EL PLAZO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS CUANDO SE ORDENA LA RETROACCIÓN (STS de 4 de abril de 2013)

¿Qué sucede si transcurre el plazo de 6 meses del art. 150.5 LGT sin que hayan finalizado las actuaciones inspectoras?

Conforme establece el artículo 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), “Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo”.

Ante el incumplimiento de dicho plazo, el artículo 150.2 LGT prevé dos consecuencias:

a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o durante el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo”.

b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las actuaciones que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del artículo 27 de esta ley”.

En los supuestos en los que una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, “éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo o en seis meses, si aquel período fuera inferior” (art. 150.5 LGT).

La duda surge cuando transcurre el mencionado plazo de seis meses sin que las actuaciones inspectoras hayan finalizado. Al respecto, el TS en su sentencia de 4 de abril de 2013, ha entendido que la ejecución de las actuaciones inspectoras como consecuencia de la retroacción de las mismas ordenadas por resolución judicial o reclamación económico-administrativa, han de calificarse como actuaciones inspectoras y no como meras actuaciones dictadas en ejecución, estando sujetas al plazo de conclusión fijado expresamente en el apartado 1º del art. 150 y cuyo incumplimiento determina las consecuencias que se indican.

De modo que si las actuaciones inspectoras no finalizasen en el plazo previsto en el art. 150.5 LGT, sería aplicable lo previsto en el art. 150.2 a) LGT: no se tendrían por interrumpidos los plazos de prescripción.

Junto a esto se plantea otro interrogante, ¿qué sucede si la nueva liquidación se dicta dentro del plazo que restaría para liquidar, tomando el plazo de prescripción originario? Es decir, si la nueva liquidación que se ha dictado tras la retroacción de actuaciones se dicta una vez transcurrido el plazo de 6 meses previsto en el art. 150.5 LGT, pero dentro del plazo de prescripción originario. Pues bien, el TS entiende que dicha liquidación no sería válida:

Lo que no parece razonable es que “la nueva liquidación tardía será válida si se dicta dentro del plazo que restaría para liquidar, tomando el plazo de prescripción originario”, cuando no hay ningún precepto en la norma tributaria que nos lleve a adoptar dicha conclusión y que reconocida la aplicación del artículo 150.5 de la LGT y su incumplimiento en al año 2006, por durar el procedimiento más de 6 meses, para determinar las consecuencias del incumplimiento haya de recurrirse a normas derogadas. Si el incumplimiento del plazo máximo para resolver se produjo en 2006 habrá que estar a las consecuencias y períodos de prescripción vigentes en el momento del incumplimiento y la consecuencia no es otra que la prevista en el artículo 150.2 de la LGT y por tanto habría prescrito el derecho de la Administración. … En consecuencia, conforme al artículo 150.2, al no entenderse interrumpidas las actuaciones inspectoras desde la fecha de inicio de las mismas, hasta la fecha en que tiene lugar de nuevo la interrupción, ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 24 de la Ley 1/98…”.

   

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