¿PUEDE UN JUZGADO DECLARARSE INCOMPETENTE DE OFICIO PARA CONOCER UN ASUNTO CUANDO LA COMPETENCIA TERRITORIAL NO VIENE DETERMINADA POR REGLAS IMPERATIVAS?

El 20 de marzo de 2012 la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal Supremo (Referencia Aranzadi-Westlaw: JUR/2012/140414) ha resuelto mediante Auto una cuestión de competencia territorial suscitada entre el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tolosa y el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Chantada.

Como resumen de los antecedentes de hecho, destacamos que turnada una demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 15.000 euros al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Chantada, dicho órgano unipersonal se declaró territorialmente incompetente tras la práctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado (Tolosa -Guipúzcoa-), remitiendo las actuaciones a los Juzgados de Primera Instancia de Tolosa.

Enviadas las actuaciones y turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tolosa, con fecha 20 de diciembre de 2011, éste dictó Auto acordando plantear conflicto negativo de competencia.

El Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto negativo de competencia territorial entre los citados Juzgados, declarando que la misma corresponde a los Juzgados Primera Instancia nº 1 de Chantada.

La razón que expone nuestro más alto Tribunal para resolver en este sentido es la siguiente:

Según el artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria.

Y, analizando el supuesto concreto, continúa:

En el presente caso, se ejercita una acción de reclamación de cantidad bajo el trámite del procedimiento ordinario, no incluible en ninguno de los fueros imperativos del artículo 52, de ahí que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Enjuiciamiento Civil anteriormente transcrito, sólo podría apreciarse la falta de competencia territorial en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por el demandado o por parte legítima, lo cual no ha acaecido en el presente caso, en que se ha actuado tal y como predica el artículo 58, el cual sin embargo únicamente hubiese podido entrar en juego si la competencia territorial estuviese fijada por reglas imperativas.”

El Tribunal Supremo no aclara expresamente en esta resolución la razón por la cual no puede declararse incompetente de oficio un Juzgado de Primera Instancia si la competencia judicial no viene determinada por reglas imperativas.

La razón es que infringiría la voluntad de la parte demandada en cuanto a decidir someterse tácitamente ante el mismo. En efecto, el Juzgado no podrá declarase incompetente de oficio porque cabe la posibilidad de que el demandado se someta tácitamente y, en ese caso, tanto el fuero general (domicilio del demandado) como el convencional (sumisión expresa) decaen por la sumisión tácita.

Por ello, aprovechando el Auto dictado por el Tribunal Supremo, trataremos de explicar sucintamente la dinámica de la competencia territorial, comenzando con la enumeración de los distintos fueros:

A. Si el asunto legal es imperativo (números 1 y 4 a 15 del apartado 1 del artículo 52, apartado 2 del mismo artículo, así como cualquier norma que la Ley de Enjuiciamiento Civil u otra Ley atribuya a la regla de competencia expresamente carácter imperativo), la competencia se determina por ese criterio sin que sea válida la sumisión.

B.- Si no es imperativo habrá que seguir el siguiente orden:

i. Si existe sumisión, se aplica de forma preferente (la sumisión tácita prevalece sobre la expresa).

ii. En caso de que no exista sumisión, el criterio a aplicar es el fuero legal (general o, en su caso, el fuero especial no imperativo)

No obstante lo anterior, hay que destacar que la sumisión, tanto expresa como tácita, no es válida en los asuntos que deban decidirse por juicio verbal (artículo 54.1) o cuando el tribunal carezca de competencia objetiva (artículo 54.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En cuanto a la sumisión expresa, hay que recordar que tampoco es válida en contratos de adhesión, condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores y usuarios (artículo 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por todo lo expuesto, podemos concluir afirmando que cuando la competencia territorial venga establecida por reglas de carácter dispositivo, el Juzgado deberá esperar a que sea el demandado quien tome la decisión de someterse tácitamente o, por el contrario, proponga en forma la declinatoria denunciado la falta de competencia territorial.

   

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