LA MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES: el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo

El reciente Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, además de incorporar al Derecho español la Directiva comunitaria 2008/52/CE (referida al establecimiento de normas mínimas para fomentar la mediación en litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles), ha realizado por primera vez en nuestro ordenamiento una regulación general de la mediación en materia civil, mercantil y procesal, en aquellas materias cuya regulación es competencia exclusiva del Estado.

Anteriormente a este Real Decreto-Ley existían normas reguladores de la mediación en ámbitos concretos, como la mediación laboral, mediación familiar, en materia de consumo, etcétera, sobre todo en las Comunidades Autónomas. Sin embargo, hasta ahora no se había regulado de forma general en asuntos civiles y mercantiles.

Define el Real Decreto-Ley la mediación en su artículo 1 como “aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.

Se configura de esta forma la mediación como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, evitando que las partes acudan a la vía judicial mediante la utilización de este procedimiento, que se pretende sea rápido, sencillo y eficaz.

La principal característica de la mediación es que los acuerdos serán alcanzados por las propias partes, interviniendo un tercero mediador, que no adoptará la decisión, sino que desarrollará una función de moderación y de acercamiento de posturas entre las partes enfrentadas. Seguidamente se proceden a señalar los aspectos principales de la nueva normativa.

La nueva regulación se aplica a toda mediación que en relación a asuntos civiles y mercantiles tenga lugar en España, excluyéndose la mediación penal, laboral, en materia de consumo y con las Administraciones Públicas. Se establece asimismo que el comienzo de la mediación supondrá la suspensión de la prescripción o caducidad de acciones que sean objeto del litigio.

Como principios informadores de la mediación se señalan la voluntariedad, la igualdad de las partes, la neutralidad del mediador y la confidencialidad, además de la buena fe y el respeto mutuo. La norma prohíbe que se interpongan acciones judiciales o extrajudiciales entre las partes durante el tiempo que se esté desarrollando la mediación.

En relación al denominado “Estatuto del mediador”, el Real Decreto-Ley establece que podrán ser mediadores aquellas personas físicas en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Añade que dichas personas deberán contar con una formación específica adquirida mediante la realización de cursos específicos que permitan la adquisición de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, resolución de conflictos y negociación así como de ética de la mediación. Asimismo los mediadores deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil para el desempeño de su labor.

La norma no establece como requisito para desempeñar la labor de mediador estar en posesión de título universitario o profesional, se limita a señalar los deberes del mediador, sus normas de actuación y su responsabilidad. No obstante lo anterior, se prevé que reglamentariamente podrán desarrollarse los instrumentos que se consideren necesarios para el control del cumplimiento de requisitos por los mediadores, pudiéndose crear Registros de mediadores y de Instituciones de Mediación, así como determinar la duración y contenido del curso o cursos que los mediadores deban realizar a fin de adquirir la formación necesaria para el desempeño de su función.

El procedimiento de mediación se articula de forma sencilla, pudiendo iniciarse de común acuerdo entre ambas partes o a iniciativa de una de ellas. La mediación podrá iniciarse aun estando en curso un proceso judicial si ambas partes solicitan la suspensión del mismo.

El procedimiento durará el tiempo más breve posible. En el caso de alcanzarse un acuerdo por las partes, dicho acuerdo deberá formalizarse por escrito, teniendo carácter vinculante para ambas partes. La normativa establece además la posibilidad de que el acuerdo se eleve a escritura pública, convirtiéndose de esta forma en título ejecutivo. Si el acuerdo se hubiera alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial, se podrá solicitar la homologación del mismo por el tribunal que resulte competente.

Otro aspecto destacado de la norma es que en aquellos asuntos que consistan en reclamaciones de cantidad de hasta 600 euros, la mediación se desarrollará por un procedimiento simplificado realizado mediante medios electrónicos que no tendrá duración superior a un mes.

Se contempla asimismo por el Real Decreto-Ley la existencia de instituciones de mediación, considerando como tales a las entidades públicas o privadas y corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores.

A nuestro entender, el legislador con esta norma pretende impulsar la mediación como una vía que permita reducir el número de procesos judiciales, aligerando la carga de trabajo de los tribunales y articulando un procedimiento que resulte sencillo y menos gravoso para las partes afectadas.

Como en todas las normas, habrá que esperar a su aplicación práctica para comprobar si realmente se cumplen los objetivos pretendidos con la misma. No obstante, consideramos que se trata de una norma positiva que puede constituir, si se aplica correctamente, una rápida y eficaz medida de solución de conflictos.

   

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