El TS abre la puerta para que los abogados puedan aplicar reducciones fiscales a rentas obtenidas en litigios de más de dos años

El Tribunal Supremo ha interpretado el artículo 32.1 de la Ley del IRPF en recurso de interés casacional para la formación de la jurisprudencia respondiendo que la reducción del 30% es aplicable en los rendimientos de actividades económicas generados en un plazo superior a dos años, aunque percibidos de una sola vez o en varios ingresos en el mismo año, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

El litigio en cuestión analiza si es aplicable la reducción regulada en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF a los ingresos obtenidos por un abogado por su actuación de defensa procesal en un proceso de quiebra, cuya duración se extendió en más de dos años.

El artículo 32.1 de la Ley del IRPF en su apartado tercero establece que no podrá aplicarse la reducción cuando se trate de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos, de tal modo que el Tribunal Supremo centra su análisis en determinar si es posible aplicar una excepción a dicho párrafo tercero analizando la “habitualidad” o “regularidad” para el contribuyente en cuestión y no para la profesión del abogado globalmente considerada.

Así, son tres las conclusiones que se pueden extraer de la sentencia:

  1. Los ingresos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión en un litigio cuya duración se haya extendido en más de dos años, cuando se perciban de una sola vez, o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a afectos de acogerse a la reducción regulada en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF.
  2. A efectos de defender una excepción al párrafo tercero del artículo 32.1 de la Ley del IRPF, la “habitualidad” o “regularidad” de los ingresos ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se analiza, no a la actividad de la abogacía abstractamente considerada.
  3. La carga de la prueba de para justificar las razones por las que se considera que la reducción debe excluirse recae sobre la Administración, que deberá motivar las razones por las que la reducción no se aplica.

La sentencia recuerda además el motivo que justifica la reducción fiscal, que no es otro que la necesidad de mitigar los efectos de la progresividad sobre rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio pero que han sido obtenidas por trabajos realizadas o servicios prestados en periodos de tiempo que exceden de los dos años.

En definitiva, ante la disparidad de situaciones que pueden existir, se trata de una cuestión muy casuística que deberá analizarse de forma individualizada. No obstante, la sentencia del TS supone un gran avance, ya que la Administración no podrá dejar de calificar como irregulares los rendimientos obtenidos en períodos superiores a los dos años y facturados a la finalización del encargo profesional sin probar que el contribuyente obtiene este tipo de rendimientos de forma regular.

   

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