COMPROBACIONES DE VALOR: vinculación de las valoraciones realizadas por otras Administraciones.

Interesante Sentencia de 18 de Junio de 2012 (recurso 224/2009), en la que de nuevo el Tribunal Supremo trae a colación el problema de confrontación existente entre el principio de unicidad con el principio de estanqueidad en el marco de las comprobaciones de valor.

En esta ocasión, el Tribunal examina si la Agencia Tributaria debe quedar vinculada por la valoración hecha por la Consejería de Economía y Hacienda de Galicia en una comprobación de valor realizada en una liquidación del ITP.

Citando jurisprudencia diversa, la resolución recurrida entiende que, en este caso, al tratarse de impuestos distintos (IRPF/ITP) y Administraciones diferentes (Estatal y autonómica), la Agencia Tributaria Estatal no queda vinculada por la valoración hecha con anterioridad por la Consejería de Galicia y en nada se desvirtúa la valoración propia realizada.

Para apoyar este criterio se basa en el principio de estanqueidad, según el cual, al existir múltiples tributos con naturalezas diferentes y variedad de Administraciones, la Administración sólo debe aplicar los valores fijados para otro tributo si existe una remisión legal directa.

Sin embargo, esto nos llevaría a realizar una exposición demasiado simplista del tema. Y así lo entiende el Tribunal Supremo en la sentencia comentada, citando otra sentencia de la misma Sala de 25 de Junio de 1998 en la que se enuncia que “todas estas diferencias deben ser tenidas en cuenta y debidamente ponderadas, a la hora de apreciar si es posible o no la unidad de valoraciones, pero a su vez constituye un axioma que si el concepto técnico fiscal del valor es igual o muy próximo, y el método de valoración admisible es el mismo, como por ejemplo, el dictamen pericial aplicado a efectos de un tributo, no tiene sentido el mantener un valor distinto en el otro tributo”.

Además, el Tribunal Supremo se ha mostrado en su jurisprudencia a favor del principio de unicidad de valoraciones en cuanto “subrayó la primacía de los derechos fundamentales frente al principio de estanqueidad deducido de las disposiciones de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre), modificando el criterio de resoluciones previas y estableciendo que el cambio de valoración sólo era posible acudiendo a la declaración de lesividad.”

Por tanto, no se puede cambiar el sentido de resoluciones previas, como se hizo en esta ocasión, solo aludiendo a la existencia Administraciones y de tributos distintos, más incluso cuando este último, el ITP, “era entonces y sigue siendo ahora un impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común, que gestionan por delegación del Estado, y menos aún podían hacerlo en relación con expedientes de comprobación de valores, en cuyo desarrollo las Comunidades Autónomas venían y vienen compelidas a utilizar los mismos criterios del Estado”.

Así, se deben examinar las coincidencias y divergencias existentes a la hora de determinar la base imponible en la legislación del ITP y del IRPF, acudiendo al artículo 8 de la Ley del IRPF y al artículo 30.1 del Texto Refundido de la Ley del ITPAJD en las cuales por un lado, se habla de los precios acordados en condiciones normales del mercado y por otra, de valor real de los bienes y derechos transmitidos.

Al final, el Tribunal Supremo estima el recurso, concluyendo con la siguiente afirmación “no hay una definición más acertada de lo que debe entenderse, a tal efecto, como valor real de dichos inmuebles que la de «precio que sería acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes», de donde se obtiene que el valor que por metro cuadrado otorgó a esos inmuebles la Delegación de la Coruña de la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, 48.620 pesetas (292,21 euros), debió utilizarse también por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la hora de valorar esa operación vinculada”.

   

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