Nueva interpretación en materia de Retribución de Administradores

En contraposición al criterio mantenido hasta la fecha por la doctrina mayoritaria y la Dirección General de los Registros y el Notariado (“DGRN”), la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2018 ha dado un giro a la interpretación que se venía haciendo sobre la obligación de establecer en los Estatutos Sociales la retribución de los consejeros delegados o ejecutivos.

Mediante la citada sentencia, el alto tribunal viene a unificar el tratamiento estatutario y de sometimiento a la Junta General que ha de tener la retribución de los administradores, con independencia de si la misma corresponde a administradores con funciones ejecutivas o no.

En términos generales, el Tribunal Supremo establece los siguientes presupuestos:

  • La retribución de todos los administradores está sujeta a previsión estatutaria, incluida la de los consejeros delegados o ejecutivos. Esto implica que los estatutos sociales han de establecer necesariamente, el carácter gratuito o retribuido del cargo y, en este último caso, fijar el sistema de retribución, detallando los conceptos retributivos a percibir por todos ellos, independientemente de sus funciones.
  • El importe máximo anual de remuneración de los administradores ha de someterse a aprobación por la Junta General, englobando esta cifra tanto la retribución de los administradores, así como la retribución a percibir por los consejeros ejecutivos. Esto es, no basta con que este último importe se incluya únicamente en sus contratos mercantiles.
  • El Consejo de Administración podrá distribuir la retribución entre los diferentes administradores, en función de las responsabilidades atribuidas a cada consejero, y suscribir en su caso, el correspondiente contrato con el consejero delegado, siempre respetando la regulación estatutaria y el límite anual acordado por la Junta General.

A raíz de esta nueva interpretación, es necesario revisar la redacción de los estatutos sociales y los contratos suscritos con los consejeros ejecutivos, con el fin de adaptarse a lo dispuesto por el Tribunal Supremo, y determinar los acuerdos que se deben adoptar en las próximas Juntas Generales de cara a modificar estatutos y aprobar los límites a retribución de todos los administradores.

Desde el Departamento Mercantil de CIALT, quedamos a vuestra disposición para aclarar o ampliar cualquier cuestión particular sobre este asunto. Para más información pueden ponerse en contacto con Maite Aizpiri en m.aizpiri@cialt.com.

Criptomonedas debería invertir en bitcoins

Criptomonedas: ¿Debería invertir en Bitcoins?

Son numerosas las noticias que se pueden leer últimamente en prensa sobre jóvenes que invirtieron una cifra ridícula en bitcoins y ahora son millonarios. De ahí que muchos clientes o potenciales clientes nos pidan asesoramiento sobre si deberían invertir en criptomonedas, aún con el miedo derivado de las últimas inversiones fallidas como la del Banco Popular; o bien sobre cómo acceder a esa prometedora oportunidad de inversión.

Nuestra primera respuesta, siempre viene aparejada de cautela pues, nuevamente, el derecho va por detrás de la realidad que nos rodea, pues no hay regulación específica sobre esta materia y, por tanto, no hay una protección al inversor, lo que hace que estas inversiones sean arriesgadas.

Precisamente ante la falta de normativa de cualquier índole, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han emitido un comunicado conjunto al respecto, siendo este a nuestro juicio muy acertado y sumamente necesario.

A modo de resumen, los reguladores consideran que “En este tipo de inversiones existe un alto riesgo de pérdida o fraude” y realizan una advertencia clara y muy relevante: “Hasta la fecha, ninguna emisión de criptomoneda ni ninguna ICO[1] ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España. Esto implica que no existen criptomonedas emitidos en ICOs cuya adquisición o tenencia en España pueda beneficiarse de ninguna de las garantías o protecciones previstas en la normativa relativa a productos bancarios o de inversión”.

Además de lo anterior, concretan los riesgos asociados al trading de este tipo de divisas, siendo estos los siguientes: (i) espacio no regulado, (ii) problemas derivados del carácter transfronterizos del fenómeno, (iii) elevado riesgo de pérdida del capital invertido y (iv) problema de iliquidez y volatilidad extrema.

Ante tantos riesgos y en especial el relativo a que el usuario no puede beneficiarse de las garantías y salvaguardas de los productos financieros regulados, se convierte en extremadamente necesaria la creación de un marco regulatorio de estas nuevas prácticas financieras que regule, entre otros aspectos, su régimen jurídico, las normas y requisitos para la inversión, la protección del inversor, medidas de supervisión e inspección de las criptomonedas y sanciones aplicables a los operadores que intervengan.

Sin duda, con un marco normativo específico para el fenómeno bitcoins, los riesgos asociados a la inversión en criptomonedas se verían claramente disminuidos y, del mismo modo, el inversor se vería más protegido. Mientras tanto, y a la espera de una regulación específica al respecto, la compra de bitcoins y demás divisas virtuales es una inversión con un riesgo elevado de pérdida. También hay que advertir que, aunque la compra de bitcoins es una operación absolutamente legal, hay tramas que utilizan las criptomonedas en operaciones delictivas, por lo que, hay que informarse antes de realizar cualquier operación.

Si, a pesar de los riesgos, decide invertir en este producto, le aconsejamos que, antes de nada, reciba un asesoramiento específico sobre el régimen legal y fiscal de las mismas y sobre la forma correcta de operar en este mercado.

Una vez más, queda en manos de los legisladores regular las nuevas operaciones que se van creando. Esperaremos expectantes, mientras continuamos planteando preguntas sobre este apasionante tema ¿Interesa una regulación específica sobre esta materia?, ¿Estamos ante una nueva burbuja?, ¿Legislarán las criptomonedas antes de que estalle la burbuja?

[1] Ofertas iniciales de criptomonedas

Nueva modificación para formular Cuentas Anuales Abreviadas

Nueva modificación para formular Cuentas Anuales Abreviadas

A raíz del proceso de transposición de la Directiva 2013/34/UE, del 26 de junio de 2013, tiene como objetivo la armonización contable europea, el 18 de diciembre de 2016 entró en vigor el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre[1], en el que, entre otras modificaciones, se reformó el cómputo de los límites para formular cuentas anuales abreviadas cuando una empresa forme parte de un grupo mercantil. El Real Decreto establece:

Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante.”

A raíz de la reforma, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado dos consultas que aclaran algunos de los aspectos de la citada modificación.

En la consulta número 2, publicada en el BOICAC Nº109/2017, el ICAC aclara la entrada en vigor y los efectos de esta medida. Señala que, para aplicar el nuevo criterio sobre la formulación de cuentas abreviadas, hay que tener en cuenta los ejercicios que se inicien con posterioridad al 1 de enero de 2016. De manera que, habrá obligación de formular cuentas anuales normales si durante dos ejercicios consecutivos se superan dos de los tres límites establecidos. Es decir, en el primer ejercicio, aunque el conjunto de las sociedades que forman parte del grupo supere, en términos agregados, los citados límites, las sociedades que no lo hagan individualmente podrán formular cuentas anuales abreviadas. Sin embargo, si en el segundo ejercicio, con carácter general cerrado el 31 de diciembre de 2017, se superan los límites establecidos por el conjunto de empresas del grupo, todas tendrán que formular las cuentas anuales siguiendo los modelos normales.

Ahora bien, se establece la excepción de que, aunque el grupo supere durante dos ejercicios los límites establecidos, si la información financiera de la empresa se integra en las cuentas anuales consolidadas de la dominante, la empresa individual que no supere los límites no tendrá la obligación de formular cuentas anuales siguiendo los modelos normales.

Para aclarar esta excepción, en junio de 2017, el ICAC publicó otra consulta en el BOICAC Nº 110/2017. En ella, señaló que la sociedad individual debe integrar sus cuentas en las consolidadas de una sociedad dominante que tenga nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o en las cuentas anuales consolidadas correspondientes a un nivel intermedio del grupo.

En definitiva, dada la trascendencia de la modificación a la hora de computar los límites para poder formular cuentas anuales abreviadas, y teniendo en cuenta que al cierre del ejercicio 2017 se conocerán los datos del segundo ejercicio a partir de su entrada en vigor, en la formulación de las cuentas de este año hay que prestar especial atención a los umbrales establecidos en el nivel consolidado del grupo de sociedades, porque algunas pueden perder la facultad de formular las cuentas anuales en formato abreviado.

[1] Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

 

Principales novedades en materia de Protección de Datos

Principales novedades en materia de Protección de Datos

A partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento Europeo sobre Protección de Datos (“REPD”) será de aplicación directa para todas aquellas organizaciones que traten datos de carácter personal.

A continuación, se exponen algunas de sus características más importantes, así como las principales obligaciones adicionales que impone respecto de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (“LOPD”) española:

Tabla Protección de Datos - Cialt

Con el fin de cumplir con las obligaciones que impone esta nueva normativa a todos aquellos que sean responsables de datos recopilados tanto dentro como fuera de la Unión, es imprescindible que las compañías realicen las siguientes acciones:

  • Analizar cómo realizan el registro y tratamiento de datos, y los riesgos que ello conlleva, e implantar las evaluaciones de impacto o cualquiera otra de las medidas que sean necesarias.
  • Verificar los procedimientos establecidos por la compañía que permiten a los interesados el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), y establecer los procedimientos para garantizar el derecho al olvido y la portabilidad de los datos recopilados.
  • Revisar la forma en la que obtiene y registra el consentimiento de los interesados, teniendo este que ser explicito (y no tácito) cuando se trate de datos sensibles.
  • Analizar la obligatoriedad o no, de nombrar un delegado de protección de datos interno o externo y de llevar un registro escrito de las actividades de tratamiento.
  • Comprobar los procedimientos establecidos para notificar adecuadamente, tanto a las autoridades de protección de datos como a los interesados, las quiebras de seguridad que pudieran producirse en este ámbito.

Por último, hay que mencionar que, sin perjuicio de la necesaria adaptación de las entidades españolas a las referidas novedades impuestas por el Reglamento, dada su aplicación directa, el parlamento español está tramitando un Proyecto de Ley que sustituirá a la ley actualmente vigente, y ajustará nuestro ordenamiento a las obligaciones adicionales establecidas por el REPD.

No obstante, insistimos en que, independientemente de la tramitación y aprobación del Proyecto de Ley, las señaladas medidas del REPD serán de aplicación en menos de 3 meses. Manos a la obra.

NIIF 16 Arrendamientos. Nuevo tratamiento contable

NIIF 16 Arrendamientos. Nuevo tratamiento contable

La nueva Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 aprobada en enero del 2016 por el IASB (International Accounting Standard Board) va a suponer una novedad importante en cuanto a la contabilización de los arrendamientos operativos. La nueva norma que entrará en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 01 de enero de 2019 sustituirá a la actual Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17 y las interpretaciones asociadas a la misma.

El Plan General de Contabilidad (PGC) todavía no ha sido adaptado a la nueva norma internacional, de modo que, por ahora, dicha interpretación va a afectar exclusivamente a empresas cotizadas que apliquen normas consolidadas (empresas obligadas a aplicar las normas NIIF). No obstante, en los próximos meses, habrá que estar al tanto de los pasos que da el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en torno a la adaptación del PCG.

Hasta la fecha los arrendatarios a la hora de contabilizar los arrendamientos debían realizar un análisis previo con el objeto de determinar de si la operación en cuestión se trataba de un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. El primer tipo de arrendamientos tienen reflejo en el balance de la sociedad, mientras que en los segundos se registra el gasto por arrendamiento, sin incluir ningún activo o pasivo en el balance.

A partir de enero del 2019, para las empresas que aplican las NIIF, desaparecerá el “test de clasificación” actual, reconociéndose todos los alquileres en el balance de la sociedad como si fueran compras financiadas. La única excepción se regula para los arrendamientos a corto plazo (los que no incluye una opción de compra y la duración es inferior a 12 meses) y los arrendamientos de activos de bajo valor (no se regula un valor monetario en la nueva NIIF, pero en las conclusiones de la IASB se trató de 5.000 dólares), que podrán seguir contabilizándose directamente como gasto.

Desde el punto de vista práctico, ha de tenerse en cuenta que el arrendatario deberá contabilizar, por cada bien arrendado, un activo por el derecho de uso y un pasivo por las cuotas futuras a pagar por el arrendamiento, por tanto, aumentará el tamaño del balance con un nuevo activo, pero también aumentará su endeudamiento.

La nueva NIIF 16 no regula nada nuevo para los arrendadores que deberán mantener la actual práctica dual de clasificar los arrendamientos financieros y operativos.

Aunque la nueva norma no entra en vigor hasta el 2019, los departamentos financieros de las sociedades, durante los próximos meses tendrán que tomar decisiones contables importantes al respecto, que influirán en el importe del activo y pasivo a reconocer y serán determinantes en el modo en que se llevará a cabo la primera aplicación de la norma en el 2019.

El bloqueo societario - Los riesgos de constituir una sociedad al 50

El bloqueo societario: Los riesgos de constituir una sociedad al 50%

El principal riesgo de las sociedades en las que el capital está dividido a partes iguales entre dos socios o dos grupos de socios es el bloqueo de los órganos sociales. La reiteración constante de empates a la hora de votar bloquea el funcionamiento ordinario de la sociedad y esto puede derivar en una consecuencia grave: la disolución de ésta por la paralización de los órganos sociales recogida en el art. 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”).

Habitualmente sucede que dos personas deciden asociarse y constituir una sociedad al 50%, o que una mayoría reforzada otorgue poder de bloqueo a uno de los socios. Ambas situaciones son más propias de pequeñas y medianas empresas que de otro tipo de entidades. Si no se prevén mecanismos de desbloqueo nos podemos encontrar con que en un momento dado la sociedad se vuelva inoperativa, situación para la que la LSC prevé la disolución de la sociedad.

Aunque la ley se refiera a la paralización de los órganos sociales, la jurisprudencia ha reconocido que la única paralización insuperable es la de la Junta General, puesto que, si se da una paralización en el órgano de administración, la Junta, en aplicación de lo dispuesto en el art. 223 de la LSC puede cesarlo en cualquier momento.

Para la eficacia de este artículo se requiere que la “paralización” sea manifiesta, y tenga un carácter permanente, definitivo e insuperable, en el sentido de que se trate de una situación insalvable, sin que la paralización pueda ser meramente transitoria o puntual.

La Ley no detalla cuales son los hechos que indican el bloqueo de una sociedad, pero la evidencia más clara es imposibilidad de adoptar acuerdos, por insuficiencia permanente de quorum o por empates reiterados de votaciones, que tengan efectos relevantes en la marcha de la sociedad, como puede ser el nombramiento de administradores tras la caducidad o cese de sus cargos, la adaptación de los estatutos sociales impuesto por la Ley, o la no aprobación de medidas para remover una causa de disolución.

Respecto de la prueba de la paralización, se ha debatido si la aprobación de las cuentas anuales evidencia que no existe un bloqueo en la Junta. La Audiencia Provincial de A Coruña en Auto de 24 de noviembre de 2017, ha revocado la decisión del Juzgado de primera instancia, y ha determinado que la aprobación de cuentas anuales no impide la apreciación de la paralización de los órganos sociales, dado que se trata de un reconocimiento de la situación contable, patrimonial y financiera de la sociedad. La Audiencia, declara la disolución de la sociedad en cuestión reiterando la doctrina según la cual los elementos esenciales para apreciar la paralización de los órganos sociales son una situación de bloqueo insuperable y la pérdida de la affectio societatis o voluntad de los socios de permanecer en la sociedad.

En la práctica, el establecimiento de mecanismos antibloqueo se convirte indirectamente en una obligación de garantía en todas las sociedades, y en especial en aquellas que se constituyen por dos bloques a partes iguales. Como norma general, estas medidas antibloqueo se ven recogidas en un pacto de socios que se rige por el derecho de obligaciones, y que puede contener cláusulas como el sometimiento de la cuestión a arbitraje, el establecimiento de transmisiones obligatorias de las acciones o participaciones (opciones de compra, ruleta rusa, pacto andorrano, o subasta en sobre cerrado) o una cláusula de arrastre, mediante la cual uno de los socios puede obtener una oferta del 100% de la empresa y obligar a vender al otro.

Y como más vale prevenir que disolverse, y sobre todo mientras la Ley de Sociedades de Capital prevea como única solución la disolución, lo ideal es que, nada más constituir la sociedad los socios se reúnan y tomen medidas preventivas que apacigüen los momentos de crisis internas que puedan suscitarse entre ellos, mucho antes de que estas se produzcan.

Determinación de la Residencia Fiscal - el concepto de ausencia esporádica a la luz de la jurisprudencia reciente

Determinación de la Residencia Fiscal: el concepto de ausencia esporádica a la luz de la jurisprudencia reciente

En un contexto en el que la economía y los mercados se caracterizan por su naturaleza global y la movilidad geográfica de las personas, la determinación de la residencia fiscal de los contribuyentes es una cuestión que presenta gran relevancia en el ámbito de la fiscalidad.

A estos efectos, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de IRPF determina el sometimiento al Impuesto por obligación personal en sus artículos 8.1 y 9.1. Los mimbres sobre los que se sustenta la adquisición la condición de contribuyente por IRPF, a los efectos de su imposición personal, vienen fijados por el concepto de residencia habitual, que descansa sobre la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: la permanencia en el territorio español, durante un periodo igual o superior a 183 días del año natural, o, el hecho de que radique en España el núcleo principal de los intereses de los contribuyentes.

Así, y en lo relativo al primero de los requisitos, se entenderá que el contribuyente que permanezca más de medio año en el territorio tendrá fijada su residencia habitual en el mismo, y, por ende, será contribuyente del Impuesto.

A este respecto, la Ley dispone de una norma de refuerzo que determina que, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país, se deberán computar las ausencias esporádicas, concepto que los órganos administrativos vienen interpretando como cualquier periodo de ausencia del territorio español.

Es precisamente este concepto jurídico, vagamente determinado, el que el Tribunal Supremo ha tratado en fechas recientes (entre otros, STSS 16/1/2018 y 18/1/2018), resolviendo en casación sobre la residencia fiscal de becarios del ICEX destinados en el extranjero.

El Tribunal apercibe de que se trata de una materia casuística y circunstancial sobre la cual no resulta posible establecer reglas de validez universal, sin embargo, de las conclusiones de la Sentencia, cabe inferir una serie de criterios interpretativos sobre el concepto de ausencia esporádica que resultan de gran interés:

a. El Tribunal se aferra a la literalidad de la norma, no pudiendo considerar como ausencia esporádica una ausencia prolongada en el tiempo, de más de 183 días, que neutralice la regla general del artículo 9.1 LIRPF.

b. El concepto de ausencia esporádica debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que, para su concurrencia, pueda ser vinculado a la presencia de un elemento subjetivo, o intencional, como la voluntad del contribuyente de establecerse fuera del territorio con intención de volver al lugar de partida.

c. Se debe anteponer el criterio de la ausencia esporádica a la prueba de residencia, alejándose de la práctica que se venía desarrollando por la Administración, que entendía que el residente no dejaba de serlo salvo que resultara probada la adquisición en otro Estado de una residencia fiscal distinta.

Por último, conviene señalar que la postura jurisprudencial sentada por el Tribunal resulta extrapolable, mutatis mutandis, a la determinación de la residencia fiscal de los contribuyentes en el ámbito de los Territorios Forales.

Marcos González Villarreal

No Residentes - Mejoras en la tributación - Impuesto de Sucesiones y Donaciones - Impuesto sobre el Patrimonio

No Residentes: Mejoras en la Tributación (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones – Impuesto sobre el Patrimonio)

Tras la reciente modificación del Concierto Económico en lo relativo al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), y, cuando se apruebe la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), el tratamiento fiscal de las donaciones y herencias, y, del patrimonio para los contribuyentes no residentes habrá mejorado sustancialmente.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

Con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, Asunto C-127/12, Comisión UE contra el Reino de España, el Tribunal estableció que el Reino de España incumplía la normativa europea ya que permitía establecer diferencias entre el trato fiscal de las donaciones y sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y, entre las donaciones y las disposiciones similares sobre bienes inmuebles situados en el territorio español y fuera de éste.

A la vista de la Sentencia anterior se constataban dos tipos de diferencias de trato y discriminación no admisibles. En primer lugar, para los contribuyentes no residentes con respecto a los residentes ante una misma sucesión. En segundo lugar, para el propio contribuyente residente en función de que el causante, en el momento del devengo, tuviera su residencia en España o en el extranjero.

A raíz de esta Sentencia, se modificó la normativa del Estado (Ley 26/2014, de 27 de noviembre) y se determinó que, cuando un residente en España recibiese una herencia de un causante en otro Estado Miembro de la UE, la liquidación en concepto de Sucesiones se realizaría aplicando la normativa de la Comunidad Autónoma en la que residiese el heredero.

Pero esta modificación no era suficiente para los herederos residentes el País Vasco, ya que, la Agencia Tributaria entendía que la normativa anterior solo preveía la aplicación de las normas de las Comunidades Autónomas de régimen común y no, las de las normativas forales.

La solución pasaba por adaptar los puntos de conexión del Concierto Económico.

A partir de ahora, las Administraciones de los Territorios Históricos serán las competentes para la exacción y aplicarán su propia normativa:

  • En las herencias de causantes residentes en el extranjero (incluso fuera de la UE), cuando el heredero resida en el País Vasco
  • En las donaciones de inmuebles que radican en el extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha de devengo

Asimismo, se modifica el criterio para determinar la Administración competente en los casos en los que el obligado a liquidar el Impuesto sea no residente.

Hasta ahora, para tributar en una Hacienda Foral, se exigía que todos los bienes debían estar situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco. Tras la reforma, el requisito de la totalidad se modera y se deberá atender al lugar y al valor de los bienes para determinar a qué Administración le corresponde la exacción del Impuesto.

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Los contribuyentes no residentes titulares de bienes y derechos que radican en territorio español tributan por este Impuesto por obligación real.

Hasta el momento, para aplicar el mínimo exento, estos contribuyentes tenían que acreditar que la totalidad de su riqueza mundial era inferior a 700.000 euros. Por el contrario, si su patrimonio mundial era superior a 700.000 euros, no les era de aplicación esta reducción.

Con la entrada en vigor de la futura Norma Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, con independencia de la riqueza mundial, a todos los contribuyentes, ya sea por obligación personal o por obligación real de contribuir, les será de aplicación una reducción, en concepto de mínimo exento, de 700.000 euros.

Preclusividad - Constituye el examen de la contabilidad un nuevo hecho o circustancia

Preclusividad: ¿Constituye el examen de la contabilidad un nuevo hecho o circunstancia?

En virtud de lo establecido por el artículo 140.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), una vez dictada una resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no puede efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado; salvo que, en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior, se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.

Esta afirmación, que parece sencilla, puede generar problemas interpretativos cuando se pretende definir qué se entiende por nuevos hechos o circunstancias. Así, la Audiencia Nacional[1] ha aclarado, en parte, esta cuestión. La Audiencia analiza el caso de una deducción por reinversión que había sido objeto de una comprobación limitada anterior, en la que la oficina gestora la calificó como correcta. La AN establece el criterio de que, el hecho de que se examinase la contabilidad por la Inspección, cosa que no efectuó la Oficina gestora, no constituye por sí sola, un nuevo hecho o circunstancia que le habilite para efectuar una regularización posterior de la deducción por reinversión ya comprobada.

Es decir, no le habilita para acometer un segundo procedimiento, sobre el mismo objeto del primero, cuando la propia Administración ya se ha pronunciado al respecto de forma concluyente y ha manifestado que no procedía regularizar la situación tributaria de la entidad.

Como recoge la sentencia objeto de este comentario, “desde el punto de vista conceptual, el examen de la contabilidad es solo el medio utilizado para poder alcanzar la conclusión jurídica sobre la procedencia y, en su caso, cuantía de la deducción practicada, pero en modo alguno la utilización o examen de lo que es un mero instrumento -la contabilidad- se puede calificar, en sí mismo, como hecho o circunstancia nuevo a fin de eludir las consecuencias de una duplicidad de procedimientos de comprobación sobre el mismo objeto.

Cosa distinta sería que, a través de la contabilidad, pudieran llegar a descubrirse nuevos hechos o circunstancias, distintos de los considerados en el anterior procedimiento de comprobación limitada, que determinaran la improcedencia de la deducción practicada o de su cuantía (lo que, en tal caso, debería probar la Administración y aquí no ha sucedido)”.

[1] Audiencia Nacional, de 11 de mayo de 2017, recurso n.º 249/2014 (ROJ 2506/2017)