AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS: necesidad de balance auditado

Con la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital (en vigor desde el 1 de septiembre de 2010), en adelante LSC, se introdujo una novedad en los requisitos necesarios para llevar a cabo aumentos de capital con cargo a reservas en Sociedades Limitadas, extendiendo a este tipo social una exigencia que, bajo la normativa anterior, únicamente se establecía para las Sociedades Anónimas, como es la obligación de contar con el balance auditado.

En concreto, el vigente artículo 303.2 LSC requiere que los aumentos de capital con cargo a reservas acordados por la Junta General, tengan como base un balance formulado dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de aumento de capital y que éste sea auditado, bien por el auditor de cuentas de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable.

Pues bien, la Doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) es clara y unánime en cuanto a la negativa a inscribir una ampliación de capital contra reservas por falta de balance auditado y en tal sentido se ha pronunciado en sus resoluciones 4 de octubre de 2011 y 28 de febrero de 2012.

Los argumentos utilizados por la DGRN se basan en el principio de realidad del capital social, que se traduce en la imposibilidad de crear participaciones sociales que no responden a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (art. 59 LSC) y en la exigencia de acreditar suficiente y objetivamente la realidad de esas aportaciones (arts. 62 y 63 LSC).

En esencia, el Centro Directivo sostiene que el aumento de capital con cargo a reservas supone una reestructuración de los fondos propios de la sociedad, por lo que con la exigencia de la auditoría del balance se justifica la efectiva existencia de esos fondos en el patrimonio social y la disponibilidad de éstos para transformarse en capital, aportando así certeza a la operación societaria acordada por la Junta.

Asimismo, considera la Dirección General que dicha medida supone un medio de protección de acreedores, ya que la verificación contable del balance que implica la auditoria de éste, no es sólo en interés del socio, sino que es interés especial para el acreedor social.

En definitiva, en dichas Resoluciones la DGRN defiende que con la auditoría del balance, la operación del aumento de capital gana fiabilidad. Sin embargo, nada dice la DGRN sobre aumento de costes que dicha modalidad de aumento de capital social conlleva con respecto al resto de modalidades que se contemplan en el artículo 295 LSC.

   

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