LA ACCIÓN RESCISORIA EN FRAUDE DE ACREEDORES: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 510/2012 de 7 septiembre. Recurso de Casación 560/2010

La acción rescisoria en fraude de acreedores, tambien denominda accion pauliana, queda regulada en el artículo 1.111 del Código Civil (en adelante: CC) según el cual:

Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho”.

En sede contractual, el artículo 1.291 del CC señala que:

Son rescindibles los (contratos) celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

De una lectura rápida de estos artículos podríamos decir que se trata de una accion ejercitable con carácter subsidiario y que los requisitos o presupuestos para su ejercicio son los siguientes: a) Insolvencia sobrevenida: Que el deudor carezca de bienes suficientes para atender al pago del crédito en cuestión b) Fraude: Que la transmisión que se impugna sea fraudulenta.

Precisamente, la sentencia que hoy analizamos recoge de una forma extensa y loable la interpretación que el Alto Tribunal hace de estos presupuestos y requisitos, plasmando su evolución doctrinal que ha pasado de una concepción tradicional marcadamente subjetiva y dolosa del fraude, con una aplicación rígida y restrictiva de los presupuestos y requisitos de la acción rescisoria, a una concepción mas objetiva funcional y flexible del fraude y los requisitos de ejercicio de la acción, centrada en la protección patrimonial del derecho de crédito.

Así respecto al eventos damni o insolencia sobrevenida, ya no es indispensable que el deudor se coloque en situación de insolvencia total, sino que es suficiente con la acreditación de la existencia de una notable disminución patrimonial que impida o haga sumamente difícil la percepción o cobro del crédito. Es suficiente acreditar haber llevado a cabo la persecución de los bienes del deudor que le sean debidamente conocidos a su acreedor según las circunstancias del caso.

En lo que se refiere al elemento subjetivo del fraude, éste no debe entenderse como un ánimo o estado de conciencia consistente en una intención maliciosa de perjudicar al deudor, sino que el fraude no es más que un perjuicio que se deriva de la insolvencia total o prácticamente total en que el acto o contrato debatido sitúa al deudor. La prueba de la intención de perjudicar es muy difícil, por su carácter íntimo. Por esto la jurisprudencia ha dado al fraude el significado de que el deudor ha de ser consciente del perjuicio que causa, ha (o debe) de conocer que después de realizado el acto no le quedan bienes bastantes para satisfacer sus compromisos En realidad ocurre que este presupuesto se objetiviza y normalmente el fraude se detecta probando la situación de insolvencia en que se ha colocado.

Por último, en cuanto a la nota de subsidiariedad no responde a una previa y rígida ordenación de los diferentes medios o acciones que, en abstracto, el acreedor deba interponer antes del ejercicio de la acción rescisoria sino, más bien, a que el acreedor deba acreditar su situación de indefensión o de riesgo patrimonial en la que se encuentra al tiempo de producirse el acto rescindible o fraudulento de forma que se estime, en dicho momento, la falta de utilidad de otros posibles remedios preventivos o ejecutivos en orden a la defensa de su derecho de crédito.

De esta forma, no resulta necesario que el acreedor venga provisto de título ejecutivo para el ejercicio de la acción, bastando la propia existencia y legitimidad del derecho de crédito. Como vemos, de todo lo apuntado anteriormente, se puede concluir que esta “flexibilización” en la interpretación de la acción rescisoria la convierte en una herramienta más útil y frecuente a la hora de defender los derechos de crédito de los acreedores y, por ende, un instrumento ad hoc en la lucha contra la morosidad y mala fe de algunos deudores.

   

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