Avances en materia de fiscalidad de la economía digital: el nuevo gravamen español a las tecnológicas

La planificación fiscal llevada a cabo por multinacionales para aprovechar de las lagunas en la interacción ente los distintos sistemas tributarios y minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar los beneficios a países o territorios de baja tributación en los que no se realiza ninguna actividad económica está generando una gran preocupación en todas las Administraciones tributarias.

Por este motivo, la OCDE recogió en el plan BEPS, publicado en julio de 2013, la Acción 1, que abordaba el desafío fiscal de la economía digital. Entendió BEPS que la economía digital responde a un proceso de transformación desencadenado por las TIC que afecta a todos los sectores económicos y que propicia la práctica de esquemas fiscales tendentes a minorar las bases imponibles.

Con aquel preludio se esperaba un nuevo informe de la OCDE para 2020 que tuviera como objetivo el consenso de los miembros. Sin embargo, desde la publicación de BEPS el debate en el seno de la OCDE parece avanzar muy lentamente, siendo obstaculizado en gran medida por EEUU y su política de “America First” que aboga por la atracción de la base imponible al país de residencia de las grandes tecnológicas.

Mientras tanto, los negocios basados en la utilización masiva de datos y algoritmos cada vez cuentan con más peso en la economía, a pesar del contexto global de crisis económica, desplome de los ingresos del sector público, y consecuente situación de déficit en que se encuentran la mayoría de los países.

En este contexto se plantea el debate sobre dónde crean valor estas compañías y en qué jurisdicción deben tributar las rentas que derivan de su actividad. Además del debate, se han acometido medidas fiscales unilaterales tanto a nivel global como dentro de la UE, que avanzan en sentido antagónico al Mercado Único Digital y la armonización fiscal pretendida por la Comisión.

En esta situación, la Comisión ha lanzado, con el apoyo de algunos Estados Miembros, entre los que está España, dos directivas con el fin de dar impulso a la causa: la Directiva del Impuesto Especifico de Servicios Digitales, concebida como una solución temporal y a corto plazo para comenzar a gravar determinados sectores de la economía digital, y la Directiva de Presencia Digital Significativa, pensada con un horizonte temporal más largo, y que sustituyendo al impuesto digital temporal trata de sentar las bases del concepto de Establecimiento Permanente Digital, de tal modo que una empresa pueda considerarse establecida en un Estado por el hecho de desarrollar en el mismo negocios digitales. La entrada en vigor de estas directivas está prevista para el 1 de enero de 2020, pero hasta el momento no se ha alcanzado la unanimidad necesaria para su aprobación por parte de los Estados Miembros, cuyas posiciones están encontradas por los distintos intereses comerciales. La medida del EP Digital requeriría, además, de un consenso internacional hoy inimaginable.

Por otra parte, la OCDE, en su Informe Intermedio de 2018, no promueve el optimismo. El contenido del informe parece más cercano a una declaración de intenciones que a un trabajo en el que se recogen grandes avances y da la sensación de que trata de posponer los avances a un futuro en el que se alcance el consenso necesario entre países.

Sin embargo, en el ámbito español, la coyuntura parece ser distinta. La firme defensa de la Directiva de Impuesto a los Servicios Digitales se ha visto acompañada de la necesidad de nuevas vías de financiación que pongan fin al déficit de la Seguridad Social y garanticen el sostenimiento del sistema público de pensiones. Esto ha dado a la administración el impulso definitivo para anunciar, el pasado abril, un gravamen sobre las compañías digitales. Se trataría de un impuesto análogo al recogido en la Directiva, sin que se hayan dado a conocer más detalles, y que se aprobaría con independencia de que finalmente se apruebe, o no, la directiva.

Queda por ver si los recientes cambios políticos y la política fiscal del nuevo Gobierno afectan a esta iniciativa y a su configuración final.

 

Marcos González Villarreal

   

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