA DISTINCIÓN PROCESAL ENTRE LA RECONVENCIÓN DEL ARTÍCULO 406 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y LA ALEGACIÓN DE CRÉDITO COMPENSABLE DEL ARTÍCULO 408 DE DICHA LEY

La reconvención es una figura procesal que se encuentra preceptuada en los artículos 406 y 407 de la LEC consistente en el ejercicio, por el demandado, de una acción nueva frente al actor, admitiéndose para que se sustancie en el mismo proceso y se decida en la misma sentencia que resolverá la demanda inicial. Debe hacerse en el escrito de contestación a la demanda y se acomodará a lo que para la demanda se establece en la ley.

La reconvención habrá de expresar con claridad la concreta tutela judicial que se pretende obtener respecto del actor y, en su caso, de otros sujetos y únicamente será está admitida si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.

Por medio de la reconvención el demandado va a interesar que se dicte sentencia en la que no sólo se desestime la solicitud del demandante, sino que, además, se acojan sus propias pretensiones solicitadas en la demanda reconvencional, es decir, el demandado entiende que, frente a la reclamación judicial entablada frente a su persona, se encuentra amparado por la realidad de unos hechos capaces de enervar las pretensiones jurídicas instadas por la demandante y, asimismo, mediante tal demanda reconvencional, pasa a contraatacar al objeto de que se le reconozca un derecho que, a su juicio, ostenta frente a la parte actora, que, de ser reconocido en la sentencia que resuelva dicha cuestión, tendrá efectos de cosa juzgada.

Por otra parte el artículo 408 de la LEC se ocupa del tratamiento procesal de la alegación de compensación de crédito en los siguientes términos: “Si, frente a la pretensión actora de condena al pago de cantidad de dinero, el demandado alegare la existencia de crédito compensable, dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la contestación a la reconvención, aunque el demandado pretendiese su absolución y no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar.”

De la literalidad del transcrito precepto se entiende, sin género de duda, que a la excepción de compensación de crédito no se le otorga el mismo trato procesal de alegación que a la reconvención, lo que permite al demandante contestar a dicha excepción como si de una reconvención se tratara, pero sin identificar, de ninguna manera, reconvención con excepción, ya que mediante la utilización de dicha excepción por parte del demandado, éste únicamente se limita a interesar la desestimación de la demanda, sin interesar una condena al actor por la diferencia, si la compensación supera lo reclamado, tal como así nos lo enseña, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2004 (Sala de lo Social).

A tal efecto, al objeto de distinguir entre la excepción de compensación y reconvención, resulta sumamente clarificadora la dicción del artículo 406.3 de la LEC que señala de manera irrefutable que “En ningún caso se considerará formulada reconvención en el escrito del demandado que finalice solicitando su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la demanda principal”.

Por tanto, hemos de hacer mención especial a que la problemática interpretativa que traía causa de la anterior LEC, en cuya virtud la doctrina jurisprudencial diferenciaba entre compensación legal (la prevista en los arts. 1195 y ss. del Código Civil), que siempre podía invocarse por vía de excepción si el demandado se limitaba a interesar la desestimación de la demanda y la compensación judicial, en la que la jurisprudencia no resultaba pacífica, toda vez que había resoluciones que argumentaban la necesidad de formular reconvención en tal sentido, ha sido ampliamente superada por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000) a través de la que se puede plantear la existencia de “crédito compensable”, sin discriminar entre compensación legal o judicial, tal como literalmente establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2013 (sala de lo civil).

En definitiva, para dilucidar si nos encontramos ante una demanda reconvencional del artículo 406 de la LEC o simplemente ante una excepción de compensación de créditos del artículo 408 de dicha Ley, hemos de atender, estrictamente, al suplico del escrito de la parte demandada, en el que, si ésta se limita única y exclusivamente a solicitar la desestimación de la demanda pero sin solicitar la condena al pago del saldo que pudiera resultar a su favor, si la compensación superara lo reclamado por la parte demandante, nos encontraríamos lisa y llanamente ante una excepción de compensación de créditos del citado artículo 408 de la LEC; y, por el contrario, si el demandado, además, solicita la condena al pago de la demandante de la diferencia entre el crédito objeto de compensación, siempre y cuando éste fuere mayor que la cantidad que le es reclamada en la demanda, no cabe duda alguna que el cauce procesal adecuado habrá de ser necesariamente la vía reconvencional preceptuada en dicho artículo 406 de la LEC.

LA ACCIÓN RESCISORIA EN FRAUDE DE ACREEDORES: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 510/2012 de 7 septiembre. Recurso de Casación 560/2010

La acción rescisoria en fraude de acreedores, tambien denominda accion pauliana, queda regulada en el artículo 1.111 del Código Civil (en adelante: CC) según el cual:

Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho”.

En sede contractual, el artículo 1.291 del CC señala que:

Son rescindibles los (contratos) celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

De una lectura rápida de estos artículos podríamos decir que se trata de una accion ejercitable con carácter subsidiario y que los requisitos o presupuestos para su ejercicio son los siguientes: a) Insolvencia sobrevenida: Que el deudor carezca de bienes suficientes para atender al pago del crédito en cuestión b) Fraude: Que la transmisión que se impugna sea fraudulenta.

Precisamente, la sentencia que hoy analizamos recoge de una forma extensa y loable la interpretación que el Alto Tribunal hace de estos presupuestos y requisitos, plasmando su evolución doctrinal que ha pasado de una concepción tradicional marcadamente subjetiva y dolosa del fraude, con una aplicación rígida y restrictiva de los presupuestos y requisitos de la acción rescisoria, a una concepción mas objetiva funcional y flexible del fraude y los requisitos de ejercicio de la acción, centrada en la protección patrimonial del derecho de crédito.

Así respecto al eventos damni o insolencia sobrevenida, ya no es indispensable que el deudor se coloque en situación de insolvencia total, sino que es suficiente con la acreditación de la existencia de una notable disminución patrimonial que impida o haga sumamente difícil la percepción o cobro del crédito. Es suficiente acreditar haber llevado a cabo la persecución de los bienes del deudor que le sean debidamente conocidos a su acreedor según las circunstancias del caso.

En lo que se refiere al elemento subjetivo del fraude, éste no debe entenderse como un ánimo o estado de conciencia consistente en una intención maliciosa de perjudicar al deudor, sino que el fraude no es más que un perjuicio que se deriva de la insolvencia total o prácticamente total en que el acto o contrato debatido sitúa al deudor. La prueba de la intención de perjudicar es muy difícil, por su carácter íntimo. Por esto la jurisprudencia ha dado al fraude el significado de que el deudor ha de ser consciente del perjuicio que causa, ha (o debe) de conocer que después de realizado el acto no le quedan bienes bastantes para satisfacer sus compromisos En realidad ocurre que este presupuesto se objetiviza y normalmente el fraude se detecta probando la situación de insolvencia en que se ha colocado.

Por último, en cuanto a la nota de subsidiariedad no responde a una previa y rígida ordenación de los diferentes medios o acciones que, en abstracto, el acreedor deba interponer antes del ejercicio de la acción rescisoria sino, más bien, a que el acreedor deba acreditar su situación de indefensión o de riesgo patrimonial en la que se encuentra al tiempo de producirse el acto rescindible o fraudulento de forma que se estime, en dicho momento, la falta de utilidad de otros posibles remedios preventivos o ejecutivos en orden a la defensa de su derecho de crédito.

De esta forma, no resulta necesario que el acreedor venga provisto de título ejecutivo para el ejercicio de la acción, bastando la propia existencia y legitimidad del derecho de crédito. Como vemos, de todo lo apuntado anteriormente, se puede concluir que esta “flexibilización” en la interpretación de la acción rescisoria la convierte en una herramienta más útil y frecuente a la hora de defender los derechos de crédito de los acreedores y, por ende, un instrumento ad hoc en la lucha contra la morosidad y mala fe de algunos deudores.

¿PUEDE UN JUZGADO DECLARARSE INCOMPETENTE DE OFICIO PARA CONOCER UN ASUNTO CUANDO LA COMPETENCIA TERRITORIAL NO VIENE DETERMINADA POR REGLAS IMPERATIVAS?

El 20 de marzo de 2012 la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal Supremo (Referencia Aranzadi-Westlaw: JUR/2012/140414) ha resuelto mediante Auto una cuestión de competencia territorial suscitada entre el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tolosa y el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Chantada.

Como resumen de los antecedentes de hecho, destacamos que turnada una demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 15.000 euros al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Chantada, dicho órgano unipersonal se declaró territorialmente incompetente tras la práctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado (Tolosa -Guipúzcoa-), remitiendo las actuaciones a los Juzgados de Primera Instancia de Tolosa.

Enviadas las actuaciones y turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tolosa, con fecha 20 de diciembre de 2011, éste dictó Auto acordando plantear conflicto negativo de competencia.

El Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto negativo de competencia territorial entre los citados Juzgados, declarando que la misma corresponde a los Juzgados Primera Instancia nº 1 de Chantada.

La razón que expone nuestro más alto Tribunal para resolver en este sentido es la siguiente:

Según el artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria.

Y, analizando el supuesto concreto, continúa:

En el presente caso, se ejercita una acción de reclamación de cantidad bajo el trámite del procedimiento ordinario, no incluible en ninguno de los fueros imperativos del artículo 52, de ahí que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Civil anteriormente transcrito, sólo podría apreciarse la falta de competencia territorial en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por el demandado o por parte legítima, lo cual no ha acaecido en el presente caso, en que se ha actuado tal y como predica el artículo 58, el cual sin embargo únicamente hubiese podido entrar en juego si la competencia territorial estuviese fijada por reglas imperativas.”

El Tribunal Supremo no aclara expresamente en esta resolución la razón por la cual no puede declararse incompetente de oficio un Juzgado de Primera Instancia si la competencia judicial no viene determinada por reglas imperativas.

La razón es que infringiría la voluntad de la parte demandada en cuanto a decidir someterse tácitamente ante el mismo. En efecto, el Juzgado no podrá declarase incompetente de oficio porque cabe la posibilidad de que el demandado se someta tácitamente y, en ese caso, tanto el fuero general (domicilio del demandado) como el convencional (sumisión expresa) decaen por la sumisión tácita.

Por ello, aprovechando el Auto dictado por el Tribunal Supremo, trataremos de explicar sucintamente la dinámica de la competencia territorial, comenzando con la enumeración de los distintos fueros:

A. Si el asunto legal es imperativo (números 1 y 4 a 15 del apartado 1 del artículo 52, apartado 2 del mismo artículo, así como cualquier norma que la Ley de Enjuiciamiento Civil u otra Ley atribuya a la regla de competencia expresamente carácter imperativo), la competencia se determina por ese criterio sin que sea válida la sumisión.

B.- Si no es imperativo habrá que seguir el siguiente orden:

i. Si existe sumisión, se aplica de forma preferente (la sumisión tácita prevalece sobre la expresa).

ii. En caso de que no exista sumisión, el criterio a aplicar es el fuero legal (general o, en su caso, el fuero especial no imperativo)

No obstante lo anterior, hay que destacar que la sumisión, tanto expresa como tácita, no es válida en los asuntos que deban decidirse por juicio verbal (artículo 54.1) o cuando el tribunal carezca de competencia objetiva (artículo 54.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En cuanto a la sumisión expresa, hay que recordar que tampoco es válida en contratos de adhesión, condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores y usuarios (artículo 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por todo lo expuesto, podemos concluir afirmando que cuando la competencia territorial venga establecida por reglas de carácter dispositivo, el Juzgado deberá esperar a que sea el demandado quien tome la decisión de someterse tácitamente o, por el contrario, proponga en forma la declinatoria denunciado la falta de competencia territorial.

LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO

La capitalización de intereses, o anatocismo como se conoce en la doctrina y jurisprudencia, consiste en que los intereses pactados en un contrato, vencidos y no satisfechos, generan a su vez nuevos intereses. En la práctica diaria podemos comprobar que las entidades bancarias aplican este anatocismo en los préstamos (o tarjetas de crédito) que se encuentran impagados, aumentando con ello considerablemente el importe de la deuda.

Esta figura legal se encuentra regulada en el Código Civil y en el Código de Comercio, según nos encontremos ante un préstamo de carácter civil o mercantil. Así, mientras el art. 1109 del Código Civil establece que: “los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto”, el art. 311 del Código de Comercio dispone que “se reputará mercantil el préstamo, cuando alguno de los contratantes fuera comerciante y las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio”. Es por ello por lo que explicaremos en puntos separados como debe aplicarse en ambas ramas del derecho.

1.- La capitalización de intereses en los préstamos civiles.

El art. 1109 del Código Civil recoge una capitalización de intereses automática. Es decir, sin expreso acuerdo entre las partes, los intereses vencidos y no satisfechos generan a su vez nuevos intereses desde su reclamación judicial. Sin embargo, es posible que las partes acuerden un anatocismo convencional, con regulación propia, si el mismo se pacta en el contrato.

En este sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 8 de noviembre de 1994 (Referencia Aranzadi-Westlaw: RJ 1994/8477), confirmada por la Sentencia de 4 de junio de 2009 (Referencia Aranzadi-Westlaw RJ 2009/4747) admite este pacto por entender, por una parte, que “el principio de autonomía de la voluntad que consagra el artículo 1255 del Código Civil permite que las partes puedan celebrar el referido convenio, siempre que el mismo, además de no ser contrario a la moral, ni al orden público, no esté prohibido por la Ley, como no lo está, según veremos seguidamente”.. Y por otra, porque el art. 1109 del Código Civil “además de admitir en el inciso inicial de su párrafo primero el anatocismo legal, admite también el convencional, en el inciso siguiente de ese mismo párrafo primero, al decir «aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto», con lo que, «a sensu contrario», viene a admitir que las partes puedan pactar expresamente que los intereses pactados (vencidos y no satisfechos) puedan producir intereses.” En efecto, con base en el artículo 1255 del Código e interpretando “sensu contratrio” el artículo 1109 del mismo texto legal, el Tribunal Supremo admite el anatocismo convencional.

En definitiva, los intereses vencidos y no satisfechos de los contratos de préstamo de carácter civil devengarán el interés legal únicamente desde su reclamación judicial y siempre que no se haya pactado en el contrato otra disposición diferente.

2.- La capitalización de intereses en los préstamos mercantiles.

Por su parte, el artículo 317 del Código de Comercio regula la capitalización de los intereses señalando que “los intereses vencidos y no pagados no devengan intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos.” A la vista de este artículo podemos atisbar la diferencia entre los préstamos civiles y mercantiles. Así, mientras que en el préstamo civil, a falta de acuerdo, existe el anatocismo desde la reclamación judicial, en los préstamos mercantiles los intereses vencidos y nos satisfechos no generan ningún tipo de interés.

No obstante, al igual que en los contratos de préstamo civil también cabe un pacto sobre la capitalización de los intereses vencidos, como así se desprende claramente de la segunda parte del artículo 317 del Código de Comercio, y según tiene establecido el Tribunal Supremo en la mencionada Sentencia del 8 de noviembre de 1994: “el artículo 317 del Código de Comercio que, en el inciso primero de su párrafo único, niega la posibilidad del anatocismo legal o de producción «ope legis», cuando dice que «los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses», admite expresamente, en cambio, el convencional, al decir en el inciso segundo de su referido párrafo único que «los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos».

A la vista de lo anterior, se aplicará la capitalización de intereses en los préstamos mercantiles únicamente si se pacta tal extremo en el propio contrato.

La Jurisprudencia menor también se ha pronunciado a este respecto, citando a título ilustrativo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de febrero de 2012 (Referencia Aranzadi-Westlaw: AC 2012/1402), o la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 29 de diciembre de 2012, la cual estima el recurso presentado por el prestatario que denunciaba, entre otras cuestiones, la aplicación del anatocismo por parte de la entidad bancaria en contratos de tarjeta de crédito, cuando tal figura legal no se pactó.

En conclusión, podemos terminar señalando que el pacto de anatocismo es válido tanto en el ámbito mercantil como en civil, pero si tal acuerdo no está incluido en el contrato no podrá aplicarse en los préstamos mercantiles y, en los civiles, únicamente desde su reclamación judicial.

LA MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES: el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo

El reciente Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, además de incorporar al Derecho español la Directiva comunitaria 2008/52/CE (referida al establecimiento de normas mínimas para fomentar la mediación en litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles), ha realizado por primera vez en nuestro ordenamiento una regulación general de la mediación en materia civil, mercantil y procesal, en aquellas materias cuya regulación es competencia exclusiva del Estado.

Anteriormente a este Real Decreto-Ley existían normas reguladores de la mediación en ámbitos concretos, como la mediación laboral, mediación familiar, en materia de consumo, etcétera, sobre todo en las Comunidades Autónomas. Sin embargo, hasta ahora no se había regulado de forma general en asuntos civiles y mercantiles.

Define el Real Decreto-Ley la mediación en su artículo 1 como “aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.

Se configura de esta forma la mediación como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, evitando que las partes acudan a la vía judicial mediante la utilización de este procedimiento, que se pretende sea rápido, sencillo y eficaz.

La principal característica de la mediación es que los acuerdos serán alcanzados por las propias partes, interviniendo un tercero mediador, que no adoptará la decisión, sino que desarrollará una función de moderación y de acercamiento de posturas entre las partes enfrentadas. Seguidamente se proceden a señalar los aspectos principales de la nueva normativa.

La nueva regulación se aplica a toda mediación que en relación a asuntos civiles y mercantiles tenga lugar en España, excluyéndose la mediación penal, laboral, en materia de consumo y con las Administraciones Públicas. Se establece asimismo que el comienzo de la mediación supondrá la suspensión de la prescripción o caducidad de acciones que sean objeto del litigio.

Como principios informadores de la mediación se señalan la voluntariedad, la igualdad de las partes, la neutralidad del mediador y la confidencialidad, además de la buena fe y el respeto mutuo. La norma prohíbe que se interpongan acciones judiciales o extrajudiciales entre las partes durante el tiempo que se esté desarrollando la mediación.

En relación al denominado “Estatuto del mediador”, el Real Decreto-Ley establece que podrán ser mediadores aquellas personas físicas en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Añade que dichas personas deberán contar con una formación específica adquirida mediante la realización de cursos específicos que permitan la adquisición de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, resolución de conflictos y negociación así como de ética de la mediación. Asimismo los mediadores deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil para el desempeño de su labor.

La norma no establece como requisito para desempeñar la labor de mediador estar en posesión de título universitario o profesional, se limita a señalar los deberes del mediador, sus normas de actuación y su responsabilidad. No obstante lo anterior, se prevé que reglamentariamente podrán desarrollarse los instrumentos que se consideren necesarios para el control del cumplimiento de requisitos por los mediadores, pudiéndose crear Registros de mediadores y de Instituciones de Mediación, así como determinar la duración y contenido del curso o cursos que los mediadores deban realizar a fin de adquirir la formación necesaria para el desempeño de su función.

El procedimiento de mediación se articula de forma sencilla, pudiendo iniciarse de común acuerdo entre ambas partes o a iniciativa de una de ellas. La mediación podrá iniciarse aun estando en curso un proceso judicial si ambas partes solicitan la suspensión del mismo.

El procedimiento durará el tiempo más breve posible. En el caso de alcanzarse un acuerdo por las partes, dicho acuerdo deberá formalizarse por escrito, teniendo carácter vinculante para ambas partes. La normativa establece además la posibilidad de que el acuerdo se eleve a escritura pública, convirtiéndose de esta forma en título ejecutivo. Si el acuerdo se hubiera alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial, se podrá solicitar la homologación del mismo por el tribunal que resulte competente.

Otro aspecto destacado de la norma es que en aquellos asuntos que consistan en reclamaciones de cantidad de hasta 600 euros, la mediación se desarrollará por un procedimiento simplificado realizado mediante medios electrónicos que no tendrá duración superior a un mes.

Se contempla asimismo por el Real Decreto-Ley la existencia de instituciones de mediación, considerando como tales a las entidades públicas o privadas y corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores.

A nuestro entender, el legislador con esta norma pretende impulsar la mediación como una vía que permita reducir el número de procesos judiciales, aligerando la carga de trabajo de los tribunales y articulando un procedimiento que resulte sencillo y menos gravoso para las partes afectadas.

Como en todas las normas, habrá que esperar a su aplicación práctica para comprobar si realmente se cumplen los objetivos pretendidos con la misma. No obstante, consideramos que se trata de una norma positiva que puede constituir, si se aplica correctamente, una rápida y eficaz medida de solución de conflictos.

VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN IMPUESTA A LOS PASAJEROS POR NO IMPRIMIR LA TARJETA DE EMBARQUE: Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de octubre de 2011

La reciente Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 octubre de 2011, considera válida la cláusula de penalización impuesta por la compañía aérea RYANAIR a un pasajero por no llevar consigo impresa la tarjeta de embarque en el momento de presentarse en el mostrador del aeropuerto.

El caso analizado es el de un pasajero que contrató un vuelo con la compañía aérea RYANAIR a través de Internet. Siguiendo su operativa usual, la compañía emitió el billete para que se imprimiera desde su página web y confirmó la contratación del vuelo mediante correo electrónico, indicando en el mismo que el cliente debía imprimir la tarjeta de embarque y presentarla en el aeropuerto. El pasajero olvidó llevar la tarjeta y fue penalizado, debiendo desembolsar la cantidad de 40 euros, de acuerdo a lo dispuesto en las condiciones contractuales de la compañía aérea.

Contra esta penalización, se interpuso demanda solicitando la nulidad de la citada cláusula, señalando que la misma infringía la Ley de consumidores y usuarios, por considerarla abusiva e indicando que la obligación de expedir la tarjeta de embarque correspondía a la compañía aérea en virtud del Convenio de Montreal para la Unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional.

La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona declaró nula por considerarla abusiva la cláusula contractual de penalización. La Audiencia Provincial de Barcelona, por el contrario, revocó la sentencia del Juzgado y consideró que la obligación de llevar impresa la tarjeta, que había sido advertida con antelación suficiente, no es para el pasajero un gravamen desproporcionado ni limita de manera injustificada sus derechos, por lo que no se podría considerar abusiva.

Estima la Audiencia que la medida establecida en la cláusula por la que el pasajero debe llevar impresa la tarjeta de embarque supone un ahorro de costes y tiempo que beneficia al mismo, sin tener un importe excesivo ni suponer una consecuencia desproporcionada. Igualmente concluye que la cláusula es válida al amparo de la libertad contractual de las partes, habiendo podido evitar el pasajero su aplicación con la observación de una mínima diligencia.

No obstante lo anterior, uno de los magistrados de la Audiencia emite un voto particular a la Sentencia manifestando su discrepancia con la misma. En concreto, el voto particular considera que el hecho del conocimiento de la obligación de llevar impresa la tarjeta no excluye que dicha cláusula se pueda considerar abusiva. Además, en este caso, al tratarse de una cláusula predispuesta, ya que las condiciones han sido impuestas por la compañía aérea, la misma no ha sido objeto de negociación por las partes.

El voto particular continúa expresando que la modificación de la obligación de la compañía aérea de entregar la tarjeta de embarque al pasajero, trasladando a este la obligación de imprimirla y llevarla consigo, supone una modificación del régimen de derechos establecido en la normativa aplicable.

Considera, en efecto, que tanto del derecho positivo como de la costumbre establecida se deduce claramente que la carga de poner los medios indispensables para entregar la tarjeta de embarque al pasajero corresponde a la compañía aérea, por lo que convertir la misma en una obligación del pasajero supone alterar el régimen del derecho que resulta aplicable a estos casos. Por ello, al trasladarse al consumidor obligaciones que legalmente no le corresponden, como es expedir y entregar la tarjeta de embarque al pasajero, la cláusula es abusiva, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de consumidores y usuarios.

Además de lo anterior, entiende que la sanción de 40 euros que se impone al pasajero supone una indemnización desproporcionada puesto que dependiendo de los casos, puede llegar a suponer un coste más elevado que el precio del propio billete aéreo y en ningún caso ese importe se corresponde con el coste que para la compañía aérea supone tener que emitir la tarjeta de embarque.

Una vez analizados ambos criterios, compartimos el razonamiento jurídico emitido en el voto particular, considerando que la cláusula de penalización impuesta por la compañía aérea es claramente abusiva. No se puede pretender trasladar al pasajero las obligaciones que corresponden al transportista y además penalizarle en el caso de que incumpla la obligación impuesta, dado que dicho cumplimiento corresponde en realidad a la propia compañía aérea. La cláusula de penalización impuesta a los pasajeros es desproporcionada y según nuestro criterio, en nada beneficia a los mismos, sino que les impone un mayor gravamen y menoscaba sus derechos. No obstante, habrá que esperar a futuras sentencias para ver cuál es el criterio jurídico que prevalece.

AUTO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIRONA: más argumentos para la dación en pago

La Audiencia Provincial de Girona siguiendo la misma línea jurisprudencial de la Audiencia Provincial de Navarra del pasado 17 de diciembre dicta un auto con fecha 16 de septiembre de este año en el que declara no justificada la aplicación de lo dispuesto en el artículo 579 de la LEC, consistente en permitir al banco seguir adelante con la ejecución “si subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito”. La justificación para disentir de lo dispuesto en el citado precepto se encuentra en las siguientes argumentaciones:

En primer lugar, teniendo en cuenta que el banco hace suyo el bien hipotecado por el valor fijado en la propia escritura de concesión del crédito hipotecario, no puede considerarse que el producto obtenido con la subasta sea insuficiente para cubrir el crédito, ya que resulta de aplicación la denominada doctrina de los actos propios, consistente, en el caso concreto, en que una vez tasada la finca en una de terminada cuantía no cabe, si no es contraviniendo dicha doctrina, incorporar como propio el bien subastado sin darle el mismo valor que inicialmente se fijó.

En segundo lugar y en relación a lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se consideran cláusulas abusivastodas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. Este desequilibrio tiene lugar si el banco pretende obtener después de haber cobrado lo adeudado y sin justa causa otras cantidades que no le corresponden (enriquecimiento injusto). Además, conforme al artículo 85.6 del citado texto se consideran nulas las cláusulas que prevean una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla con sus obligaciones.

En tercer y último lugar, la actuación de la entidad financiera que pretende seguir adelante con la ejecución por considerar que su crédito no ha quedado cubierto se considera que incurre en abuso de derecho, siendo tal conducta contraria al principio de buena fe (7 del Código Civil y 11 de la LOPJ).A su vez, esa misma actuación comporta un ejercicio antisocial del derecho en la medida en que se pretende obtener en base a lo dispuesto en una norma jurídica una consecuencia que no entra dentro de la previsión para la que esa norma fue dictada, máxime cuando la pérdida de valor de la finca que se alega por la entidad financiera es directamente achacable a la crisis económica fruto a su vez de la mala praxis del sistema financiero del que forma parte la entidad ejecutante.