LA PRECLUSIVIDAD DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

La normativa tributaria pone a disposición de la Administración Tributaria diferentes tipos de procedimientos, de mayor o menor calado, en función de las potestades y funciones que le atribuyen cada uno, para que pueda comprobar e investigar si los obligados tributarios cumplen adecuadamente con sus obligaciones tributarias.

Si bien los obligados tributarios están sometidos a las potestades y funciones de comprobación e investigación de la Administración Tributaria, ésta debe tener siempre presente que debe desempeñar dichas potestades y funciones en la medida que ocasionen el menor perjuicio posible al obligado tributario, teniendo por ello que cumplir escrupulosamente los procedimientos establecidos en la normativa, procedimientos cuyas reglas se convierten en obligatorias para la Administración, y a su vez garantías y derechos de los obligados tributarios.

Pues bien, uno de los derechos y garantías de que dispone el obligado tributario que ha sido objeto de un procedimiento de comprobación limitada es la preclusividad prevista en el artículo 140 de la Ley 58/2003, General Tributaria:

“Artículo 140 Efectos de la regularización practicada en el procedimiento de comprobación limitada

1. Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al que se refiere el párrafo a) del apartado 2 del artículo anterior salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución”.

Esta preclusividad, supone:

  • Un derecho de los administrados a no ser comprobados una y otra vez. Una vez delimitado el objeto del procedimiento de comprobación limitada, la Administración no puede volver otra vez sobre el mismo, salvo que concurran las circunstancias del art. 140 de la LGT.
  • Más aún cuando el procedimiento inicial finaliza con una manifestación expresa de que no procedía regularizar la situación tributaria.
  • Y ello con independencia de que existieran o no razones para no detectar lo que en un procedimiento inspector posterior haya detectado.
  • Si la Administración entiende que el procedimiento de comprobación limitada se queda “corto” para poder llevar a cabo una labor comprobadora e investigadora de calado, puede finalizar iniciándose un procedimiento de comprobación e investigación.
  • La Administración debe justificar por qué no pudo examinar y regularizar en el seno de un procedimiento de comprobación limitada, más aún cuando se requirió al interesado una copiosa documentación.

En definitiva, tal y como establece la SAN de 24-10-2013 (rec. 274/2010), resulta absurda una comprobación fiscal de la información requerida si se desatiende la finalidad de la misma, pues cabe rechazar toda interpretación jurídica que conduzca al absurdo de un expediente tributario superfluo o anodino. Así lo establece la mencionada SAN de 24-10-2013 (rec. 274/2010):

“c) En otras palabras, resultaría absurda una comprobación fiscal reducida a verificar que las cantidades autoliquidadas en varios ejercicios se ajustan entre sí, desentendiéndose por completo de su procedencia material, es decir, del cumplimiento de los requisitos sustantivos, pues cabe rechazar toda interpretación jurídica que conduzca al absurdo y, en particular, toda exégesis sobre la naturaleza de los procedimientos que abone la posibilidad de un expediente tributario superfluo o anodino, pese a que la Administración despliega unos medios coactivos y, digámoslo también, consume en ello el dinero público, incurriendo en un gasto al que debe presuponérsele un cierto sentido y finalidad, dentro del principio de asignación equitativa ( art. 31.2 CE )”.

   

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