LA LEY 37/2011 DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL: novedades en materia contencioso-administrativa

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy, 11 de octubre, se ha publicado, entre otras, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal en la que se incorporan una serie de novedades en diferentes leyes rituarias con el objetivo de “agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías del justiciable”.

De los diferentes órdenes jurisdiccionales modificados, la presente nota, con carácter de urgencia, se va a ocupar de las modificaciones operadas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Once han sido los aspectos modificados por la Ley 37/2011:

1) Se amplía la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en materia de extranjería a las resoluciones dictadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

2) Se incluye la materia de responsabilidad patrimonial entre aquellas en las que se puede decidir sobre el foro correspondiente al domicilio del demandante o sede del autor del acto impugnado.

3) En materia de prueba, se reducen trámites para dotar de mayor agilidad a dicha fase del proceso. En el otrosí mediante el que se solicite el recibimiento del pleito a prueba deberá indicarse los medios de prueba que se proponen. De tal manera que, una vez acordado el recibimiento del pleito a prueba, ya no existirá el plazo de quince días para proponer, sino el general de treinta días para practicar.

4) En el marco del procedimiento abreviado del artículo 78 de la LJCA, la cuantía se eleva de 13.000 € a 30.000 €.

5) Así mismo, se establece la posibilidad en los procedimientos abreviados de que el actor, por medio de otrosí, en su demanda pida que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista.

6) La cuantía de 30.000 € se fija también para los supuestos de apelación.

7) Por lo que respecta al recurso de casación ordinario, la cuantía se eleva de 150.000 € a 600.000 €.

8) En materia de ejecución de resoluciones, se elimina el plazo de diez días que el órgano que hubiera realizado el acto disponía para acusar recibo de la notificación del Secretario Judicial.

9) En materia de medidas cautelarísimas, se recoge la panoplia de situaciones que pueden acontecer: apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, estableciéndose la posibilidad de alegaciones por escrito en vez de comparecencia; no apreciarlas y ordenar la tramitación de la misma por la vía del incidente de ejecución del artículo 131 de la LJCA.

10) En determinados supuestos de extranjería, asilo político y condición de refugiado, en el caso de medidas de retorno, siendo el afectado un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal.

11) En primera o única instancia se establece, en materia de costas procesales, el criterio de vencimiento, salvo que se razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el supuesto de desestimación o estimación parcial, cada parte abonará las causadas a su instancia; las comunes, por mitad, salvo que se impongan a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

En un primer análisis, destacar el cambio de criterio en costas, que quizá haga replantearse aquello de “en materia tributaria (contencioso) no hay costas” como uno de los vientos que desplegaban las velas del recurso, muchas veces para hacer valer situaciones de suspensión de ejecuciones de liquidaciones tributarias y, sobre todo, la práctica desaparición del recurso de casación, sumándole, a la ya conocida práctica del Alto Tribunal por desagregar ilógicamente cuantías, el establecimiento del umbral de 600.000 €.

La Ley 37/2011 entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

   

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