EL “TRASLADO EXPRESS”, O CÓMO MODIFICAR EL DOMICILIO SOCIAL SIN APROBACIÓN DE LA JUNTA

El pasado sábado 7 de octubre, se publicó y entró en vigor, el Real Decreto Ley 15/2017 que facilita prácticamente a toda sociedad anónima o limitada, el traslado del domicilio social. El Real Decreto Ley, no modifica el contenido sustantivo del traslado de domicilio, sino que extiende a un mayor número de sociedades, la posibilidad de acogerse al régimen simplificado o “traslado expres” que ya se había introducido en el año 2015.

El domicilio es el lugar físico desde el que se administra una entidad mercantil. La ley lo define como el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación. El domicilio determina la nacionalidad de la sociedad, el registro mercantil al que pertenece, la legislación que le es aplicable, y el lugar en donde se celebran normalmente las reuniones de la junta y el consejo.

El traslado del domicilio es competencia de la junta general, debido a que supone una modificación estatutaria. Sin embargo, para facilitar este proceso en la práctica, la LSC siempre ha previsto la posibilidad de que los administradores pudiesen trasladar directamente, sin la aprobación de la junta, (“traslado expres”) el domicilio social dentro del mismo término municipal.

 Todas aquellas sociedades que no modifiquen estatutos,

a partir del día 7 de octubre pueden

realizar el “traslado expres”

En 2015, y sin aparente justificación, la LSC fue modificada, y el “término municipal” fue sustituido por el “territorio nacional”. Desde entonces, los administradores, pueden trasladar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional sin necesidad de acuerdo de la Junta, lo que agiliza el proceso. Dada la magnitud del cambio, la modificación se introdujo con la condición de que resultaba aplicable “salvo disposición contraria de los estatutos”, lo que ha llevado a interpretaciones contradictorias cuando los estatutos establecían la posibilidad de que los administradores trasladaran el domicilio dentro del término municipal, y por lo tanto no habían actualizado su contenido a la modificación legal.

En este escenario, solo cuando los estatutos lo recogían y permitían, eran competentes los administradores para realizar un “traslado expres”. Asimismo, cuando los estatutos decían que el traslado se regía por lo establecido en la ley o reproducían literalmente el art. 285 LSC, se interpretaba (por la Dirección General de los Registros y el Notariado) que la voluntad de la sociedad era sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada momento, y se permitía el cambio.

No obstante, muchas sociedades mantenían una regulación estatutaria que, de un modo u otro, limitaba esa competencia a los administradores (por ejemplo, estableciendo la posibilidad de trasladar el domicilio dentro de la provincia o simplemente haciendo referencia al municipio, pero sin trasladar literalmente la LSC), y no podían realizar el “traslado expres”, sin convocar a la junta.

Ahora, de la mano del Real Decreto 15/2017, todas aquellas sociedades que no modifiquen sus estatutos, a partir del día 7 de octubre, para incluir una “mención expresa de que el órgano de administración no ostenta la competencia” para trasladar el domicilio, podrán acogerse al 285.2 LSC y realizar el “traslado expres” a cualquier punto del territorio nacional, independientemente de lo que digan sus estatutos. Por tanto, a partir de ahora, prácticamente la totalidad de sociedades de capital pueden realizar estos traslados sin necesidad de convocar a la junta general.

Abajo el texto legal:

Artículo 285. Competencia orgánica.

  1. Cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general.
  2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.

Disposición transitoria única.

Se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

 

   

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