LA DEVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DEL IBI IMPROCEDENTEMENTE COBRADAS. STS 30/05/2014

El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre las recalificaciones de terrenos realizadas durante la “burbuja inmobiliaria” y el improcedente cobro de las cuotas de IBI por parte de los Ayuntamientos.

Como es sabido, el cálculo de la cuota de IBI depende del tipo del suelo de que se trate. Por ello, el Alto Tribunal examina la legislación urbanística –en concreto, las Leyes del Suelo- y la legislación a efectos fiscales –Ley del Catastro-, a efectos de determinar la correcta o incorrecta recalificación de los terrenos.

En cuanto a la evolución histórica de la legislación urbanística en España, hemos de destacar las clases de suelo previstas en las Leyes de Suelo de los años 1998 y 2007:

  • Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (en adelante, Ley Suelo de 1998): Distingue entre suelo urbanizable o no urbanizable, suelo urbano y suelo de los municipios donde no existe planeamiento.
  • Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo (en adelante, Ley Suelo de 2007): Distingue entre suelo rural y suelo urbanizado.

Por tanto, en el año 2007 se modifica la clasificación de los suelos, reduciéndose los tipos de suelos a dos: suelo rural y suelo urbanizado-. Así pues, a la hora de determinar la cuota de IBI, surge el problema de determinar qué tipo de suelos urbanizados se enmarcan dentro del concepto de suelo urbano.

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante, Ley de Catastro de 2004). Como consecuencia de la reforma del artículo 7.2.b) del citado Texto por la Ley 36/2006, este precepto quedó redactado de la siguiente forma:

“2. Se entiende por suelo de naturaleza urbana:

(…)

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.”

Así, la Ley del Catastro de 2004 parece incluir todos los terrenos “susceptibles de ser urbanizados” en el concepto de suelo urbano.

Sin embargo, en la Sentencia de 30 de mayo de 2014, el Alto Tribunal limita la calificación como suelo urbano –a efectos fiscales y urbanísticos- a aquellos casos en los que los suelos se encuentren ya urbanizados o bien se haya aprobado un Plan Parcial1 a partir del cual se entiende que queda materializada la urbanización.

Esta afirmación del Tribunal Supremo tiene gran trascendencia a efectos del cálculo de la cuota del IBI.

Como bien es sabido, las cuotas de IBI de los suelos urbanos se calculan en función del valor catastral, y las cuotas de IBI de los suelos rústicos en función del rendimiento que se obtenga por su uso.

Dado que en los últimos años los valores catastrales han experimentado una importante subida, las cuotas de IBI de los suelos urbanos han sido muy superiores a las que les corresponderían a esos mismos terrenos en su calificación como suelo rústico.

El quid de la cuestión está en que los Ayuntamientos, con un afán meramente recaudatorio, han conferido el tratamiento de suelo urbano a aquellos terrenos que tenían consideración de suelo rústico a otros efectos2. Para ello, se han basado en que estos suelos eran calificados como urbanizables en un Plan General.

Por lo tanto, determinados propietarios de terrenos han estado pagando un IBI muy superior al que les correspondía por la calificación de estos terrenos. Por ello, es procedente la devolución de las cuotas de IBI en aquellos casos en los que tratándose de suelos urbanizables sin desarrollo, se haya cobrado el mismo como suelo urbano.

Sin lugar a dudas, son muchos los propietarios que se encuentran en esta situación y que, como consecuencia de esta sentencia, se les abre la vía para obtener la devolución de las cuotas IBI planteando el recurso pertinente.


1 Instrumento de planeamiento que desarrolla determinaciones del Plan General de un suelo urbanizable.

2 Por ejemplo, a efectos expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.

   

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