LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN COMO ACTIVIDAD PROFESIONAL: STS 11/10/2012 Y 28/02/2013

El derecho de imagen es aquel derecho, que ostentan las personas físicas, a difundir y publicar su propia imagen, así como a evitar la reproducción de la misma frente a terceros. Se trata de un derecho fundamental, recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y desarrollado por Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.

Según se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, este derecho se caracteriza por ser un derecho personalísimo y de carácter patrimonial sobre un bien inmaterial -la imagen-, que puede ser válidamente transmitido a terceros.

Al tratarse de un derecho personalísimo, cuando el mismo es objeto de transmisión a terceros, no existe una transmisión de su titularidad, sino que se produce una cesión del derecho a la explotación de la imagen de la persona. Asimismo, debido a su carácter patrimonial, en el contrato de cesión de derechos se pactará la contraprestación que percibirá el cedente como consecuencia de la cesión de estos derechos.

En el ámbito fiscal, en concreto en el IRPF, las rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen, dependiendo de la forma de cesión y de la relación con el cedente, pueden ser consideradas como rendimientos del capital mobiliario, de actividades económicas o imputación de rentas1.

El artículo 25.4.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, LIRPF) recoge lo siguiente:

“4. Otros rendimientos del capital mobiliario:

d) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica.”

Por lo tanto, los rendimientos procedentes de la cesión del derecho de imagen se califican como rendimientos de capital mobiliario, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica. En ese caso, nos encontraríamos ante rendimientos de actividades económicas.

La LIRPF recoge los rendimientos de actividades económicas en el artículo 27.1:

“1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”

De este modo, si el titular del derecho de imagen lleva a cabo la explotación económica de su derecho de imagen, por su cuenta y riesgo, las rentas que obtenga serán gravadas como rendimientos de actividades económicas.

Aunque la jurisprudencia relativa al tratamiento de estas rentas es muy abundante, en el presente artículo nos centraremos en el análisis de las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 (nº rec.: 3278/2009) y 28 de febrero de 2013 (nº rec.: 2773/2010), relativas a la cesión de derechos de imagen de futbolistas profesionales.

Ambas sentencias analizan el tratamiento de las actividades publicitarias, promocionales y de marketing que se comprometen a realizar dichos futbolistas en los contratos de cesión pertinentes.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 confirma los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del TEAC anteriores sobre este expediente2, afirmando lo siguiente:

“3) De las propias cláusulas de los contratos deriva que estamos ante actividades que exceden con mucho de los simples derechos de imagen.

En efecto, esas actividades publicitarias, de asesoramiento y otras complementarias van más allá de aquella cesión (cesión de derechos de imagen). Así el sujeto pasivo se obliga a una prestación más completa, que requiere su intervención activa como el spot para Nutrexpa y en el caso de Nike la amplia gama de actividades a que venía obligado, informes orales o escritos referentes a los productos Nike, apariciones anuales relacionadas con la publicidad o bien la producción de anuncios publicitarios o materiales, charlas, sesiones para la producción de anuncios televisivos o videos, etc., que son propios de un contrato de prestaciones de servicios y constituyen una actividad profesional y que por tal debe tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal añade lo siguiente:

“ningún reparo jurídico cabe realizar para que la Sala de instancia legítimamente concluyera que en realidad a través de la relación contractual entre las empresas, se estaba retribuyendo determinadas prestaciones del jugador que excedían de la explotación del derecho de imagen, girando unas cantidades que, dado que estaban retribuyendo dichas actividades perfectamente descritas, quedaban sometidas al impuesto sobre la renta de las personas físicas como rendimientos por actividades profesionales.”

De esta forma, el Tribunal Supremo concluye que estas obligaciones –relativas a actividades publicitarias, promocionales o de marketing- exceden la mera cesión de los derechos de imagen y, por lo tanto, tributarán en el IRPF como rendimientos de actividad profesional.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 28 de febrero de 2013 se pronuncia en el mismo sentido que la Sentencia del Tribunal Supremo citada, sentando de esta forma jurisprudencia sobre este tema.

Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Supremo califica estos rendimientos –como rendimientos de actividades profesionales- echamos en falta la remisión al artículo en base al cual se hace esta afirmación. Es decir, la mención del artículo 27. 1 de la LIRPF en el que se recogen los rendimientos de actividades económicas, junto con una motivación fundada de que en el caso objeto de análisis el rendimiento se enmarca dentro de dicho precepto.

Adicionalmente, en ambos pronunciamientos nos sorprende la falta de cuantificación de estos rendimientos de actividades profesionales. Es decir, dado que el Tribunal detectó que “determinadas prestaciones del jugador excedían de la explotación del derecho de imagen”, debería determinar qué parte de la contraprestación es considerada como rendimiento de actividad profesional y qué parte es calificada como rendimiento de capital mobiliario. Sin embargo, el Tribunal Supremo únicamente se limita a hacer esa afirmación y a confirmar el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, en la cual se imputa la totalidad de la contraprestación como rendimientos de actividad profesional.

Por todo ello, en aras de una mayor seguridad jurídica, consideramos que sería muy recomendable que el Tribunal Supremo clarifique esta nueva postura, analizando con mayor detalle este tipo de supuestos. Así pues, esperaremos con avidez próximos pronunciamientos del Alto Tribunal sobre este tema.


1 La imputación de rentas se encuentra regulada como régimen especial en el artículo 92 de la LIRPF.

2 En concreto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de abril de 2009 y Resolución del TEAC de 30 de marzo de 2006.

   

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