EXTRALIMITACIÓN DEL ACTUARIO EN RELACIÓN CON LA ORDEN DE COMPLETAR EL EXPEDIENTE DADA POR LA INSPECTORA-JEFE (STS 14/04/2014)


En el seno del procedimiento inspector, a la vista del acta y de las alegaciones formuladas por el interesado, el Inspector-Jefe tiene la posibilidad de dictar acto administrativo o acordar que se complete el expediente1.

Pues bien, el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre este tema en la Sentencia de 14 de abril de 2014 (rec. 4881/2011):

“Ni qué decir tiene que el actuario, en caso de que se le ordene completar las actuaciones, no solamente debe ajustarse al objeto del expediente de inspección, sino que también ha de atenerse a los estrictos extremos que el acuerdo del Inspector-Jefe ordena completar. De este modo, las facultades que otorga a la Inspección el artículo 142 de la Ley General Tributaria de 2003 , en el caso de actuaciones realizadas en cumplimiento de órdenes de ampliación, han de quedar restringidas o limitadas por el ámbito, o por los extremos, que el Inspector-Jefe haya considerado procedente completar a tenor de lo dispuesto en el artículo 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos . Este es el resultado natural de la toma en consideración de los principios de buena fe y de confianza legítima (del que deriva el que impide ir contra los propios actos), así como de los de jerarquía y eficacia (artículos 103.1 y 9.3 de la Constitución y 3 de la Ley 30/1992 ), que han de regir la actuación de las Administraciones públicas.”

De esta forma, el Alto Tribunal deja claro que para completar el expediente el actuario no solamente debe ajustarse al objeto del expediente de inspección, sino que también ha de atenerse a los estrictos extremos que el acuerdo del Inspector-Jefe ordena completar.

A mayor abundamiento, el Tribunal determina que esta delimitación de actuaciones del actuario al completar el expediente es consecuencia lógica de los principios de buena fe y de confianza legítima, principios que han de regir las actuaciones de la Administración. Así, con esta delimitación de actuaciones, se protege la confianza legítima del contribuyente en que la nueva comprobación que realiza el actuario no irá más allá de los extremos que el Inspector-Jefe ha considerado que es necesario completar.

En el caso de autos, el Tribunal aprecia una extralimitación del actuario en relación con la orden de completar el expediente dada por la Inspectora-Jefe.

“(…) hemos de concluir que el actuario se extralimitó de lo ordenado por la Inspectora-Jefe, en su acuerdo de 26 de mayo de 2005, porque haber «…observado una información incompleta en cuanto a la procedencia de la deducibilidad o no de determinadas facturas», ordenando que «se complete el expediente en el sentido expuesto en el fundamento de derecho segundo», para subsanar los errores detectados», aun siendo una orden vaga e imprecisa, de ningún modo habilita al actuario para “curándose en salud”, requerir a «Bellevue» la aportación de casi toda la documentación que ya había servido para formular la propuesta de regularización en el acta de disconformidad inicial, y para comprobar todos los hechos con trascendencia para la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2002, no sólo los gastos fiscalmente deducibles, demorando la incoación del acta de la que derivó dicha liquidación hasta el 16 de diciembre de 2005 (recuérdese que el artículo 60.4 disponía un plazo de tres meses para desarrollar las actuaciones inspectoras ordenadas).”

Con la finalidad de completar el expediente, el actuario requirió al contribuyente para que aportase toda la documentación con trascendencia para liquidar el ejercicio correspondiente, en lugar de requerirle únicamente la documentación relativa a los gastos fiscalmente deducibles –extremo sobre el cual se le había ordenado completar el expediente-. Por ello, el Tribunal Supremo determina que el actuario se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias.

Adicionalmente, el Alto Tribunal determina que no es posible saber si el exceso del actuario incidió o no en el contenido de la liquidación impugnada. El Tribunal afirma de forma tajante que la carga de la prueba -para determinar si dicho exceso tuvo incidencia o no en la liquidación- recae en la Administración y no en el contribuyente:

“Además se ha de tener en cuenta que no se trata de acreditar el hecho que sustenta la pretensión de la compañía recurrente, porque estaba ya acreditado (el exceso del actuario), incumbiéndole a la Administración demandada probar el hecho que lo desactiva, esto es, que tal exceso no tuvo incidencia efectiva en la liquidación impugnada. Contravendría las reglas que rigen el reparto de la carga de la prueba hacer recaer sobre la parte a la que beneficia un hecho acreditado (el exceso del actuario) las consecuencias desfavorables de la falta de justificación del hecho que, excepcionando al anterior (el exceso no influyó en la liquidación), le perjudicaría.”

Por todo ello, el Tribunal Supremo anula las liquidaciones impugnadas.


1 Según se establecía en el artículo 60.4 del anterior Reglamento de Inspección de Tributos (Real Decreto 939/1986), el cual encuentra su equivalente en el artículo 188.4 de Reglamento General de aplicación de los tributos vigente (Real Decreto 1065/2007).

   

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