LA ESCRITURA PÚBLICA COMO DOCUMENTO VÁLIDO PARA LA DEDUCCIÓN DEL IVA: Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2011

El Tribunal Supremo, el pasado 11 de julio de 2011, ha resuelto un interesante recurso de casación en unificación de doctrina, referido a la posibilidad de que pueda ejercitarse el derecho a la deducción en el IVA con la aportación de la escritura pública, en detrimento de una factura.

El Alto Tribunal casa la sentencia del Tribunal a quo, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que negaba la citada posibilidad en su Sentencia de 3 de marzo de 2008. Las sentencias de contraste aportadas por la recurrente son la ya antigua y mítica Sentencia de 30 de enero de 2003 y la de 2 de abril de 2007 del propio TSJ de Cataluña.

El Tribunal Supremo responde de manera afirmativa a la pregunta de si, a efectos de la deducción del IVA soportado, la factura puede ser sustituida por otro documento. Ello porque el propio articulo 97 de la Ley del IVA supedita “el derecho a la deducción no a la tenencia de factura sino del documento justificativo del derecho, mención que reiteran los apartados 1 y 4 del artículo 97 del mismo texto legal, lo que se ratifica el artículo 89 cuando se alude a la factura o documento análogo como medio representativo de la operación”.

Desde un plano más filosófico, el Alto Tribunal entiende que la conclusión ha de ser la misma, toda vez que si la operación ha quedado documentalmente acreditada, soportándose su carga, y el citado documento distinto de la factura contiene todos los elementos relevantes para su identificación, nada ha de obstar a su efectiva deducción. Por último, en dicha Sentencia, se realiza una salvedad, diciendo que los hechos enjuiciados tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1496/2003, regulador de las obligaciones de facturación.

En mi opinión, nada ha de cambiar con la entrada en vigor de dicho Reglamento, habida cuenta que el Tribunal Supremo hace suyos algunos principios básicos que lleva aplicando el Tribunal de la Unión Europea que, en la materia, no debe olvidarse que se erige como intérprete supremo. La deducción del IVA se configura, para los sujetos pasivos del Impuesto, como una condición necesaria para la neutralidad del impuesto, convirtiéndose en la auténtica clave de bóveda del sistema armonizado comunitario del IVA. Las obligaciones de facturación se configuran como elementos de control del buen funcionamiento del mecanismo del IVA y, sobre todo, de la información referida a las transacciones económicas, con el objetivo prioritario de la lucha contra el fraude.

Pero en esta materia, como en tantas otras, debe existir una proporcionalidad entre las obligaciones de gestión exigidas a los sujetos pasivos y los indicios de fraude. Por ejemplo, así lo entendió el Tribunal de la Unión Europea en su sentencia HE, Asunto C-25/03, de 21 de abril de 2005, en el caso de la compra de un inmueble por parte de una sociedad conyugal en la que sólo uno de los cónyuges desarrollaba una actividad económica, y en la que el destinatario de la factura no era el citado empresario, sino la sociedad conyugal, denegándose el derecho a la deducción.

En estas circunstancias, denegar al cónyuge sujeto al impuesto el derecho de deducción por el mero hecho de que las facturas no incluyan las indicaciones que exige el Derecho nacional aplicable incompatible con el principio de proporcionalidad”.

   

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