¿TIENEN LOS ACREEDORES DERECHO A OPONERSE EN EL CASO DE REACTIVACIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA?: Resolución DGRN de 10 de septiembre de 2011

La Resolución de la DGRN de fecha 10 de septiembre de 2011 plantea el supuesto de una sociedad limitada que tras haber acordado su disolución, posteriormente decide en Junta Universal de Socios reactivar la sociedad por haber desaparecido la causa de disolución.

No obstante lo anterior, unos acreedores de la sociedad, teniendo conocimiento del acuerdo, presentan un escrito en el Registro Mercantil de Barcelona manifestando su oposición al acuerdo de reactivación y exponiendo que eran titulares de un crédito contra la sociedad que estaba siendo objeto de una causa judicial pendiente de resolución definitiva y firme, por lo que no procedía llevar a cabo la reactivación hasta que se garantizara su crédito. El Registrador califica negativamente la escritura presentada y da la razón a los acreedores, interponiendo la sociedad recurso frente a dicha calificación.

Hasta la publicación de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995), señalaba en su artículo 106.3 que los acreedores de la sociedad se podían oponer al acuerdo de reactivación en las mismas condiciones y con los mismos efectos que para el caso de la fusión. Esto implicaba que según disponía, y dispone, la Ley 3/2009, de Modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles en su artículo 44, que los acreedores de la sociedad disponían del plazo de un mes desde la publicación del anuncio de reactivación para oponerse al mismo, salvo aquellos que tuvieran su crédito suficientemente garantizado. Este régimen era el mismo para sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

Sin embargo, la nueva Ley de Sociedades de Capital establece en su artículo 370.4 que “los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación, en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos en la ley para el caso de reducción de capital”.

Esta disposición conlleva que se ha de acudir al régimen previsto en la Ley para la reducción de capital, siendo distinta la regulación del derecho de oposición de acreedores a la reducción de capital en las sociedades anónimas frente al régimen establecido para las sociedades limitadas.

En efecto, para estas últimas, el artículo 333 establece que sólo existirá derecho de oposición de los acreedores a la reducción de capital si está previsto en los Estatutos. En cambio, en las sociedades anónimas, los acreedores sociales tienen por ley derecho de oposición, salvo algunos supuestos tasados, pudiendo oponerse los acreedores al acuerdo en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio en el BORME.

La Resolución de la DGRN que comentamos, entiende, en consecuencia, que al establecer la Ley de Sociedades de Capital que se ha de acudir al régimen establecido para cada tipo de sociedad, si en el caso concreto de la sociedad limitada que se reactiva no está previsto estatutariamente, no existirá derecho de oposición de los acreedores.

Por tanto, esta nueva regulación de la Ley de Sociedades de Capital establece un régimen distinto para ambos tipos de sociedades, anónimas y limitadas. Como bien expone la Resolución comentada, el hecho de que los acreedores de las sociedades limitadas no puedan oponerse al acuerdo de reactivación si no está previsto en los Estatutos no supone que queden desprotegidos, puesto que la reactivación únicamente puede producirse cuando el patrimonio contable no es inferior al capital social y no ha comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios.

A mi entender no se justifica el diferente régimen entre ambos tipos de sociedades, puesto que los mismos requisitos se exigen para adoptar la reactivación tanto en las sociedades anónimas como limitadas. Si en el caso de las sociedades limitadas se considera que los acreedores no se ven perjudicados al no existir derecho de oposición, lo mismo debería ocurrir en el caso de sociedades anónimas.

Otra cuestión que plantea la Resolución es que los Registradores Mercantiles únicamente deben tomar en consideración para calificar una operación mercantil (en este caso, la reactivación de una sociedad), los documentos presentados para su inscripción (escritura notarial, certificado de sociedad, etc.), nunca documentos extrarregistrales como es el caso del escrito presentado por los acreedores de la sociedad en el Registro.

En efecto, el Registrador únicamente debería haber tomado en consideración para la inscripción de la reactivación la escritura que eleva a público el acuerdo de reactivación adoptado por la sociedad. Los acreedores sociales, deberían haber ejercitado su derecho de oposición, en el caso que éste hubiera existido, por las vías previstas legalmente para ello.

   

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