Cierre de la Hoja del Registro Mercantil

Cierre de la Hoja del Registro Mercantil

Cuando constituimos una sociedad, y el Registro Mercantil (“RM”) procede a inscribirla, abre una hoja registral (la “Hoja”) en la que se van anotando todos actos inscribibles que ocurren durante la vigencia de la sociedad. No obstante, el incumplimiento de algunas obligaciones mercantiles o tributarias puede dar lugar, además de a una sanción económica, al cierre de la Hoja de la sociedad.

CAUSAS

El supuesto de hecho más común es la (i) falta de depósito de cuentas transcurrido un año desde que se cerró el ejercicio. Es decir, si el ejercicio social fuera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, y el día 31 de diciembre de 2018 las cuentas del ejercicio 2017 no han sido presentadas, el RM cerrará la Hoja, salvo que la sociedad acredite que las cuentas anuales no se han podido depositar por no estar aprobadas por la Junta general. También se producirá el cierre de la Hoja si la Administración Tributaria acuerda (ii) la baja provisional en el Índice de Entidades, por falta de presentación de las declaraciones del impuesto de Sociedades de los tres últimos ejercicios.

CONSECUENCIAS

El cierre de la Hoja supone la imposibilidad de inscribir cualquier documento presentado tras la fecha de cierre. Circunstancias como un cambio de domicilio, ampliaciones de capital, otorgamiento de poderes o nombramientos de auditores o Administradores no tendrán acceso al RM, y no gozarán de los beneficios de la fe pública registral.

EXCEPCIONES A LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS

Como excepción a lo antedicho, en el caso de que el cierre de la Hoja únicamente estuviera motivado por la falta de depósito de las cuentas, el Registrador inscribirá (i) el cese o dimisión de Administradores, Gerentes, Directores generales o Liquidadores (nunca el nombramiento), (ii) la revocación o renuncia de poderes, (iii) la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores (nunca la liquidación), y (iv) los asientos ordenados por las Autoridades judiciales o administrativas.

¿CÓMO SE SUBSANA ESTA SITUACIÓN?

Si el cierre de la Hoja lo causó la falta de depósito de cuentas, la sociedad deberá depositar las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios.

Si el motivo fue la baja en el Índice de Entidades, deberá presentar las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades pendientes (liquidando en su caso la deuda con la Administración), y un escrito dirigido a la Administración Tributaria solicitando el alta de la sociedad en el Índice de Entidades.

Desde CIALT, le ayudamos a poner al día las obligaciones mercantiles y tributarias de todo tipo sociedades, así como a solventar las situaciones que hayan causado el cierre de la Hoja, para que solo se preocupe de su negocio y pueda seguir operando sin obstáculos.

El Tribunal Supremo declara exenta la prestación por maternidad

El Tribunal Supremo declara exenta la prestación por maternidad

Muy recientemente, el 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo, en su sentencia número 1462/2018, se ha pronunciado sobre la interpretación correcta del artículo 7 h) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto a la prestación por maternidad y unifica la doctrina contradictoria que existía hasta ahora.

El artículo 7 h) establece que estarán exentas las prestaciones familiares reguladas en el Capitulo IX del Título II del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.”

El mismo artículo en su párrafo tercero dice Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” y el artículo finaliza diciendo que También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Interpretando literalmente este precepto, la Administración ha venido aplicando la exención a las prestaciones públicas por maternidad percibidas únicamente de las entidades de las Comunidades Autónomas o entidades locales. Por su parte, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de la Seguridad Social se consideraban como rentas percibidas de una incapacidad temporal que sustituía la renta correspondiente al trabajo del contribuyente. Por lo tanto, se interpretaba que tributaban en el IRPF como renta del trabajo.

Pues bien, en su sentencia, el Tribunal supremo ha ido más allá de la literalidad del artículo 7 h) de la ley y lo interpreta a partir de lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003 que fue la que estableció la exención. En esta, se enumeran las prestaciones públicas exentas. Entre ellas incluye, junto a las prestaciones por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, la prestación por maternidad, sin hacer distinción del órgano público del que se perciban. De este modo, el Tribunal llega a la conclusión de que el legislador sí ha querido incluir la prestación por maternidad dentro entre las rentas exentas del tercer párrafo del artículo 7 h.

En cuanto al párrafo cuarto del artículo 7 h), el Tribunal entiende que “trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”. Es decir, el Supremo interpreta que la prestación por maternidad no se limita a las concedidas únicamente por las administraciones de las comunidades autónomas o entidades locales, sino que abarca a todas las entidades públicas que concedan prestaciones por este concepto.

La Sentencia concluye diciendo que establece como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

Este pronunciamiento del Tribunal Supremo afecta a todos los contribuyentes que hubiesen percibido rentas a cargo de la Seguridad Social por maternidad. Ahora van a poder reclamar a la Administración las cantidades que abonaron en exceso durante los ejercicios no prescritos. Como regla general, podrán solicitar las devoluciones correspondientes al IRPF de los cuatro últimos ejercicios presentados.

¿Quieres recuperar la devolución?

Si has sido madre a partir del 2014 y quieres solicitar la devolución de la prestación por maternidad ingresada ante la Agencia Tributaria o en su caso, ante las Haciendas Forales correspondientes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cialt@cialt.com o si lo prefieres contactando con nosotros en 943 31 18 66.

Libe Agirre

La Diputación de Gipuzkoa impulsa el cine vasco mediante incentivos fiscales

La Diputación Foral De Gipuzkoa impulsa el cine vasco mediante incentivos fiscales

Esta semana, en la que se celebra el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ha sido la elegida por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la presentación del Anteproyecto de Norma Foral por la que se modifican los incentivos para el fomento de la cultura en el Impuesto sobre Sociedades.

La Diputación ha decidido apostar definitivamente por el cine guipuzcoano, que goza de buena salud, con reconocimientos nacionales e internacionales y que presenta un alto potencial de crecimiento. De esta forma se da respuesta al apoyo financiero que parte del sector audiovisual estaba reclamando a las Instituciones en los últimos tiempos.

Con el Anteproyecto, la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende dar un impulso definitivo a esta industria ofreciendo a los inversores en proyectos cinematográficos importantes incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. Se pretende adaptar la Disposición Adicional decimoquinta de la Norma Foral del Impuesto, que regula hasta ahora los incentivos para el fomento de la cultura, a los parámetros establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 332/01 sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual.

El Anteproyecto prevé la introducción de dos incentivos para el sector audiovisual:

  • El primero de ellos será de aplicación a inversiones en producciones españolas de largometrajes y series audiovisuales, estableciéndose una deducción en cuota del 30% sobre el coste de producción, gastos de obtención de copias y gastos de promoción. La deducción será del 40% para aquellas obras que se rueden en euskera. Para la aplicación de esta deducción se establece el requisito de que al menos el 50% de la deducción se corresponda con gastos realizados en la Comunidad Autónoma Vasca. También es necesario que la participación técnica o artística vasca sea de, al menos, cuatro personas y que el período mínimo de rodaje en el País Vasco sea de dos semanas. Asimismo, se establece que el importe máximo de deducción será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.El incentivo será de aplicación en el ejercicio en el que la obra audiovisual se estrene en las salas de cine, en televisión, o en similares medios, y no en el ejercicio en el que se realice la inversión.
  • El segundo de los incentivos es de aplicación sobre las inversiones en producciones extranjeras. Se establece una deducción en cuota del 25% de los gastos realizados en territorio de la CAV, siendo necesario que estos gastos asciendan al menos a un millón de euros y que el coste total de la producción supere los dos millones de euros. Al igual que para el caso anterior, la deducción máxima será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.

En ambos casos, la base de deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas.

El Anteproyecto establece que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2019, aunque la exposición de motivos recoge que la aplicación de los incentivos queda supeditada a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario.

Estamos sin duda ante una buena noticia para el cine en general y sobre todo para las obras que se rueden en euskera.

Para aquellos interesados en ampliar la información sobre estos incentivos, desde CIALT nos comprometemos a poner a su disposición la experiencia que hemos adquirido en los últimos años en la gestión fiscal de diversos proyectos audiovisuales.

Deben los administradores pedir permiso a los socios para gravar activos esenciales

¿Deben los administradores pedir permiso a los socios para gravar activos esenciales?

La reforma para la mejora del gobierno corporativo, que entró en vigor a finales del 2014, amplió las competencias de la Junta de Socios o Accionistas (“Junta”), entre otros supuestos, para autorizar “la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales

La aplicación de este precepto, contenido en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), ha dado lugar a muchos problemas de interpretación respecto de los bienes que pueden constituir activos esenciales para una sociedad. Por otra parte, la norma tampoco especifica cuáles son los negocios jurídicos que requieren de dicha autorización y, por tanto, en qué supuestos los administradores deben convocar a los socios para que legitimen sus actuaciones.

En este contexto, una de las cuestiones que mayor debate ha generado ha sido si la norma exige, o no, la autorización de los socios para la constitución de gravámenes sobre activos esenciales requiere.

Es decir, ante actos que no supongan una adquisición o enajenación inmediata (como ocurre con la constitución de una hipoteca), pero cuya ejecución futura puede producir esa circunstancia, ¿deben los administradores solicitar autorización a la Junta?

Si bien una interpretación literal de la norma no exige el permiso de la Junta para la constitución de gravámenes o cargas sobre activos esenciales, son muchos quienes opinan que es imprescindible obtener este consentimiento en el momento de su constitución, dado que en el momento de su ejecución la enajenación del activo ya no depende de la voluntad de la sociedad.

Al respecto, la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN”), en Resolución de 22 de noviembre de 2017, analiza la negativa del Registrador de la Propiedad de inscribir una escritura en la que, el administrador único de la SL constituye una hipoteca sobre una finca, para garantizar precisamente el préstamo destinado a financiar su compra. Aunque la Junta había autorizado expresamente la adquisición de la finca no había autorización expresa para hipotecarla.

A juicio de la DGRN, la adquisición de la finca y su posterior gravamen están íntimamente ligados y, en consecuencia, no se trata de la disposición de un activo esencial, sino de su adquisición con detracción de la deuda hipotecaria. Por ello, revoca la calificación del Registrador, entendiendo incluida en la autorización de la Junta para la adquisición de la finca, el permiso de esta para constituir la hipoteca que garantiza la financiación señalada.

La Resolución de la DGRN no especifica si este supuesto de compra y gravamen simultáneo es el único caso en el que se exime de autorización de Junta, o si, por el contrario, los gravámenes están excluidos del art.160 de la LSC con carácter general.

Por todo ello, ante la imprecisión de la DGRN y la disparidad de criterios doctrinales al respecto, parece lógico que, por el momento, sean muchos quienes sigan requiriendo del acuerdo de la Junta para la formalización e inscripción de gravámenes sobre activos esenciales.

Nuevo pago fraccionado en el Impuesto sobre Sociedades de los Territorios Históricos Forales

Nuevo pago fraccionado en el Impuesto sobre Sociedades de los Territorios Históricos Forales

Este año, los territorios forales han establecido una nueva obligación tributaria para las sociedades que se adhieren a la normativa foral. Se trata de la obligación de efectuar, antes del 25 de octubre, un pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio que se convirtió en curso el 1 de octubre de cada año.

Se excluye de esta obligación a las entidades que, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, tienen la consideración de microempresas o pequeñas empresas y los requisitos que tributan al tipo del 1 por 100 y del 0 por 100.

El importe del pago fraccionado es del 5 por 100 de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del último ejercicio presentado. De este importe, se deducirán las retenciones y los ingresos a cuenta soportados en el ejercicio citado. El importe resultante fue el pago fraccionado a ingresar.

Aquellas entidades a las que no les resulta un pago fraccionado positivo a ingresar no están obligadas a presentar ninguna declaración por este concepto.

La declaración y el ingreso del pago fraccionado se han registrado por los modelos aprobados por la Administración y se presentan obligatoriamente por medios telemáticos. Los modelos usan el modelo 203 para empresas individuales y el modelo 223 para grupos consolidados.

Aquellos contribuyentes que tributan en varias Administraciones, en proporción a su volumen de operaciones, ingresan al pago fraccionado en todas ellas.

Desde CIALT nos ponemos a vuestra disposición para cualquier consulta a través del teléfono 943 31 18 66 o enviando un email a cialt@cialt.com.

El TS abre la puerta para que los abogados puedan aplicar reducciones fiscales a rentas obtenidas en litigios de más de dos años

El Tribunal Supremo ha interpretado el artículo 32.1 de la Ley del IRPF en recurso de interés casacional para la formación de la jurisprudencia respondiendo que la reducción del 30% es aplicable en los rendimientos de actividades económicas generados en un plazo superior a dos años, aunque percibidos de una sola vez o en varios ingresos en el mismo año, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

El litigio en cuestión analiza si es aplicable la reducción regulada en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF a los ingresos obtenidos por un abogado por su actuación de defensa procesal en un proceso de quiebra, cuya duración se extendió en más de dos años.

El artículo 32.1 de la Ley del IRPF en su apartado tercero establece que no podrá aplicarse la reducción cuando se trate de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos, de tal modo que el Tribunal Supremo centra su análisis en determinar si es posible aplicar una excepción a dicho párrafo tercero analizando la “habitualidad” o “regularidad” para el contribuyente en cuestión y no para la profesión del abogado globalmente considerada.

Así, son tres las conclusiones que se pueden extraer de la sentencia:

  1. Los ingresos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión en un litigio cuya duración se haya extendido en más de dos años, cuando se perciban de una sola vez, o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a afectos de acogerse a la reducción regulada en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF.
  2. A efectos de defender una excepción al párrafo tercero del artículo 32.1 de la Ley del IRPF, la “habitualidad” o “regularidad” de los ingresos ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se analiza, no a la actividad de la abogacía abstractamente considerada.
  3. La carga de la prueba de para justificar las razones por las que se considera que la reducción debe excluirse recae sobre la Administración, que deberá motivar las razones por las que la reducción no se aplica.

La sentencia recuerda además el motivo que justifica la reducción fiscal, que no es otro que la necesidad de mitigar los efectos de la progresividad sobre rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio pero que han sido obtenidas por trabajos realizadas o servicios prestados en periodos de tiempo que exceden de los dos años.

En definitiva, ante la disparidad de situaciones que pueden existir, se trata de una cuestión muy casuística que deberá analizarse de forma individualizada. No obstante, la sentencia del TS supone un gran avance, ya que la Administración no podrá dejar de calificar como irregulares los rendimientos obtenidos en períodos superiores a los dos años y facturados a la finalización del encargo profesional sin probar que el contribuyente obtiene este tipo de rendimientos de forma regular.

Método para comprobar el valor real de un inmueble - aplicación de coeficientes multiplicadores a los valores catastrales

Método para comprobar el valor real de un inmueble: aplicación de coeficientes multiplicadores a los valores catastrales

En las siguientes líneas se comenta lo establecido por el TS en dos recientes sentencias (STS 5-6-2018 rec. 2867/2017; STS 5-6-2018 rec. 1881/2017) que, en definitiva, vienen a establecer que para que la Administración tributaria lleve a cabo la valoración de un inmueble no es suficiente con que aplique determinados coeficientes al valor catastral, en cuanto que, el acto de determinación del valor real de los inmuebles ha de ser singularizado, motivado y fruto de un examen del inmueble, normalmente mediante visita al lugar.

El Tribunal parte del contenido del art. 108.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) 4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario”.

Esta presunción que en una primera aproximación vincularía únicamente a los obligados tributarios, vincula en cierto modo también a la Administración, dado que, en un sistema fiscal como el nuestro que descansa ampliamente en la autoliquidación como forma preponderante de gestión, “una autoliquidación que contenga un ingreso se equipara en sus efectos, por la ley tributaria, a un acto de ejercicio de potestad en que se obtuviera el mismo resultado, lo que sucede cuando lo declarado por el obligado a ello no se comprueba, investiga o revisa.

De modo que, si la Administración tributaria no está de acuerdo con el valor declarado por el contribuyente en la transmisión de un inmueble, tiene que justificar por qué no acepta dicho valor. Para ello la Administración tiene que: 1) suponer que el precio declarado no se corresponde con el efectivamente satisfecho, lo que exige la necesaria prueba a cargo por su parte; 2) admitir que el valor declarado como precio de la compraventa es el efectivamente abonado, pero no corresponde con el valor real, que es cosa distinta. En este caso, también tendría que justificar la Administración la fuente de esa falta de concordancia.

No cabe pues la inversión de la carga de la prueba, no se puede obligar al interesado a probar que el valor comprobado por la Administración no se corresponde con el valor real. Más aún, cuando el método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano, empleado por la Administración tributaria consiste en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo (art. 57.1 b) de la LGT)[1].

Este medio legal de comprobación presupone, por definición, otorgar a la Administración tributaria la facultad rectificar las declaraciones o autoliquidaciones del contribuyente basándose en estimaciones, en datos o magnitudes genéricas, presuntivas y, por ende, meramente hipotéticas. Además de su generalidad, el método conducir a una verdadera ficción cuando, por el transcurso del tiempo, los valores tomados como base pierdan actualidad o se desvíen notablemente de la evolución de los precios en el mercado inmobiliario.

De manera que, el Tribunal establece que el método de valoración previsto en el art. 57.1 b) de la LGT no es un método idóneo, por su abstracción, para establecer el valor real. Dicho método no es adecuado para valorar los bienes inmuebles a los efectos de los impuestos cuya base imponible lo constituye legalmente su valor real.

No salva la legalidad de dicho método el que el interesado pueda promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor comprobado por la Administración tributaria, ya que, con independencia de que se trate de una vía opcional, junto con los otros medios que el ordenamiento ofrece para reaccionar contra los actos de aplicación, no se puede medir la legalidad o ilegalidad de una disposición general en función de la capacidad de reacción a posteriori de quien resulte disconforme con ella.

[1] Artículo 57 Comprobación de valores

  1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los siguientes medios:
  2. b)Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario”.

Exención por reinversión de vivienda habital - cambio de criterio de la Hacienda Foral de Gipuzkoa

Exención por reinversión de vivienda habitual: cambio de criterio de la Hacienda Foral de Gipuzkoa

Como bien sabemos, los requisitos que se tienen que cumplir para que la ganancia obtenida por la venta de una vivienda habitual quede exenta por reinversión son los siguientes:

  • Carácter de vivienda habitual: tanto la vivienda anterior como la vivienda nueva tienen que tener la condición de vivienda habitual.
  • Plazo de los dos años (anteriores o posteriores): la reinversión debe hacerse en el plazo de 2 añosSi compramos primero, es necesario que también la nueva vivienda se haya adquirido dentro del plazo de los dos años anteriores a la fecha en que se produzca la transmisión de la anterior.
  • Reinversión del importe total de transmisión: el precio obtenido en la venta de la vivienda, no solo el importe de la ganancia, debe reinvertirse en la adquisición de otra vivienda habitual. Si para adquirir la vivienda se hubiera acudido a financiación ajena, el importe a reinvertir será el resultante de minorar del valor de transmisión el saldo pendiente de amortizar del préstamo en el momento de la venta.

Los casos en los que se transmite la vivienda y posteriormente se adquiere la nueva, no han resultado problemáticos.

Hasta ahora, las dudas se suscitaban en los supuestos en los que primero se adquiría la nueva vivienda y después se vendía la anterior.

La Hacienda Foral Gipuzkoa, prácticamente exigía que fuese el mismo dinero de la venta el que se destinase para la compra de la nueva. Aunque el contribuyente tuviera recursos para financiar total o parcialmente el importe de la compra, la única forma de cumplir esta exigencia era  y con el dinero obtenido en la venta, cancelar esta financiación.

La Administración foral, en su respuesta, de fecha 5 de abril de 2018, a una consulta en la que se preguntaba sobre la posibilidad de considerar los pagos anticipados realizados para adquirir la nueva vivienda como reinversión, a efectos de la exención de la ganancia obtenida de la venta de la anterior vivienda habitual, ha cambiado su criterio y suavizado sus exigencias

La Administración responde indicando que, si la nueva vivienda ha sido adquirida con ahorros del contribuyente, la cantidad obtenida en la transmisión de la antigua, podrá emplearse en la reposición de dichos ahorros, sin que por ello pueda considerarse que no ha reinvertido en la nueva vivienda los mismos fondos, habida cuenta de que se trata de reinvertir el mismo importe y no el producto concreto obtenido en la transmisión.

El cambio de criterio es radical, ya que, viene a concluir que la reinversión a la que se condiciona la exención no supone invertir en la nueva vivienda exactamente el dinero obtenido específica y directamente en la transmisión de la antigua vivienda habitual; sino que, el importe obtenido en la transmisión puede utilizarse en la reposición de las rentas y ahorros personales o familiares invertidos previamente en la adquisición de la nueva, pues con esta reposición se estarían reemplazando estos fondos con los obtenidos a través de la venta, destinándose, por tanto, efectivamente estos últimos a satisfacer el importe derivado de la adquisición previa de la nueva vivienda habitual, tal como exige la norma.

Por lo tanto, y partiendo del carácter fungible del dinero, se considera suficiente que la cantidad previamente abonada por la nueva vivienda sea equivalente o superior a la obtenida por la venta de la vivienda habitual.

La Hacienda Foral de Gipuzkoa adopta este nuevo criterio en consonancia con el reciente y reiterado proceder de otras Administraciones Tributarias, que se fundamenta en la Resolución de fecha 11 de septiembre de 2014 emitida por el Tribunal Económico-Administrativo Central al recurso extraordinario de alzada para unificación de doctrina.

Este cambio de criterio no supone una modificación de la normativa, por lo que a todos aquellos que podáis tener alguna liquidación, reclamación o litigio pendiente sobre este tema, aunque sean de periodos anteriores, os invitamos a contactar con CIALT para ayudaros a solventar esta situación.

cómo deben aplicar las empresas los resultados obtenidos en el ejercicio anterior

¿Cómo deben aplicar las empresas los resultados obtenidos en el ejercicio anterior?

En el mes de junio, las Juntas Generales de las sociedades de capital (cuyo ejercicio se haya cerrado el 31 de diciembre) tienen el deber de aprobar las cuentas del ejercicio anterior y decidir sobre la aplicación que ha de realizarse sobre el resultado obtenido.

Al respecto, y sin perjuicio de posibles autolimitaciones reguladas en los Estatutos Sociales de cada sociedad, la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) impone determinadas reglas para proceder a la aplicación del resultado.

En concreto, dependiendo de la situación patrimonial de la empresa, la aplicación del resultado positivo deberá ajustarse a las siguientes normas:

  • En el caso de que la sociedad no se encuentre en situación de desequilibrio patrimonial, la Junta deberá acordar, en primer lugar, dotar la Reserva Legal obligatoria, de manera que se destinará el 10 % del beneficio hasta que la Reserva Legal alcance el 20 % del capital.

En segundo lugar, una vez dotada la reserva legal o cubiertos los límites exigidos por esta, los socios podrán voluntariamente, proceder a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, dotar reservas de libre disposición, o bien distribuir los resultados en forma de dividendo.

  • Si, por el contrario, la sociedad se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial, es decir, cuando el Patrimonio Neto sea inferior a la cifra del Capital Social, el beneficio deberá destinarse de manera obligatoria a la compensación de pérdidas.

Este segundo escenario crea dudas de primacía entre dotar “en todo caso” la Reserva Legal obligatoria del artículo 274 de la LSC o compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. En este sentido, la doctrina mayoritaria y la Consulta nº 5 BOICAC nº 99/2014 se decantan por sanear en primer lugar la situación de desequilibrio. En cualquier caso, los acreedores no se verán perjudicados ante una u otra aplicación del resultado, ya que en caso de destinar dichos beneficios a la Reserva Legal (siempre que ésta no supere el 20%), la misma sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas.

En definitiva, a pesar de que la Junta de Socios, como órgano soberano, tiene la potestad decisoria sobre la aplicación del resultado, ésta se halla condicionada por imperativos legales que, en ocasiones, limitan su libertad de decisión.

Ainara Gómez Iglesias

Avances en materia de fiscalidad de la economía digital: el nuevo gravamen español a las tecnológicas

La planificación fiscal llevada a cabo por multinacionales para aprovechar de las lagunas en la interacción ente los distintos sistemas tributarios y minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar los beneficios a países o territorios de baja tributación en los que no se realiza ninguna actividad económica está generando una gran preocupación en todas las Administraciones tributarias.

Por este motivo, la OCDE recogió en el plan BEPS, publicado en julio de 2013, la Acción 1, que abordaba el desafío fiscal de la economía digital. Entendió BEPS que la economía digital responde a un proceso de transformación desencadenado por las TIC que afecta a todos los sectores económicos y que propicia la práctica de esquemas fiscales tendentes a minorar las bases imponibles.

Con aquel preludio se esperaba un nuevo informe de la OCDE para 2020 que tuviera como objetivo el consenso de los miembros. Sin embargo, desde la publicación de BEPS el debate en el seno de la OCDE parece avanzar muy lentamente, siendo obstaculizado en gran medida por EEUU y su política de “America First” que aboga por la atracción de la base imponible al país de residencia de las grandes tecnológicas.

Mientras tanto, los negocios basados en la utilización masiva de datos y algoritmos cada vez cuentan con más peso en la economía, a pesar del contexto global de crisis económica, desplome de los ingresos del sector público, y consecuente situación de déficit en que se encuentran la mayoría de los países.

En este contexto se plantea el debate sobre dónde crean valor estas compañías y en qué jurisdicción deben tributar las rentas que derivan de su actividad. Además del debate, se han acometido medidas fiscales unilaterales tanto a nivel global como dentro de la UE, que avanzan en sentido antagónico al Mercado Único Digital y la armonización fiscal pretendida por la Comisión.

En esta situación, la Comisión ha lanzado, con el apoyo de algunos Estados Miembros, entre los que está España, dos directivas con el fin de dar impulso a la causa: la Directiva del Impuesto Especifico de Servicios Digitales, concebida como una solución temporal y a corto plazo para comenzar a gravar determinados sectores de la economía digital, y la Directiva de Presencia Digital Significativa, pensada con un horizonte temporal más largo, y que sustituyendo al impuesto digital temporal trata de sentar las bases del concepto de Establecimiento Permanente Digital, de tal modo que una empresa pueda considerarse establecida en un Estado por el hecho de desarrollar en el mismo negocios digitales. La entrada en vigor de estas directivas está prevista para el 1 de enero de 2020, pero hasta el momento no se ha alcanzado la unanimidad necesaria para su aprobación por parte de los Estados Miembros, cuyas posiciones están encontradas por los distintos intereses comerciales. La medida del EP Digital requeriría, además, de un consenso internacional hoy inimaginable.

Por otra parte, la OCDE, en su Informe Intermedio de 2018, no promueve el optimismo. El contenido del informe parece más cercano a una declaración de intenciones que a un trabajo en el que se recogen grandes avances y da la sensación de que trata de posponer los avances a un futuro en el que se alcance el consenso necesario entre países.

Sin embargo, en el ámbito español, la coyuntura parece ser distinta. La firme defensa de la Directiva de Impuesto a los Servicios Digitales se ha visto acompañada de la necesidad de nuevas vías de financiación que pongan fin al déficit de la Seguridad Social y garanticen el sostenimiento del sistema público de pensiones. Esto ha dado a la administración el impulso definitivo para anunciar, el pasado abril, un gravamen sobre las compañías digitales. Se trataría de un impuesto análogo al recogido en la Directiva, sin que se hayan dado a conocer más detalles, y que se aprobaría con independencia de que finalmente se apruebe, o no, la directiva.

Queda por ver si los recientes cambios políticos y la política fiscal del nuevo Gobierno afectan a esta iniciativa y a su configuración final.

 

Marcos González Villarreal