EL NUEVO DOCUMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

La Orden FOM/286/2012 de 13 de diciembre (BOE de 5 de enero de 2013) ha consagrado la emisión de un nuevo documento de control administrativo de los transportes de mercancías por carretera. Se trata, en tal sentido, de una actualización de la Orden FOM/238/2013 de 31 de enero en la que ya se establecía la obligatoriedad de que las partes intervinientes en un transporte de mercancías por carretera emitieran un documento que reflejara las condiciones en las que dicho traslado se lleva a cabo. Y, sobre todo, que sirviera de documento de control administrativo a fin de poder comprobar en cualquier momento la efectiva realización del transporte y las condiciones en las que se efectuó.

La razón por la que el Ministerio de Fomento ha procedido a promulgar esta Orden en la que se consagra un nuevo documento de control del transporte es de doble naturaleza. Por una parte, la aprobación de la Ley 15/2009 de 11 de noviembre del contrato de transporte terrestre de mercancías ha venido a prestar especial atención a la identificación de los participantes en el transporte clarificando adecuadamente quienes son los sujetos que solicitan y que intervienen en la ejecución del transporte. Para este fin, resulta indudable que la emisión del documento de control puede cumplir una relevante función clarificadora ya que puede ayudar a identificar las partes intervinientes en todo contrato de transporte. Por otra parte, la propia redacción original del documento de control había generado ciertas dudas al no haber precisado debidamente sobre quién recaía la obligación de su emisión, con lo que quedaba en el aire la identidad del responsable en el caso de que el documento en cuestión no hubiera sido efectivamente emitido. Este aspecto es de vital importancia porque la Ley 16/1987 de 30 julio de Ordenación del Transporte Terrestre (en adelante LOTT), después de sucesivas reformas, establece en su art. 141.19º que la no emisión de dicho documento constituye una sanción grave, lo que, según su art. 143.e) supone la imposición de una multa a su infractor que oscila entre los 1.000 y 1.500 €.

Con el nuevo ejemplar de documento de control promulgado a través de la Orden FOM/286/2012 se pretende, en suma, adaptar el modelo a la nueva regulación vigente y, sobre todo, aclarar sobre quién recae la obligación de su redacción. Pues bien, además de establecer en su art. 6 el contenido que debe incluir, y que reproduce el modelo actual del 2003, el art. 4 de la Orden impone al transportista efectivo y al cargador contractual, una obligación compartida de formalización del documento, de tal forma que si no se redacta, ambos sujetos serán responsables de su no emisión, como lo prevé expresamente su art. 7. De este modo queda patente que corresponde tanto al cargador que ha contratado el transporte como al porteador encargado de efectuarlo emitir el documento de control y, en caso de su no emisión, ambos deberán soportar la correspondencia sanción administrativa.

Sin embargo, dicho art. 7 no se conforma con precisar la imputación de responsabilidades por la no emisión del documento, sino que prevé también las consecuencias que genera la redacción incompleta o incorrecta del documento en cuestión (art.7.2º-3º). Así, si la inexactitud se refiere al nombre o denominación social del cargador contractual o del transportista efectivo, al lugar de origen o de destino de la mercancía y a la naturaleza y peso de la mercancía transportada, el cargador contractual será quien responderá de dicha inexactitud. Por el contrario, si la inexactitud se refiere a la fecha de realización del envío o a la matrícula del vehículo utilizado, será el porteador efectivo el responsable de tales errores. De esta forma, la nueva Orden no sólo aclara la identidad de los sujetos responsables de la emisión del documento, a efectos de ser potencialmente sancionables por dicho incumplimiento, sino que también, y esto es lo más novedoso, delimita la responsabilidad en la que incurre cada uno de los intervinientes en el transporte cuando hubieran emitido con datos inexactos la declaración de transporte.

En suma, estamos ante una nueva regulación que debe ser tenida en cuenta por todos los operadores del transporte por carretera, tanto clientes como transportistas, porque a partir de su entrada en vigor quedan patentes las posibles responsabilidades administrativas en que pueden incurrir en el caso de que no emitan el documento o lo hagan de forma deficiente. Queda todavía tiempo para que esto suceda, porque según su Disposición Final Cuarta, esta nueva declaración de control entrará en vigor seis meses después de su publicación, esto es, el 5 de julio del presente año. Pero a la vista de la importancia de las consecuencias que puede entrañar no está de más advertirlo con tiempo a todos los que participan en el sector del transporte para que lo tengan muy presente desde ahora.

   

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