¿ES APLICABLE EL CRITERIO DE CAJA REGULADO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS?

El criterio de caja al que aludimos en el título es un criterio de imputación temporal, distinto al del devengo, regulado de manera específica en el artículo 19.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (TRLIS).

Conforme a lo señalado en el citado precepto, en el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entienden obtenidas proporcionalmente a medida que se efectúan los correspondientes cobros, excepto que la entidad decida aplicar el criterio de devengo.

A tal efecto, expresamente reconoce el citado artículo como operaciones a plazos o con precio aplazado, las ventas y ejecuciones de obra cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el período transcurrido entre la entrega y el vencimiento del último o único plazo sea superior al año.

Con respecto a la aplicación del citado criterio de imputación temporal, la Administración tributaria en general, y la Dirección General de Tributos (DGT) en particular, ha sido renuente a que el mismo fuese de aplicación a cualquier operación que expresamente no fuese una venta o una ejecución de obra, en particular cualquier prestación de servicios distinta de una ejecución de obra. Y ello, en la medida que el citado Centro Directivo ha venido manifestando en doctrina expresada en diversas contestaciones a consultas vinculantes, como la V0276-07 o la V2739-11, que la propia norma define su ámbito objetivo de aplicación, circunscribiéndose este último a las operaciones a las que expresamente se refiere en el artículo 19.4 del TRLIS y no a otro tipo de operaciones distintas a las enunciadas en dicho precepto.

No obstante la interpretación restrictiva que de la aplicación del citado precepto ha venido manteniendo la DGT a lo largo del tiempo, la misma se ha visto modificada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 29 de marzo de 2012, número de recurso 16/2009, en la que expresamente se señala que “la referencia a las ventas y ejecuciones de obra no impide extender la regla del criterio de caja a otras operaciones en las que no exista duda de que la imputación de rentas a cada período impositivo se efectúa en función de los importes cobrados en el mismo”. Es más, nos hace saber el alto Tribunal que “una correcta interpretación del precepto obliga a entender que no contiene una enumeración taxativa y cerrada de las operaciones que pueden recibir la calificación de operaciones a plazo, debiendo considerarse que el precepto se limita a determinar en qué condiciones las operaciones contempladas pueden ser calificadas como operaciones a plazo”.

Pues bien, aun tratándose de una única sentencia, al traer su causa en un recurso de casación para unificación de doctrina, obliga a la DGT cambiar su criterio y a hacer suya la interpretación realizada por el TS del artículo 19.4 del TRLIS. Tal cambio de criterio se contiene en la contestación a la consulta vinculante V2442-13, en la que expresamente se hace saber que “el criterio adoptado por el Tribunal Supremo debe asumirse por parte de la Administración Tributaria, para los actos que aún no sean firmes”.

Por lo expuesto en las líneas precedentes, queda claro que el criterio de caja sí es de aplicación a las prestaciones de servicios cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el período transcurrido entre la entrega y el vencimiento del último plazo sea superior al año.

   

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