El TS abre la puerta para que los abogados puedan aplicar reducciones fiscales a rentas obtenidas en litigios de más de dos años

El Tribunal Supremo ha interpretado el artículo 32.1 de la Ley del IRPF en recurso de interés casacional para la formación de la jurisprudencia respondiendo que la reducción del 30% es aplicable en los rendimientos de actividades económicas generados en un plazo superior a dos años, aunque percibidos de una sola vez o en varios ingresos en el mismo año, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

El litigio en cuestión analiza si es aplicable la reducción regulada en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF a los ingresos obtenidos por un abogado por su actuación de defensa procesal en un proceso de quiebra, cuya duración se extendió en más de dos años.

El artículo 32.1 de la Ley del IRPF en su apartado tercero establece que no podrá aplicarse la reducción cuando se trate de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos, de tal modo que el Tribunal Supremo centra su análisis en determinar si es posible aplicar una excepción a dicho párrafo tercero analizando la “habitualidad” o “regularidad” para el contribuyente en cuestión y no para la profesión del abogado globalmente considerada.

Así, son tres las conclusiones que se pueden extraer de la sentencia:

  1. Los ingresos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión en un litigio cuya duración se haya extendido en más de dos años, cuando se perciban de una sola vez, o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a afectos de acogerse a la reducción regulada en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF.
  2. A efectos de defender una excepción al párrafo tercero del artículo 32.1 de la Ley del IRPF, la “habitualidad” o “regularidad” de los ingresos ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se analiza, no a la actividad de la abogacía abstractamente considerada.
  3. La carga de la prueba de para justificar las razones por las que se considera que la reducción debe excluirse recae sobre la Administración, que deberá motivar las razones por las que la reducción no se aplica.

La sentencia recuerda además el motivo que justifica la reducción fiscal, que no es otro que la necesidad de mitigar los efectos de la progresividad sobre rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio pero que han sido obtenidas por trabajos realizadas o servicios prestados en periodos de tiempo que exceden de los dos años.

En definitiva, ante la disparidad de situaciones que pueden existir, se trata de una cuestión muy casuística que deberá analizarse de forma individualizada. No obstante, la sentencia del TS supone un gran avance, ya que la Administración no podrá dejar de calificar como irregulares los rendimientos obtenidos en períodos superiores a los dos años y facturados a la finalización del encargo profesional sin probar que el contribuyente obtiene este tipo de rendimientos de forma regular.

Método para comprobar el valor real de un inmueble - aplicación de coeficientes multiplicadores a los valores catastrales

Método para comprobar el valor real de un inmueble: aplicación de coeficientes multiplicadores a los valores catastrales

En las siguientes líneas se comenta lo establecido por el TS en dos recientes sentencias (STS 5-6-2018 rec. 2867/2017; STS 5-6-2018 rec. 1881/2017) que, en definitiva, vienen a establecer que para que la Administración tributaria lleve a cabo la valoración de un inmueble no es suficiente con que aplique determinados coeficientes al valor catastral, en cuanto que, el acto de determinación del valor real de los inmuebles ha de ser singularizado, motivado y fruto de un examen del inmueble, normalmente mediante visita al lugar.

El Tribunal parte del contenido del art. 108.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) 4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario”.

Esta presunción que en una primera aproximación vincularía únicamente a los obligados tributarios, vincula en cierto modo también a la Administración, dado que, en un sistema fiscal como el nuestro que descansa ampliamente en la autoliquidación como forma preponderante de gestión, “una autoliquidación que contenga un ingreso se equipara en sus efectos, por la ley tributaria, a un acto de ejercicio de potestad en que se obtuviera el mismo resultado, lo que sucede cuando lo declarado por el obligado a ello no se comprueba, investiga o revisa.

De modo que, si la Administración tributaria no está de acuerdo con el valor declarado por el contribuyente en la transmisión de un inmueble, tiene que justificar por qué no acepta dicho valor. Para ello la Administración tiene que: 1) suponer que el precio declarado no se corresponde con el efectivamente satisfecho, lo que exige la necesaria prueba a cargo por su parte; 2) admitir que el valor declarado como precio de la compraventa es el efectivamente abonado, pero no corresponde con el valor real, que es cosa distinta. En este caso, también tendría que justificar la Administración la fuente de esa falta de concordancia.

No cabe pues la inversión de la carga de la prueba, no se puede obligar al interesado a probar que el valor comprobado por la Administración no se corresponde con el valor real. Más aún, cuando el método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano, empleado por la Administración tributaria consiste en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo (art. 57.1 b) de la LGT)[1].

Este medio legal de comprobación presupone, por definición, otorgar a la Administración tributaria la facultad rectificar las declaraciones o autoliquidaciones del contribuyente basándose en estimaciones, en datos o magnitudes genéricas, presuntivas y, por ende, meramente hipotéticas. Además de su generalidad, el método conducir a una verdadera ficción cuando, por el transcurso del tiempo, los valores tomados como base pierdan actualidad o se desvíen notablemente de la evolución de los precios en el mercado inmobiliario.

De manera que, el Tribunal establece que el método de valoración previsto en el art. 57.1 b) de la LGT no es un método idóneo, por su abstracción, para establecer el valor real. Dicho método no es adecuado para valorar los bienes inmuebles a los efectos de los impuestos cuya base imponible lo constituye legalmente su valor real.

No salva la legalidad de dicho método el que el interesado pueda promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor comprobado por la Administración tributaria, ya que, con independencia de que se trate de una vía opcional, junto con los otros medios que el ordenamiento ofrece para reaccionar contra los actos de aplicación, no se puede medir la legalidad o ilegalidad de una disposición general en función de la capacidad de reacción a posteriori de quien resulte disconforme con ella.

[1] Artículo 57 Comprobación de valores

  1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los siguientes medios:
  2. b)Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario”.

Exención por reinversión de vivienda habital - cambio de criterio de la Hacienda Foral de Gipuzkoa

Exención por reinversión de vivienda habitual: cambio de criterio de la Hacienda Foral de Gipuzkoa

Como bien sabemos, los requisitos que se tienen que cumplir para que la ganancia obtenida por la venta de una vivienda habitual quede exenta por reinversión son los siguientes:

  • Carácter de vivienda habitual: tanto la vivienda anterior como la vivienda nueva tienen que tener la condición de vivienda habitual.
  • Plazo de los dos años (anteriores o posteriores): la reinversión debe hacerse en el plazo de 2 añosSi compramos primero, es necesario que también la nueva vivienda se haya adquirido dentro del plazo de los dos años anteriores a la fecha en que se produzca la transmisión de la anterior.
  • Reinversión del importe total de transmisión: el precio obtenido en la venta de la vivienda, no solo el importe de la ganancia, debe reinvertirse en la adquisición de otra vivienda habitual. Si para adquirir la vivienda se hubiera acudido a financiación ajena, el importe a reinvertir será el resultante de minorar del valor de transmisión el saldo pendiente de amortizar del préstamo en el momento de la venta.

Los casos en los que se transmite la vivienda y posteriormente se adquiere la nueva, no han resultado problemáticos.

Hasta ahora, las dudas se suscitaban en los supuestos en los que primero se adquiría la nueva vivienda y después se vendía la anterior.

La Hacienda Foral Gipuzkoa, prácticamente exigía que fuese el mismo dinero de la venta el que se destinase para la compra de la nueva. Aunque el contribuyente tuviera recursos para financiar total o parcialmente el importe de la compra, la única forma de cumplir esta exigencia era  y con el dinero obtenido en la venta, cancelar esta financiación.

La Administración foral, en su respuesta, de fecha 5 de abril de 2018, a una consulta en la que se preguntaba sobre la posibilidad de considerar los pagos anticipados realizados para adquirir la nueva vivienda como reinversión, a efectos de la exención de la ganancia obtenida de la venta de la anterior vivienda habitual, ha cambiado su criterio y suavizado sus exigencias

La Administración responde indicando que, si la nueva vivienda ha sido adquirida con ahorros del contribuyente, la cantidad obtenida en la transmisión de la antigua, podrá emplearse en la reposición de dichos ahorros, sin que por ello pueda considerarse que no ha reinvertido en la nueva vivienda los mismos fondos, habida cuenta de que se trata de reinvertir el mismo importe y no el producto concreto obtenido en la transmisión.

El cambio de criterio es radical, ya que, viene a concluir que la reinversión a la que se condiciona la exención no supone invertir en la nueva vivienda exactamente el dinero obtenido específica y directamente en la transmisión de la antigua vivienda habitual; sino que, el importe obtenido en la transmisión puede utilizarse en la reposición de las rentas y ahorros personales o familiares invertidos previamente en la adquisición de la nueva, pues con esta reposición se estarían reemplazando estos fondos con los obtenidos a través de la venta, destinándose, por tanto, efectivamente estos últimos a satisfacer el importe derivado de la adquisición previa de la nueva vivienda habitual, tal como exige la norma.

Por lo tanto, y partiendo del carácter fungible del dinero, se considera suficiente que la cantidad previamente abonada por la nueva vivienda sea equivalente o superior a la obtenida por la venta de la vivienda habitual.

La Hacienda Foral de Gipuzkoa adopta este nuevo criterio en consonancia con el reciente y reiterado proceder de otras Administraciones Tributarias, que se fundamenta en la Resolución de fecha 11 de septiembre de 2014 emitida por el Tribunal Económico-Administrativo Central al recurso extraordinario de alzada para unificación de doctrina.

Este cambio de criterio no supone una modificación de la normativa, por lo que a todos aquellos que podáis tener alguna liquidación, reclamación o litigio pendiente sobre este tema, aunque sean de periodos anteriores, os invitamos a contactar con CIALT para ayudaros a solventar esta situación.

cómo deben aplicar las empresas los resultados obtenidos en el ejercicio anterior

¿Cómo deben aplicar las empresas los resultados obtenidos en el ejercicio anterior?

En el mes de junio, las Juntas Generales de las sociedades de capital (cuyo ejercicio se haya cerrado el 31 de diciembre) tienen el deber de aprobar las cuentas del ejercicio anterior y decidir sobre la aplicación que ha de realizarse sobre el resultado obtenido.

Al respecto, y sin perjuicio de posibles autolimitaciones reguladas en los Estatutos Sociales de cada sociedad, la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) impone determinadas reglas para proceder a la aplicación del resultado.

En concreto, dependiendo de la situación patrimonial de la empresa, la aplicación del resultado positivo deberá ajustarse a las siguientes normas:

  • En el caso de que la sociedad no se encuentre en situación de desequilibrio patrimonial, la Junta deberá acordar, en primer lugar, dotar la Reserva Legal obligatoria, de manera que se destinará el 10 % del beneficio hasta que la Reserva Legal alcance el 20 % del capital.

En segundo lugar, una vez dotada la reserva legal o cubiertos los límites exigidos por esta, los socios podrán voluntariamente, proceder a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, dotar reservas de libre disposición, o bien distribuir los resultados en forma de dividendo.

  • Si, por el contrario, la sociedad se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial, es decir, cuando el Patrimonio Neto sea inferior a la cifra del Capital Social, el beneficio deberá destinarse de manera obligatoria a la compensación de pérdidas.

Este segundo escenario crea dudas de primacía entre dotar “en todo caso” la Reserva Legal obligatoria del artículo 274 de la LSC o compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. En este sentido, la doctrina mayoritaria y la Consulta nº 5 BOICAC nº 99/2014 se decantan por sanear en primer lugar la situación de desequilibrio. En cualquier caso, los acreedores no se verán perjudicados ante una u otra aplicación del resultado, ya que en caso de destinar dichos beneficios a la Reserva Legal (siempre que ésta no supere el 20%), la misma sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas.

En definitiva, a pesar de que la Junta de Socios, como órgano soberano, tiene la potestad decisoria sobre la aplicación del resultado, ésta se halla condicionada por imperativos legales que, en ocasiones, limitan su libertad de decisión.

Ainara Gómez Iglesias

Avances en materia de fiscalidad de la economía digital: el nuevo gravamen español a las tecnológicas

La planificación fiscal llevada a cabo por multinacionales para aprovechar de las lagunas en la interacción ente los distintos sistemas tributarios y minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar los beneficios a países o territorios de baja tributación en los que no se realiza ninguna actividad económica está generando una gran preocupación en todas las Administraciones tributarias.

Por este motivo, la OCDE recogió en el plan BEPS, publicado en julio de 2013, la Acción 1, que abordaba el desafío fiscal de la economía digital. Entendió BEPS que la economía digital responde a un proceso de transformación desencadenado por las TIC que afecta a todos los sectores económicos y que propicia la práctica de esquemas fiscales tendentes a minorar las bases imponibles.

Con aquel preludio se esperaba un nuevo informe de la OCDE para 2020 que tuviera como objetivo el consenso de los miembros. Sin embargo, desde la publicación de BEPS el debate en el seno de la OCDE parece avanzar muy lentamente, siendo obstaculizado en gran medida por EEUU y su política de “America First” que aboga por la atracción de la base imponible al país de residencia de las grandes tecnológicas.

Mientras tanto, los negocios basados en la utilización masiva de datos y algoritmos cada vez cuentan con más peso en la economía, a pesar del contexto global de crisis económica, desplome de los ingresos del sector público, y consecuente situación de déficit en que se encuentran la mayoría de los países.

En este contexto se plantea el debate sobre dónde crean valor estas compañías y en qué jurisdicción deben tributar las rentas que derivan de su actividad. Además del debate, se han acometido medidas fiscales unilaterales tanto a nivel global como dentro de la UE, que avanzan en sentido antagónico al Mercado Único Digital y la armonización fiscal pretendida por la Comisión.

En esta situación, la Comisión ha lanzado, con el apoyo de algunos Estados Miembros, entre los que está España, dos directivas con el fin de dar impulso a la causa: la Directiva del Impuesto Especifico de Servicios Digitales, concebida como una solución temporal y a corto plazo para comenzar a gravar determinados sectores de la economía digital, y la Directiva de Presencia Digital Significativa, pensada con un horizonte temporal más largo, y que sustituyendo al impuesto digital temporal trata de sentar las bases del concepto de Establecimiento Permanente Digital, de tal modo que una empresa pueda considerarse establecida en un Estado por el hecho de desarrollar en el mismo negocios digitales. La entrada en vigor de estas directivas está prevista para el 1 de enero de 2020, pero hasta el momento no se ha alcanzado la unanimidad necesaria para su aprobación por parte de los Estados Miembros, cuyas posiciones están encontradas por los distintos intereses comerciales. La medida del EP Digital requeriría, además, de un consenso internacional hoy inimaginable.

Por otra parte, la OCDE, en su Informe Intermedio de 2018, no promueve el optimismo. El contenido del informe parece más cercano a una declaración de intenciones que a un trabajo en el que se recogen grandes avances y da la sensación de que trata de posponer los avances a un futuro en el que se alcance el consenso necesario entre países.

Sin embargo, en el ámbito español, la coyuntura parece ser distinta. La firme defensa de la Directiva de Impuesto a los Servicios Digitales se ha visto acompañada de la necesidad de nuevas vías de financiación que pongan fin al déficit de la Seguridad Social y garanticen el sostenimiento del sistema público de pensiones. Esto ha dado a la administración el impulso definitivo para anunciar, el pasado abril, un gravamen sobre las compañías digitales. Se trataría de un impuesto análogo al recogido en la Directiva, sin que se hayan dado a conocer más detalles, y que se aprobaría con independencia de que finalmente se apruebe, o no, la directiva.

Queda por ver si los recientes cambios políticos y la política fiscal del nuevo Gobierno afectan a esta iniciativa y a su configuración final.

 

Marcos González Villarreal

La deducibilidad de los gastos por los v

La deducibilidad de los gastos por los vehículos de empresa cedidos a directivos en IVA

El Tribunal Supremo, en la reciente Sentencia de 5 de febrero de 2018 (Recurso de casación 102/2016), ha modificado la postura mantenida por diversos Tribunales Superiores de Justicia, principalmente el TSJ de Valencia y el TEAC en materia de deducibilidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido de los gastos relativos a los vehículos cedidos por las entidades mercantiles a sus trabajadores cuando son utilizados tanto en el ejercicio de la actividad económica como para uso particular.

Los tribunales de instancia habían venido considerando que los gastos incurridos en la adquisición de estos vehículos debían ser totalmente deducibles en este impuesto, en la medida eran utilizados para las necesidades de una actividad económica, con independencia del porcentaje de utilización para fines profesionales que efectuara el usuario del vehículo. Este criterio se encontraba fundamentado en la incorrecta trasposición del artículo 95 LIVA, considerándose que era contrario a la Sexta Directiva (Directiva de IVA), y que, en consecuencia, de conformidad con el principio de primacía de las normas de la Unión Europea, debía aplicarse la Directiva de IVA en detrimento de la normativa española.

Debe añadirse que, como contrapartida a la deducibilidad total del gasto incurrido por parte de la entidad mercantil, los tribunales imponían la obligación al empresario de repercutir IVA por el porcentaje de utilización particular del vehículo por el trabajador.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha modificado este criterio considerando que la normativa española está correctamente traspuesta y ha determinado que “Aunque la presunción de afectación del bien al desarrollo de la actividad empresarial o profesional se limita al 50%, ello no impide que la deducción tenga lugar por la totalidad, si el interesado acredita una afectación superior.”

Como consecuencia de este pronunciamiento, las entidades mercantiles podrán deducirse el 50% de los gastos derivados en la adquisición de vehículos, salvo que prueben un porcentaje de afectación superior al mencionado.

Del mismo modo, manteniendo el criterio desarrollado por la jurisprudencia sería necesario repercutir al trabajador el IVA por la parte del tiempo que el vehículo se utiliza para fines particulares del trabajador, pudiendo producirse una vulneración del principio de neutralidad, sobre el cual se sustenta este impuesto indirecto.

Si usted se encuentra en esta situación y tiene dudas acerca de la correcta tributación por estas cuestiones, no dude en contactar con nosotros.

CIALT jornada 15M

El día 15 de marzo no estuvimos en nuestras oficinas. ¿Sabes por qué?

Fue un día importante para CIALT porque estábamos de celebración. Pero, ¿Qué celebrábamos? ¿Qué cumplíamos 15 años? También, pero no.

Celebrábamos que tenemos un equipo comprometido y cohesionado. Que estamos inspirados y que todas esas ideas merecían ser trabajadas. Debían tener una oportunidad.

Para el que aún no nos conoce, podríamos presentarnos como solucionadores de problemas. Desarrollamos nuevas soluciones legales para las necesidades de nuestros clientes de forma proactiva. Tratamos de anticiparnos a ellos, estando muy cerca de su día a día.

Nos hemos caracterizado por una forma diferente de hacer las cosas, y queremos seguir haciéndolo.

Ahora que cumplimos 15 años, comprometidos con los ideales de la nueva cultura de empresa, y conscientes de que la llegada de la tecnología a nuestro sector es una realidad, debemos y queremos subirnos a la ola que se presenta ante nosotros.

En un sector que tradicionalmente no se ha considerado innovador, queremos prestar un servicio que suponga un valor añadido a nuestros clientes implementando las nuevas posibilidades que se abren de la mano de la digitalización, machine learning y la inteligencia artificial, entre otros.

Pero no todo es tecnología. Conocedores de los retos en áreas como la gestión y comunicación interna, la participación y el desarrollo de negocio y, fruto del proceso de innovación interna, damos un paso más allá: Afianzar los cimientos de la aplicación de la comunicación jurídica, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la gestión interna de CIALT.

Llegados a este punto, hemos entendido que la imagen corporativa de CIALT, también debe ser acorde con la evolución de la firma. Debe acompañar al equipo en su nueva etapa, y debe ser el resultado del compromiso y participación de cada uno de los miembros del equipo.

Nada cambia si nosotros no cambiamos. En CIALT, lo estamos haciendo.

Para ello, el pasado 15 de marzo, todos los trabajadores de CIALT nos reunimos en el Hotel Arima de San Sebastián, acompañados por Jordi Estalella y Eva Bruch de AlterWork, con los que realizamos actividades de Design Thinking, y trabajamos en nuevos modelos de innovación interna.

Design Thinking CIALT

Además, en compañía de nuestros amigos de Lombok, tuvimos una pequeña incursión en el mundo de la comunicación y las marcas. Pequeñas pinceladas de ideas ajenas a nuestra actividad cotidiana, que, sin embargo, iban a ser fundamentales para que el equipo trasladara a Lombok lo que consideramos que somos en CIALT y, sobre todo, lo que queremos ser.

Precisamente uno de los resultados de lo trabajado en la jornada del 15 de marzo, va a ser la nueva imagen de CIALT.

Estamos trabajando en ello y esperamos poder tener noticias en breve.

Os mantendremos informados.

Nueva interpretación en materia de Retribución de Administradores

En contraposición al criterio mantenido hasta la fecha por la doctrina mayoritaria y la Dirección General de los Registros y el Notariado (“DGRN”), la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2018 ha dado un giro a la interpretación que se venía haciendo sobre la obligación de establecer en los Estatutos Sociales la retribución de los consejeros delegados o ejecutivos.

Mediante la citada sentencia, el alto tribunal viene a unificar el tratamiento estatutario y de sometimiento a la Junta General que ha de tener la retribución de los administradores, con independencia de si la misma corresponde a administradores con funciones ejecutivas o no.

En términos generales, el Tribunal Supremo establece los siguientes presupuestos:

  • La retribución de todos los administradores está sujeta a previsión estatutaria, incluida la de los consejeros delegados o ejecutivos. Esto implica que los estatutos sociales han de establecer necesariamente, el carácter gratuito o retribuido del cargo y, en este último caso, fijar el sistema de retribución, detallando los conceptos retributivos a percibir por todos ellos, independientemente de sus funciones.
  • El importe máximo anual de remuneración de los administradores ha de someterse a aprobación por la Junta General, englobando esta cifra tanto la retribución de los administradores, así como la retribución a percibir por los consejeros ejecutivos. Esto es, no basta con que este último importe se incluya únicamente en sus contratos mercantiles.
  • El Consejo de Administración podrá distribuir la retribución entre los diferentes administradores, en función de las responsabilidades atribuidas a cada consejero, y suscribir en su caso, el correspondiente contrato con el consejero delegado, siempre respetando la regulación estatutaria y el límite anual acordado por la Junta General.

A raíz de esta nueva interpretación, es necesario revisar la redacción de los estatutos sociales y los contratos suscritos con los consejeros ejecutivos, con el fin de adaptarse a lo dispuesto por el Tribunal Supremo, y determinar los acuerdos que se deben adoptar en las próximas Juntas Generales de cara a modificar estatutos y aprobar los límites a retribución de todos los administradores.

Desde el Departamento Mercantil de CIALT, quedamos a vuestra disposición para aclarar o ampliar cualquier cuestión particular sobre este asunto. Para más información pueden ponerse en contacto con Maite Aizpiri en m.aizpiri@cialt.com.

Criptomonedas debería invertir en bitcoins

Criptomonedas: ¿Debería invertir en Bitcoins?

Son numerosas las noticias que se pueden leer últimamente en prensa sobre jóvenes que invirtieron una cifra ridícula en bitcoins y ahora son millonarios. De ahí que muchos clientes o potenciales clientes nos pidan asesoramiento sobre si deberían invertir en criptomonedas, aún con el miedo derivado de las últimas inversiones fallidas como la del Banco Popular; o bien sobre cómo acceder a esa prometedora oportunidad de inversión.

Nuestra primera respuesta, siempre viene aparejada de cautela pues, nuevamente, el derecho va por detrás de la realidad que nos rodea, pues no hay regulación específica sobre esta materia y, por tanto, no hay una protección al inversor, lo que hace que estas inversiones sean arriesgadas.

Precisamente ante la falta de normativa de cualquier índole, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han emitido un comunicado conjunto al respecto, siendo este a nuestro juicio muy acertado y sumamente necesario.

A modo de resumen, los reguladores consideran que “En este tipo de inversiones existe un alto riesgo de pérdida o fraude” y realizan una advertencia clara y muy relevante: “Hasta la fecha, ninguna emisión de criptomoneda ni ninguna ICO[1] ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España. Esto implica que no existen criptomonedas emitidos en ICOs cuya adquisición o tenencia en España pueda beneficiarse de ninguna de las garantías o protecciones previstas en la normativa relativa a productos bancarios o de inversión”.

Además de lo anterior, concretan los riesgos asociados al trading de este tipo de divisas, siendo estos los siguientes: (i) espacio no regulado, (ii) problemas derivados del carácter transfronterizos del fenómeno, (iii) elevado riesgo de pérdida del capital invertido y (iv) problema de iliquidez y volatilidad extrema.

Ante tantos riesgos y en especial el relativo a que el usuario no puede beneficiarse de las garantías y salvaguardas de los productos financieros regulados, se convierte en extremadamente necesaria la creación de un marco regulatorio de estas nuevas prácticas financieras que regule, entre otros aspectos, su régimen jurídico, las normas y requisitos para la inversión, la protección del inversor, medidas de supervisión e inspección de las criptomonedas y sanciones aplicables a los operadores que intervengan.

Sin duda, con un marco normativo específico para el fenómeno bitcoins, los riesgos asociados a la inversión en criptomonedas se verían claramente disminuidos y, del mismo modo, el inversor se vería más protegido. Mientras tanto, y a la espera de una regulación específica al respecto, la compra de bitcoins y demás divisas virtuales es una inversión con un riesgo elevado de pérdida. También hay que advertir que, aunque la compra de bitcoins es una operación absolutamente legal, hay tramas que utilizan las criptomonedas en operaciones delictivas, por lo que, hay que informarse antes de realizar cualquier operación.

Si, a pesar de los riesgos, decide invertir en este producto, le aconsejamos que, antes de nada, reciba un asesoramiento específico sobre el régimen legal y fiscal de las mismas y sobre la forma correcta de operar en este mercado.

Una vez más, queda en manos de los legisladores regular las nuevas operaciones que se van creando. Esperaremos expectantes, mientras continuamos planteando preguntas sobre este apasionante tema ¿Interesa una regulación específica sobre esta materia?, ¿Estamos ante una nueva burbuja?, ¿Legislarán las criptomonedas antes de que estalle la burbuja?

[1] Ofertas iniciales de criptomonedas

Nueva modificación para formular Cuentas Anuales Abreviadas

Nueva modificación para formular Cuentas Anuales Abreviadas

A raíz del proceso de transposición de la Directiva 2013/34/UE, del 26 de junio de 2013, tiene como objetivo la armonización contable europea, el 18 de diciembre de 2016 entró en vigor el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre[1], en el que, entre otras modificaciones, se reformó el cómputo de los límites para formular cuentas anuales abreviadas cuando una empresa forme parte de un grupo mercantil. El Real Decreto establece:

Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante.”

A raíz de la reforma, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado dos consultas que aclaran algunos de los aspectos de la citada modificación.

En la consulta número 2, publicada en el BOICAC Nº109/2017, el ICAC aclara la entrada en vigor y los efectos de esta medida. Señala que, para aplicar el nuevo criterio sobre la formulación de cuentas abreviadas, hay que tener en cuenta los ejercicios que se inicien con posterioridad al 1 de enero de 2016. De manera que, habrá obligación de formular cuentas anuales normales si durante dos ejercicios consecutivos se superan dos de los tres límites establecidos. Es decir, en el primer ejercicio, aunque el conjunto de las sociedades que forman parte del grupo supere, en términos agregados, los citados límites, las sociedades que no lo hagan individualmente podrán formular cuentas anuales abreviadas. Sin embargo, si en el segundo ejercicio, con carácter general cerrado el 31 de diciembre de 2017, se superan los límites establecidos por el conjunto de empresas del grupo, todas tendrán que formular las cuentas anuales siguiendo los modelos normales.

Ahora bien, se establece la excepción de que, aunque el grupo supere durante dos ejercicios los límites establecidos, si la información financiera de la empresa se integra en las cuentas anuales consolidadas de la dominante, la empresa individual que no supere los límites no tendrá la obligación de formular cuentas anuales siguiendo los modelos normales.

Para aclarar esta excepción, en junio de 2017, el ICAC publicó otra consulta en el BOICAC Nº 110/2017. En ella, señaló que la sociedad individual debe integrar sus cuentas en las consolidadas de una sociedad dominante que tenga nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o en las cuentas anuales consolidadas correspondientes a un nivel intermedio del grupo.

En definitiva, dada la trascendencia de la modificación a la hora de computar los límites para poder formular cuentas anuales abreviadas, y teniendo en cuenta que al cierre del ejercicio 2017 se conocerán los datos del segundo ejercicio a partir de su entrada en vigor, en la formulación de las cuentas de este año hay que prestar especial atención a los umbrales establecidos en el nivel consolidado del grupo de sociedades, porque algunas pueden perder la facultad de formular las cuentas anuales en formato abreviado.

[1] Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.