FACULTADES DEL INSPECTOR JEFE EN LAS ACTAS DE DISCONFORMIDAD

La STS de 31-3-2014 (rec. 3865/2010) analiza las facultades que posee el Inspector Jefe en las actas de disconformidad y diferencia entre completar el expediente de inspección y variación de argumentos jurídicos por el Inspector Jefe, estableciendo que no es necesario completar el expediente cuando aquél practicó la liquidación fundamentándose en la documentación existente en el expediente, variando la argumentación jurídica de la propuesta inspectora, al añadir un nuevo argumento jurídico no apreciado anteriormente.

El contribuyente denunció la infracción del art. 60.4 del RGIT por la incorrecta actuación del Jefe de la Oficina Técnica de Inspección al apartarse del criterio aplicado por la actuaria en relación con la deducibilidad de ciertos gastos, añadiendo un nuevo argumento desconocido hasta entonces, la falta de prueba. En su opinión, no puede considerarse ajustada a derecho la actuación de la Oficina Técnica toda vez que si a la vista del acta, del informe y de las alegaciones del interesado, el Inspector Jefe consideró que existía algún elemento o criterio nuevo no contemplado en el expediente, no pudo introducirlo sin más, porque su función no es comprobadora sino meramente liquidadora, y debió de actuar vía artículo 60.4 RGIT, y ordenar devolver el expediente para que fuera completado con las actuaciones que procedan en orden a determinar si verdaderamente se habían aportado tales medios de prueba, dado que el acta nada decía al respecto. Pero al no hacerlo así, habría impedido la correcta defensa de sus derechos.

Conviene recordar lo que establece el art. 60.4 RGIT, según el cual, el Inspector Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas por el interesado, puede o dictar acto administrativo o acordar que se complete el expediente:

«4. Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.

Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, el Inspector-Jefe podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince días, resolviendo el Inspector-Jefe dentro del mes siguiente».

En el caso que recoge la comentada STS, “el acuerdo de liquidación modificó la propuesta de la actuaria respecto de los gastos deducibles, añadiendo el argumento de la falta de prueba de algunos gastos cuya deducibilidad no se admite, ya que no se habían devengado en el período en que la entidad los había imputado, dándose la circunstancia de que ni en el Acta ni en el Informe ampliatorio consta que no se acepten los gastos consignados como deducibles por su falta de justificación, o falta de prueba”.

En opinión de la STS no era necesario completar el expediente mediante actuaciones complementarias, “pues el Inspector Jefe no apreció insuficiencia de datos o elementos de su decisión, sino que se fundamentó en la documentación aportada al expediente por la actuaria y en la propia Acta de disconformidad para dictar resolución definitiva mediante un acto liquidatorio, en el que no alteró los elementos fácticos sino que varió la argumentación jurídica de la propuesta inspectora, añadiendo un nuevo argumento jurídico no apreciado anteriormente, la falta de prueba de la pertinencia de las deducciones practicadas.

Con ello, el Inspector Jefe no decidió usar la facultad de realizar actuaciones complementarias por considerar que la comprobación realizada era completa, contaba con los datos esenciales, procediendo a practicar la correspondiente liquidación con su propia valoración de lo actuado, que de ninguna forma contradice sustancialmente la propuesta de la actuaria, eso sí, realiza sus propias consideraciones jurídicas.

No cabe, por tanto, alegar vulneración del art. 60.4 del RGIT , ya que en nada se ha infringido dicho precepto, pues no se ha introducido en el acto liquidatorio concepto impositivo o calificación jurídica alguna distinta de la propuesta por la actuaria, sin que sea posible alegar indefensión, toda vez que la recurrente pudo impugnar en debida forma y con las necesarias garantías el acto que puso fin al procedimiento inspector, además de haber podido realizar alegaciones al acta”.

   

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