EL DEBER DE LOS ADMINISTRADORES DE ACUDIR A LAS JUNTAS. ¿QUÉ SUCEDE SI NO ACUDEN?

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de abril de 2016 analiza las consecuencias que pueden producirse si los administradores no acuden a la Junta de Socios. En concreto, esta sentencia admite la impugnación de acuerdos efectuada por un socio y considera nula la Junta celebrada, dado que los Administradores no asistieron a la misma. En el orden del día de la Junta impugnada se preveía la aprobación de las cuentas y de la gestión social, la modificación del Consejo de Administración y la delegación en el Consejo de facultades para que pudiera suscribir operaciones de crédito y de préstamo.

El artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que “los administradores deberán asistir a las juntas generales”. Aunque se trata de un precepto incluido en la Ley, esta norma es desconocida para muchas personas que ejercen el cargo de administrador.

En efecto, el administrador de una sociedad, además de realizar la convocatoria de la Junta, debe acudir a la misma. Es una obligación legal y un deber del administrador. Esta obligación de asistencia se funda, tal y como señala la sentencia mencionada, en que en la Junta de Socios se desarrollan funciones esenciales para el correcto funcionamiento de la sociedad:

  • La Junta controla la labor del Administrador, por lo que es necesaria su asistencia para que pueda responder a los requerimientos que se le hagan por la sociedad.
  • En la Junta General los socios pueden ejercitar su derecho de información sobre los asuntos que se vayan a debatir. Dado que son los administradores quienes deben facilitar la información que solicitan los socios, tienen que asistir a la Junta para que los socios puedan ver cumplido este derecho.

La LSC no regula ni establece ninguna consecuencia específica para el caso de que los administradores no acudan a las Juntas. Aunque al obligar a los Administradores a asistir, parece que su criterio es que su asistencia es imprescindible para la correcta celebración de la Junta.

Sin embargo, el hecho de que los administradores no acudan a la Junta no siempre va a implicar que la misma se pueda suspender o declarar nula. Se debe analizar cada caso concreto. Si la Ley estableciera que la inasistencia del administrador a la Junta es causa de suspensión o nulidad de la misma, se estaría dejando a la voluntad de los administradores la celebración de las Juntas, lo que tampoco se puede permitir.

Por tanto, si bien es un deber de los administradores asistir a las Juntas y, en teoría, tendrían que estar siempre presentes en las mismas, se tendrá que analizar cada caso concreto para determinar si el hecho de que los administradores no asistan, puede provocar o no la nulidad de la Junta.

En el caso analizado por la sentencia, se determina por el Tribunal Supremo que la Junta de Socios es nula porque no se ha podido ejercitar por un socio minoritario su derecho de información. La sentencia señala que en la Junta no sólo se iban a aprobar las cuentas y censurar la gestión social de forma genérica, sino que se quería tratar además la autorización para realizar una serie de operaciones crediticias. Dado que la sociedad que celebró la Junta era una sociedad patrimonial, los administradores tenían que prever que los socios podían solicitar información sobre las necesidades, características y consecuencias de las operaciones a realizar. Al no asistir los administradores, la sentencia considera que se ha cercenado el derecho de información de los socios desde el propio momento de la constitución de la Junta. Esto provoca la nulidad de la misma.

Por tanto, para evitar este tipo de situaciones y el perjuicio que puede conllevar para la sociedad, los administradores deben ser conscientes de su deber de acudir a las Juntas, a fin de facilitar y permitir el correcto funcionamiento de las mismas y el ejercicio del derecho de información por los socios.

Las quejas por derecho al olvido no se podrán dirigir a Google en España

Publicado ayer día 14 de marzo de 2016 en el diario Expansión:

“El Tribunal Supremo da la razón a Google Spain y le exonera de la corresponsabilidad en el tratamiento de datos personales sobre el derecho al olvido. Esta sentencia obliga a los usuarios españoles a dirigir sus reclamaciones a directamente a Google Inc., en Estados Unidos.”

 

 

 

 

 

LOS CAMBIOS DE LEGADO CRECEN EN GIPUZKOA UN 40% AL PODER AHORA DESHEREDAR A LOS HIJOS

Publicado hoy día 9 de marzo de 2016 en el Diario Vasco: “Los cambios de legado crecen en Gipuzkoa un 40% al poder ahora desheredar a los hijos”.

 

En relación con esta noticia, recomendamos la lectura del artículo publicado por nuestra compañera Marta Tena “NUEVAS POSIBILIDADES EN LAS HERENCIAS DEL PAÍS VASCO

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO VALORA POSITIVAMENTE LA SENTENCIA DEL SUPREMO QUE ESTIMA SU RECURSO CONTRA LA NORMATIVA DEL IVA A LAS IMPORTACIONES

Como consecuencia de esta sentencia, el Tribunal Supremo anula una parte de un artículo del Reglamento estatal del IVA. En concreto, se trata del artículo que regula la devolución del IVA a los importadores.

El Estado reguló un mecanismo de devolución del que quedaban excluidos los importadores que sean contribuyentes de las Haciendas Forales. El Supremo da la razón a la Cámara de Comercio de Bilbao que con su recurso denunciaba la discriminación que ello suponía para gran parte de los importadores del País Vasco y de Navarra. La sentencia afirma que el mecanismo de devolución implica una posible ventaja financiera de la que son excluidos quienes “no tributan en la Administración del Estado”.

En resumen, el Tribunal Supremo decide lo siguiente:

  • Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Cámara de Comercio de Bilbao.
  • Anular el artículo primero, apartado diecinueve del Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, en lo referente al inciso que contiene el siguiente texto: “…y siempre que tribute en la Administración del Estado”.
  • Imponer las costas a la Administración General del Estado.

La Cámara de Bilbao va a analizar en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo y estudiar cómo, en la práctica, esta decisión permitirá a los importadores no anticipar el pago del IVA.

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