¿POSIBLE EXCESO REGLAMENTARIO EN EL RD 1558/2012 SOBRE OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DE BIENES EN EL EXTRANJERO?

Los días de fin de semana se están convirtiendo, desde finales de 2011, en cita obligada para la lectura de las novedades que publica el Boletín Oficial del Estado. Apenas seis días antes de que concluya el plazo para la presentación de la Declaración Tributaria Especial, siempre y cuando el plazo para la misma no termine ampliándose tal y como se rumorea en prensa, ha sido publicado el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre (en adelante, RD 1558/2012).

Muchas son las dudas que los contribuyentes con patrimonio en el extranjero, bien sea éste adquirido con cargo a rentas declaradas como no declaradas, están teniendo con relación a esos efectos devastadores de la mal denominada “imprescriptibilidad” que ha traído consigo la aprobación de la Ley 7/2012, así como a las exactas condiciones en que iba a regularse la obligación de información sobre dicho patrimonio.

Sin entrar a valorar cuestiones más prosaicas sobre las condiciones en que habrá que informar sobre el patrimonio que se posee en el extranjero, con carácter de urgencia, considero de interés fijar siquiera un par de nubarrones acerca de lo que, a día de hoy, podría resultar un exceso reglamentario en la materia.

El RD 1558/2012, por lo que respecta a la obligación de información sobre patrimonio en el extranjero, ha introducido en el RD 1065/2007 los artículos 42.bis, en relación con la obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; el 42.ter, en relación con la obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero; el 54.bis, en relación con la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

La particularidad que se encuentra en todos los artículos anteriormente citados es que finalmente habrá que informar, no sólo de los bienes que se posean a 31 de diciembre de 2012, sino que también habrá que informar sobre aquellos bienes que se hayan poseído en algún momento del 2012 aunque ya no se posean a 31 de diciembre de 2012.

Lo curioso del asunto es que los términos en que viene regulado este extremo en los citados artículos responden a la siguiente fórmula: “Dicha obligación también se extiende”, “La obligación de información regulada en este apartado también se extiende”, “La obligación de información regulada en este artículo también se extiende”.

Conviene en este punto traer a colación el tenor literal de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT):

Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:

a. Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.

b. Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

c. Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

Las obligaciones previstas en los tres párrafos anteriores se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” (el subrayado es nuestro).

De la lectura de esta Disposición Adicional, que supone la habilitación reglamentaria contenida en el RD 1558/2012, objeto del presente comentario, se desprenden, a juicio de quien suscribe, las siguientes dos ideas:

– La LGT en todo momento habla de activos cuya titularidad se ostente y no que se haya ostentado.

– La LGT, de manera expresa, “extiende” las obligaciones a los titulares reales de dichos bienes.

Sin entrar a analizar el mayor o menor interés de la información de aquellos bienes que se hayan poseído y que a la fecha de 31 de diciembre de 2012 ya no se posean, a la vista del oneroso régimen de infracciones y sanciones previsto en el apartado segundo de la Disposición Adicional Decimoctava de la LGT (“Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional”), debe plantearse si la ampliación de la obligación de información contenida en el RD 1558/2012, referida no ya sólo a los bienes de los que se es titular jurídico o real a 31 de diciembre de 2012, está estableciendo una infracción, lo cual, de verificarse, supondría la violación de lo preceptuado en el artículo 8.g) de la LGT:

Se regularán en todo caso por Ley: (…) g. El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias”.

A juicio de quien suscribe, y salvo mejor opinión fundada en Derecho, el exceso reglamentario es evidente.

   

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