INSTRUMENTO MULTILATERAL DE LA OCDE

El pasado 7 de junio de 2017, se produjo en París la firma del Instrumento Multilateral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por parte del representante español y otros Estados.

Este Tratado Internacional, tiene por objeto modificar los Convenios para evitar la Doble Imposición en Renta y Capitales (CDI) suscritos entre los diferentes Estados, para introducir diversas recomendaciones recogidas en los informes finales de las acciones del Plan BEPS, como cúspide del profundo proceso de análisis llevado a cabo en sede de la OCDE, sobre las prácticas fiscales desarrolladas por las grandes multinacionales, que ha tenido lugar en sede de la OECD.

La característica principal de este conjunto normativo internacional radica en la posibilidad de los Estados de escoger entre las múltiples redacciones previstas en el señalado Tratado. Ello permite a cada Estado, que se adhiera a esta Convención, modificar los preceptos recogidos en sus CDI suscritos, incorporando la redacción que estimen más oportuna.

Dentro de este Tratado multilateral, se encuentran recogidos varios preceptos que tienen una relevancia especial, dado que han sido considerados como “Estándar Mínimo” por parte de la OCDE, y deben ser adoptados por parte de los Estados que firmen el mismo si quieren obtener la calificación de “Estado fiscal cumplidor” por parte de esta organización.

La OCDE prevé que más de cien Estados soberanos se adhieran a este Instrumento Multilateral, provocando la modificación simultanea de cerca de dos mil CDIs suscritos entre los mismos.

Debe añadirse que, dadas las múltiples redacciones existentes en el Tratado sobre varios preceptos a modificar, dichas modificaciones únicamente producirán efectos en los Convenios suscritos entre los Estados siempre y cuando dichos Estados suscriban la misma redacción con respecto al precepto en cuestión.

Por ejemplo, puede ocurrir que el Reino de España adopte la versión A del artículo 5 y Francia adopte la versión B sobre ese precepto. En cambio, sobre el artículo 6 recogido en el Instrumento Multilateral puede que adopten la misma redacción. Con lo cual, únicamente se produciría la modificación del CDI suscrito entre España y Francia sobre el artículo que han adoptado la misma versión, esto es, volviendo al ejemplo, sobre el artículo 6 citado.

La entrada en vigor de este Tratado Internacional se producirá cuando se entregue el instrumento de ratificación del quinto Estado adherido al mismo. Este hecho puede haberse producido el mismo día de la firma, dadas las diferencias existentes en el procedimiento para la ratificación de Tratados Internacionales en la normativa de los diferentes países.

No obstante, las modificaciones en los CDIs, únicamente tendrán efecto en la medida que ambos Estados hayan ratificado esta Convención. Es de esperar, que la Administración Tributaria competente desarrolle versiones consolidadas sobre los CDIs modificados.

La reforma del sistema impositivo americano

El pasado 26 de abril, mediante un escueto comunicado, la administración Trump publicó las líneas maestras de la tan promulgada reforma del sistema tributario estadounidense. El objetivo de tales reformas se encontraba recogido en el programa electoral del presidente finalmente electo. Las modificaciones que se pretenden introducir afectan tanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas como al impuesto sobre las empresas (Business Income Tax), y difieren en parte de lo principalmente propuesto en el programa electoral debido a que no se encuentra excesivamente concretado.

La principal característica de las reformas, junto con las ya predicadas bajadas de los tipos impositivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre las empresas, radica en el cambio del sistema de imputación de las rentas obtenidas por las empresas. En la actualidad, el Business Income Tax grava la totalidad de las rentas obtenidas por las compañías estadounidenses a lo largo de globo, pudiendo deducirse el gravamen ya pagado en el extranjero por las rentas obtenidas en otros Estados, de tal manera que la estructura impositiva a este respecto es igual o similar a la que emplean la gran mayoría de Estados.

Sin embargo, las propuestas publicadas recogen la modificación del sistema de tributación, pasando así de un sistema de tributación de renta mundial, tal y como se ha explicado en el párrafo precedente, a un sistema de tributación sobre la renta territorial. Es decir, las empresas estadounidenses deberán tributar en EEUU única y exclusivamente por las rentas generadas en territorio norteamericano, y no por toda la renta generada en el exterior.

Asimismo, junto con la anterior medida, se prevé la introducción de un impuesto que grave la repatriación de rentas por parte de las empresas americanas con un tipo de impositivo del 10%, con el propósito de que los rendimientos obtenidos en el exterior sean únicamente gravados cuando los mismos sean repatriados a Estados Unidos.

Como contraparte a las medidas tendentes a rebajar la tributación de las empresas, el paquete de medidas recoge la eliminación de todas las deducciones existentes en la normativa societaria, dejando únicamente la deducción por investigación y desarrollo.

Por otro lado, en relación a las personas físicas, se reducen los tipos de gravamen existentes en la actualidad, simplificando su tributación y aumentando el crédito fiscal otorgado a los contribuyentes por la realización de declaraciones, ya sea individual o conjunta.

En definitiva, parece ser que las medidas que pretende introducir el Gobierno Estadounidense tienen visos de modificar sustancialmente la tributación de las rentas en su país. Sin embargo, habrá que esperar a la concreción normativa de las propuestas, para poder determinar así el impacto real que la misma va a suponer.

EL ICAC SE PRONUNCIA SOBRE EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64. BIS DE LA NORMA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Con fecha 29 de mayo de 2017, el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en ejercicio de la competencia conferida al mismo en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el artículo único del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, ha procedido a evacuar una contestación a la consulta formulada ante dicho Instituto, en relación al tratamiento contable que se debe aplicar a la operación consistente en la obtención del derecho a una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia, como consecuencia de la financiación de proyectos de Investigación y Desarrollo realizados en dicho Territorio Histórico.

Consulta en relación al tratamiento contable de la financiación de proyectos de Investigación

Para obtener dicha deducción, el artículo 64. Bis de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el Impuesto sobre Sociedades aplicable en el señalado Territorio Histórico (NFIS), requiere que el contribuyente que quiera ser acreedor del mencionado incentivo, participe en la financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo (Proyectos de I+D) que realicen otros contribuyentes, y que sean susceptibles, en estos últimos, de generar el derecho a la deducción prevista en los artículos 62 a 64 del mencionado texto legal.

Por otra parte, el artículo 39 de la NFIS establece que, cuando las deducciones a que dan derecho lo preceptuado en el artículo 64. Bis citado superen las cantidades aportadas a los Proyectos de I+D, se integrará en la base imponible de la entidad aportante de la mencionada financiación, la diferencia entre las deducciones aplicadas por dicha entidad y las cantidades desembolsadas a tal efecto.

Cuando las deducciones superen las cantidades aportadas se integrará en la base imponible de la entidad financiadora la diferencia entre las mismas

Para ilustrar la casuística planteada en la consulta formulada ante el ICAC, se parte del siguiente ejemplo: una empresa, llamémosle X, planea realizar un proyecto de investigación y desarrollo por importe de 1.000.000 de euros; dicho proyecto es susceptible de generar una deducción en concepto de I+D (artículo 62 de la NFIS) de 300.000 euros.

Por otra parte, otra entidad, llamémosle empresa Y, suscribe un contrato de financiación con la empresa X, por medio del cual aquélla se compromete a financiar a esta última el señalado proyecto con una cuantía de 250.000 euros. Dicho contrato de financiación faculta a la empresa Y para aplicar, en conformidad con lo señalado en el artículo 64. Bis citado, una deducción de 300.000 euros en su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades.

En relación a dicha operativa se formulan diversas cuestiones. En primer lugar, cómo debe contabilizar la empresa Y la aportación de 250.000 euros al proyecto de I+D a desarrollar por la empresa X. En segundo lugar, cómo debe contabilizar la empresa Y el efecto generado por la deducción, que la consultante califica como una rentabilidad financiero-fiscal, de 50.000 euros (diferencia entre lo aportado -250.000 euros-, y lo aplicado como crédito fiscal -300.000 euros-). Y, en tercer lugar, cómo debe contabilizar la empresa X la aportación de 250.000 euros recibida de la empresa Y para financiar el proyecto en cuestión.

Señala el ICAC, en relación con la citada consulta, que el “registro contable de las [mencionadas] operaciones debe realizarse atendiendo al fondo económico y jurídico que subyace en las mismas, con independencia de la forma empleada para instrumentarlas, una vez analizados en su conjunto todos los antecedentes y circunstancias de aquellas, cuya valoración es responsabilidad de los administradores, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los auditores de la sociedad”.

El registro contable de las operaciones debe realizarse atendiendo al fondo económico y jurídico que subyace en las mismas

Y en conformidad con dicha perspectiva, entiende el ICAC que “la realidad económica de fondo de los hechos descritos parecen consistir en el otorgamiento de una subvención a la empresa que realiza el proyecto I+D [en el ejemplo propuesto la empresa X] por medio de otra sociedad [en el ejemplo la empresa Y] cuyo incentivo en participar en la operación consiste en obtener una rentabilidad financiera por la diferencia entre el importe invertido (250.000 euros) y la deducción fiscal en el pago de impuestos (300.000 euros)”.

Y en línea con el planteamiento expuesto en la consulta citada, descrito en los párrafos precedentes, la empresa que realiza la aportación (empresa Y) “debe reconocer un activo por impuesto corriente”. Con posterioridad, “en la fecha del devengo del impuesto sobre sociedades, el valor en libros del activo corriente se ajustará para contabilizar el correspondiente ingreso financiero por diferencia entre el importe de la deducción y la cantidad entregada, y a continuación el citado activo se dará de baja con cargo a la cuenta 630, Impuesto sobre beneficios”.

La entidad que realiza el Proyecto de I+D contabilizará la operación aplicando por analogía los criterios para el reconocimiento de subvenciones

En lo que respecta a la entidad que realiza el Proyecto de I+D, es decir, la que recibe los fondos de la empresa Y por importe de 250.000 euros, “contabilizará la operación aplicando por analogía los criterios para el reconocimiento de subvenciones establecidos en la norma de registro y valoración 18ª. “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del Plan General de Contabilidad, (…), puesto que parece evidente que el objetivo último de la Administración en el caso planteado es financiar actividades de I+D, utilizando una forma diferente a la transferencia directa de sus fondos y diferente también a la aplicación de una deducción en la cuota del impuesto, eso es, que un tercero aporte financiación en efectivo, a cambio de reducir el impuesto corriente en la cantidad entregada más una rentabilidad [en el ejemplo propuesto dicha rentabilidad asciende a 50.000 euros]”.

Y acaba señalando la contestación del ICAC que “en la memoria de las cuentas anuales se deberá suministrar toda la información significativa sobre los hechos descritos en la consulta, con la finalidad de que aquellas en su conjunto reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa”.

Que decir tiene que, “mutatis mutandis”, lo dispuesto por el ICAC en lo que respecta al tratamiento contable de las operaciones que resultan de aplicar lo señalado en el artículo 64. Bis de la NFIS de Bizkaia, es trasladable a las operaciones que resultan de aplicar lo preceptuado en el artículo 64. Bis de la NFIS de Gipuzkoa y el artículo 62 de la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades de Navarra.

IMPLICACIONES FISCALES PROCEDENTES DE LA NULIDAD DE LAS “CLÁUSULAS SUELO”

Muchas han sido las dudas respecto al tratamiento fiscal que las Haciendas iban a otorgar a los importes que sean percibidos a causa de la nulidad de las llamadas “cláusulas suelo”.

Resumidamente, la cuestión es que, aquellas personas que hubieran sido perjudicadas por este tipo de cláusulas son ahora acreedoras de las entidades financieras con quien tuvieran suscrito un contrato de préstamo financiero, por el importe de los intereses que se hubieran pagado de más. A ello, además, habrá que añadir los intereses de demora surgidos por el tiempo transcurrido entre los pagos indebidos y su restitución.

En este sentido, y con el fin de encontrar una solución a este problema, se ha aprobado un Decreto Foral urgente, en cada uno de los tres Territorios Históricos, que  modifica la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cada uno de ellos. Estos Decretos han sido el resultado de las reuniones celebradas en las pasadas semanas en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, cuya finalidad fue, en todo momento, llegar a un acuerdo común armonizado entre los tres territorios.

Por lo tanto, vamos a centrar nuestro discurso en el tratamiento fiscal que las Haciendas Forales han decidido dar a aquellas percepciones, restitutivas y compensatorias, que procedan de la nulidad de las cláusulas suelo, así como su efecto para el contribuyente.

En primer lugar, cabe preguntarse si la devolución del exceso de intereses y/o el pago de intereses de demora van a suponer algún tipo de rendimiento a efectos de IRPF a declarar en el ejercicio en que los mismos sean percibidos.

Por otro lado, una gran parte de los préstamos afectados han sido destinados a financiar una vivienda, ya sea habitual o no. Para los casos de adquisición de vivienda habitual, la normativa relativa a IRPF, en cada uno de los Territorios Históricos, prevé que los intereses pagados por la utilización de capitales ajenos pueden ser objeto de deducción. Por lo tanto, la pregunta que surge en segundo lugar es, si tenemos que corregir las declaraciones de IRPF relativas a ejercicios anteriores, en la medida en que los intereses que ahora nos son restituidos se han tenido en cuenta para el cómputo total de las deducciones correspondientes a cada ejercicio y, en tal caso, cómo hacerlo.

Además, hay que advertir de que, cuando el inmueble no sea nuestra vivienda habitual, a efectos de IRPF, puede darse el caso de que se perciba un rendimiento de capital inmobiliario por la explotación del mismo, o el mismo puede estar afecto a una actividad económica. En estos casos, para determinar el rendimiento neto, deben tenerse en cuenta los intereses financieros satisfechos por la utilización de capital ajeno, de manera que, al igual que antes, la duda que surge es sobre el efecto tributario que va a suponer la reversión de los pagos indebidamente realizados a las entidades financieras.

Pues bien, una vez planteadas estas cuestiones, señalamos a continuación las medidas que contienen los Decretos Forales.

 

Los intereses indebidamente satisfechos, ahora devueltos

 

A este respecto, las Haciendas Forales permitirán que todos los intereses devueltos por las entidades financieras a las personas afectadas queden exentos de tributación en IRPF. Lo contrario supondría una clara vulneración del principio de no confiscatoriedad, amparado por cada una de las Normas Forales Generales Tributarias de cada uno de los Territorios Históricos, así como por el artículo 31 de la Constitución Española. Y, tan es así que, en caso de que no quedase exenta dicha percepción, nos encontraríamos en la tesitura de que se consideraría gravable la devolución de un importe que nunca debió ser pagado. Es decir, el importe que se percibe ahora es una mera restitución de un importe que nunca debió salir de nuestro patrimonio personal.

Imaginemos, por ejemplo, que vamos a una librería a comprar un libro que figura en el estante con un precio de 20 euros. Vamos a la caja, y lo pagamos. Inmediantamente, nos damos cuenta de que nos ha cobrado de más, porque el precio que figura en el libro es de 15 euros, y no de 20, como figuraba en el estante. Se lo comunicamos al dependiente, y éste, sin objeción alguna, procede a devolvernos los 5 euros que nos había cobrado en exceso. Aquí, ni siquiera nos planteamos si la mera devolución de los 5 euros constituye una renta susceptible de gravamen, ¿Verdad?

Por lo tanto, el contribuyente no deberá incluir en su autoliquidación de IRPF los importes percibidos en concepto de devolución de intereses indebidamente pagados.

 

Los intereses de demora como compensación

 

Claro está, que las entidades bancarias tendrán que abonar a los afectados, además del exceso de intereses, unos intereses de demora, como compensación por el perjuicio financiero que se les ha causado. Puede decirse que su razón de ser es el perjuicio que se ha causado al prestatario, en tanto que no ha podido disponer de esos fondos, desde el día en que se efectuó el pago indebido, hasta el día en que se produzca su restitución.

Como norma general, los intereses de demora tributan en IRPF como ganancias patrimoniales, ya que se entiende que los mismos provocan una alteración, o variación, en el patrimonio del contribuyente. No obstante, esta vez, las Haciendas van a ser benevolentes, dejando exentos estos “rendimientos”, es decir, que el contribuyente afectado no tendrá que incluir en su declaración de la renta ningún importe de esta naturaleza.

 

La vivienda habitual: deducciones a rectificar

 

Donde no van a ceder las Administraciones es en las deducciones practicadas por adquisición de vivienda habitual, para cuyo cálculo se hayan tenido en cuenta los intereses excesivos anteriormente pagados, y que ahora son devueltos. Es decir, vamos a tener que devolver aquello que hayamos deducido de más, eso sí, solo durante los últimos años no prescritos. En este sentido, debemos tener en cuenta que el plazo de prescripción comienza a computarse desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de presentación de autoliquidación de IRPF.

Pues bien, en este sentido, según lo dispuesto en el citado Decreto, para regularizar las deducciones aplicadas en exceso, se deberá sumar, a la cuota líquida devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado acuerdo con la entidad financiera, la parte de la base de deducción que se corresponda con el exceso de intereses pagados en los últimos años no prescritos. De esta manera, conseguimos ajustar las deducciones que nos hayamos practicado en exceso, en correlación con los intereses que finalmente son efectivamente pagados.

 

Bienes Inmuebles diferentes de la vivienda habitual: gastos deducibles a rectificar

 

Según la normativa de IRPF, a efectos de calcular el rendimiento neto de capital inmobiliario, ya sea procedente de una vivienda, o de un inmueble distinto de vivienda, tendremos que tener en cuenta los intereses satisfechos por la utilización de los capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación o mejora, de los mismos. Lo mismo ocurre en aquellos casos en que los inmuebles se encuentren afectos a una actividad económica.

Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, tenemos la obligación de restituir a Hacienda la parte de cuota que se corresponda con todos aquellos intereses pagados en exceso que consideramos como gasto deducible en ejercicios anteriores, y que ahora nos devuelven. A diferencia del supuesto anterior, en estos casos, los citados gastos deberán ser revisados mediante declaraciones complementarias, es decir, prestando una nueva declaración para cada ejercicio  en la que se disminuya el exceso de gasto financiero. Lo cual, según el Diputado alavés, se hace con el fin de evitar que los contribuyentes puedan verse perjudicados por el carácter progresivo del impuesto, y evitar así que aumente el tipo medio.

A este respecto, lo que tenemos que ajustar, no es una deducción, como en el apartado anterior, sino el rendimiento neto, ya sea de capital inmobiliario o de la actividad económica, declarado, traduciéndose tales ajustes en un menor gasto y, consecuentemente, en un aumento de la base imponible general o del ahorro, dependiendo del caso concreto. Por lo tanto, podría suceder que, al declarar un rendimiento neto mayor, saltásemos al siguiente tramo de la tarifa del IRPF. Es por ello que, corrigiendo año a año las declaraciones no prescritas, mediante declaraciones complementarias, el efecto tributario va a ser menos gravoso que si llevásemos a cabo la regularización de todos los ejercicios en una sola declaración. No obstante, también es cierto que el esfuerzo requerido al contribuyente es mayor, en tanto que no podrá regularizar su situación mediante la corrección de una única declaración tributaria.

Por otra parte, como norma general, este tipo de declaraciones son  consideradas extemporáneas, y conllevan el pago de recargos e intereses de demora. No obstante, las Haciendas Forales sí van a dar aquí una tregua al contribuyente, en el sentido de que no le van a exigir ninguno de estos conceptos, ya que admite que la presentación fuera de plazo se realiza por circunstancias ajenas a su voluntad.

 

Plazo de regularización

 

Una vez dicho todo lo que antecede, para llevar a cabo una correcta regularización de nuestra situación para con Hacienda, tendremos que tener en cuenta los plazos para efectuarla. A este respecto, tal y como se desprende de la redacción de los tres Decretos Forales, se ha pronunciado el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos del Territorio Histórico de Álava apuntando que, “la regularización debe llevarse a cabo en el mismo ejercicio en que los contribuyentes lleguen a acuerdos con las entidades financieras o se aprueben sentencias judiciales o laudos arbitrales, es decir, deben tenerse en cuenta en la Campaña de la Renta del año posterior”.

Cabe señalar que, la regularización del exceso de deducciones por adquisición de vivienda habitual deberá llevarse a cabo en la autoliquidación correspondiente al ejercicio en que tenga lugar el acuerdo con la entidad bancaria, que se presenta al año siguiente. Es decir, si por ejemplo llegamos a un acuerdo con el banco en 2017, deberemos regularizar nuestra situación en la autoliquidación relativa a dicho ejercicio, que se presentará en junio de 2018.

Asimismo, la regularización concerniente al rendimiento neto, de capital inmobiliario o de actividades económicas, a través de declaraciones complementarias deberá realizarse a partir del momento en que tenga lugar el acuerdo con la entidad bancaria. El plazo concedido a tal efecto, será el comprendido entre la fecha del acuerdo, y el día en que finalice el siguiente periodo de presentación de autoliquidación del impuesto.

IIVTNU y el gravamen de las minusvalías derivadas de las transmisiones de inmuebles

La reciente Sentencia, del 16 de febrero de 2017, del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 4. 2ª) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la medida que graven los inexistentes incrementos de valor derivados de las operaciones que produzcan el devengo del impuesto, al ser contrarios al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal, tiene por objeto el gravamen de los incrementos de valor de terrenos como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. El sistema de determinación de la base imponible se calcula mediante una formula objetiva que presume un incremento del valor del terreno con el paso del tiempo y sin tener en cuenta la renta obtenida derivada de la operación realizada sobre el inmueble. De forma que, con independencia del resultado de la operación realizada, se genera una cuota positiva y, por tanto, se produce la obligación de pago de este impuesto.

En palabras del órgano constitucional “ el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresiva de capacidad económica, lo que contradice formalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1.”

Por ello, en la medida en que no se obtengan plusvalías derivadas de las operaciones sujetas al IIVTNU, no cabe la imposición por el señalado impuesto, ya que, se estaría haciendo tributar a los contribuyentes por rentas inexistentes vulnerando con ello el principio constitucional de no confiscatoriedad.

Los efectos de la sentencia, de conformidad con el articulo 40.1 LOTC y con la jurisprudencia constitucional, serán de aplicación por los contribuyentes que se hayan visto perjudicados por el gravamen de este impuesto en la medida que las liquidaciones no sean firmes, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, y en los casos que el derecho a determinar la deuda tributaria no haya prescrito.

Por ello, los mencionados contribuyentes, podrán instar una solicitud de devolución de las cantidades indebidamente ingresadas con objeto de poder recuperar las cantidades abonadas en concepto de este Impuesto.

Si es usted uno de los perjudicados por la situación, no dude en consultarnos y analizaremos su caso.

 

Gorka Alonso Reta

¿Sabes que impuestos tendrás que pagar si te toca El Gordo?

¡Llegó el día! Bombos girando, el ruido de las bolitas cayendo en las copas, los niños de San Ildefonso cantando números y nosotros esperando a la suerte. Pero, y si nos toca El Gordo, ¿Sabemos que impuestos debemos pagar?

Los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), están sometidos a tributación:

  • Los premios inferiores o iguales a 2500 euros, estarán exentos de pagar impuestos. Los que superen esta cifra, tributarán por la parte que exceda de dicho importe.
  • En el momento de cobrar el premio, se soportará una retención o ingreso a cuenta que practicará la SELAE.
  • La base de retención estará formada por el importe del premio y el porcentaje de retención será del 20 por ciento.
  • En materia de IRPF, aquellos que hayan soportado la retención en el momento del abono del premio, no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación.
  • En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se deberá incluir el importe del premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto y la retención/ingreso a cuenta del 20% soportado como un pago a cuenta más.

¿Qué pasa con los décimos compartidos?

El gestor del décimo deberá acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido entre varias personas, para que la repartición del premio no sea considerada como una donación. La mejor forma de hacerlo sería cobrar el premio a través de los bancos o cajas y hacer las transferencias con los nombres, apellidos y DNI de las personas que tienen que adquirir su parte del premio.

Después de realizar nuestras obligaciones fiscales, solo quedaría disfrutar del premio y hacer realidad todas esas frases que empiezan con, si me toca la lotería…

[i]En Territorios Forales el tipo de gravamen fluctúa entre el 21%-25%

Desayuno informativo en CIALT

Hoy día 1 de diciembre, hemos celebrado en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa un desayuno en el que hemos informado sobre novedades tributarias aprobadas para el 2016/2017, así como las medidas para fomentar la participación de los trabajadores en la empresa.

Entre todas las novedades, hemos querido destacar las siguientes:

  • Incentivos fiscales a la participación de trabajadores en la empresa
  • Financiación de proyectos I+D+i: medidas muy interesantes para empresas o financiadores que invierten en proyectos I+D+i, que pueden conseguir rentabilidad de dicha inversión mediante la aplicación de deducciones fiscales.

Si no habéis podido venir o queréis información sobre estas novedades, no dudéis en dejarnos un comentario o escribirnos a admon@cialt.com.

¡CIALT estrena blog!

En CIALT asesores estamos de estreno. Hemos creado nuestro pequeño rinconcito para poder opinar, aconsejar, explicar, aclarar, … cualquier tema o concepto en lo referente al derecho tributario o fiscal y mercantil.

Poco a poco iremos subiendo contenido a nuestro Blog que esperemos os resulten interesantes. Como en todo tipo de artículos, seguramente habrá diferentes opiniones, dudas o sugerencias. ¡Eso nos encanta! No dudéis en compartirlas con nosotros porque seguro que con vuestras aportaciones los artículos se verán enriquecidos.

¡Nos veremos por aquí!

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, en colaboración con CIALT e INNOTAX le invita a la jornada “¿Inviertes en I+D+i y buscas financiación?”

¿Inviertes en I+D+i y buscas financiación?

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, en colaboración con CIALT e INNOTAX le invita a esta jornada.

Las normativas tributarias prevén incentivos fiscales para las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Son deducciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, a las cuales algunas empresas no pueden acceder.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha impulsado nuevas medidas tributarias que contemplan la posibilidad de ceder los créditos o deducciones fiscales a cambio de obtener financiación para los proyectos de I+D+i.

En esta jornada, podrán conocer el detalle de dichas medidas, que serán aprobadas para su aplicación, previsiblemente, a finales de 2016.

Día: miércoles 5 de octubre de 2016.

Lugar: Talent House. (Paseo de Duque de Baena, 42. 20009 San Sebastián).

Horario: 9:30 – 11:00 h.

 

 

EL DEBER DE LOS ADMINISTRADORES DE ACUDIR A LAS JUNTAS. ¿QUÉ SUCEDE SI NO ACUDEN?

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de abril de 2016 analiza las consecuencias que pueden producirse si los administradores no acuden a la Junta de Socios. En concreto, esta sentencia admite la impugnación de acuerdos efectuada por un socio y considera nula la Junta celebrada, dado que los Administradores no asistieron a la misma. En el orden del día de la Junta impugnada se preveía la aprobación de las cuentas y de la gestión social, la modificación del Consejo de Administración y la delegación en el Consejo de facultades para que pudiera suscribir operaciones de crédito y de préstamo.

El artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que “los administradores deberán asistir a las juntas generales”. Aunque se trata de un precepto incluido en la Ley, esta norma es desconocida para muchas personas que ejercen el cargo de administrador.

En efecto, el administrador de una sociedad, además de realizar la convocatoria de la Junta, debe acudir a la misma. Es una obligación legal y un deber del administrador. Esta obligación de asistencia se funda, tal y como señala la sentencia mencionada, en que en la Junta de Socios se desarrollan funciones esenciales para el correcto funcionamiento de la sociedad:

  • La Junta controla la labor del Administrador, por lo que es necesaria su asistencia para que pueda responder a los requerimientos que se le hagan por la sociedad.
  • En la Junta General los socios pueden ejercitar su derecho de información sobre los asuntos que se vayan a debatir. Dado que son los administradores quienes deben facilitar la información que solicitan los socios, tienen que asistir a la Junta para que los socios puedan ver cumplido este derecho.

La LSC no regula ni establece ninguna consecuencia específica para el caso de que los administradores no acudan a las Juntas. Aunque al obligar a los Administradores a asistir, parece que su criterio es que su asistencia es imprescindible para la correcta celebración de la Junta.

Sin embargo, el hecho de que los administradores no acudan a la Junta no siempre va a implicar que la misma se pueda suspender o declarar nula. Se debe analizar cada caso concreto. Si la Ley estableciera que la inasistencia del administrador a la Junta es causa de suspensión o nulidad de la misma, se estaría dejando a la voluntad de los administradores la celebración de las Juntas, lo que tampoco se puede permitir.

Por tanto, si bien es un deber de los administradores asistir a las Juntas y, en teoría, tendrían que estar siempre presentes en las mismas, se tendrá que analizar cada caso concreto para determinar si el hecho de que los administradores no asistan, puede provocar o no la nulidad de la Junta.

En el caso analizado por la sentencia, se determina por el Tribunal Supremo que la Junta de Socios es nula porque no se ha podido ejercitar por un socio minoritario su derecho de información. La sentencia señala que en la Junta no sólo se iban a aprobar las cuentas y censurar la gestión social de forma genérica, sino que se quería tratar además la autorización para realizar una serie de operaciones crediticias. Dado que la sociedad que celebró la Junta era una sociedad patrimonial, los administradores tenían que prever que los socios podían solicitar información sobre las necesidades, características y consecuencias de las operaciones a realizar. Al no asistir los administradores, la sentencia considera que se ha cercenado el derecho de información de los socios desde el propio momento de la constitución de la Junta. Esto provoca la nulidad de la misma.

Por tanto, para evitar este tipo de situaciones y el perjuicio que puede conllevar para la sociedad, los administradores deben ser conscientes de su deber de acudir a las Juntas, a fin de facilitar y permitir el correcto funcionamiento de las mismas y el ejercicio del derecho de información por los socios.