¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de un pacto de socios o protocolo familiar?

Los pactos de socios son instrumentos realmente útiles para que los propietarios de una sociedad puedan regular cuestiones tan relevantes como el futuro de la compañía, las formulas para articular la salida de socios, o las reglas por las que regirán los órganos de gobierno.

En el ámbito de la empresa familiar, es muy habitual que, con el fin de concretar y ordenar la sucesión de la propiedad del grupo familiar, los socios o accionistas suscriban pactos de este tipo, denominados protocolos familiares.

En este sentido, cabe recordar que los pactos de socios (o en su caso, protocolos familiares) son acuerdos extraestatutarios de naturaleza contractual, sujetos a la voluntad de las partes, que se rigen por la normativa de derechos y obligaciones del Código Civil. Esto permite que puedan incluir cuestiones que no podrían regularse en Estatutos Sociales, por tratarse de pactos demasiado complejos o detallados que escapan de las limitaciones impuestas por la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), y, por consiguiente, no tienen acceso al Registro Mercantil (“RM”).

En consecuencia, la principal debilidad que se achaca a los protocolos familiares se debe al alcance de su eficacia y en las consecuencias de su incumplimiento. Dado que se trata de acuerdos entre socios, a priori, su cumplimiento no puede imponerse a terceros (entre los que se encuentra la propia sociedad) y, por tanto, únicamente podrán ser exigibles entre las partes que los hayan suscrito.

La Dirección General de Registros y Notariado (“DGRN”), en Resolución de fecha 26 de junio de 2018, se ha pronunciado sobre la posibilidad de incluir, como prestación accesoria a la condición de socio, la obligación de cumplir con lo dispuesto en el pacto extraestatutario, ratificando su validez y dotando así a estos últimos de la fuerza ejecutiva de la que gozan los Estatutos Sociales.

Con ello, la DGRN da luz verde a la inclusión de este tipo de acuerdos extraestatutarios en la esfera mercantil, de manera que obliguen, no solo a quienes los hayan suscrito, sino a todos aquellos que en el futuro pasen a ser propietarios de la compañía.

Mediante esta fórmula, la doctrina de la DGRN confirma lo que, en la práctica, ya se venía aplicando. Considera válida la cláusula estatutaria que prevea ligar a la condición de socio, el cumplimiento de un pacto. De suerte que, el socio que en el futuro adquiera participación en la sociedad e incumpla dicha prestación, no solo estará sometido a los remedios contractuales en él previstos, sino que, además, podrá verse excluido de la sociedad, por el incumplimiento de una prestación accesoria.

   

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