EL PLAN DE ACCION DE “BEPS” (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING)-PARTE II: Bloques 2º y 3º de acciones.

2º Bloque: Acciones dirigidas a restablecer los efectos y beneficios plenos de los estándares internacionales.

Acción 6.- Impedir la utilización abusiva de Convenios: Se trata de recomendar normas internas destinadas a evitar el “treaty shopping” pero no se aborda el problema raíz: que es la falta de un estándar común definitorio del abuso de CDI que pueda incluirse en las normas convencionales. Al contrario que la OCDE, la UE, a través de la jurisprudencia del TJUE y los actos de la Comisión, ha establecido un estándar anti-abuso de general aplicación entre sus miembros.

Acción 7.- Impedir la elusión artificiosa del Estatuto de EP: Esta acción está claramente ligada a la 1º, pues ha sido la irrupción de la economía digital la que ha conducido a muchos países a replantearse su concepto, ciertamente obsoleto, de EP. Así mismo, la conversión de los, hasta ahora, “distribuidores” en “agentes comisionistas”, con la subsiguiente erosión de la base imponible, ha creado alarma suficiente como causar una reconfiguración integral del concepto de EP.

3º Bloque: Acciones dirigidas a asegurar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor.

Acción 8.- Intangibles: Empezando por “pulir” la definición de intangibles esta acción de trata de establecer el uso de los intangibles en la cadena de valor de las empresas, tendiendo a priorizar métodos de “profit split” antes que métodos de “arms lenght”.

Acción 9.- Riesgos y capital: En este caso se trata de “medir” adecuadamente la asignación de riesgos y capital (vía préstamo o vía capital social) para evitar la erosión de la base imponible. Pero dicho enfoque entraña priorizar las funciones realizadas sobre dichos riesgos y capitales, lo cual, a su vez, supone la necesidad de una unicidad de criterio en dicho reparto entre los diferentes Estados.

Acción 10.- Otras transacciones de alto riesgo: Quizá sea la acción de este bloque que mas inquietud puede crear entre los contribuyentes pues trata de establecer normas de precios de transferencia que permitan “recalificar” transacciones que imposible o difícilmente se darían entre partes no vinculadas., sobre todo en lo referente a gastos de gestión y otros correspondientes a la sede principal. La inquietud proviene de si la acción pretende generar normas que establezcan “recalificaciones fiscales” sin las garantías necesarias y en cierta forma, sirviéndose de presunciones y automatismos, cuyo uso puede generar indefensión en los sujetos pasivos.

   

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